El primer ministro británico, Boris Johnson, se mostró este viernes «moderadamente optimista» frente a la posibilidad de llegar a un acuerdo de «brexit» con Bruselas, en vísperas de su encuentro con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker.
Según confirmó Downing Street -la residencia oficial de Johnson-, ambos políticos se entrevistarán el próximo lunes en Luxemburgo por primera vez desde que el líder «tory» asumiera el pasado julio las riendas del Ejecutivo, a mes y medio de que el 31 de octubre se cumpla la fecha prevista de desconexión del Reino Unido de los Veintisiete.
Durante ese viaje, el «premier» tiene además previsto otro encuentro con su homólogo luxemburgués, Xavier Bettel, en el que la salida británica de la Unión Europea centrará la agenda.
Johnson y su voluntad sobre el brexit
En los últimos días, Johnson ha hecho más patente su voluntad de trabajar por un «brexit» consensuado, como aseguró hoy durante un discurso en la ciudad inglesa de Rotherham, donde fue abucheado por uno de los congregados por su polémica decisión de suspender el Parlamento.
«Estamos trabajando muchísimo. Hemos realizado bastantes progresos y veremos adónde llegamos» el lunes, afirmó el político.
Aunque parece más optimista sobre un posible pacto con los Veintisiete, Johnson advirtió al mismo tiempo de que «no importa lo que ocurra», el país «saldrá» del bloque en la fecha pactada.
«Sin duda, nadie me va a disuadir de nuestro objetivo de abandonar la UE el 31 de octubre. Creo que la gente de este país quiere que ejecutemos el ‘brexit'», dijo.
Sin embargo, una nueva ley aprobada por el Parlamento antes de su suspensión el pasado martes le obliga a solicitar a la UE una prórroga de la fecha de salida hasta el 31 de enero si no hay pacto bilateral el próximo 19 de octubre -extensión que los Veintisiete tendrían que aprobar-.
Sobre ese pacto, Bruselas ha mostrado voluntad para analizar cualquier propuesta de Londres siempre que respete los principios comunitarios, especialmente en lo relativo a la «salvaguarda» irlandesa, el gran escollo en las conversaciones, pues Johnson la rechaza tajantemente y la UE la percibe como un protocolo indispensable.
Fuentes de Downing Street advirtieron de que «todavía queda un largo camino» por recorrer en las negociaciones.
En este sentido, también el primer ministro irlandés, Leo Varadkar, alertó hoy de que la «distancia» que separa a ambas partes sobre el crucial asunto de la salvaguarda sigue siendo «muy amplia».
En declaraciones a la emisora irlandesa RTE, recordó que aunque están «dispuestos a estudiar arreglos alternativos», hasta la fecha lo que están viendo «se queda muy corto».
«Lucharemos y trabajaremos a fin de obtener un acuerdo hasta el último momento, pero no a cualquier precio», agregó.
Precisamente con relación a la salvaguarda, el Partido Democrático Unionista (DUP) de Irlanda del Norte negó hoy que vaya a rebajar sus exigencias en este sentido a fin de facilitar al Gobierno británico que llegue a un nuevo acuerdo con la UE.
En un tuit, la líder del DUP, Arlene Foster, desmintió una información de «The Times» que aseguraba que esa formación aceptaría que, en ausencia de un eventual acuerdo comercial británico-comunitario, Irlanda del Norte tuviera un régimen normativo distinto al resto del Reino Unido, más alineado con el mercado único europeo.
La prensa nacional ha especulado también esta semana con que el «premier» podría estar abierto a aceptar una «salvaguarda» que solo afectara a Irlanda del Norte y no, como se acordó con Bruselas, a todo el Reino Unido.
Pero el propio Johnson rechazó esa posibilidad al enfatizar el pasado miércoles que ese mecanismo «debe eliminarse» para poder firmar un nuevo tratado.
Crisis política ata al Parlamento
En medio de esta crisis política, el Parlamento tiene las manos atadas, aunque los diputados quieren que las sesiones se reanuden con urgencia a fin de analizar un informe de riesgo elaborado por el Ejecutivo sobre el impacto de un «brexit» sin acuerdo.
El documento, difundido el miércoles, reveló que una salida abrupta podría causar alteraciones del orden público, desabastecimiento de medicinas y un incremento del coste de los alimentos y el combustible, así como caos de transporte o fricciones comerciales en las fronteras.
El Tribunal Supremo británico dictaminará el próximo martes si fue legal la suspensión del Parlamento decretada por Johnson, que ha sido impugnada por los diputados.
EFE
