Con el objetivo fundamental de lograr proteger los activos del país y sacar del abandono en que se encuentra la Corporación Venezolana de Guayana Internacional C.A (CVG), el pleno de la Asamblea Nacional aprobó este martes la designación de una nueva Junta Directiva y Junta Administrativa Ad Hoc, la cual tendrá entre sus funciones trabajar para excluir a esta importante empresa nacional del régimen de sanciones internacionales que recae sobre  Nicolás Maduro.

La Junta Directiva de este ente quedó conformada por Enrique Castells, Dich Souki, Fernando Goyeneche, Ricardo Echeverría y Roberto Arredondo. Estas designaciones se hicieron tras la postulación ante el parlamento por parte de Juan Guaidó, mediante un acuerdo en el que, entre otros aspectos, se señala que también se deberá elaborar un plan orientado a buscar fuentes de suministro de la materia prima para su procesamiento, al menor costo posible, hasta que cese la usurpación y se restablezca el suministro nacional.

Así mismo la directiva nombrada deberá realizar la auditoría necesaria que permita determinar el estado patrimonial de la empresa y en especial establecer los hechos que permitan investigar las posibles irregularidades cometidas, que hayan afectado los intereses del país con la finalidad de realizar las denuncias necesarias.

Estos miembros tendrán protección especial de la República, por los actos que realicen en ejercicio de sus funciones, en cuanto a eventuales litigios internacionales contra su persona, al igual que gozarán de inmunidad y protección en el territorio nacional durante el actual periodo excepcional y hasta el cese de la usurpación de la presidencia.

Los nombramientos aprobados se basan en el Estatuto que rige la Corporación Venezolana de Guayana para restablecer la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que le da facultades al presidente encargado para intervenir empresas del Estado de manera temporal mientras dure el actual régimen usurpador.

Entre los argumentos señalados para esta intervención y nuevos nombramientos, se resalta el hecho de que la Asamblea Nacional reitera su desconocimiento a la farsa electoral del 20 de mayo de 2018, en la que se incumplieron todas las garantías electorales, dando como resultado la usurpación del poder por parte Nicolás Maduro, razón por la cual todos sus actos son nulos.

Se esgrime también las malas políticas económicas de este gobierno usurpador y sus poderes, además del desvío de los recursos de la nación para mantener el régimen ilegítimo, lo que tiene al pueblo pasando penurias de todo tipo.

Como consecuencia de esta usurpación y en apego a la constitución y a la Ley que rige la transición como un pacto de convivencia para la vida cívica, la AN asumió con estos nombramientos el compromiso de defender a todo venezolano, la República y su patrimonio.

Nombramientos:

En esta misma sesión convocada con carácter extraordinario, se nombraron los embajadores Extraordinarios y Plenipotenciarios de Venezuela ante las Repúblicas de Israel y Helénica, Pynchas Brener Cukier y Eduardo Fernando Massieu, respectivamente.

También fue designada la nuevas junta directiva de Monomeros Colombo-Venezolano, presidida por Carmen Elisa Hernández, conformada por Javier Linares, Ramon Crespo, Guillermo Pérez, Jorge Yañez, como Gerente General y Nelson Della Rocca junto con Luis Hurtado.

Por su parte, la junta directiva de PEQUIVEN, son incluidos Melvin Villafañe y Andrés Arevalo.

A la avalancha de deserciones en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) se suma las listas de degradaciones y expulsiones que han sido una constante durante el mandato de Nicolás Maduro Moros. La más reciente es de 23 militares, de quienes Maduro dijo que pretendieron «mediante actos hostiles, medios violentos y desconocimiento de las autoridades legalmente constituidas, cambiar la forma republicana de la nación, poniendo en peligro la independencia, soberanía y la integridad del territorio».

En el decreto 3.941, Maduro cataloga a los expulsados y degradados de haber respondido a una «actitud omisiva, de cobardía e indignidad, que se configuran en actos de manifiesta agresión al pueblo como representante directo de la Soberanía Nacional, atentando contra los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico y en contra de los pilares fundamentales de la institución armada, los cuales constituyen Actos de Traición a la Patria«.
Los señala de «atentar contra la honra y el pundonor individual militar; contra el decoro de la profesión; contra los preceptos sociales y las normas de la moral; contra los preceptos de la subordinación, leyes y disposiciones dictadas por las autoridades competentes, siendo agravada dicha conducta por su condición de funcionario».

Decretó la pérdida del grado militar y condecoraciones nacionales «sin menoscabo de las acciones y consecuencias que se deriven del proceso correspondiente que conozcan las autoridades competentes«.
Y, para rematar, dijo Maduro que «no puede ser militar el cobarde, el que carezca de dignidad, pundonor, ni el de la relajada conducta, pues mal puede ser guardián de la libertad, honra e independencia de su patria, quien tema al sacrificio y ultraje sus armas con infames vicios». Finalmente le encargó al ministro de la Defensa que haga cumplir ese decreto.
Aunque el general en Jefe Vladimir Padrino López y la mayoría del Alto Mando Militar se empeñan en pregonar la unidad de la Fuerza Armada y los actos de lealtad a Nicolás Maduro y al Gobierno de turno, los hechos demuestran que la crisis en la institución castrense brota a todos los niveles.

Degradados y expulsados
Maduro degrada a los primeros tenientes Johan José González y Jhonn Carlos Carreño Narváez «por ser indignos de pertenecer a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana» por haber violentado «los valores y principios que representan a la institución militar».
Por otra parte, degradó y expulsó con los mismos argumentos «como una acción ejemplarizante» a 21 militares, la mayoría de ellos entre quienes pasaron a Cúcuta en febrero, reconociendo a Juan Guaidó como su Comandante en Jefe de la Fuerza Armada y presidente interino: Capitanes Jorge Enrique Páez Castañeda, Denis Neptalí Arellano Romero, Pedro Alejandro Báez y Alejandro Molina Noguera.

Primeros tenientes Henry Augusto Zambrano Lozano, Daniel José López Laconcha, Carlos Eduardo Jiménez Graterol, Ramón Eduardo Elías Alvarado, Franklin Alfredo Caldera Martínez, José Alejandro Montero Crespo, Juan José Espino Domínguez y Víctor Daniel Parra.
La sargento mayor de primera Glandys Karina Gelvez Chacón. Los sargentos mayores de segunda Yurley Andreina Arellano Prato y Adelis Pastor Rosales Peroza. Los sargentos mayores de tercera Jesús Miguel Villegas Román y Eriber Santana Duque Rincones.

Los sargentos primeros Edgar Alexánder Flórez Urbina, Luis Eduardo Cermeño y Fabiola Geraldine Zambrano Contreras. Y el sargento segundo Freddy Gabriel Aquiles Osorio Flores.

Quiénes son

El capitán Molina Noguera hacía un año aproximadamente que había desertado de la Fuerza Armada, luego de haber sido advertido que lo iban a detener.

El capitán Páez Castañeda había sido señalado de estar involucrado en un supuesto golpe de Estado.

El teniente Carreño Narváez, que perteneció a Fuerzas Especiales, fue dado de baja hace dos años, luego de aplicarle el artículo de tres años de retardo consecutivo en el grado. Aparece entre quienes habrían participado en un intento de rebelión en la ZODI Monagas, un caso aún no esclarecido, por el que hay varios militares del 322 Batallón de Caribes

«Cnel Francisco Carvajal» del Fuerte Paramaconi detenidos, y de lo cual solo se argumentó que habrían pretendido secuestrar a la gobernadora y al jefe de la Zona Operativa de Defensa Integral.

La mayoría de los sargentos de la lista pasaron a Cúcuta a apoyar a Guaidó pero lo hicieron después del 23 de febrero.

Crece la lista

Solo en lo que va de 2019, Maduro ha decretado varias listas de expulsados y degradados de la Fuerza Armada, incluyendo al mayor general (Ej) Hugo Armando Carvajal Barrios y al general de División (Ej) Carlos Alberto Rotondaro Cova.

Luego de los sucesos del 30 de abril, con la Operación Libertad, degradó y expulsó 55 militares, a cuya cabeza coloca al general de división Manuel Ricardo Cristopher Figuera, ex jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN).

La primera vez que Maduro utilizó esa figura de degradar y expulsar fue con 11 militares incursos en la llamada Masacre de Barlovento, es la única por razones delictivas. Las otras son políticas: la segunda de 24, la tercera de 116, la cuarta de 13 altos oficiales, la quinta la de los sucesos del 30 de abril y la sexta lista es ésta con los 22 militares.

Además, dos casos aislados donde también aplicó la degradación y expulsión de la institución castrense, fue la del Teniente de la Aviación Ronald Alirio Dugarte Silva, quien llevó ante la Organización de Estados Americanos videos y testimonios de lo que ocurre con las torturas en la Dirección General de Contrainteligencia Militar y el caso del caso del Teniente Coronel Ovidio Carrasco Mosqueda, miembro de la Guardia de Honor Presidencial.

Es verdad que el Código Orgánico de Justicia Militar contempla la figura de degradación y expulsión pero para solo es como pena accesoria al delito principal que dicho militar haya cometido y por el que tenga sentencia definitivamente firme, lo cual no ha ocurrido en ninguna de las seis listas de Maduro.

Lo que queda muy claro es que la FANB no está unida, ni es mayoritariamente leal a Maduro, tampoco que la cárcel o las torturas, mucho menos las degradaciones y expulsiones, detengan a quienes conspiran en la institución castrense.

SebastianaBaráez/Infobae

Nerviosa pero a la vez entusiasmada Noris Márquez, una venezolana recién llegada a Colombia, conversa con uno de los médicos del buque hospital USNS Comfort de la Armada de EE.UU. en los que deposita sus esperanzas de una cirugía de corrección de paladar hendido a su hijo de tres años.

El médico, que habla un español básico, trata de calmarla y de explicarle el procedimiento que se le hará al pequeño que ajeno a la conversación juega entre las camillas en las que otros pacientes esperan su turno de cirugía en el barco hospital que esta semana está fondeado en la bahía de Santa Marta, en el caribe colombiano.

Márquez, de 25 años y que también sufre de labio leporino y paladar hendido, explicó a Efe que su hijo heredó estas malformaciones y que sólo se enteró que el feto «venía así» a los ocho meses y medio de embarazo «cuando ya el bebé iba a nacer».

Su hijo es uno del aproximadamente centenar de personas que serán beneficiadas con las cirugías que harán los médicos del USNS Comfort.

En su país y gracias al programa de asistencia médica «Operación Sonrisa Venezuela», logró que al año de nacido le corrigieran a su hijo el labio leporino, pero la cirugía de paladar hendido no se la pudo hacer por no tener dinero suficiente.

«En un hospital venezolano no (pude) porque no tengo la economía para poder operarlo» y en Colombia tampoco porque «no tengo los papeles registrados», dijo al tiempo que celebraba que la misión del USNS Comfort le permita cumplir el «sueño» de operar al pequeño.

Márquez se vino a Colombia hace unos meses porque «no tenía trabajo ni reales» para mantener a sus dos hijos y quiere quedarse en el país si logra traer a su hija mayor que permanece en Venezuela.

En esta misión del Comfort que también visita Ecuador, Perú, Costa Rica, República Dominicana, Granada, Haití, Jamaica, Panamá, Santa Lucía, Trinidad y Tobago y San Cristóbal y Nieves participan médicos venezolanos del Venezuelan American Medical Association (VAMA, por su sigla en inglés), así como personal de las Fuerzas Armadas colombianas.

El buque hospital de 272 metros de eslora que en su cubierta superior puede albergar hasta dos helicópteros fue construido para la atención de pacientes en situaciones de guerra y actualmente también brinda ayuda humanitaria en desastres naturales o atentados como el del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York.

El USNS Comfort participó en operaciones hospitalarias en el golfo Pérsico durante la «Operación Tormenta del Desierto» (1990-1991), sirvió como centro de procesamiento para inmigrantes haitianos en 1994, estuvo en el comienzo de la guerra de Irak (2003), ayudó a víctimas del huracán Katrina (2005), del terremoto de Haití en 2010 y del huracán María que en 2017 asoló Puerto Rico.

El buque cuenta con 80 camas para cuidados intensivos, 280 más de cuidados intermedios y más de 500 de cuidados limitados, entre otras, además de 12 quirófanos, una sala de radiología, otra de tomografía axial computarizada (TAC) y un banco de sangre con 5.000 unidades.

También tiene dos laboratorios médicos, uno principal y otro satélite, un zona de recepción estéril, farmacia, sala de fisioterapia y cuidado de quemaduras, servicios de odontología y optometría y un laboratorio de lentes.

El barco tiene además un depósito que puede albergar hasta 30 cadáveres de pacientes que fallezcan durante procedimientos.

Durante esta misión, que concluirá el próximo sábado, los médicos de la Armada estadounidense atenderán a numerosos pacientes seleccionados por las autoridades locales, como Johan Ángel, que desde hace cinco meses espera una cirugía para la extracción de un lipoma abdominal.

Ya canalizado y listo para entrar al quirófano, Ángel dijo a Efe que desgraciadamente nunca pudo conseguir la autorización para la cirugía en el sistema de salud público colombiano a pesar de tener todos los exámenes clínicos hechos.

«Afortunadamente tuvimos esta bendición de que hubiera llegado gente de otro país a ayudarnos porque (de lo contrario) no sé qué hubiera hecho», explica, pues el tumor ya no le permitía trabajar porque «el dolor ya era insoportable».

El hombre, a pesar de estar muy agradecido por la operación, está sin embargo preocupado por el posoperatorio porque, según cuenta, le dijeron que tiene que ir en unos días a un hospital público colombiano para que le retiren los puntos quirúrgicos, y teme que, «después de que salga de acá la otra lucha va a ser esa».

Según la embajada de Estados Unidos, en su primer día en Santa Marta el personal médico del USNS Comfort atendió también a centenares de pacientes en el Coliseo Mayor de Santa Marta y realizó varias cirugías a bordo del buque y espera que a lo largo de la semana sean miles los beneficiados.

La atención en el Comfort también está dirigida a los migrantes venezolanos que en Colombia ya superan los 1,4 millones de personas, como Noris Márquez y su pequeño hijo.

Por esa razón el diplomático Humberto Calderón Berti, embajador de Juan Guaidó en Colombia, visitó este miércoles el barco para agradecer al personal estadounidense por la «asistencia médica y ayuda a miles de venezolanos que huyen de la devastadora tiranía de Nicolás Maduro».

EFE