Es imposible exagerar la gravedad de las imputaciones realizadas por Washington a varios de los cabecillas del régimen chavista, incluido Nicolás Maduro. Y es imposible exagerar estos hechos, pues no dudamos de que los mismos tienen y tendrán un peso y un significado decisivos para el eventual desenlace de la tragedia en que la llamada revolución bolivariana ha hundido a Venezuela.

A pesar de las bravuconadas de costumbre, es patente que la nueva situación ha golpeado con gran severidad a las personas imputadas y al régimen en su conjunto. Maduro, en particular, se une a personajes como Osama bin Laden en el registro de los objetivos de Estados Unidos, como reo de la justicia criminal. La recompensa que el Departamento de Justicia estadounidense ha ofrecido es un símbolo degradante y siniestro, que enloda como pocos la imagen del heredero de Chávez y de todo el proceso político que ha tenido lugar durante los pasados veinte años en Venezuela. De la revolución chavista, en síntesis, va quedando tan solo un rastro infamante.

 
Cabe en este sentido traer a la memoria que los eventos de estos días llevan a su punto culminante un largo y complicado camino, que se remonta al menos a mediados de la pasada década cuando todavía Hugo Chávez ejercía el poder en Venezuela. Comenzaron entonces a aparecer en diversos medios de prensa, entre ellos The Wall Street Journal, informaciones que revelaban la intención de Chávez, expresada en reuniones con algunos de sus principales lugartenientes, de inundar a Estados Unidos con drogas ilegales.

Esta operación, concebida a gran escala y uno de cuyos propósitos, consistía en hacer daño a la sociedad norteamericana corrompiendo a su juventud, estaba de igual modo enlazada al objetivo de fortalecer a la guerrilla colombiana, profundizando también su presencia en Venezuela y su acercamiento a sectores militares venezolanos. Cabe indicar que en esos tiempos, el régimen chavista no experimentaba las apremiantes necesidades financieras que ahora le acosan. Chávez actuaba entonces con audacia en función de una estrategia a largo plazo, en contra del enemigo al que siempre odió. Más adelante, no obstante, la comercialización de la droga pasó a convertirse en una fuente adicional de dinero para un régimen experto en despilfarrarlo.

Se ha dicho, a raíz de los recientes anuncios del Departamento de Justicia estadounidense, que estas decisiones tomaron demasiado tiempo en concretarse y que han debido producirse antes. Tales opiniones son comprensibles. Sin embargo, hay que anotar al respecto que Estados Unidos es un país de leyes y procedimientos jurídicos muy sólidos, y que cuando se trata de su seguridad nacional actúan con rigor, tomándose el tiempo que exigen sus códigos y la naturaleza de los asuntos en cuestión.

Según se conoce, las investigaciones llevadas a cabo y que concluyeron en las acusaciones formuladas, tomaron al menos cinco años, posiblemente más. Es razonable conjeturar, en función de lo ya publicado, que se trata de un muy bien fundamentado dossier, que documenta con minuciosidad el largo trecho sembrado de huellas que exponen actividades criminales. Con este tipo de asuntos no se juega en Washington. Solo ignorantes o fanfarrones procuran deslegitimar los esfuerzos de los acuciosos e implacables fiscales, que nos resultan tan familiares luego de haber visto numerosas películas o leído libros que muestran, a veces en detalle, su manera de hacer las cosas.

 
Resulta evidente que el gobierno encabezado por Donald Trump no pierde de vista ni un instante el destino de Venezuela, que entiende su actual tragedia, y que está comprometido a ayudarnos con constancia y genuina solidaridad, a objeto de recuperar para nuestro país la libertad y la democracia perdidas. Creemos que todo ello merece la gratitud de los venezolanos, más allá de las diferencias de criterio que en otros ámbitos puedan existir.

Editorial de El Nacional