La Justicia española ha reafirmado la negativa a entregar a Estados Unidos al exviceministro de Desarrollo Eléctrico de Venezuela Javier Alvarado Ochoa, investigado en Texas por blanqueo y sobornos de la petrolera venezolana PDVSA y que denunció ser objeto de una persecución política.
La Audiencia Nacional (AN) confirmó este viernes una primera decisión de este mismo tribunal de no entregarlo, que había sido recurrida por la Fiscalía.

Si bien Estados Unidos comenzó a investigarlo por organización criminal y blanqueo por corrupción en los negocios, también es investigado por esos delitos en España, en la propia AN.

A esto se une que Alvarado cuenta con la nacionalidad española desde 2017 y, en contra del criterio de la Fiscalía, el tribunal reitera que «en modo alguno» se ha acreditado que la obtuviera de forma fraudulenta o que Estados Unidos esté en mejor posición para enjuiciar los hechos.

Los procedimientos abiertos en ambos países, argumenta, «son una misma dinámica delictiva (…) sin poder dar preferencia a uno sobre el otro», según la resolución judicial, que fue aprobada por mayoría de los jueces que estudiaron el recurso.

Además, indica que la causa que se sigue contra él en España es un obstáculo insalvable para extraditarlo, y que se debe seguir investigando.

Ahora bien, abre la posibilidad de que Estados Unidos pueda volver a reclamarlo si alguno de los hechos que le atribuye quedase sin juzgar en España.

Tras ser cesado en Bariven -filial de PDVSA- en 2013, Alvarado se trasladó a España, donde fue detenido en mayo pasado, aunque quedó en libertad con fianza tras pasar cuatro meses en prisión provisional.

Según la petición norteamericana de extradición, en 2011 «se involucró en una conspiración con un grupo de directivos de alto nivel» de PDVSA para pedir sobornos a proveedores de la petrolera, algunos en EEUU.

La Audiencia Nacional, que también investiga a otros exdirectivos de PDVSA, considera que Alvarado habría cometido actos de corrupción en EEUU y otros países por los que obtuvo beneficios que habrían sido, «al menos parcialmente», blanqueados en España por medio de inmuebles y creación de sociedades.

La Fiscalía española pidió el lunes pasado imputar en la misma causa sobre corrupción en PDVSA a la novia del exviceministro venezolano, Ceciree Carolina Casanova, a la que relaciona con la recepción de casi 800.000 euros (unos 870.000 dólares) a través de una sociedad de la que era administradora.

El mismo tribunal español decidió en noviembre de 2019 extraditar a EEUU por delitos de narcotráfico al exgeneral chavista Hugo Armando Carvajal, quien se encuentra en paradero desconocido desde entonces y también argumentó que había un trasfondo político en la petición estadounidense.

EFE

 Los rectores universitarios Rita Añez (UNEXPO), Francisco José Virtuoso (UCAB) y Benjamín Scharifker (UNIMET) resaltaron que la decisión del Tribunal Supremo de Justicia ilegítimo de suspender la sentencia que atenta contra la autonomía de las casas de estudio, es un triunfo de quienes creen en la Constitución y la democracia y producto de la presión originada gracias a la lucha en las calles.

Los rectores alertaron que la írrita sentencia 0324 no es el único golpe del régimen de Nicolás Maduro contra las universidades, ni contra la autonomía universitaria. El déficit presupuestario para los centros públicos, un marco normativo que perjudica la formación, y las políticas económicas que han llevado a Venezuela a la peor crisis de su historia, atacan directamente la autonomía y la sostenibilidad de las universidades.

Sin embargo, “los centros de estudio superior, sus autoridades y estudiantes, se encuentran en pie de lucha para convertir las universidades en una palanca para la construcción de la Venezuela que soñamos y queremos lograr, con un modelo de desarrollo que nos permita seguir apostando por un país en el que haya calidad de vida”, explicó Añez.

Con el objetivo de rescatar el sistema de educación superior, los rectores universitarios junto con otros expertos en el área llevan 10 meses trabajando en el diseño de Plan País, aportando soluciones que permitan avanzar en la recuperación de las universidades.

“Hoy no venimos a llorar, venimos a decirles que estamos pensando y elaborando planes para que las universidades se sobrepongan a esta crisis, y eso ha sido Plan País, con el fin de lograr un sistema de universidades más articulado a pesar de su diversidad” enfatizó Virtuoso.

Scharifker, coordinador técnico de Plan País, explicó que se requieren políticas públicas que incorporen a las universidades y les permitan funcionar adecuadamente, pues sin educación de calidad Venezuela no podrá alcanzar el progreso.

«Necesitamos un nuevo contrato social y para lograrlo los académicos necesitan tener libertad para ponerse de acuerdo y construir las bases de una universidad de calidad”, subrayó el rector de la UNIMET.

Scharifker aseguró que la deserción estudiantil y profesoral ronda en promedio 40% y señala que Plan País plantea integrar políticas públicas que impulsen el desarrollo humano y propicien el retorno de ambos sectores a las universidades. Agregó que pese a contar con infraestructuras deterioradas, las universidades tienen la capacidad de recibir a profesores y estudiantes nuevamente.

Las necesidades económicas que deben enfrentar las universidades (becas, transporte, comedores, bibliotecas, y salarios a trabajadores y profesores) podrían cubrirse si no dependieran solo del presupuesto fiscal – en el caso de las públicas – y de la matrícula – en el caso de las privadas; sino que lograran tener ingresos de otras fuentes. Por ello Plan País ha estado evaluando retomar el plan inicial de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología y Educación, que permitió – antes de que el régimen la desvirtuara- la inversión por parte del sector empresarial en las universidades a cambio de obtener profesionales mejor formados o mejoras en sus capacidades producto de la investigación, expresó Scharifker.

Añez aseveró que Plan País evalúa levantar un censo de los estudiantes que se han visto obligados a migrar, para ubicarlos y permitirles cursar materias a distancia y así no desvincularse de su casa de estudio ni perder la oportunidad de seguir formando a profesionales que ayuden a la reconstrucción del país.

Finalmente, los tres rectores coincidieron en que Plan País – como la universidad- respeta y promueve la diversidad y por ello plantea la inserción en sus propuestas y políticas de los nuevos centros de estudio creados por el régimen.

 NP