Las protestas en Chile, que se han alargado por cuatro semanas, han dejado más de 20 muertos y cientos de heridos.

WASHINGTON D.C. — El canciller chileno, Teodoro Ribera, dijo el martes en la OEA que su gobierno indicó a la policía de su país usar la fuerza de acuerdo a los estándares internacionales para contrarrestar las protestas en su país, que han dejado por lo menos 20 muertos y cientos de heridos.

«El resguardo a los derechos humanos no es contradictorio al resguardo del orden público», dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Chile en una sesión del Consejo Permanente del organismo.

Las declaraciones de Ribera se dan días después de que un equipo de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU concluyera su visita en Chile. El viaje se dio ante las denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad chilenas durante las protestas.

De acuerdo con cifras recogidas por Amnistía Internacional, más de 2,300 personas resultaron heridas a manos de la policía y los carabineros chilenos y se han registrado más de 1,000 denuncias de torturas y 70 de abuso sexual.

El canciller explicó en Washington D.C. que el presidente de Chile, Sebastián Piñera, vio la necesidad de declarar un estado de emergencia en el país ante el brote de una «violencia inusitada» en las protestas.

Voz de América
Alejandra Arredondo

 

Trump señala que la situación de Nicaragua y su «amenaza» es causada por «la respuesta violenta del Gobierno» del país centroamericano a lo que se vive allí.

WASHINGTON D.C. — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prorrogó el lunes una orden ejecutiva que le permite sancionar a funcionarios del gobierno de Nicaragua al considerar que la situación en este país supone una «amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de EE.UU.».

Con la renovación de la orden, en las próximas semanas EE.UU. anunciará nuevas sanciones a funcionarios del gobierno de Daniel Ortega, según dijo el lunes a periodistas el representante de EE.UU. ante la Organización de los Estados Americanos (OEA).

«La presión sobre Nicaragua va a seguir», dijo Carlos Trujillo a su salida de una sesión del organismo sobre el país centroamericano.

En la carta difundida por la Casa Blanca, Trump señala que la situación en el país y su «amenaza» es causada por «la respuesta violenta del Gobierno de Nicaragua a las protestas que comenzaron el 18 de abril de 2018».

También atribuyó al presidente Daniel Ortega «el desmantelamiento y debilitamiento sistemático» de «las instituciones democráticas y el estado de derecho», así como el uso desmedido de la violencia y las prácticas represivas.

La corrupción es otro de los factores que ocasionan, según la misiva, esta situación.

La actuación de Trump obedece a un procedimiento administrativo; el presidente debe prorrogar la orden ejecutiva que emitió el 27
de noviembre de 2018, para que siga en vigor, y esto permite tener argumentos legales para sancionar a funcionarios nicaragüenses.

Opositores piden mayor presión

Para la activista opositora y defensora de los derechos humanos Bianca Jagger, tanto EE.UU. como la Unión Europea deben imponer más sanciones contra funcionarios del gobierno nicaragüense, en especial, a los militares.

«No se ha tocado el ejército de Nicaragua porque tienen esperanza de que el ejército se va a conducir como el de Bolivia», dijo Jagger en un evento el martes en Washington D.C. «El ejército le ha facilitado las armas de guerra a la policía y a los militares», añadió.

Nicaragua, junto con Cuba y Venezuela, es uno de los países latinoamericanos a los que el gobierno de Trump ha puesto como prioridad a la hora de imponer presión diplomática y económica para llevar a un cambio en el gobierno.

Según Roberto Courtney, director ejecutivo de la ONG Ética y Transparencia, en el caso del gobierno centroamericano, el efecto que pueden tener las sanciones puede ser mayor ya que es un país más vulnerable económicamente.

«Es una pequeña diferencia [entre Nicaragua y Venezuela] (…) la vulnerabilidad económica lo hace más propenso a que las sanciones puedan tener efecto», dijo Courtney.

Nicaragua vive una crisis sociopolítica desde abril de 2018. Según un informe de una Comisión de Alto Nivel de la OEA sobre Nicaragua, ésta ha dejado al menos 325 muertos.

El reporte, presentado ante el Consejo Permanente el lunes, recomendó que la OEA declarara una «alteración del orden constitucional» en Nicaragua, lo que podría desencadenar la suspensión del país del organismo multilateral.

Para Courtney, este escenario tendría que ir acompañado de nuevas vías diplomáticas que permitan una salida negociada de la crisis.

«Si hay garrote también tiene que haber zanahoria», dijo el experto en procesos electorales. «Uno esperaría que más allá que las posiciones de la OEA que podrían representar presión también se mantengan abiertos (…) nuevos caminos diplomáticos que permiten que no sea solo una cuestión de llevar la situación a un punto de ebullición», añadió.

Alejandra Arredondo colaboró a este informe

Voz de América

Alberto Fernández, presidente electo de Argentina, dijo este 26 de noviembre de 2019 que su país no puede endeudarse más.

El presidente electo Alberto Fernández anunció este martes que no le pedirá al Fondo Monetario Internacional un desembolso pendiente del préstamo por más de 56.000 millones de dólares que le otorgó a Argentina en 2018.

El organismo de crédito tenía prevista una partida por unos 5.400 millones de dólares que estaba programada originalmente para mediados de septiembre, pero decidió postergar el giro hasta la asunción del nuevo gobierno argentino el 10 de diciembre.

“¿Tengo un problemón y voy a pedir 11.000 millones de dólares más?”, se preguntó Fernández en una entrevista con radio Con Vos. “Es como un tipo que tomó mucho y está un poco borracho. La solución no es seguir tomando. La solución es dejar de tomar”.

El presidente Mauricio Macri había cerrado el préstamo a mediados de 2018 tras una crisis cambiaria que devaluó en 50 por ciento la moneda argentina y recalentó la inflación hasta 47,6% a fin de ese año.

El organismo exigió a cambio un fuerte ajuste fiscal que terminó por profundizar la recesión económica.

Fernández tendrá como desafíos reactivar la economía y controlar la inflación, que se estima que estará en 55% a fines de este año, así como lidiar con una pobreza que afecta al 35,4% de la población.

El presidente electo había confirmado la semana pasada en un diálogo por teléfono con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, que está dispuesto a cumplir con los compromisos asumidos con el organismo, pero puso como condición que no aceptará más ajuste fiscal, por lo que su intención es renegociar las metas del acuerdo.

Voz de América

 Los equipos de emergencia de la Casa Blanca decidieron cerrar la sede del gobierno de Estados Unidos al medio día de este martes, debido a la presencia no autorizada de una avioneta en el espacio aéreo del lugar. Una medida que incluyó el cierre del Capitolio.

Las autoridades dijeron que el cierre se levantó alrededor de las 09:20 (11:20 de Chile) después de unos 20 minutos, de tomada la decisión de bloquear el ingreso a la sede de gobierno.

Un portavoz del Servicio Secreto de EEUU señaló que el bloqueo fue “debido a una posible violación del espacio aéreo restringido en la Región de la Capital Nacional”, consignó el Washington Post.

De acuerdo a fuentes consultadas por la cadena NBC, en ningún momento se consideró como “hostil” el avión en cuestión. Hasta el momento, no se ha confirmado si se detuvo a la nave o al piloto.

Las restricciones para entrar en el espacio aéreo de la capital estadounidense se endurecieron tras los ataques del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington.

    

La Corte Electoral uruguaya comienza este martes el escrutinio secundario de los votos emitidos en el balotaje del domingo para oficializar al ganador de los comicios, en los que el centroderechista Luis Lacalle Pou obtuvo la mayoría de votos.

La ajustada diferencia entre el líder del Partido Nacional y su rival oficialista Daniel Martínez (Frente Amplio, izquierda), determinó que el organismo electoral, que siempre realiza un recuento de votos 48 horas después de cada elección, esperara el conteo secundario para confirmar lo que los números absolutos anticipan.

Lacalle Pou obtuvo 1,168 millones de sufragios, frente a 1,139 de Martínez, una diferencia de menos de 30.000 votos que es, a su vez, inferior a los votos “observados” -cuando los electores sufragan en circuitos que no les corresponden o no figuran en el padrón- que totalizan 35.000 y que siempre demoran en contabilizarse pues debe cotejarse la identidad del votante en el padrón electoral.

Según la consultora en estadísticas Enia, Martínez necesitaría que 91% de los votos “observados” le fueran favorables para torcer el resultado del escrutinio primario.

Es un escenario improbable que llevó a Lacalle Pou a lamentar que su rival no le concediera la victoria el domingo, y al Frente Amplio a señalar que esperarán la finalización del conteo secundario antes de aceptar una derrota que los sacaría del poder luego de 15 años de gestión en tres mandatos consecutivos.

El presidente de la Corte Electoral, José Arocena, adelantó a la AFP que el recuento tomará unos tres días y el resultado final se conocerá entre jueves y viernes.

Además del proceso de los votos “observados”, el escrutinio secundario contabiliza voto a voto en cada uno de los 19 departamentos (provincias) en las que se divide Uruguay.

Además, los delegados de los partidos que asistan a los conteos departamentales podrán pedir al organismo electoral que considere válidos votos que fueron anulados por alguna anomalía, como una papeleta en mal estado, por ejemplo.

Los votos anulados que luego son aceptados como válidos son históricamente escasos. En la primera vuelta electoral de octubre, los votos anulados que fueron finalmente contabilizados apenas alcanzaron 1.700, una cifra que no afecta el resultado de la elección, explicó a la AFP Federico Comesaña, director de Enia.

Con 48,71% de los sufragios para Lacalle Pou y 47,51% para Martínez, una diferencia en números absolutos de apenas de 30.000 votos, el electorado uruguayo quedó partido en dos, aunque tras la primera vuelta, que definió la composición del Congreso, Lacalle Pou -al frente de una coalición de cinco partidos- tendrá mayoría parlamentaria para gobernar a partir del primero de marzo de 2020.

AFP
 

    

Líderes de las protestas en Colombia llamaron a la segunda huelga general en menos de una semana en rechazo al gobierno de Iván Duque, que pese a su oferta de diálogo no consigue desactivar el descontento social que deja en seis días cuatro muertos en las calles.

“Todas las acciones de movilización acordadas se mantienen”, anunció Diógenes Orjuela, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, uno de los sindicatos más poderosos del país.

El dirigente encabezó la primera reunión entre el gobierno y algunos sectores de la protesta en la sede presidencial, que concluyó sin acuerdos.

“Hoy tendremos movilizaciones, cacerolazo al medio día, velatón [protesta con velas] y cacerolazos por la noche, paro el día de mañana”, sostuvo Orjuela, del Comité Nacional del Paro.

Con poco más de quince meses en el poder, Duque comenzó el domingo un “diálogo social” frente a la presión sobre su gobierno conservador, que ya completa seis días de manifestaciones que no dan señales de fatiga.

Miles de personas se tomaron las calles desde el pasado jueves, cuando el llamado a un paro nacional derivó en la mayor movilización que haya enfrentado un gobierno este siglo en Colombia. Desde entonces se alternan el ruido de las cacerolas y las marchas con algunos episodios de represión oficial.

El lunes murió un estudiante de 18 años herido el sábado por la fuerza antidisturbios de la policía (Esmad).

El caso de Dilan Cruz, quien fue herido por uniformados, encendió aún más el rechazo entre el movimiento estudiantil, que ahora pide el desmonte del Esmad.

“Es evidente que hay una decisión del gobierno nacional por reprimir y macartizar el derecho a la protesta”, sostuvo Jennifer Pedraza, líder universitaria que hace parte del comité.

El papa explicó hoy que en las crisis sociales desatadas en Latinoamérica “hay Gobiernos débiles que no han conseguido poner orden y paz”, y se mostró partidario de “llamar al diálogo, a la paz, para que se resuelva los problemas”.

Francisco realizó estas declaraciones a bordo del avión papal durante la rueda de prensa de regreso de su viaje a Japón, en la que fue preguntado por las protestas sociales que han sacudido varios países de Latinoamérica en los últimos meses.

“Hay Gobiernos débiles, muy débiles, que no han conseguido poner orden y paz dentro y por esto se crea esta situación”, señaló el pontífice cuando se le pidió comentar las últimas protestas que se están produciendo en países como Chile, Colombia, Bolivia o Nicaragua.

Francisco señaló que alguien durante una conversación le comparó la actual situación en Latinoamérica con la de los años desde el 74 a los 80 en Chile, Argentina, Brasil, Paraguay y Bolivia cuando se puso en marcha el plan Cóndor (operativo militar para acabar con los disidentes), pero él afirmó que “no sabía si esto era así”.

Lo que constató es que en estos momentos “en Latinoamérica no hay declaraciones precisamente de paz”.

Se refirió en detalle a Chile al asegurar que la situación “lo asusta” porque, dijo: “el país acaba de salir de un problema de los abusos que nos ha hecho sufrir tanto y ahora está este problema que no entendemos”.

“Pero Chile está en llamas”, aseveró a los cerca de 70 periodistas que viajaron con él, entre ellos EFE, en esta visita a Tailandia y Japón.

Apuntó la necesidad en estos momentos de buscar “el diálogo, pero también el análisis” de los que está pasando.

Ante la posibilidad de que el Vaticano pudiera mediar en algunas de estas crisis, el papa recordó que “ya Venezuela a su tiempo lo había pedido y que Bolivia ha pedido algo parecido”, y aseguró que la Santa Sede “estará siempre presente cuando sea necesario”.

Ante una pregunta sobre las protestas en Hong Kong, el papa señaló que es algo que se está produciendo en otras ciudades que también “tienen problemas” y nombró el caso de los “chalecos amarillos en la democrática Francia” o en España, sin precisar a lo que se refería.

“Conviene relativizar las cosas y llamar al diálogo, a la paz, para que se resuelva los problemas”, concluyó.

EFE