El año pasado, Luiz Inácio Lula da Silva se atrincheró durante dos días en un sindicato para evitar ir a una cárcel que ahora se niega a cambiar por un régimen semiabierto, en el enésimo embate del expresidente brasileño con el Poder Judicial.
La decisión del líder socialista ha sumido al mundo jurídico en un intenso debate sobre si es posible o no que un preso se niegue a ejercer el derecho de progresar de régimen cuando cumple con los requisitos que marca la ley.
Lula, que cumple desde abril de 2018 una condena de 8 años y 10 meses por corrupción y blanqueo de capitales -ratificada en tercera instancia-, manifestó el lunes que no quiere «cambalaches» con su «libertad» y que solo saldrá de prisión cuando se le declare inocente.
Por el contrario, los fiscales de la operación Lava Jato, la vasta trama corrupta destapada en la estatal Petrobras que llevó al exjefe de Estado (2003-2010) a la cárcel, son favorables a que pueda trabajar durante el día en libertad y duerma por las noches en prisión.
El mundo al revés. Los fiscales que le acusaron piden que salga porque ha cumplido un sexto de su pena en régimen cerrado y ha demostrado tener buen comportamiento, pero Lula quiere continuar entre rejas por «dignidad».
«Estamos ante un caso excepcional en el que un reo no quiere ejercer un derecho. Es un caso raro, único, sin precedentes y para el que apenas hay jurisprudencia», dijo a Efe Davi Tangerino, profesor de derecho penal del centro de estudios Fundación Getulio Vargas.
En medio de este desencuentro falta el dictamen de la jueza de primera instancia Carolina Lebbos, encargada de la ejecución de su pena, la misma que intentó trasladarle en agosto a una prisión común en Sao Paulo y negó su salida de la cárcel en enero para asistir al entierro de un hermano.
La magistrada debe pronunciarse en los próximos días sobre si escucha a los fiscales y concede el régimen semiabierto en contra de la opinión de Lula o toma como definitiva la postura del expresidente y le deja en su celda «especial» de la sede de la Policía Federal de Curitiba (sur).
Para Alexis Couto, profesor de derecho penal en la Universidad Presbiteriana Mackenzie, es un tema en el que «existen divergencias», pero entiende que a Lula se le ofrece un derecho y por tanto «no está obligado» a ejercerlo.
«La persona puede utilizarlo o no conforme a su voluntad. No puedo obligar a alguien a ejercer un derecho», explicó.
No lo entiende así el juez Víctor Laus, presidente del Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región, corte de apelaciones encargada de analizar los casos de la Lava Jato.
En su opinión, la insistencia de Lula en permanecer en su celda «forma parte» del discurso de «no asimilar el resultado del juicio», que el expresidente considera viciado.
«Él no administra el sistema. El sistema es administrado por el Poder Judicial», sentenció el magistrado en una entrevista a una radio local.
En este sentido, la Justicia podría alegar que la progresión de régimen está presente en la Constitución (Artículo 5, apartado XLVI) y es un principio recogido en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Artículo 5, apartado VI), de la que Brasil es signatario.
Aunque para el profesor Tangerino, que cree que Lebbos concederá a Lula el régimen semiabierto, usar esos argumentos «sería hacer una lectura rápida del caso».
La jueza podría incluso autorizar un régimen semiabierto domiciliario o pasarlo directamente al abierto, obligándole a llevar tobillera electrónica, en caso de que no se encuentre ningún centro penitenciario que reúna las condiciones para albergarlo.
Sobre la posibilidad de la tobillera, Lula también ya ha avisado que no la aceptaría: «No soy una paloma mensajera como para andar con eso», declaró.
Si Lula, primer expresidente condenado penalmente desde el restablecimiento de la democracia (1985), mantiene su negativa, podría incurrir en una falta disciplinaria y de nuevo ser decretada su vuelta al régimen cerrado, según algunos analistas consultados.
Para obtener su carta de libertad, Lula se aferra a una posible decisión favorable en la Corte Suprema, que aún debe analizar un «habeas corpus» presentado por su defensa en el que solicita anular su proceso bajo la premisa de que el entonces juez Sergio Moro, que le condenó en primera instancia y hoy es ministro de Justicia en el Gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro, actuó de forma parcial.
Esa tesis ganó fuerza tras la filtración en el portal The Intercept Brasil de una serie de mensajes que sugieren que Moro coordinó los trabajos de los fiscales anticorrupción en el proceso contra Lula, algo estrictamente prohibido por ley.
No obstante, el cerco judicial sobre Lula es extenso. Sobre él pesa una segunda condena -aún no confirmada en segunda instancia- de 12 años y 11 meses de cárcel en otro caso de corrupción y aún tiene por delante otros siete procesos abiertos en la Justicia. EFE
