Endy Pérez estaba acostumbrada a comenzar su día encendiendo la cocina de su pequeña casa en la ciudad de Maracay. En estos días, su rutina debe comenzar con la búsqueda de leña en su jardín o en un parque nacional cercano a su vivienda.

La escasez crónica de gas en el país con las reservas de petróleo más grandes del mundo ha forzado a muchos a recurrir a los árboles como combustible, lo que según expertos podría tener consecuencias ambientales como aludes y cambios en el clima.

“No había de otra, tengo dos niños (…) había que cocinar”, dijo Pérez, un ama de casa de 39 años, de pie junto a una estufa de leña improvisada en el porche de su casa al borde de las 108.000 hectáreas del Parque Nacional Henri Pittier, el primero creado en el país en 1937 y con algunos ejemplares de unos 800 años, según expertos.

El creciente uso de la leña ha provocado alarma entre los activistas que dicen que la discusión de cuestiones ambientales a menudo se ve eclipsada por diatribas sobre la inflación descontrolada, el colapso económico y una crisis política.

Los incendios y la construcción de humildes viviendas no autorizadas ya han deforestado alrededor del 10% del Parque Henri Pittier, un 4% de ese total en los últimos 10 años, dijo Enrique García, director de grupo ecológico Sembramos Todos que trabaja en la central Maracay, conocida por sus avenidas llenas de enormes y coloridos apamates, ceibas y samanes.

Y ahora se suma la tala de supervivencia al problema.

Hace dos semanas, Sembramos Todos denunció con fotos en su cuenta de Twitter la tala furtiva de unos 15 a 16 árboles en el Henri Pittier que “se presume (era) para obtener leña”.

No hay datos oficiales o privados sobre el impacto ambiental del mayor uso de leña, pero la ONG dijo que la recolección de madera contribuiría al aumento de temperaturas en las ciudades y dejaría más expuestos a asentamientos humildes a deslizamientos de tierras.

Ni el Ministerio de Información ni el de Ecosocialismo respondieron solicitudes de comentarios.

Las estufas de leña ahora son cada vez más comunes en Venezuela por las fallas en el suministro de gas, que obedecen a una menor producción debido a años de desinversión y corrupción en el sector estatal de hidrocarburos, según expertos.

De los 15 millones de cilindros de gas que hay en el país para 7,5 millones de hogares, apenas 20% están en condiciones y a eso se suma la falta de producción de gas, dijo el sindicalista petrolero, Iván Freites.

“Regresamos fácilmente a la década de los años 30”, cuando se cocinó con carbón vegetal, dijo Jorge Naveda, profesor del posgrado de Ecología en la Universidad Central de Venezuela.

En algunos casos, las personas queman basura alrededor de un árbol para secarlo y poder cortarlo y usar la madera para cocinar. Las autoridades ignoran ampliamente la legislación que prohíbe talar árboles sin permisos.

En Barquisimeto, en el oeste del país, María Beatriz Medina, una chef de 26 de años, dice que observa desde su vivienda cómo cortan leña a diario frente a su casa. A los cortadores de leña los buscan en camiones para cargar los palos. La sombra que antes daba resquicio del sol desapareció con gran parte de los árboles que allí estaban plantados.

“Vemos pasar a policías y guardias nacionales, pero ninguno les impide que sigan cortando los árboles”, dijo.

Algunas ciudades tienen tan poca cobertura arbórea que quienes buscan leña caminan kilómetros para encontrarla.

María Aldana, una jubilada de 61 años, dice que recorre cinco kilómetros a pie desde su casa en la ciudad petrolera de Maracaibo hasta un área boscosa donde puede recolectar leña y reemplazar el gas que no se recibe desde hace tres meses.

“Siento indignación por lo que estoy pasando”, dijo Aldana, que cada dos días recolecta palos pequeños o usa un machete para cortar ramas y lo lleva de vuelta en un viejo carrito de bebé.

En Maracay, Pérez, con ojos enrojecidos y una tos que dijo se debe al humo, dice que ya ha aprendido cómo hacer que la leña encienda más rápido agregándole papel, plástico y aserrín.

“La tragadera de humo, pararse todos los días a cortar (…). Es agotador”, dijo. Pero “lo que nos toca es eso y hay que salir adelante”.

REUTERS

El economista y director de Ecoanalítica, Asdrúbal Oliveros, explicó que desde 2013 la economía venezolana no ha dejado de caer. La contracción de los diferentes sectores de la economía no tiene precedente histórico, destacando la construcción con una caída acumulada de 92 % entre 2013 y 2018.

Ante “un contexto de aguda crisis económica y de contracción del poder adquisitivo, el mercado inmobiliario también ha sufrido. Los precios se encuentran en un mínimo histórico. En estos momentos, el precio por metro cuadrado es apenas un 12 % de lo que eran en el año 1997, utilizando como referencia el área metropolitana de Caracas”.

Para saber qué podemos esperar del mercado inmobiliario, conviene distinguir entre el corto y el mediano plazos. En el corto plazo, los precios van a continuar deprimidos, pues no se esperan cambios en el rumbo de la economía. Aquí lo conveniente es estar a la caza de oportunidades de activos, especialmente si se tienen las expectativas de un cambio de conducción de la economía en el mediano plazo. Comprar hoy es una gran oportunidad frente a precios tan deprimidos. En un horizonte de recuperación de la inversión en un lapso de tiempo no menor a 5 años. En el caso que estés en la acera contraria, es decir, que tengas propiedades y estés pensando en vender, conviene actuar con cautela. Pues estamos frente a precios muy bajos.

Es importante que tengas mucho cuidado con la transacción cambiaria que hagas en el proceso de compra – venta de un inmueble. Dado el contexto geopolítico en que estamos, las transacciones que involucran moneda extranjera para los venezolanos están siendo muy vigiladas y más en un entorno donde circulan capitales de dudosa procedencia.

En el mediano plazo, las consideraciones sobre el mercado inmobiliario son muy halagadoras. En un escenario de transición, estimo que las propiedades ligadas a oficinas, apartamentos de alto nivel y activos empresariales van a tener un repunte significativo, pues la entrada de capitales es allí donde va a tener la mayor incidencia.

descifrado

La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) suspendió por 12 meses los registros como proveedores de puntos de venta a Carroferta Media Group, C.A., que opera con la marca Carropago, y a Inversiones Gross, C.A., que se conoce con la denominación comercial 1000pagos, así como ordenó «medidas administrativas» contra Ubiipagos, C.A. y Rapid Pago, C.A., por el incumplimiento de las normas que regulan la comercialización de estos dispositivos.

Carroferta Media Group fue suspendida por un año «por el cobro directamente a los establecimientos afiliados a las entidades bancarias, a los cuales les comercializó equipos de punto de venta».

Además, «en aras de proteger a los usuarios del servicio de punto de venta, así como, en pro de fortalecer el uso de los medios de pago electrónico y de la estabilidad del sistema, la referida medida estableció expresamente que la empresa Carropago deberá garantizar la continuidad en la prestación de los servicios relacionados con los puntos de venta que se hayan comercializado y activado antes de la suspensión, así como cualquier otro servicio que fuese necesario para mantener el normal funcionamiento de los dispositivos electrónicos».

Por su parte, Inversiones Gross -1000pagos- fue sancionada con la misma pena debido a «la situación irregular en relación con sus contratos de arrendamiento de los equipos de punto de venta con los establecimientos afiliados directamente, generando el cobro de comisiones excesivas por este concepto no contemplado en la normativa que rige la materia».

Adicionalmente, «la Sociedad Mercantil Inversión Gross, C.A deberá, de manera inmediata, con las instituciones bancarias y la sociedad mercantil Tarjetas y Transacciones en Red TRANRED, C.A., gestionar la regularización contractual inmediata de dicha actividades bajo los parámetros del marco normativo vigente».

Mientras que Ubiipagos y Rapid Pago fueron amonestadas procedan a adecuar sus contratos de servicio a «a la normativa legal vigente» establecida por la Sudeban y el Banco Central de Venezuela.

El ente regulador del sistema bancario había comenzado una investigación que abarcó a todas las proveedores de puntos de venta ante diversas denuncias de cobros excesivos y prácticas comerciales no permitidas. Después que la banca dejó de ser el proveedor único de estos equipos han aparecido 42 empresas, según el registro de la Sudeban, en un sector que ha crecido de manera importante, a pesar de la estrechez económica del país.

Consorcio Credicard reivindica poseer la red más amplia de dispositivos en el país, mientras la competencia se centra cada vez más en el servicio que en la ampliación de la red, debido a que los costos de los equipos se han convertido en una barrera de acceso relevante, ya que los precios unitarios oscilan entre 300 y 400 dólares.

En general, la Sudeban impuso estas sanciones para hacer cumplir disposiciones establecidas en la Resolución N° 116.17 dictada por la entidad. «La finalidad de estas acciones va dirigida a regularizar la operatividad y comercialización de los puntos de ventas, así como también suprimir el cobro de entre el 10 y 12% de las ventas, establecidos por estas compañías sin afectar el uso de esos equipos por parte de sus usuarios y usuarias, y a la vez adecuar las tarifas de cobro por el uso de esos aparatos a las tasas establecidas por el BCV».

BANCA Y NEGOCIOS

Este jueves, Alimentos Polar denunció la detención arbitraria de cuatro trabajadores parte de la nómina de la planta de enlatados Marigüita, ubicada en el estado Sucre, por parte de organismos policiales.

Al respecto, se conoció por medio de la abogada de la empresa, Jormary Rodríguez, que los funcionarios policiales ingresaron a la fuerza a los espacios de dicha planta, irrumpiendo en una reunión d elos trabajadores con representantes de la inspectoría del trabajo.

“Se llevó detenidos al gerente de la planta y a un grupo de compañeros, violando el debido proceso y su derecho a la defensa”, denunció la abogada, con referencia al procedimiento realizado por uniformados pertenecientes a la Policía Municipal de Bolívar (Marigüitar).

Sumado a esto, la profesional del derecho hizo un llamado a las autoridades en el cual exigió la inmediata liberación de los trabajadores. “Nuestros compañeros no cometieron ningún delito que justifique pasar más tiempo detenidos, por eso exigimos su liberación”, sumó a sus palabras.

Hizo énfasis además en que la empresa ejercerá todas las acciones legales que correspondan hasta que cesen las arbitrariedades cometidas en contra de estos trabajadores.

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