La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y el gobierno en disputa de Nicolás Maduro de Venezuela, firmaron un memorando de entendimiento que da acceso permanente a funcionarios de la ONU a la nación en crisis.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó el viernes a solicitud del Grupo de Lima una resolución para establecer una comisión de investigación independiente sobre posibles violaciones de derechos humanos fundamentales en Venezuela.
La propuesta de resolución, patrocinada por países como Colombia, Perú, Brasil y Argentina, fue aprobada con 19 votos a favor, siete en contra y 21 abstenciones, entre ellos las de México y Uruguay.
La comisión «investigará las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitraras, torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes desde 2014» ocurridos en Venezuela y presentará sus resultados al Consejo dentro de un año.
«Creemos que se necesitan pasos serios y creíbles para la rendición de cuentas. Y estos pasos no se pueden encontrar dentro de Venezuela», dijo la embajadora de Brasil, Maria Nazareth Farani Azevedo.
El Grupo de Lima ha sido clave en visibilizar la crisis en Venezuela y avanzar en medidas diplomáticas para promover el cambio en la nación sudamérica en medio de la crisis. Sus miembros son parte de la coalición de más de 50 países, entre ellos Estados Unidos, que respaldan al gobierno encargado de Juan Guaidó.
«La acción del Consejo de Derechos Humanos envía un mensaje claro a las autoridades venezolanas de que eventualmente serán responsabilizados por sus crímenes», dijo en un comunicado José Miguel Vivanco de Human Rights Watch.
La reacción del gobierno en disputa en la ONU
El embajador del gobierno en disputa de Venezuela, Jorge Valero, rechazó la resolución que catalogó de «hostil». Los países que solicitaron la investigación, albergan a millones de los refugiados venezolanos que escapan de la crisis.
«Este pequeño grupo sigue los instrumentos que el imperio estadounidense les entregó, estos son temas vergonzosos de la administración del presidente Trump», dijo Valero.
La jefa de derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, en un informe emitido el 4 de julio tras su visita Venezuela, dijo que las fuerzas de seguridad venezolanas enviaban escuadrones de la muerte para asesinar a jóvenes y modificaban los hechos para hacer parecer que se resistieron al arresto.
El gobierno en disputa que lidera Nicolás Maduro, calificó entonces el informe de la ONU como una «visión selectiva y abiertamente parcial» sobre la situación.
Pero hace tres días, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y el gobierno en disputa de Nicolás Maduro de Venezuela, firmaron un memorando de entendimiento que da acceso permanente a funcionarios de la ONU a la nación en crisis.
Un comunicado publicado el martes indicó que la firma del acuerdo tiene una duración de un año y fue firmado el 20 de septiembre por Bachelet y el canciller del gobierno en disputa, Jorge Arreaza: «Establece un marco para las discusiones y la cooperación en el futuro, y permite una presencia continua en el país de un equipo de dos oficiales de derechos humanos de la ONU».
Los detalles del plan conjunto serán acordados dentro de 30 días a partir de la firma.
Explica que sirve además de «base para la continuidad del diálogo, con miras a la futura conclusión de un acuerdo que permita establecer una oficina de la ONU sobre derechos humanos en Venezuela».
«(El gobierno en disputa) se ha comprometido a permitir que oficiales de derechos humanos de la ONU accedan a centros de detención y a que tengan libertad de movimiento a través del país», dice el comunicado.
Parlamentarias opositoras piden intervención
El viernes, la parlamentaria Delsa Solórzano insistió en que Venezuela, como miembro y firmantes de importantes acuerdos y tratados internacionales “tiene la obligación de cumplir, de tal manera que no es opcional, no le corresponde a la usurpación si vienen o no vienen (los observadores), si les dan permisos o no”, dijo en una conferencia de prensa.
Solórzano, con escaño en la Asamblea Nacional para el periodo 2016-2021, recordó que tal como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU designará una comisión para investigar violaciones en el sureño país, el estado venezolano tiene la obligación “de dejarse investigar, no es optativo”.
Otra de las participantes, la diputada Adriana Pichardo, precisó que el informe resultante no es un documento más: “Este informe va a la CPI (Corte Penal Internacional), ahí sí hay una conexión directa, es ahí donde se materializa la sanción, la pena en una corte penal internacional, en un tribunal internacional”, acotó la parlamentaria.
Voz de América
