“Pandemia de la desinformación” es una recopilación de hechos y experiencias que describen el trabajo periodístico en Venezuela entre el 16 de marzo de 2020 y el 3 de mayo de este mismo año, fecha en la que se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa.
Cuarenta y nueve días han pasado desde que la administración de Nicolás Maduro firmó un decreto de emergencia, imponiendo la cuarentena como medida de prevención contra la COVID-19 -19, un virus que mantiene en alerta a 190 países, pero que en Venezuela, además de las dificultades y riesgos sanitarios, ha significado también un mayor debilitamiento de la libertad de expresión y la casi extinción de las garantías para el ejercicio del derecho a la información, indicó el Sindicato nacional de Trabajadores de la prensa (SNTP).
Desde antes de confirmarse los primeros casos de contagios en este país, la persecución contra medios y periodistas ya intentaba inhibir el libre debate sobre un tema de tantísimo interés. Esta práctica terminó convirtiéndose en política y durante este tiempo se le ha negado la posibilidad al periodismo libre, al periodismo independiente, de investigar e informar más allá de la versión oficialista que a diario, y sin la interpelación propia de la búsqueda de la verdad, han ofrecido Nicolás Maduro y sus otros voceros, casi siempre Delcy y Jorge Rodríguez, vicepresidenta y ministro de Comunicación respectivamente.
Publicar información distinta o tan siquiera complementaria a la contenida en el boletín que se lee en los medios del Estado y que replican los medios privados, le ha valido el encarcelamiento a una veintena de periodistas en distintos estados del país, lo mismo que a voceros o fuentes expertas que han rendido declaraciones para opinar u ofrecer datos que, de manera deliberada, omite la administración de Maduro.
Con los días, la cuesta de la censura se ha hecho más alta. No hay voceros oficiales y quienes desde sus áreas de experticia, pueden aportar información relevante, han optado por ser cautelosos frente a la amenaza de someterlos a la persecución judicial y privarlos ilegal y arbitrariamente de su libertad. Un modelo, por cierto, que se repite en cada uno de los estados del país, como lo demuestra este informe especial.
Aunque la Constitución venezolana garantiza los derechos a la libre expresión y a la información (artículos 57 y 58), y aunque ella misma establece que tales derechos no pueden ser suspendidos ni en los estados de emergencia o excepción, la verdad es que, además de las dificultades ya mencionadas para el acceso a la información pública, el ejercicio del periodismo ha conocido todo tipo de obstáculos en este tiempo.
Su declaratoria como área prioritaria no ha impedido la utilización de mecanismos que claramente constituyen censura previa o censura indirecta. Las fallas en el suministro de gasolina también para este sector, por ejemplo, han vaciado las calles de periodistas que puedan revelar el estado en el que se encuentra el sistema público de salud, los llamados hospitales centinelas en los que atienden a pacientes con COVID-19, los Centros de Diagnóstico Integral. De periodistas que puedan visitar los mercados municipales, los alrededores de las mismas estaciones de servicios, los puntos de control vial, los pasos fronterizos en Táchira, Zulia, Apure o Bolívar, los lugares destinados para recibir y aislar a los migrantes venezolanos, entre otros lugares en los que a diario ocurren cosas importantes.
En los casos en que la escasez de combustible no ha sido razón para la desmovilización, las fuerzas policiales y militares han igualmente limitado el libre tránsito e impuesto mecanismos discriminatorios con los que se premian a medios con líneas editoriales de tendencia oficialista. De esta manera, documentamos cómo no se le ha permitido a los periodistas el paso por alcabalas móviles y, en algunos estados, cómo se les exige un salvoconducto firmado por el jefe de la Zona de Defensa Integral (Zodi) respectiva, pero que en la mayoría de los casos solo se le da a los afectos.
Esta publicación es una iniciativa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) con la colaboración de más de 70 delegados voluntarios que hacen trabajo de documentación, denuncia y visibilización, así como acompañamiento de víctimas, en los 23 estados del país y en el Distrito Capital. Es un informe especial que narra situaciones y hechos que describen cómo es el “periodismo en cuarentena”.
Más de una violación por día
Desde el 16 de marzo, el SNTP ha documentado 57 hechos que afectan la libertad de expresión y el acceso a la información, así como al derecho al trabajo de comunicadores, periodistas, reporteros, camarógrafos, fotógrafos, asistentes, conductores y todo el personal administrativo de los medios de comunicación en el país.
Las ya complejas condiciones de trabajo para la prensa venezolana, ante la constante censura, la persecución y el amedrentamiento, empeoró con la cobertura durante la pandemia y ha dejado, hasta el momento, de 150 víctimas de violaciones o delitos como censura, intimidación, detenciones, amenazas, descalificaciones públicas y desconocimiento de la inamovilidad laboral.
De estos hechos, que son también agresiones, 26 fueron cometidos por fuerzas de seguridad del Estado, cuya política en alcabalas, estaciones de servicio, puntos de control, hospitales y carreteras ha sido, en muchos casos, obstruir el trabajo de la prensa y contravenir la instrucción de permitir salvoconducto a los medios de comunicación y sus trabajadores para el ejercicio de su labor.
Durante este período, se han producido 22 detenciones arbitrarias contra igual número de periodistas y reporteros gráficos, quienes fueron privados de su libertad de forma ilegal e incurriendo en procedimientos que vulneran las principales garantías en los estados de Delta Amacuro (1), Zulia (1), Mérida (6), Vargas (3), Apure (1), Guárico (1), Táchira (2), Cojedes (1), Distrito Capital (6), Miranda (4).
Luego de las detenciones, los hechos más recurrentes son las agresiones verbales y la Intimidación contra trabajadores de la prensa, renglón en el que se cuentan 21 casos. Hay, además, 9 eventos de censura que incluyen el cierre de al menos 6 medios de comunicación, cuatro de ellos por medidas arbitrarias de gobiernos estatales y Conatel. Los restantes por la falta de papel y gasolina para transportar sus diarios.
El SNTP registró también 5 situaciones que implican la precarización del trabajo por despidos o suspensiones masivas, negación del salario y finiquito de acuerdos laborales preestablecidos que pusieron en riesgo a un importante número de trabajadores de la prensa.
FUENTE: Caraota Digital
