A partir de este martes 15 de octubre, se inicia el período para ejercer el derecho constitucional a la solicitud del Referendo Revocatorio de mandatos de los cargos de elección popular de Gobernadores de 22 de los 23 estados del país, consagrado en el artículo 72 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, alertó la ONG Súmate.

Explica que a partir de esta fecha se cumplen dos años de la elección y en los próximos días se cumplirán los dos años de la juramentación y toma de posesión de sus cargos, alcanzando la mitad del período constitucional para el cual fueron electos.

 
Recuerdan que este proceso de elección de Gobernadores estuvo plagado, tanto durante su realización como después de la votación, de una serie de irregularidades y omisiones que afectaron su transparencia y competitividad, en el cual el CNE llegó incluso a permitir el fraude contra la expresión de la mayoría de la voluntad popular en el estado Bolívar, que eligió como su Gobernador al candidato Andrés Velásquez y se alineó con la declaración de la vacante absoluta del cargo de Gobernador en el Zulia, porque el candidato electo Juan Pablo Guanipa, se negó a juramentarse ante la inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente, hecho aprovechado por el CNE para convocar una nueva elección de gobernador en ese estado, el mismo 10 de diciembre cuando se realizaron las elecciones de Alcaldes.

Derecho a elegir y revocar

La ONG resalta que la Constitución de la República no solo reconoce el derecho a elegir sino también el de revocar, que en este último caso está previsto en sus artículos 6, 70 y 72, por lo cual deben ser garantizados, promovidos y respetados por todos los poderes del Estado, y específicamente facilitado por el Poder Electoral. En este particular, recuerda que para que se pueda activar la revocatoria de mandatos de los Gobernadores de Estados, se deben cumplir cinco pasos según lo estipulado en el artículo 72 constitucional:

 
1.      El cargo a revocar debe ser de elección popular.

2.      Haber transcurrido la mitad del período para el cual fue
elegido el funcionario; condición que se cumple para 22 de los 23
Gobernadores esta semana, ya que fueron electos el 15 de octubre
de 2017, y tomaron posesión los días subsiguientes, es decir hace
dos años, para un período de cuatro años.

3.      Que el Referendo Revocatorio sea solicitado por un número
no menor del 20% de los electores inscritos en la correspondiente
circunscripción, de acuerdo con el corte del último Registro
Electoral, en este caso es de ámbito estadal.

4.      En el día de la consulta revocatoria debe concurrir un
número de electores igual o superior al 25 por ciento de los
ciudadanos inscritos en el Registro Electoral en la respectiva
circunscripción del cargo sometido a revocatoria.

5.      Para que el funcionario de elección popular resulte revocado
el total de los votos válidos de los electores debe ser igual o
mayor al obtenido cuando fue elegido, que en el caso de los
Gobernadores fue el domingo 15 de octubre de 2017. 

Súmate agrega que en el caso de la solicitud de revocatoria de mandatos de Gobernadores, dependerá de que la misma sea emprendida por un grupo de electores, directamente o través de una organización con fines políticos, en la circunscripción estadal donde fueron elegidos; la cual deberán presentar ante la Oficina Regional Electoral (ORE) del CNE en la entidad federal respectiva, dependencia administrativa que está obligada a recibirla y dar respuesta cuanto antes entregando el formato de planilla correspondiente en el cual deberán recoger las manifestaciones de voluntad de al menos el 1 por ciento del total de los electores inscritos en el Registro Electoral del estado respectivo, para que se constituyan en el Grupo Promotor del revocatorio, según lo dispuesto en el artículo 10 de las Normas vigentes para Regular el Procedimiento de Promoción y Solicitud de Referendos Revocatorios de Mandatos de Cargos de Elección Popular publicadas en la Resolución Nº 070906-2770 del 06 de septiembre de 2007 y contenidas en la Gaceta Electoral N° 405 del 18 de diciembre de ese mismo año.

 
Súmate advierte que el CNE está obligado a la publicación de la
lista de los cargos sujetos a Referendos Revocatorios, como
también del cronograma asociado a los mismos, tal como lo exige
el artículo 31 de las Normas para Regular el Procedimiento de
Promoción y Solicitud de Referendos Revocatorios de Mandatos
de Cargos de Elección Popular contenidas en la Gaceta Electoral
N° 405 del 18 de diciembre 2007: “El Consejo Nacional Electoral
establecerá mediante un cronograma los lapsos para el proceso
de constitución de las agrupaciones de ciudadanas y ciudadanos
y para la promoción y la solicitud de los referendos
revocatorios.”

 
La Asociación Civil con más de 17 años de experiencia electoral, exige al CNE que publique y aclare el cronograma y lapsos asociados al procedimiento revocatorio para Gobernadores, sin colocar obstáculos y dificultades para dilatar o entorpecer el proceso en detrimento del respeto a los derechos políticos de los ciudadanos venezolanos. Asimismo, Súmate hace un llamado a los ciudadanos a incorporarse en las labores de Contraloría Electoral y de organización cívica, para contribuir con la tarea de organizar elecciones verdaderamente libres que contribuyan a la salida de la grave crisis por la que atraviesa la República.

Juan Bautista Salas

 El régimen con la sentencia 0324 emanada del TSJ de Maduro, pretende convertirse en el verdugo de la autonomía universitaria y del sector educativo del país, frente a esta pretensión las universidades, el sector educativo, la Asamblea Nacional y el pueblo de Venezuela están resteados en defensa de la autonomía de las universidades y del sistema educativo venezolano.

Así lo expresó la presidente de la Sub Comisión de Educación de la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral de la Asamblea Nacional, la diputada por el estado Lara, Bolivia Suárez durante su intervención en el acto realizado en el Aula Magna de la Universidad Central de Venezuela, en defensa de la autonomía universitaria, donde se dieron citas parlamentarias, rectores de las diferentes universidades del país, profesores, educadores, estudiantes y pueblo venezolano.

Manifestó la diputada larense en su discurso que como educadora consciente de la situación tan grave que atraviesa el país en los actuales momentos en el ámbito político, económico, social y educativo, la dictadura de manera desmedida y sin control ha pretendido cercenar el derecho que tiene el Estado de garantizar la educación de calidad en todos los sectores, desde preescolar hasta la universitaria”.

“Este régimen ha violentando todos los derechos alcanzados contemplados en la Constitución, Ley Orgánica de Educación, Ley de Universidades, dejando claro que como política de Estado busca terminar de destruir el país, porque la Universidad constituye el eje fundamental que garantiza la formación académica y mejorar la calidad de vida de los venezolanos”.

Por otra parte, subrayó que el objetivo del régimen, de acabar con la autonomía universitaria, es asumir el control para usar sus espació para adoctrinar y controlar la juventud venezolana. “Con estas pretensiones el régimen usurpador se ha convertido en el verdugo de la educación venezolana en todos los niveles y de la autonomía universitaria”, destacó la diputada Suárez.

De manera categórica expresó el rechazo unánime de la Sub Comisión de Educación que preside, de la mayoría de los diputados de la Asamblea Nacional y del presidente de la AN y presidente de la República encargado Juan Guaidó a la “nefasta sentencia 0324 del 2019 emanada de un tribunal cuestionado, carente de legitimidad”.

Reiteró finalmente que no reconocen la sentencia de “marras” que pretende liquidar los centros de educación como instituciones de excelencia, abiertos a toda corriente de pensamientos y forjados del futuro. “Nos mantendremos firmes en la defensa de la autonomía universitaria, cuenten con nosotros sus diputados”.

Es importante señalar que la Asamblea Nacional tiene previsto este martes recibir a las autoridades universitarias este martes en la sesión ordinaria, donde tiene previsto en su agenda debatir sobre la crisis universitaria y la educación en Venezuela.

La acusación, enviada a la Voz de América por el Departamento de Justicia, alega que Carvajal «trabajó con terroristas y otros narcotraficantes para enviar miles de kilogramos de cocaína» a Estados Unidos. 

Durante semanas, España rechazó reiteradas solicitudes de extradición del ex jefe de espías venezolano Hugo Carvajal, buscado en Estados Unidos por cargos de narcotráfico y narcoterrorismo.

Ahora, están surgiendo los motivos de la negativa de Madrid: está cooperando en los esfuerzos de España para mediar en la prolongada crisis política de Venezuela. Documentos de la corte española dicen que Carvajal estaba operando bajo «instrucciones y órdenes de la Presidencia de Venezuela», y analistas dicen que la protección que España le está dando puede estar influenciada por su importancia como activo de inteligencia para el Servicio de Inteligencia Exterior de España (CNI).

El peso de los cargos impuestos por los Estados Unidos es considerable. La acusación, enviada a la Voz de América por el Departamento de Justicia, alega que Carvajal «trabajó con terroristas y otros narcotraficantes para enviar miles de kilogramos de cocaína» a Estados Unidos.

Los funcionarios del Departamento de Justicia de los Estados Unidos dicen que para lograr esto, trabajó con el liderazgo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias militantes de Colombia, las FARC, durante su mandato de casi una década como jefe del poderoso servicio de contrainteligencia militar de Venezuela, DGCIM.

Carvajal y sus supuestos negocios turbios han estado en el radar de Estados Unidos desde hace mucho tiempo. En 2008, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó a Carvajal de ayudar a las FARC a proteger el Departamento de Arauca, en Colombia, una región conocida como centro de producción de cocaína, y de proporcionar a las FARC una identificación oficial del gobierno venezolano.

Las FARC utilizaron las ganancias de sus redes de narcotráfico para financiar su insurgencia durante décadas contra el gobierno colombiano. Estados Unidos designó a las FARC como grupo terrorista en 1997.

El Departamento de Justicia alegó además que Carvajal era miembro del Cartel de los Soles. Según la acusación, el cartel es un grupo de altos funcionarios de Venezuela que no solo cooperan con los narcotraficantes, sino que también proporcionan seguridad fuertemente armada, armas de grado militar e inteligencia para proteger algunos de estos envíos de drogas.

Después de servir bajo los gobiernos venezolanos de Nicolás Maduro y Hugo Chávez durante casi dos décadas, Carvajal desertó en febrero. En una reprimenda directa a Maduro, filmó un video expresando su apoyo a Juan Guaidó como presidente interino antes de huir del país de manera dramática.

Carvajal aseguró un bote para un viaje nocturno a la República Dominicana, evadiendo al ejército venezolano antes de abordar un vuelo directo a Madrid. Según el testimonio, los agentes de inteligencia españoles escoltaron a Carvajal desde el avión hasta un vehículo, evitando las inspecciones de inmigración y aduanas. La escolta terminó en un apartamento de lujo, alquilado por su hijo, donde Carvajal residió hasta su arresto bajo una orden de Interpol algunas semanas después.

El trato VIP de Carvajal por parte de funcionarios de inteligencia españoles indica que se está beneficiando de su cooperación previa con el gobierno español, dicen analistas. Los registros de la corte no especifican cuánto tiempo Carvajal ha estado en servicio al CNI, pero su relación precede a su llegada a España. Los registros muestran que colaboró en levantamientos fallidos y negociaciones para tratar de sacar a Maduro del poder.

Los españoles continúan viendo a Carvajal como valioso a pesar de su ruptura con el gobierno en disputa de Maduro. Como miembro del Cartel de los Soles, Carvajal estaba al tanto de información altamente confidencial sobre la participación del gobierno venezolano en el tráfico de drogas. Carvajal afirma tener información específica sobre las operaciones de lavado de dinero del grupo, incluidas las de los principales funcionarios del grupo. Lo que él sabe podría resultar importante, ya que el Departamento de Justicia de EE.UU. cree que funcionarios de alto mando en el gobierno, como el vicepresidente Tareck El Aissami, están involucrados.

El reclamo de Carvajal sobre la información, sin embargo, puede ser solo eso. No está claro qué tan involucrado estuvo con las actividades del grupo después de que terminó su mandato como jefe de inteligencia, y la información podría ser demasiado vieja para resultar útil.

Carvajal ya escapó de las órdenes judiciales de Estados Unidos. En 2011, los Países Bajos se negaron a entregar Carvajal a las autoridades estadounidenses después de detenerlo en Aruba. Carvajal fue liberado después de aceptar la afirmación de Venezuela de que el general disfrutaba de inmunidad diplomática como su cónsul designado en la isla.

España y la Unión Europea parecen estar listos para frustrar nuevamente cualquier esfuerzo de Estados Unidos para extraditar a Carvajal. El gobierno español mantiene un fuerte interés en su antigua colonia, con 200.000 personas que tienen doble nacionalidad residiendo allí. Madrid está en el papel principal de la UE en la mediación de la crisis actual en Venezuela, y estos esfuerzos tienen prioridad sobre los esfuerzos de Estados Unidos para enjuiciar a ex miembros del gobierno de Maduro