La medida se efectuará entre el sábado y el lunes, informó la abogada de la dirigente peruana, Giulliana Loza

 
 La líder del partido opositor peruano Fuerza Popular, Keiko Fujimori, abandonará la prisión de Lima en la que cumple prisión preventiva durante 15 meses después de que un tribunal declarara fundada la apelación que presentó su defensa.

La información la confirmó este jueves la abogada de Fujimori, Giulliana Loza, quien precisó que la excarcelación se concretará cuando se cumpla el procedimiento administrativo correspondiente, lo que puede darse entre el sábado y el lunes próximo.

«Acabamos de ser notificadas de que el Poder Judicial revocó la prisión preventiva de Keiko. Gracias a Dios por esta oportunidad de vivir y cuidar a su familia», señaló Loza en Twitter.

En dicha red adjuntó una imagen de la parte resolutiva de la decisión que tomó la Sala Penal de Apelaciones Especializada en Crimen Organizado.

La medida se adoptó en respuesta a la apelación de la orden de prisión preventiva que se dictó en enero y cuando la defensa de Fujimori también presentó otro recurso para pedir el cese del encarcelamiento por la amenaza de la epidemia de covid-19.

Comparecencia restringida

La resolución ordenó que Fujimori continúe -con comparecencia- la investigación por presunto lavado de activos que se le sigue por presuntamente recibir dinero ilegal de la empresa brasileña Odebrecht para financiar sus campañas electorales.

Establece que deberá pagar una garantía económica de 70.000 soles, alrededor de 20.000 dólares, en un plazo máximo de cinco días hábiles. Además, le impone restricciones como la de no ausentarse de su domicilio y presentarse cada treinta días a una oficina de control judicial.

Falta de diligencia

Los magistrados basaron su decisión en los argumentos legales que se usaron para enviar a Fujimori a la cárcel al considerar que la sospecha de culpabilidad no es suficiente para dictar prisión preventiva y que la Fiscalía no muestra diligencia debida de llevar a juicio a la imputada en el menor plazo posible, según indicó el diario La República, que tuvo acceso a la resolución completa.

Esta imputación contra la Fiscalía se da en momentos en que el equipo especial que investiga el caso Lava Jato en el país tuvo que paralizar gran parte de sus diligencias e investigaciones por la epidemia de covid-19.

Incluso el fiscal José Domingo Pérez, encargado de investigar a Fujimori, criticó que se celebrara la audiencia en la que se vio el pedido de la defensa de Keiko con el argumento de que se debía resguardar la salud de los participantes en esta investigación.

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El fiscal Rafael Vela, quien dirige al equipo especial, presentó un pedido para que el tribunal anulara la vista del recurso. Señaló que durante la epidemia de covid-19 se dieron pedidos oportunistas, un uso procesal malicioso de un mecanismo de cese de la prisión preventiva para investigados por corrupción.

Sin embargo, el tribunal admitió este jueves la seriedad del delito que se imputa a Fujimori, pero dijo que ni eso ni una eventual condena severa o la posibilidad de fuga resultan suficientes luego de transcurrido cierto plazo en prisión.

Consideró, por ese motivo, que la comparecencia es suficientemente idónea para impedir que Fujimori pueda obstaculizar la actividad probatoria de la justicia. Agregó que se debe evitar adoptar una medida innecesariamente gravosa y, por ende, excesiva como la prisión preventiva.

Además, covid-19

Los miembros del tribunal también mencionaron la propagación de la epidemia de covid-19. Aseguraron que la Comisión Interamericana de Derechos humanos recomendó adoptar medidas para enfrentar el hacinamiento en las cárceles del país, entre ellas, la revaluación de los casos de prisión preventiva.

Así, la epidemia no aparece más que como un refuerzo a la tesis de la liberación, pero no es el argumento central que permitirá la liberación de Fujimori.

La política solicitó públicamente esta semana que se realicen pruebas de covid-19 en el penal de Mujeres de Lima, donde también se encuentra la ex alcaldesa izquierdista de Lima, Susana Villarán, entre otras medidas para proteger a los presos en los hacinados penales de Perú.

Precisamente, este jueves la Sala Penal Anticorrupción aceptó que Villarán deje la prisión donde cumple 24 meses de prisión preventiva mientras se le investiga por presunta corrupción, pero, en su caso, para cumplir arresto domiciliario.

Aunque un juez denegó la semana pasada su pedido de excarcelación, la Sala Anticorrupción aceptó un recurso de reconsideración por el grave riesgo de la ex alcaldesa de contraer el covid-19 en prisión. Villarán tiene 70 años y varias enfermedades, entre estas, lupus, que debilita el sistema inmunitario.

La situación en las hacinadas cárceles del país figura entre las principales preocupaciones de los especialistas. Hasta el momento, se reportaron cerca de 500 presos contagiados y alrededor de una decena de muertos, al igual que más de 100 trabajadores penitenciarios contagiados y tres fallecidos.

Hasta ahora, el virus ha causado más de 36.976 contagiados y 1.051 muertos en Perú.

EFE