El diputado Carlos Valero, miembro de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional (AN), acusó a Nicolás Maduro y a Jorge Arreaza de ser los responsables de los ataques xenofóbicos que viven los venezolanos desplazados en el mundo, debido a que han promovido una política consular de persecución ante la crisis migratoria más grave que vive Latinoamérica actualmente.

“El responsable número uno de la xenofobia contra los venezolanos en el mundo se llama Maduro, y el número dos es Arreaza. Uno ha promovido una grave crisis migratoria y el otro una política consular de persecución, por ejemplo, en las sedes diplomáticas que controlan no han permitido que los venezolanos vayan a hacer algún trámite porque los califican como enemigos de la revolución por haber huido de la crisis humanitaria que causaron”, expresó este miércoles en el programa Primera Página que trasmite Globovisión.

El diputado denunció que Maduro pretende aprovecharse de la crisis migratoria que ha causado para pedir dinero a la Organización de Naciones Unidas (ONU) y con eso financiar su régimen de tortura y hambre.

“Ahora Maduro asume la crisis humanitaria, sin reconocer las cifras alarmantes, pero pedir dinero a ONU. Hace dos semanas pidió 200 millones de dólares. Es increíble el nivel de descaro del usurpador que pretende financiar a sus funcionarios chuleando a los organismos que hoy ayudan a nuestros hermanos que viven en condiciones precarias fuera del país gracias al régimen”, señaló.

Valero rechazó las declaraciones irresponsables que han hecho los funcionarios del régimen sobre la diáspora venezolana. Indicó que desafortunadamente el número de venezolanos que abandona el país sigue aumentando y alertó que, de seguir ese ritmo, la cifra de emigrantes venezolanos puede sobrepasar los 6 millones en el primer trimestre del 2020.

“No es verdad que los venezolanos se van por elección, como dice el régimen, hay más de 4.5 millones de venezolanos desplazados en el continente que han huido de la crisis humanitaria en los últimos 5 años, huyen de los apagones, del hambre, de la falta de medicina, de la inseguridad y de un régimen que violan los derechos humanos día a día”, manifestó.

El parlamentario informó que desde la Asamblea Nacional solicitarán a los países de la región reconocer la crisis migratoria causada por el régimen de Maduro y otorgarle el estatus de refugiado a todos los venezolanos que se encuentran en el exterior.

Así mismo, hizo un llamado a los países de la región a brindarle apoyo y garantizar los derechos elementales a los venezolanos en el exterior. De igual manera instó a unir esfuerzo con organismos internacionales, como la Organización Internacional de Migración (OIM) y la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) para disminuir los índices de acoso y de ataques que viven los desplazados venezolanos.

 
 
La ONG Con la Escuela presentó nuevos hallazgos de la Encuesta del Sistema Escolar Venezolano 2019 donde se dieron a conocer los datos arrojados por este estudio sobre las características de la carrera docente, situación socioeconómica de alumnos, matrícula e inasistencia de los niños y adolescentes a los colegios. 

Iván Rose, Director de la ONG “Con La Escuela”, explicó que lo más preocupante del inicio del nuevo año escolar fue la inasistencia de los estudiantes. “En el caso de primaria, la primera semana de clases solo fueron 12,1 % de los alumnos y 70 % de los docentes. Mientras que para secundaria, la asistencia fue de 30% de los estudiantes y 76% de los profesores. Estas cifras revelan que nos encontramos ante una situación grave que urge resolverla”. 

Del universo de liceos en la muestra del estudio “el 7% no abrió sus puertas y específicamente el colegio Unidad Educativa El Jarillo, en el estado Miranda, cerró por falta de docentes y obreros luego de una renuncia masiva hace una semana atrás”, detalló.

En relación a las razones sobre la inasistencia escolar, Rose aseguró que “solo el 1% cuenta con transporte escolar, aparte de esto en secundaria el 28% de los estudiantes  no tienen zapatos y si se trata de educación física un 40 %, carecen de ellos. Todo esto influye en las asistencia a clases”, agregó Rose. 

Otro de los aspectos revelados en la Encuesta del Sistema Escolar Venezolano 2019 fue que 62% de los planteles educativos registraron “niños dejados atrás”, que se trata de un fenómeno nuevo en el país, en donde los padres de estos niños emigraron debido a la crisis que se vive en Venezuela y por lo tanto fueron dejados al cuidado de familiares lejanos o personas desconocidas. “La escuela no está preparada ni formada para atender a un niño con evidentemente carencias emotivas. Por ejemplo, Fe y Alegría habla que hay 4.400 niños en esta condición mientras que Cecodap sostiene que son 300 mil niños”, concluyó Rose.

NP

Restablecimiento de la libertad y la democracia, e inicio de la reconstrucción de Venezuela se hará sin tocar recursos del pueblo venezolanos
 

 
Carlos Vecchio, embajador de la República Bolivariana de Venezuela ante los Estados Unidos, afirmó este miércoles que el acuerdo histórico de cooperación bilateral suscrito entre los gobiernos de los Presidentes Juan Guaidó y Donald Trump por US$ 98 millones, repotenciará la lucha por la libertad de Venezuela sin necesidad de hacer uso de los recursos del pueblo venezolano.

 
El embajador Vecchio destacó que mientras el usurpador Maduro y su régimen destruyeron el país, se han robado el dinero del pueblo venezolano y endeudaron a Venezuela por generaciones; el gobierno legítimo del Presidente Interino Guaidó ha conseguido en poco tiempo cooperación internacional para ayuda humanitaria y respaldar la acción del gobierno legítimo y la sociedad civil venezolana sin necesidad de dar hacer uso de recursos venezolanos.

 
“Este convenio nos va a permitir fortalecer nuestras capacidades como gobierno interino, fortalecer la sociedad civil venezolana para luchar por los derechos humanos, fortalecer nuestro servicio exterior para aumentar la presión internacional, trabajar el proceso de reconstrucción del país y sobre todo estar preparados para que cuando restablezcamos la democracia y la libertad haya ayuda en sectores como agricultura y salud, que van a ser importantes y masivos”.

 
Para Vecchio, los logros alcanzados estos meses por el gobierno legítimo que representa, como el congelamiento de los recursos de los corruptos de la dictadura de Maduro, la protección de los activos en el exterior y la cooperación internacional conseguida, demuestran que sólo con un cambio definitivo de gobierno en Venezuela se podrá contar con toda la ayuda internacional necesaria para rescatar a su país, todo esto consecuencia de la terrible crisis humanitaria, social y política generada por el ilegítimo Maduro.

 
“Este acuerdo marca la importancia que tiene Venezuela para los Estados Unidos, pero también los lazos históricos que han unido a estos dos países. Es relanzar las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela, dejando claro que esto es una alianza de largo plazo y de largo aliento porque conquistaremos el cese de la usurpación, detendremos el sufrimiento causado por Maduro a nuestro pueblo y Venezuela renacerá para ocupar el sitial en la región que la dictadura criminal y corrupta le ha negado”.

 
El embajador venezolano reiteró que los recursos serán administrados por la propia administración de los EEUU en coordinación con el gobierno del Presidente Guaidó y a través de organizaciones y fundaciones internacionales.

 
“La dictadura de Maduro destruyó la hacienda pública nacional y los mecanismos de contraloría, que permanecen secuestrados por el régimen. Nosotros queremos establecer todas las normas de transparencia que podamos acordar, establecer medidas claras que nos permitan lograr los objetivos y los recursos van a ser administrados por USAID con los estándares de transparencia que ellos mismos establezcan”.

 
Agregó que la Asamblea Nacional y el Presidente Interino Guaidó avanzan en los mecanismos para la designación de un contralor especial que vele por el buen uso de los recursos.

 
Vecchio reiteró en nombre de Venezuela el profundo agradecimiento a la administración del Presidente Donald Trump y al Congreso de los Estados Unidos, por su consecuente respaldo al gobierno interino del Presidente Juan Guaidó.

Nota de Prensa

(Viena, 09 de octubre, 2019)  La delegación integrada por el diputado Francisco Sucre, presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, el Economista  José Manuel Puente y los Embajadores en Hungría y Austria Enrique Alvarado y William Davila-Valeri, respectivamente, cumplen importante agenda en su gira por Austria, Hungría, Eslovaquia y Eslovenia, en la búsqueda de aumentar los apoyos en la presión al régimen de Nicolás Maduro de manera que contribuya al proceso de restauración democrática en Venezuela, liderado por el Presidente (E) Juan Guaidó.

Además de las reuniones oficiales llevadas a cabo con parlamentarios de los países visitados, participaron en el evento “¿Hay una salida? Buscando soluciones para acabar con la crisis en Venezuela”, organizado por el Instituto de Asuntos Internacionales y Comercio de Budapest.

Posteriormente en Viena, fueron panelistas en un evento académico de la Escuela de Estudios Internacionales de Viena, mejor conocida como Academia Diplomática. Su director, el embajador Emil Brix, moderó la discusión de “Venezuela al borde del abismo: El futuro de un país en crisis”.

José Manuel Puente, expuso que pese al oscuro panorama macroeconómico al cual nos ha llevado el régimen, Venezuela aun cuenta con un inmenso potencial para resurgir como nación. Presentó varios ejemplos de países que han sufrido hiperinflación y que hoy muestran un sólido crecimiento. Ejemplos a seguir Perú y Brasil, que en los 90 lograron en un tiempo razonable, bajar la inflación a un dígito.

Con relación a las dramáticas cifras de caída del salario mínimo, crecimiento y PIB, entre otras presentadas por Puente, el Diputado Francisco Sucre resaltó que «tal debacle obedece a una política de estado planificada en la Habana». Afirmó que, «en sus recurrentes visitas a Venezuela, Ramiro Valdés, vicepresidente del Consejo de Estado y del Consejo de Ministros de Cuba, despacha desde el Palacio de Miraflores, en donde tiene una oficina privada»

El Diputado Sucre desmontó la falacia de que el país está en crisis por las sanciones recientemente impuestas, explicando que han sido dirigidas a personeros del régimen y no al pais, agregando que las sanciones a la industria petrolera apenas se produjeron en abril de este año, mientras que la caída de la producción comenzó hace más de una década.

William Davila-Valeri habló sobre la situación de los derechos humanos, los cuales, a pesar de las recomendaciones de la Alta Comisionada Michelle Bachelet, continúan siendo vulnerados por el régimen. Resaltó que el éxodo venezolano es una crisis regional que afecta a todo el continente.   

Mario David, político portugués y ex eurodiputado habló de la importancia del respaldo de la UE para el restablecimiento de la democracia en Venezuela, en instó a los estudiantes a poner el foco en el caso venezolano para que puedan defender la democracia a nivel global.

Por su parte, Emil Brix abogó porque la Unión Europea juegue un papel mas activo en la búsqueda una salida pacifica, que permita al país volver a la normalidad.

Los retos para reconstruir el país son muchos, pero hay total coincidencia en que una vez que cese la usurpación y haya unas elecciones libres, el país podrá levantarse hacia un futuro con oportunidades para todos los sectores, y que ofrezca bienestar para la población en general.

Prensa AN

 Las Comisiones de Defensa y Política Interior de la Asamblea Nacional, aprobaron tres  acuerdos de rechazo y repudio a la presencia de grupos irregulares en territorio venezolano, «apoyados por las autoridades venezolanas».

La propuesta fue aprobada durante una reunión conjunta de ambas instancias legislativas, celebrada este miércoles en la sede de la Comisión Permanente de Defensa y Seguridad.

El encuentro contó con la presencia del primer vicepresidente de la AN, Edgar Zambrano y los parlamentarios Eliezer Sirit, Karin Vera, Macario González, José Luis Pirela, Ivlev Silva, Janeth Fermín, Renzo Prieto y Milagros Eulate.

Concluida la sesión de trabajo, el vocero de la Comisión de Defensa y Seguridad, diputado Eliezér Sirit, informó que estos acuerdos aprobados están  referidos a la entrega del Estado usurpador, al manejo de las fronteras y a grupos irregulares que operarían libremente en varias regiones del territorio nacional.

«Hay estados donde esos grupos armados ejercen mayor control que la fuerza pública que dependen del gobierno. Hemos propuesto se entreguen estos acuerdos a la señora Michele Bachelet, Alta representante de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), quien en su informe exhortó al régimen de Maduro, a disolver  a las Fuerzas Especiales (FAE) que portan armas de guerra no permitidas», comentó.

En el encuentro, el diputado José Luis Pirela, presidente de la subcomisión Antidroga, Terrorismo y Delincuencia Organizada de la Comisión de Política Interior, denunció que estos grupos armados no solamente afectan a los estados fronterizos, sino a muchas capitales de estados, donde «estarían cometiendo toda clase de actos delictivos».

Finalmente, la citada comisión mixta acordó reunirse el próximo miércoles, para presentar un cronograma de trabajo en el que anunciarán una serie de medidas a ejecutar vinculadas a este tema.

 Recuperar la industria petrolera para que pueda volver a producir los 2 millones de barriles que llevarían su producción a un nivel óptimo,  tardará entre 8 y 10 años, y requerirá una inversión de entre 180 y 200 mil millones de dólares.

El planteamiento lo hizo el presidente de la Comisión de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional, diputado Elías Matta (Zulia), quien aseguró que la única forma de obtener estos recursos, para volver a tener calidad de vida en el país,  es abriéndole el espacio al sector privado, permitiéndole que entre a trabajar y a producir los barriles de petróleo que hoy en día no se puede porque el Estado no tiene recursos, producto mal manejo de la industria, la impericia, la corrupción y  políticas públicas erradas.

Con este objetivo la comisión a su cargo debatió este miércoles la Reforma Integral de La Ley Orgánica de Hidrocarburos y una nueva Ley de Minas, instrumentos legales que  con los cambios adecuados y la participación amplia de los sectores involucrados, permitirán que estas áreas productivas generen los ingresos necesarios para que Venezuela  salga del estado de precariedad económica  al que lo ha llevado la corrupción y políticas públicas erradas por parte del régimen.

Matta explicó que hoy se presentó formalmente la propuesta de Reforma Integral de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, la cual contempla como un aspecto clave,  abrir la posibilidad de que el sector privado pueda tener mayor participación en la exploración y explotación petrolera, porque  cuando llegue el cambio político y de modelo económico, el Estado solo no podrá con la crítica situación de falta de recurso. 

En sus declaraciones el parlamentario acotó que la producción petrolera nacional cayó de 3 millones  300 mil barriles diarios en 1998 a 600 mil, cifra última que está por publicarse mañana en los informes mensuales de la OPEP.

Explicó que de acuerdo al proyecto, que se discute en la comisión, PDVSA seguirá siendo una empresa  totalmente  del Estado que debe dedicarse a recuperar la producción propia bastante mermada, ya que actualmente ronda los 200 mil barriles.

A su juicio esto es  absurdo porque con los campos que tiene hoy día Venezuela, si se  hacen los  acuerdos adecuados con los sectores privados, como se lo permite la propia Ley de Hidrocarburos, puede llegar a producirse 1 millón 200 mil barriles. “¡Esto sería extraordinario, porque no cualquier empresa en el mundo alcanza estos niveles!”, resaltó.

En cuanto a las  empresas mixtas, en las que PDVSA  podrá o no tener participación,  afirmó que se puede lograr producir otro millón 200  mil barriles,  lo que permitiría a PDVSA tener nuevamente una producción cercana a los 2 millones 500 mil, con un plan serio de 8 a 10 años.  “Por eso estamos proponiendo y trabajando sobre esta reforma puntual”.

La reforma planteada modifica los términos y condiciones de los contratos a los que la ley vigente coloca una camisa de fuerza muy fuerte, como  lo es equiparar las condiciones laborales de los trabajadores de las empresas mixtas a las de los trabajadores de PDVSA.

Otro de los aspectos de la ley sobre los cuales aun se busca un consenso entre todas las fuerzas políticas de la comisión, es si permitir que las empresas puedan comercializar los hidrocarburos, porque actualmente están obligados a venderles a PDVSA la producción y ellos luego no cumple. Se debate cómo flexibilizar eso sin que se  convierta en un elemento perturbador del petróleo que maneja la industria.

Volviendo la mirada a la minería

La comisión recibió, igualmente, la propuesta de una nueva Ley de Minas, conscientes de que la explotación de minerales puede ser otra gran fuente de ingresos para un país acostumbrado a  depender solo de la exportación petrolera. “Este proyecto es producto del consenso del Plan País, luego de cinco meses de trabajo en el que se unificó  la de leyes dispersas de esta materia”, informó su presidente.

El proyecto presentado se adapta al tema de la explotación minera y  tiene que ver con el medio ambiente, en el que se establecen  impuestos más transparentes, no engorrosos y donde las regalías quedan claramente definidas de acuerdo al tipo de mineral.

“Será una  ley que permita al país  manejar adecuadamente estos recursos que, según estudios hechos, en 8 o 10 años puede generar al país entre 10 mil y 15 mil millones en dólares en ingresos. Lo que no existía, porque todo lo que ha generado la explotación minera en este país se lo han robado y el Estado venezolano no ha recibo recursos importantes por este concepto”, sentenció Matta.

Destacó que una vez que haya un nuevo  orden y gobierno, a las empresas que están actualmente explotando la minería se les llamarán y tendrán que adaptarse a la legalidad vigente, pero no pueden seguir ocurriendo los desastres actuales.

Se estima que para el primer trimestre del próximo año, se llevarán a plenaria  estas dos leyes, una vez se  haya  reunido todo el consenso político necesario, que hoy, según el presidente de la Comisión de Energía y Petróleo, ronda el 70 %.

Prensa AN