El Gobierno Legítimo de Venezuela, firme en su compromiso con la defensa y protección del patrimonio de todos los venezolanos, puesto en riesgo por las políticas irresponsables de los regímenes de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, introdujo –el pasado 19 de febrero de 2020– una solicitud, ante el máximo tribunal de justicia de EE.UU. para la consideración de la sentencia de la Corte de Apelaciones del Tercer Circuito sobre la demanda de Crystallex International.
En respuesta a esta solicitud, la Corte Suprema de EE.UU. informó este lunes que no realizará la revisión del caso por lo que el mismo regresará al tribunal de distrito en Delaware.
Esta decisión de la Corte Suprema deja sin efecto la suspensión acordada por la Corte de Distrito del Estado de Delaware el 13 de diciembre de 2019, lo que implica que se reanudarán los litigios en los cuales diversos acreedores, incluyendo Crystallex, demandan el embargo de acciones de PDV Holding, Inc. (PDVH), propietaria de CITGO.
Sin embargo, es fundamental dejar claro que gracias al accionar del Gobierno Legítimo, existe una orden de protección del Departamento del Tesoro de EE.UU. que impide que sean afectados los activos de la República, especialmente CITGO.
Es propicio recordar que en 2011, el régimen de Hugo Chávez, expropió la mina de oro Las Cristinas y con ello los derechos contractuales de Crystallex International, por lo que la minera canadiense interpuso una acción de arbitraje internacional contra la República.
En respuesta a esta acción, el 4 de abril de 2016, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, emitió un laudo arbitral a favor de Crystallex International, condenando al Estado venezolano por el pago de 1.200 millones de dólares, más intereses.
En 2017, alegando que PDVSA es el alter ego de la República, Crystallex International solicitó al Tribunal de Distrito de Delaware, una orden de embargo sobre las acciones de PDV Holding, Inc. (PDVH), para cobrarse la acreencia de la República ordenada por el CIADI. En 2018 la Corte emitió esa orden de embargo, ejecutable contra CITGO Petroleum Corporation (CITGO), por ser el único bien de PDVH.
Poco después de esta decisión, el régimen de Nicolás Maduro –actuando en contra de los intereses de los venezolanos– firmó un acuerdo ilegítimo y fraudulento con Crystallex International en el que reconoció la obligación de pagar la deuda con la empresa, sin contar con la autorización de la Asamblea Nacional y avanzó un pago de cerca de 400 millones de dólares.
Gracias al decidido accionar del Gobierno Legítimo del Presidente (E) Juan Guaidó, al reconocimiento del mundo –en general– y de Estados Unidos –en particular–, fue paralizada esta lesión al pueblo venezolano, producto de las políticas irresponsables del régimen de Maduro, cuando se acordó la suspensión de la ejecución de embargo de las acciones de PDVH, el 1 de marzo de 2019.
De inmediato, el Gobierno Legítimo introdujo nuevos alegatos a través de la apelación de la decisión del Tribunal de Distrito de Delaware. Sin embargo, en julio de 2019, el Tribunal de Apelaciones confirmó la decisión tomada por el Tribunal de Distrito de Delaware, poniendo en riesgo a CITGO, principal activo de los venezolanos en el extranjero.
Esta medida no fue ejecutada gracias a que en diciembre de 2019, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros de los Estados Unidos de América (OFAC), aclaró que ningún acreedor, incluyendo Crystallex International, puede embargar activos de PDVSA, ratificando la protección de PDVH y por ende de CITGO.
El 13 de diciembre de 2019, la Corte de Distrito del Estado de Delaware acordó suspender la ejecución del embargo de las acciones de PDV Holding Inc., hasta tanto la Corte Suprema de Estados Unidos revisara la decisión de la Corte de Apelaciones.
El Gobierno Legítimo de Venezuela, firme en su convicción de no descansar en la lucha para proteger los activos del pueblo venezolano, en este caso CITGO, presentará una moción solicitando a la Corte de Distrito de Delaware que revise su decisión de considerar a PDVSA como alter ego de la República, basada en que la estatal petrolera no jugó ningún rol en la expropiación de los activos de Crystallex y en el cambio de circunstancias que se presentan ahora que PDVSA ha sido recuperada por la administración del Presidente (E) Juan Guaidó.
De igual forma es fundamental recordar al pueblo de Venezuela que gracias a las gestiones realizadas por el Gobierno Legítimo, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos extendió –el 10 de abril de este año– la licencia GL5c de la OFAC que garantiza actualmente la protección de los activos de Venezuela, principalmente CITGO, en suelo estadounidense.
Queremos reafirmar al pueblo de Venezuela la voluntad firme del Gobierno Legítimo para continuar defendiendo de manera diligente, transparente y eficaz, el patrimonio de la República puesto en riesgo por los regímenes de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
Hoy más que nunca nos comprometemos a seguir en este camino –de la mano de nuestros aliados internacionales– para proteger y recuperar los activos clave para la atención de la Emergencia Humanitaria Compleja que enfrenta Venezuela y para la reconstrucción del país, llegado el momento.
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