La crisis causada por la pandemia ha golpeado duro a las comunidades de latinoamericanos en España, con frecuencia en el nivel más frágil de la escala social, y ahora muchos de ellos se ven abocados a la pobreza y a la ayuda para sobrevivir.

 

 

 

A menudo atrapados en empleos temporales o informales, los latinos se han visto afectados de forma desmedida por el huracán que se ha llevado por delante, hasta ahora, casi 950.000 empleos.

 

 

 

Muchos de ellos, sobre todo en grandes ciudades, han visto la solución a la supervivencia en comedores sociales o diversos esquemas de reparto o compra subsidiada de alimentos.

 

 

Es el caso de Vianeida y Miguel Josué, clientes en el economato de Cáritas en el distrito madrileño de Tetuán, una zona popular muy golpeada por la crisis.

 

 

En este establecimiento se paga únicamente la quinta parte del precio normal de alimentos y otros productos de primera necesidad, dentro de un límite mensual establecido en función del número de integrantes de la familia.

 

 

“NO PODEMOS COMPRAR EN UN SUPERMERCADO”

 

 

“Esto es una ayuda excelente”, reconoce Vianeida. Esta compra no la pueden hacer “en un supermercado normal”.

 

 

Con una familia de cinco personas y solo una trabajando, deben pagar el alquiler mensual de 550 euros en el popular barrio de Estrecho, además de electricidad, agua o teléfonos. “Ahora se nos está haciendo duro” pagar la renta, dice la mujer, que teme perder el apartamento.

 

 

“Si no cancelamos nos mandan a desocupar”, confiesa Vianeida, quien trabajaba cuidando a dos ancianos antes de la pandemia pero perdió su empleo por el temor de sus patronos a contraer la enfermedad.

 

 

“Ellos tienen mucho miedo, están aislados en las casas”, explica. Su hijo Miguel Josué trabajaba como repartidor de comida, pero también perdió su ocupación. Su marido no llegó a encontrar trabajo y colabora en la parroquia.

 

 

Esta familia tenía un establecimiento de joyería y reparación de relojes en Barinas (Venezuela): “por la situación nos tocó cerrar”.

 

 

Ahora, esperan ansiosos a que la situación mejore para poder volver a trabajar y poder valerse por sí mismos.

 

 

SOBREVIVIR SIN PAPELES

 

 

Jenny Salas tiene 24 años y lleva dos residiendo en Madrid. Antes de la pandemia sumaba dos empleos pese a no tener permiso de trabajo: repartía comida con el servicio a domicilio de Uber y trabajaba en una inmobiliaria. Desde entonces, hace dos meses, no tiene ningún ingreso.

 

 

“Ha sido bastante difícil, fue un golpe que nadie se esperaba, nos quedamos sin trabajo, sin entrada económica”, cuenta a Efe esta mexicana, quien desde el comienzo de la pandemia acude al céntrico Teatro del Barrio, que estos días da cobijo a la Plataforma La Cuba, un banco de alimentos gestionado por vecinos que atiende a unas 5.000 personas con regularidad.

 

 

En el caso de Jenny, ella recibe una cesta semanal con alimentos como arroz, aceite, “a veces carne”, leche, fruta, verdura o artículos de higiene, todo ello donado y repartido con cita previa por vecinos de Lavapiés, un céntrico y popular barrio de Madrid con una gran actividad asociativa.

 

 

“Hasta hace un mes no sabía que esto es por los vecinos, que no es del Gobierno”, señala.

 

 

La voluntaria Marta Curiel lamenta que las instituciones no se hagan cargo de todas las personas que en Madrid recurren a diario a estos bancos de alimentos improvisados.

 

 

“Somos vecinos, no profesionales y es muy complicado gestionar esto”, explica.

 

 

Una realidad aún más complicada para quien no tiene documentos legales y tampoco posibilidad de acceder a ayudas públicas, aunque gracias a la organización ciudadana se ve más aliviada estos días. “Cuando uno no tiene papeles todo es más difícil”, lamenta Salas.

 

 

NO SOLO EN GRANDES CIUDADES

 

 

El agravamiento de la situación no es exclusivo de Madrid o las grandes ciudades. En Guadalajara (centro) un templo evangélico con feligresía latina también se ha organizado para ayudar a personas que se han visto súbitamente sumidas en la necesidad, sean fieles o no.

 

 

El pastor Yovani Murcia, venezolano, coordina este grupo de ayuda a feligreses en situación de necesidad, que luego se abrió a personas de fuera de la congregación. Hasta ahora auxilian a unas quince familias.

 

 

“Muchos dependen de sus trabajos de cuidado de personas mayores, de logística”, explica. Y como consecuencia “de la brevedad de sus contratos”, muchos se han visto en el desempleo repentinamente y no pueden pagar el alquiler o enviar remesas a sus familias.

 

 

Lo que más demandan estas personas son productos alimenticios, aunque también “ayuda para suministros y alquiler”.

 

 

Wilson Danilo Bernal es uno de los fieles beneficiarios de esta obra social, tras ser despedido el 14 de marzo (día de la aprobación del estado de alarma en España) por una empresa de distribución de los pedidos de cadenas de comida rápida.

 

 

Bernal, que lleva en la iglesia evangelista de Colombia más de 26 años y tres en la comunidad de Guadalajara, señala que la situación le cogió “muy mal económicamente, porque no tenía dinero ahorrado”.

 

 

Explica que, sin su salario, no puede “responder por el alquiler del piso”, ni hacerse cargo de los pagos de un auto financiado ni tampoco enviar dinero a su familia. “Soy el único que trabajo y en Colombia mis padres tienen una edad muy avanzada”, lamenta.

 

 

Aunque su necesidad actual es “principalmente económica”, también ha acudido a la obra social para conseguir productos de primera necesidad, y destaca el apoyo de toda la congregación: “Nos ayudamos de la mejor forma que podemos”, detalla.

 

 

 

ESPERANZA PESE A LAS DIFICULTADES

 

 

Pero no todo son situaciones de agobio y escasez, también hay esperanza entre la gente que empieza a salir adelante. Luis Núñez, un peluquero venezolano con seis años en España pudo reabrir su negocio Santa Cruz de Tenerife (Islas Canarias) tras casi dos meses cerrado y superar una situación “complicada”.

 

 

 

“Afortunadamente teníamos algunos ahorritos y pudimos aguantar, pero si alguien no tiene algo de ahorro es muy difícil”, reconoce.

 

 

Para reabrir tuvo que invertir en materiales y equipos exigidos que aseguran la higiene y la asepsia del negocio. “Hay peluqueros que yo conozco que no tenían el dinero para hacer esa inversión y no han abierto”, recalca.

 

 

En su caso, tuvo que gastar “alrededor de 2.000 euros”, debido sobre todo al aumento de precio del material desechable y a tener que usar mascarillas y artículos desinfectantes.

 

 

Luis reabrió, igual que muchas peluquerías del país, el pasado día 4 y con cita previa. Tuvo un “trabajo brutal” la primera semana por la acumulación de gente que necesitaba cortes de pelo tras casi dos meses en casa, pero ya ha visto bajar la clientela.

 

 

Su esposa, también venezolana, hace manicura y pedicura en el mismo establecimiento, pero puede trabajar muy pocas horas porque tienen en casa a sus tres hijas y las escuelas están cerradas hasta septiembre.

 

 

Aunque pudo reabrir, Luis no ve “normalización del negocio”, ya que “una vez todos pelados, esto ya va a bajar”. La economía de las Islas Canarias depende del turismo y nadie sabe “cuándo va a arrancar ese sector”, lo que dejará a buena parte de la población en situación “precaria”.

 

 

 

COLAS EN UNA CALLE VACÍA

 

 

Mientras tanto, en el economato de Cáritas actúan como en un supermercado cualquiera, examinando y eligiendo productos. El establecimiento no tiene publicidad ni altavoces que vocean promociones.

 

 

Cuando llenan sus carros, normalmente hasta los topes porque es una compra semanal, acuden a una de las dos cajas, donde se identifican como miembros del programa de Cáritas, pagan la cuenta y salen.

 

 

Para facilitar el trabajo en un local pequeño, solo puede entrar un cliente cuando sale otro, lo que inevitablemente genera colas en la calle.

 

 

Son sobre todo mujeres, a veces con capuchas, mascarillas y gafas de sol para ocultar los rostros. Aguardan su turno con paciencia y recelan de la cámara.

 

 

La fila contrasta con la importante calle Bravo Murillo, justo en la esquina, tradicionalmente bulliciosa y ajetreada, y ahora semidesierta a pesar de ser ya mediodía, por culpa del confinamiento que se mantiene en Madrid.

 

 

Aún así, la línea no es muy larga, comparada con las de otros lugares de la capital española, como los cientos de personas que se congregan los domingos en una plaza del barrio de Aluche, donde una asociación de vecinos también organiza una entrega de alimentos al no tener un local.

 

 

En Lavapiés, todos los días, cerca de la una, se forma una larga cola en la puerta trasera del Teatro del Barrio, donde se hacen repartos gratuitos de comida caliente a las personas más vulnerables, cuyo número ha aumentado considerablemente durante la pandemia.

 

 

DEMANDA DE AYUDA “MUY SUPERIOR A LAS POSIBILIDADES”

 

 

De vuelta al interior del economato de Cáritas, el director del establecimiento, Dimas Noguera, explica a Efe que el proyecto busca pasar de la simple entrega de alimentos a que los clientes puedan “comprar de una forma diferente y más digna”.

 

 

Junto a un despacho en el que su mesa convive con paquetes de pañales y latas de salsa de tomate, reconoce que la necesidad ha crecido mucho por culpa estos últimos dos meses.

 

 

“La demanda es muy superior a las posibilidades”, explica, antes de recordar que esto no es un supermercado, sino “un proyecto social”, pues las familias acuden desde ocho parroquias de la zona, dentro de un proyecto de acompañamiento.

 

 

 

El programa normalmente tiene a 230 familias y con “un esfuerzo” se ha ampliado a 250, pero es “un proyecto limitado”, remarca.

 

 

 

En los peores momentos “tuvimos escasez de productos básicos: como harina, arroz, azúcar leche o papel higiénico”, por lo que tuvieron que buscar alternativas de otros proveedores, añade.

 

 

Esa escasez fue puntual y el economato está ahora muy surtido. Lo que no faltan estos días en Madrid, y en el resto de España, son personas empobrecidas y proyectos para apoyarles, al menos en lo más básico.

 

 

 EFE

Faustino López estaba aterrado al ver cómo empeoraba la salud de su esposa, internada a fines de abril por COVID-19 en un hospital de Lima.

 

 

Mientras su mujer Angélica Berrocal permanecía en el hospital, Faustino no tuvo más que quedarse en su casa, donde vivía solo. Dejó de dormir en la cama matrimonial que compartieron por 45 años, no paraba de llorar al mirar la ropa de ella y escuchaba música en quechua, la lengua materna de ambos.

 

 

Faustino, un jardinero de 68 años, y Angélica, una barrendera de 60, habían llegado a este momento de su vida sin mayores contratiempos de salud y con dos hijos y 11 nietos sanos. Pero el nuevo coronavirus aniquiló la tranquilidad de esta familia que en más de cuatro décadas jamás había conocido la desgracia. Y todavía estaba por venir otra tragedia.

 

 

En un momento, Faustino tuvo fiebre y escalofríos. También sintió la alteración del gusto y el olfato, según una ficha de investigación clínico-epidemiológica a la que The Associated Press tuvo acceso. Le hicieron la prueba y dio positivo a COVID-19.

 

 

Desesperado, tocó las puertas de un albergue estatal donde se recuperan casi 2.000 enfermos del virus. No fue aceptado porque no había sido referido desde un hospital. Retornó a su hogar y la madrugada del 5 de mayo bebió ácido muriático y se ahorcó con un cable de electricidad.

 

 

Su hijo mayor lo encontró y llamó a la policía, pero Faustino permaneció varias horas en la sala de su casa sin que nadie quisiera tocarlo. Entonces llegaron Jhoan Faneite y su hijo adoptivo Luis Zerpa, dos venezolanos que trabajan en la funeraria Piedrangel, a la que el gobierno de la ciudad contrató para extraer de las casas los cadáveres de personas infectadas con el virus para luego incinerarlos.

 

 

A pesar de ser el primer país de Latinoamérica en decretar una cuarentena total el 15 de marzo, Perú tiene más de 104.000 infectados y 3.000 muertos. El miércoles ocupó el lugar 12 en el mundo en número de diagnósticos confirmados, por encima de China continental y debajo de India.

 

 

Y el verdadero alcance del desastre es mayor. Con más de la mitad de los casos sin contar, según las estimaciones de varios expertos, las autoridades califican al coronavirus como la pandemia más devastadora que ha azotado la región desde que en 1492 los europeos trajeron a América enfermedades como la viruela y el sarampión.

 

 

Los peruanos están muriendo por cientos en sus hogares, por lo general en zonas próximas a los mercados de alimentos que se han vuelto los focos de contaminación más peligrosos, según las autoridades. Y la labor de recoger los cuerpos recae en personas como Jhoan Faneite, de 35 años, y Luis Zerpa, de 21, que abandonaron Venezuela hace dos años para huir de la crisis económica que azota ahí.

 

 

“Todos los días me encomiendo a Dios para no contaminarme”, dijo Faneite, que trabajó como electricista en su natal Venezuela antes de emigrar a Perú, donde hasta el mes pasado había unos 865.000 migrantes venezolanos.

 

 

De lunes a domingo, incluso de noche y madrugada, los junta cadáveres conducen coches fúnebres a través de los barrios ricos pegados al Pacífico, pero también se internan entre colinas apretujadas de barriadas donde el virus golpea con fuerza, ataviados todos con trajes de protección y caretas.

 

 

Y así llegaron a la casa de Faustino a recoger su cuerpo. Una semana después, su esposa Angélica murió en el hospital por el virus.

 

 

Otra mañana de inicios de mayo recogieron el cuerpo de Marcos Espinoza, un electricista de 51 años, soltero y sin hijos que vivía en una colina polvorienta cercana al complejo arqueológico Pachacámac, el oráculo más famoso del imperio Inca.

 

 

Óscar Espinoza, hermano del fallecido, relató que Marcos intentó curarse bebiendo agua de eucalipto con jengibre y limón. Le dolían los ojos como si se los hincaran con un bolígrafo y poco antes de morir pasó revista a su vida mientras orinaba en un cuenco de plástico. “¿Por qué me dio esta peste, si no hice daño a nadie?”, alcanzó a escuchar Óscar, que dormía en el cuarto contiguo.

 

 

La muerte de Marcos ocurrió la madrugada del viernes 8 de mayo a las 2:45 de la mañana. Se echó en su costado izquierdo, se acurrucó en su soledad y murió mientras dormía. Ocho horas más tarde Faneite, Zerpa y otro paisano, Luis Brito, de 26 años, trepaban el cerro vestidos con un overol blanco, botas, guantes dobles y una máscara que apenas les dejaba ver los ojos.

 

 

Cuesta abajo, cargaron el cuerpo de Marcos y por momentos, para descansar, colocaban sobre el suelo el cadáver envuelto en una bolsa de tela negra, mientras el viento soplaba, los perros ladraban y los vecinos de la barriada sin agua ni desagüe observaban en silencio el extraño suceso.

 

 

Debido al aumento de la mortalidad, las autoridades han instalado casi dos decenas de contenedores marítimos en los hospitales de Lima que mantienen los cadáveres a cero grados.

 

 

La funeraria peruana Piedrangel asumió un papel clave en Lima cuando nadie se atrevía a recoger muertos por el nuevo virus. En marzo recogieron al primer fallecido en Perú por COVID-19, un psicólogo que murió en la soledad de su departamento de un edificio frente al Pacífico.

 

 

Edgard Gonzales, uno de los cuatro hermanos propietarios de la funeraria, lo consultó con sus dos hijos y se arriesgó. “Se puede abrir una puerta (oportunidad)”, les dijo. No se equivocó.

 

 

Ahora la funeraria no sólo recoge los cadáveres contagiados, también los crema en sus dos hornos instalados en el interior de un cementerio y reparte las cenizas a los deudos.

 

 

 

Ricardo Noriega, vendedor de ropa de 77 años, no encontró un taxista que lo llevara al hospital cuando enfermó y ningún familiar estuvo disponible. Entonces, se sentó en el sillón principal de su sala y falleció mirando una pared donde tenía colgadas las fotografías de su familia. Ahí lo encontró el personal de la funeraria Piedrangel.

 

 

Luis Zerpa, el hijo de Faneite, su compatriota Alexander Carballo y el peruano Ángelo Aza envolvieron el cuerpo de Noriega que yacía en el piso de losetas color caramelo junto a los carritos de plástico y los patines de sus cuatro nietos pequeños.

 

 

El peso de la muerte se siente cuando Faneite y sus colegas de la funeraria Piedrangel recorren la ciudad. Los militares que controlan las vías capitalinas se alejan espantados de la carroza cuando confirman que llevan cadáveres de víctimas de COVID-19. Algunos uniformados, que en medio de la pandemia deben continuar con sus labores, se persignan en silencio.

 

 

Más de 5.000 policías han sido diagnosticados con la enfermedad, con 92 muertes, de una fuerza de aproximadamente 100.000. El ejército ha sufrido niveles más bajos de la enfermedad.

 

 

Cuando Faneite regresa a casa de madrugada encuentra a su esposa dormida junto a sus dos hijos pequeños. Entonces se cambia en silencio, se ducha y lava su ropa con desinfectante.

 

 

A veces hace gárgaras con agua salada y cuando está desesperado con agua oxigenada.

 

 

Comenta que debe mantenerse sano para su familia y eso incluye a sus padres ancianos que se quedaron esperándolo en Venezuela.

 

 

“Antes que partan, antes que llegue lo inevitable, quiero ir a verlos, quiero estar con ellos”, dijo.

 

 

 

AP

Un grupo de usuarios en Venezuela solicitó el miércoles al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que controla el madurismo en Caracas una medida de protección ante la suspensión de actividades de la empresa de televisión por suscripción DirecTV, decisión que representó un duro golpe para varios millones de venezolanos, mayoritariamente pobres, que perdieron esta fuente de entretenimiento en medio del confinamiento que mantienen las autoridades para hacer frente al coronavirus.

 

 

Tras la decisión que tomó la víspera AT&T de que su filial DirecTV cesara operaciones en el país suramericano, el llamado “Frente de Usuarios y Usuarias para la Defensa de los Derechos Comunicacionales” acudió a dicha instancia para pedir un amparo contra la medida de la empresa, que aseguran afectó los derechos de expresión e información de varios millones de venezolanos.

 

 

Como parte de la acción, el grupo —asistido por la “constituyente” madurista María Díaz y otros dos abogados— también pidió una medida cautelar para lograr el inmediato restablecimiento de los derechos vulnerados.

 

 

El TSJ, designado y controlado por madurismo, hasta el momento no ha ofrecido comentarios sobre la acción que fue dada a conocer Díaz en su cuenta de Twitter.

 

 

AT&T anunció el martes en un comunicado que su filial DirecTV cesaba sus operaciones en la nación suramericana debido a que era “imposible” que su empresa “cumpla con los requisitos legales” de Venezuela y Estados Unidos.

 

 

Por un lado, Washington había decidido no renovar una licencia que le había otorgado a AT&T para continuar transmitiendo el canal de noticias venezolano Globovision, propiedad de un empresario madurista que es buscado por cargos de lavado de dinero en Estados Unidos, y el canal de la petrolera estatal Petróleos de Venezuela S.A., que también está sometida a sanciones.

 

 

 

 

Asimismo, DirecTV estaba obligada por las regulaciones locales a mantener en su parrilla de programación un porcentaje de al menos 8% de medios estatales y locales que con la salida de Globovisión y el canal de PDVSA ya no podría cumplir, lo que podría acarrearle sanciones, según explicaron representantes del sector y analistas.

 

 

Otra empresa que se fue

 

 

Con esta medida, AT&T se sumó a una larga lista de empresas extranjeras como Kimberly-Clark, Kellogg, General Motors y Pirelli, entre otras, que han salido de Venezuela en los últimos años debido a la crisis económica y las controles estatales que han afectado las operaciones y ganancias de las compañías.

 

 

 

La decisión de la corporación estadounidense sorprendió a 600 trabajadores de DirecTV que perdieron su empleo en medio de la peor crisis económica que golpea a la nación suramericana y que amenaza con complicarse por la cuarentena que impuso el madurismo para hacer frente a la pandemia que mantiene paralizado desde hace dos meses gran parte de las actividades económicas.

 

 

 

“Enorme pérdida”

 

 

La presidenta de la Cámara Venezolana de televisión por suscripción, Evelyn González, afirmó el miércoles que la salida de DirecTV representa una “enorme” pérdida para el sector debido a que diez millones de personas resultaron afectados por la medida, que será difícil que puedan ser asumidas por las tres empresas locales que quedan debido a las limitaciones de movilidad que hay por la cuarentena y la severa escasez de gasolina y las altas inversiones que podría representar la ampliación de la clientela que las compañías no pueden asumir.

 

 

González dijo a la radio local Onda la Super Estación que el sector de televisión por suscripción viene sufriendo desde hace varios años “una caída importantísima en sus ingresos” debido a las regulaciones locales que mantiene controlados los precios de los servicios.

 

 

“No es posible que un servicio de alta tecnología cueste un dólar”, sostuvo la ejecutiva, y agregó que desde hace ocho años las inversiones en el sector han mermado debido a las regulaciones de precios.

 

 

Sobre las repercusiones de la salida de DirecTV del mercado local, William Peña, periodista especializado en telecomunicaciones, indicó que la medida afecta entre 6 y 12 millones de venezolanos, de los cuales 60% son de sectores pobres, que se quedaron en medio de la cuarentena sin su principal fuente de entrenamiento e información.

 

 

“Todo esto desencadena en un desequilibrio desde el punto de vista de contenido para los venezolanos que no sabemos cómo terminará”, indicó Peña, y agregó que otro de los grandes afectados será el gobierno en disputa de Nicolás Maduro, que quedó limitado en su capacidad para llevar su mensaje a gran parte del país.

 

 

 

 

Con información de AP.

 

 

El exministro de Petróleo, Rafael Ramírez, señaló que en medio de la cuarentena “impuesta por el Gobierno nacional como consecuencia de la expansión del COVID-19 a nivel mundial, la crisis de combustibles en Venezuela golpea fuertemente a la población“.

 

 

En ese sentido, indicó a través de su Podcast que los ciudadanos “están confinados a juro en sus hogares padeciendo la precariedad de los servicios públicos y el descalabro de la economía“.

 

 

Sostuvo que el Gobierno “no tiene la capacidad de abastecer el mercado interno y recurre a la importación de combustibles, lo cual no representa una solución ante la grave situación que se vive en Venezuela”.

 

 

Destacó que “Venezuela no ha presentando los números de contaminados por COVID-19, porque nadie va al país, Venezuela no, porque está aislado. Maduro ha utilizado todo esto para establecer un estado de sitio, ha impedido el movimiento de la gente porque no hay como movilizarla. Este es otro mecanismo de control social”.

 

 

“Si la gente estuviese en la calle buscando gasolina o gas, sencillamente se descubriría que el país tiene un caos antes del coronavirus, antes de las sanciones norteamericana. El país ha estado muy mal conducido por Nicolás Maduro“, resaltó.

 

 

Manifestó que Maduro “esta produciendo 120 mil barriles por día de gasolina” en comparación al 1.127.000 barriles diarios que se producían entre 2013 y 2014. “maduro debe asumir su responsabilidad, el desastre de Quevedo y ahora se están sintiendo las consecuencias. Acabaron con el sistema de refinación venezolana”.

 

 

Denunció que con la importación de gasolina, “se están haciendo millonarios una cantidad de amigos de Maduro, porque los que traen el combustible son unos señores aventureros, Ruperti y su grupo, se están haciendo millonarios”.

 

 

“No es culpa de las sanciones norteamericanas, es culpa de la destrucción que ha hecho Maduro a las refinerías“, agregó al tiempo que apuntó que “Maduro prefiere seguir enriqueciendo a su grupo económico con la exportación de petróleo, quiere vender las refinerías, pero no hay nadie que las compre. Con Maduro no hay nadie que haga negocios”.

 

 

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