El traslado de los restos del dictadorEspaña
Tras 44 años sepultado en el Valle de los Caídos, el dictador Francisco Franco será extraído de su tumba y trasladado al cementerio de Mingorrubio, en El Pardo, donde será enterrado al lado de su mujer, Carmen Polo. La operación comenzará este jueves a las diez y media, poniendo fin a un largo pulso judicial con la familia Franco, con las asociaciones vinculadas a ella, con los religiosos que administran la basílica del Valle y con los nostálgicos de la dictadura en general. Lo han intentado hasta el último minuto pero finalmente ha prevalecido la justicia. El Tribunal Supremo zanjó el asunto con una sentencia publicada el 30 de septiembre que desmontaba uno a uno todos los argumentos que se han utilizado para frenar la exhumación.
El enésimo intento de la familia Franco de impedir uno de los principales compromisos de Pedro Sánchez desde que llegó a la Moncloa se vio frustrado el martes por el Tribunal Supremo. Los nietos del dictador impugnaron la providencia del alto tribunal que decía que su sentencia del 30 de septiembre es “título legítimo bastante” para acceder a la basílica del Valle de los Caídos por considerar que vulnera la inviolabilidad del templo. El Supremo rechaza de plano la argumentación recordando que, según establece su sentencia, “la exhumación no es contraria al Acuerdo con la Santa Sede en asuntos jurídicos, que garantiza la inviolabilidad de los lugares de culto de acuerdo a las leyes”. Es por este motivo, añaden los jueces, que “tuvimos por decaída la inicial negativa del prior administrador y, por esa misma razón, la nueva carece de fundamento y no puede ser obstáculo ya a su ejecución en virtud de una sentencia firme”.
Pero la resistencia al traslado de los restos ha sido ejercida con especial encono por el prior de la basílica, el falangista Santiago Cervera, que hizo un penúltimo intento el lunes, cuando presentó una denuncia contra los mandos de la Guardia Civil y la Delegación del Gobierno de Madrid por no haber respetado su prohibición de acceder al recinto. El prior considera que la presencia de agentes en el monumento no cuenta con “autorización judicial ni acuerdo alguno que pudiera justificar dicho acceso”. “Entran y salen a su antojo y, ante la persistente reclamación de explicaciones, únicamente alegan que tienen órdenes verbales en tal sentido de Delegación de Gobierno”, añade y lamenta que se haya impedido la asistencia a misas y oficios religiosos.
El Gobierno decidió cerrar el Valle de los Caídos el pasado 12 de octubre, cuando anunció que la fecha límite para la exhumación sería el 25 de este mes. Lo previsible es que se pueda reabrir al público el próximo martes, aunque todo dependerá de cómo se desarrollen las obras de reacondicionamiento una vez extraída la momia.
El caso es que el prior, inasequible al desaliento, ha vuelto a la carga este miércoles y ha avisado al Papa, al abad de Solesmes (de donde procede la comunidad benedictina de la que es miembro), a la Conferencia Episcopal Española, cuyo presidente es Ricardo Blázquez, y al arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, que no se está respetando la inviolabilidad de la Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, como lugar sagrado. “Queremos dejar constancia que la actuación de las Fuerzas de Seguridad y de los operarios ha sido y es totalmente incompatible con el principio de inviolabilidad de los lugares de culto y los derechos de esta Comunidad benedictina, lo que hemos puesto, igualmente, en conocimiento de la jerarquía eclesiástica”, explica la comunidad benedictina en un comunicado.
Junto al vía crucis judicial para hacer posible la exhumación, no menos intensidad ha revestido la bronca política teniendo en cuenta, sobre todo, que la última fase del proceso se ha desarrollado entre dos campañas para las elecciones generales y con unos comicios autonómicos, municipales y europeos en medio. Pedro Sánchez ha podido por fin cumplir una de las promesas que hizo nada más llegar a la Moncloa en el verano de 2018. Pero si hay un miembro del Gobierno pletórico tras haber superado todos los obstáculos en los tribunales es la vicepresidenta, Carmen Calvo, quien personalmente se encargó de las gestiones con la Santa Sede para que no hubiera ninguna pega de la jerarquía eclesiástica a los planes del Ejecutivo y a los acuerdos del Parlamento.
Legislativo y Ejecutivo, los otros dos poderes a favor del traslado
La autorización para exhumar los restos de Franco parte de una proposición no de ley que el Congreso aprobó en mayo de 2017 con los votos de todos los grupos salvo el PP, que ni siquiera votó en contra sino que se abstuvo. La iniciativa se tramitó para desarrollar la Ley de Memoria Histórica de José Luis Rodríguez Zapatero. Más de un año después, en septiembre de 2018 y con Sánchez ya en la presidencia del Gobierno, la Cámara Baja convalidó un decreto para llevar a cabo la exhumación y el traslado de los restos. Solo el PP y Ciudadanos se abstuvieron mientras que todos los demás grupos votaron a favor. “En el Valle de los Caídos sólo podrán yacer los restos mortales de personas fallecidas a consecuencia de la Guerra Civil española, como lugar de conmemoración, recuerdo y homenaje a las víctimas de la contienda”, indica el texto del decreto convalidado.
Por todo lo anterior, Calvo recordó el martes que el Gobierno se ha limitado a dar cumplimiento a varios pronunciamientos del Congreso de los Diputados, de las Naciones Unidas que dijo a España “dos veces que no resultaba pertinente que tuviera a un dictador en una tumba de Estado” y del Parlamento europeo que “dijo que no era una situación razonable, ni aceptable”. Además, subrayó que dos “comités de expertos se lo habían indicado también a los gobiernos de turno”, si bien “al anterior (el del PP presidido por Mariano Rajoy) evidentemente no le resultó políticamente cómodo hacerlo”. Si a ello se suma la sentencia del Tribunal Supremo, “todos los poderes del Estado se han pronunciado en la misma dirección”.
“Vamos a ejecutar la ley y al mismo tiempo la sentencia” apostilló Calvo, quien resaltó que supone también “una significación importante para la historia de este país” ya que allí “hay víctimas de los dos bandos”. Finalmente, consideró que “conviene cerrar todo lo que este país vivió y nunca tenía que haber vivido” y supone a su vez la “paz” para quienes “todavía ni siquiera han podido identificar” a sus familiares y “darles una sepultura correcta”.
Coincidencia con la campaña del 10-N y supuesto electoralismo
El caso es que como estamos en plena campaña electoral, todos los partidos han alertado sobre la utilización que puedan hacer el PSOE y el Gobierno de la exhumación. El PP se escuda, además en una supuesta reapertura de viejas heridas para rechazarla. Su líder, Pablo Casado, dijo el martes que “como nieto de una generación excepcional, generosa, que se dio un abrazo para restañar la Transición no me veo capacitado para deshacer ese abrazo” y añadió que el PP va a gastar “ni un minuto” en hablar de lo que pasó en España hace 50 años, algo que cree que está “felizmente superado”.
Tampoco a Albert Rivera le gusta la idea de la exhumación. Tras la sentencia del Supremo que derribaba todos los obstáculos, el líder de Ciudadanos ya demostró que no tiene clara la separación de poderes y acusó a Sánchez de “jugar con los huesos” del dictador que, a su juicio, a “muchos españoles” ya no les importan, con el objetivo de dividir a la sociedad. “Afortunadamente, la dictadura de Franco acabó hace 44 años. Sánchez lleva un año jugando con sus huesos para dividirnos en rojos y azules, pero a muchos españoles a estas alturas no nos importan. Yo prefiero unir a los ciudadanos y hacer las reformas de futuro que España necesita”, escribió en Twitter.
A Pablo Iglesias, a quien en principio debería encantar el acontecimiento, le escama sin embargo la fecha en la que se produce. De hecho, ha reconocido este miércoles que es una “buena noticia” que deje de haber en España un “mausoleo a un dictador” pero ha criticado que la exhumación se haga en precampaña y ha instado a Sánchez a que no se cuelgue las medallas que le corresponden a los colectivos en defensa de la Memoria Histórica. El líder socialista ha replicado subrayando que le da “pena” la actitud de otros y se ha preguntado “cómo es posible que una gran victoria de la democracia como la exhumación y el fin del mausoleo al dictador algunos en la izquierda la sufran como si fuera una derrota”.
Por último Vox, la formación a la que más enrabieta el traslado de la momia, ha tirado de creatividad para apelar incluso a la ley electoral con tal de frenarlo. La formación de extrema derecha pidió a la Junta Electoral Central que suspendiera el acuerdo del Gobierno para exhumar a Franco al argumentar, según dijo su líder Santiago Abascal, que “la ley electoral está siendo incumplida ya que impide que el Gobierno, desde que son convocadas las elecciones, se dedique a la inauguración de obras o haga propaganda de sus promesas políticas con el dinero público”. La Junta lo rechazó “por ausencia manifiesta de fundamento en relación con las competencias que legalmente corresponden a la Junta Electoral Central”, por lo que el partido recurrió a la vía contenciosa. La Sala Tercer ha tumbado la pretensión de los ‘ultras’ al considerar que el acuerdo de la JEC y el acuerdo del Ejecutivo no tienen nada que ver con el procedimiento electoral ya que lo que se hace es proceder a ejecutar una sentencia firme, la del pasado 30 de setiembre.
Exhumación, traslado y reinhumación de la momia
La exhumación tendrá dos fases. La primera consistirá en retirar la lápida de mármol, que pesa 1.500 kilos, para extraer el féretro y la segunda en el llenado de la fosa y la reposición de las losas. A la extracción asistirán la ministra de Justicia como notaria mayor del Reino y encargada de levantar acta, así como 22 familiares que han mostrado su deseo de asistir, entre nietos y bisnietos del dictador. Todos pasarán por un detector de metales para evitar la entrada de cualquier dispositivo de grabación. Además, se colocará una carpa con techo sobre la tumba para evitar cualquier tipo de grabación, a la que solo accederán los operarios, un nieto de Franco -Cristóbal Martínez-Bordiú, la ministra de Justicia y el forense.
El entierro de Franco se llevó a cabo en noviembre de 1.975 y los restos están en una caja de zinc sellada dentro de un ataúd de madera. Se espera que la caja esté en buen estado y no sea preciso sustituirla. Sí es probable, en cambio, que haya que cambiar el féretro por otro. No está previsto que se abra el féretro para comprobar el estado de los restos o su identidad, ya que el entonces notario mayor del Reino ya dio fe en su día de que el cadáver que se inhumaba en la basílica era el de Francisco Franco.
La losa se levantará mediante cuatro gatos hidráulicos y un rodillo que permitirá apartarla a un lado. Los técnicos calculan que todo el proceso durará aproximadamente una hora, aunque podría demorarse más. Por expreso deseo de la familia, el prior de la basílica bendecirá los restos, antes de que el féretro sea trasladado a hombros por sus familiares hasta el exterior de la cripta. El plan del Ejecutivo es que el traslado hasta el cementerio de Mingorrubio se realice en helicóptero, aunque si las condiciones meteorológicas no lo permiten, será por carretera. Para ello, se dispondrán dos helicópteros de las Fuerzas Armadas, de los habitualmente empleados para el transporte VIP de personalidades, uno de ellos de reserva, junto a la explanada del Valle de los Caídos.
Tras un breve vuelo de unos diez minutos, en el que el féretro estará acompañado por uno de los nietos del dictador -Francis Franco-, así como por la ministra de Justicia, el helicóptero tomará tierra en un antiguo helipuerto de la Guardia Real, muy cerca del cementerio. El resto de la familia y de la comitiva se trasladará por carretera.
Prohibición de concentraciones ultras en Mingorrubio
Al igual que en la basílica del Valle de los Caídos, en el panteón de Mingorrubio solo estarán los familiares, la ministra de Justicia y el personal indispensable para reinhumar al dictador. Allí, y también por deseo de la familia, se celebrará un oficio religioso en la intimidad familiar, a cargo del prior del Valle de los Caídos y un sacerdote, hijo de Antonio Tejero, el guardia civil condenado por el intento de golpe de Estado del 23F.
La Delegación del Gobierno en Madrid ha prohibido la concentración convocada por la Fundación Francisco Franco en el cementerio, lo que ha llevado a la Fundación a desconvocarla aunque siempre a expensas del recurso que ha presentado contra esta decisión ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
En la resolución de la Delegación del Gobierno, se hace referencia a un informe de la Policía Nacional emitido el lunes que desaconseja la celebración de la concentración, cuyo lema es “rezar por el alma de D.Francisco Franco Bahamonde”, y se indica que “nada impide” que se celebre en otro lugar. Según el informe, el precedente inmediato de altercados el pasado fin de semana en Madrid “surgidos en una concentración de similar ideología”, la posibilidad de que se reúnan en el lugar grupos “antagónicos” buscando un “enfrentamiento directo”, así como la posibilidad de que se obstaculice el paso de la comitiva fúnebre, desaconsejan la concentración. Se han reforzado también las medidas de seguridad en el cementerio de Mingorrubio con sensores de presencia, cámaras de seguridad y una reja reforzada, de modo que el Gobierno confía en que la Policía Nacional pueda retirarse físicamente del lugar en un tiempo.
El Gobierno cifra en 63.061 euros el coste total de la operación entre exhumación, traslado y reinhumación. Lo más costoso ha sido adecuar el panteón de Mongorrubio, a lo que se han destinado 39.000 euros.
republica.com
Imagenes El Heraldo
El virus de la polio tipo 1, único que resta por eliminar, todavía ha provocado brotes en los últimos años en países como Pakistán, Afganistán, Nigeria o Filipinas
La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó este jueves, en coincidencia con el Día Internacional contra la Poliomielitis, que el poliovirus tipo 3, uno de los tres causantes de esta enfermedad, ha sido erradicado en todo el mundo.
“Tras la erradicación de la viruela y del poliovirus tipo 2 (en 2015) esta noticia supone un logro histórico para la humanidad”, señaló la organización con sede en Ginebra en un comunicado.
El virus de la polio tipo 1, único que resta por eliminar, todavía ha provocado brotes en los últimos años en países como Pakistán, Afganistán, Nigeria o Filipinas. “Lograr una total erradicación de la poliomielitis será un gran paso adelante en la salud mundial”, señaló hoy el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien prometió redoblar los esfuerzos para lograr ese objetivo.
Los tres poliovirus presentan los mismos síntomas, y pueden causar parálisis o incluso la muerte a los pacientes, aunque presentan diferencias genéticas y virológicas.
El último caso de polio tipo 3 fue detectado en el norte de Nigeria en 2012, y desde entonces una red de trabajadores sanitarios y laboratorios ha trabajado para determinar y confirmar que el virus ya no existe en el mundo, exceptuando muestras controladas para su investigación.
China Huanqiu Contracting and Engineering Corp, conocida como HQC, filial de la principal empresa petrolera china, rescindió los contratos con sus proveedores en suelo venezolano. Esta medida fue tomada luego de que canceló el convenio que mantenía con Pdvsa, de acuerdo con la página web de Bloomberg.
HQC es la principal contratista de China en territorio venezolano, que hasta ahora formaba parte de varios proyectos petroleros. Pero, en septiembre, anunció su cese de contrato por falta de pagos de la petrolera venezolana.
Pago en yuanes
Con la suspensión de los compromisos, la compañía china y los proveedores locales se encuentran en tensión, puesto que no han logrado acordar los términos de finalización de contrato.
En ese sentido, se conoció que las negociaciones no han dado resultados satisfactorios para las partes. Por un lado, la filial china pretende hacer los pagos en yuanes, por lo cual solicitó a sus proveedores que abran cuentas en China.
Esta solicitud de HQC se debe a su preocupación de que si realiza las transacciones en Venezuela o en el sistema financiero occidental, podrían bloquearle las cuentas en Estados Unidos, debido a las sanciones contra Pdvsa.
Por su parte, las prestadoras de servicio venezolanas se niegan a recibir pagos en cuentas chinas. Alegan que al encontrase en el hemisferio occidental sería complicado recibir pagos en un país tan distanciado. Además, afirman que abrir cuentas en Pekín es muy engorroso.
Bloomberg indicó que varias de las compañías están ejerciendo presión en la embajada de China en Caracas, en pro de lograr una solución rápida.
Se conoció por medio de una fuente anónima que el monto de la deuda de HQC con los proveedores venezolanos asciende a 30 millones de dólares.
Pdvsa
El 3 de septiembre, HQC informó su decisión de cancelar un contrato con Pdvsa para aumentar la producción de Sinovensa, una empresa mixta con 51% de participación de la estatal venezolana y 49% de la China National Petroleum Corporation.
«Después de mucho tiempo esperando el pago pendiente, con una gran presión por falta de flujo de caja e intereses de capital, lamentablemente nos vemos obligados a emitir esta notificación para suspender el contrato», señaló entonces la compañía en un comunicado.
Bloomberg
Las nuevas sanciones de Estados Unidos, que impiden al gobierno de Cuba arrendar aviones para sus aerolíneas estatales, obligaron a Cubana de Aviación a suspender sus vuelos a México, Venezuela y parte del Caribe, anunció la compañía el miércoles.
«A consecuencia de las últimas medidas implementadas por Estados Unidos contra Cuba», Cubana de Aviación dejará de cubrir los destinos de Ciudad de México, Cancún, Santo Domingo, Caracas, Puerto Príncipe y los territorios franceses de ultramar de Martinica y Guadalupe, dijo el director adjunto de la compañía, Arsenio Arocha, citado por medios locales.
Cubana de Aviación destacó que las nuevas sanciones de Washington, que también afectarán los vuelos internos a las provincia orientales de Holguín y Santiago de Cuba, le provocarán pérdidas económicas hasta diciembre por unos 10 millones de dólares.
El directivo destacó, sin dar detalles, que la aerolínea cubana «fue notificada del cierre de dos contratos de arrendamiento de aeronaves por compañías de terceros países».
El Departamento de Comercio anunció las restricciones del alquiler de aeronaves el pasado viernes.
El arriendo es una práctica habitual de las aerolíneas cubanas ante la falta de aeronaves propias o la imposibilidad de adquirirlas debido al embargo que Washington aplica contra la isla desde 1962.
Las autoridades estadounidenses indicaron entonces que para generar ingresos, La Habana recurría a transportar turistas en aviones arrendados que «están sujetos a la jurisdicción de la Oficina de Industria y de Seguridad (BIS, por sus siglas en inglés)».
«Consecuentemente, el BIS va a revocar las licencias existentes para transportar turistas en aviones a las aerolíneas estatales cubanas», explicó el Departamento de Comercio.
Desde que llegó a la Casa Blanca en 2017, la administración de Donald Trump ha recrudecido el bloque con medidas que afectan al turismo, las inversiones, el envío de remesas y la importación de combustible.
Con todas estas sanciones, Washington busca un cambio en el sistema socialista de la isla, a la que responsabiliza de la «represión a su propio pueblo, además de su continuo apoyo» al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.
Cuba rechaza estas medidas, a las que considera extraterritoriales y atentatorias contra los derechos de sus ciudadanos.
La aerolínea estatal Cubana de Aviación anunció la cancelación de todos sus vuelos con destino a Santo Domingo, México, Cancún, Caracas, Puerto Príncipe, Fort de France y Point de Pitre, debido a que las empresas que les arrendaban aeronaves para cubrir… https://t.co/BLQxNvb24w
— Diario de Cuba (@diariodecuba) October 23, 2019
El Banco Central de Venezuela (BCV) publicó este miércoles una resolución que vincula la variación del mercado cambiario con los créditos comerciales y sus respectivos intereses, un aspecto que era calculado hasta ahora solo con la moneda local, el bolívar.
La nueva norma establece que los créditos comerciales en bolívares que otorguen los bancos serán “expresados” bajo la Unidad de Valor de Crédito Comercial (UVCC), un número que estará atado a la cotización diaria del tipo de cambio que publica el ente emisor.
La medida llega a un país con una severa crisis económica y en donde un número importante de transacciones se realizan en dólares, aunque desde el año 2003 rige un control para la compra y venta de divisas que se ha flexibilizado en los últimos meses.
En lo que va de año, la banca ha presentado una importante contracción crediticia debido al incremento, en algunos casos del 100 %, del llamado “encaje legal”, el porcentaje de los depósitos que los bancos deben inmovilizar.
El analista financiero Francisco Faraco explicó a Efe que si la intención del régimen, que controla al BCV, es estimular los financiamientos la solución “es bajar el encaje legal” pues la economía “no puede funcionar sin créditos”.
Según las cifras del emisor, durante el primer trimestre de 2019 el sector de las instituciones financieras y seguros, que se contrajo en un 55,6 %, fue una de las actividades más afectadas por la caída del producto interno bruto del país suramericano que acumulo el 26,8 % hasta marzo.
Tras las sanciones financieras que Estados Unidos impuso en 2017 contra algunos funcionarios del régimen de Nicolás Maduro, Venezuela dejó de usar el dólar como divisa de referencia y comenzó a ofrecer el precio de su petróleo en la moneda de China, uno de sus mayores aliados políticos y comerciales.
EFE
El 28 de octubre Pdvsa debe pagar 913 millones de dólares a los tenedores de bonos 2020. No hay señales de que la estatal tenga el dinero para honrar ese compromiso. Tampoco que la oficina del presidente interino, Juan Guaidó, pueda cumplir con esta obligación, como lo hizo en mayo con los 71 millones de intereses.
La oposición estudiaba pedir una prórroga a los bonistas con el objetivo de salvar la propiedad de 50,1% de las acciones de la refinadora Citgo, que consta en los papeles como garantía en caso de default. Nada se sabe del resultado de estas negociaciones o de si las hubo realmente.
Las horas van pasando y los venezolanos no saben si la presidencia interina está en capacidad de proteger el único activo que tiene.
Desde que Petróleos de Venezuela compró la refinadora Citgo en Estados Unidos, la empresa ha servido para penetrar uno de los mayores mercados de combustibles. El gobierno de Donald Trump ha tratado de respaldar a Guaidó, y el sistema de justicia estadounidense hizo posible que el presidente encargado maneje legalmente este activo.
Ya el experto petrolero venezolano Francisco Monaldi ha advertido que de perderse Citgo en manos de los bonistas, perderá Guaidó y ganará el régimen. Por eso sugirió que los bonos Pdvsa 2020 se incluyan en la Licencia General Número 5 que establece sanciones a los negocios que se hagan con la petrolera estatal venezolana.
La importancia de la refinadora es tal que muchos afirman que podría ayudar a un nuevo gobierno a salir del atolladero económico en el que se encuentra Venezuela. Por eso incluso en alguna oficina del Departamento del Tesoro se sigue conversando sobre una posible salida que pueda evitar que dentro de cuatro días Citgo sea ejecutada.
La injusticia es obvia. Los que inventaron los bonos lo hicieron sin el menor escrúpulo. Pusieron uno de los activos más importantes del país como garantía y con ello demostraron que poco les importa el futuro de Venezuela.
No fueron pocos los que advirtieron del peligro, pero, como siempre, el régimen no tiene oídos para los intereses de los venezolanos.
Ahora toca recoger los platos rotos. Y los venezolanos esperan que en este momento, cuando la hora llega, el respaldo internacional que ha recibido la presidencia interina de Juan Guaidó se materialice.
No es una petición que se hace desde el interés de unos cuantos, sino de un país entero que lucha por resurgir de las cenizas y que va a necesitar para ello todos los activos posibles.
Los venezolanos de bien han sido capaces de grandes empresas, y la reconstrucción del país es la más grande de todas. Necesitamos toda la ayuda posible.
Editorial de El Nacional
Todos los derechos reservados de Confirmado registrado con el RIF: J-29778546-9