Hay 34 ministerios con sus respectivos ministros. 144 viceministros. 1.540 personas más que ocupan cargos clasificados como director general sectorial. Sin contar a Petróleos de Venezuela, a la Corporación Venezolana de Guayana y a Corpoelec, hay otras 820 empresas que son propiedad del Estado. Léase bien: otras 820 empresas. A ellas corresponden alrededor de 11.000 directores. Estos son, aproximadamente, los cargos de confianza del régimen de Chávez y Maduro: alrededor de 14.000 funcionarios, miembros del Poder Ejecutivo central, cuyos nombramientos han aparecido publicados en la Gaceta Oficial de Venezuela.
A estos 14.000 funcionarios se debe, en primer lugar, la ejecución de las políticas que han destruido la administración pública venezolana que, a pesar de sus crónicos problemas, contaba con profesionales de carrera, técnicos y expertos de primer nivel, personas formadas con rigor y con vocación de servicio público. La mayoría de estos profesionales, cuyos méritos eran evidentes en todas las instituciones, fueron desconocidas, perseguidas, acosadas, despedidas o relegadas a cumplir tareas que desaprovechan y subestiman sus capacidades.
Uno de los capítulos más dolorosos de la destrucción de la institucionalidad venezolana, acometido por chavistas y maduristas, se ha perpetrado en contra de los funcionarios, sin que este fenómeno, que ha sido masivo y persistente, a lo largo de 20 años, haya sido debidamente documentado. El caso de los 20.000 despedidos de Petróleos de Venezuela, que algún día tendrá que ser reparado, es apenas un capítulo de la saña, la desproporción, la ilegalidad y abuso de poder con que se ha actuado en contra de los funcionarios venezolanos.
Hay cientos de miles de historias personales, de venezolanos de todas las regiones del país, en todos los poderes y niveles del vasto mundo que llamamos la administración pública -en ello hay que incluir a gobernaciones y alcaldías-, que fueron verbalmente vejados, sus derechos laborales desconocidos, sus prestaciones sociales robadas, su reputación mancillada, su derecho al debido proceso y a la defensa conculcados una y otra vez.
En tanto que los empleados públicos venezolanos son, de alguna manera, el sector de la población más expuesto al poder, cautivo de sus obligaciones y jerarquías, han sido las primeras víctimas de los desafueros y humillaciones cometidas por los enchufados del régimen, civiles o militares. No solo se les ha empobrecido, como al resto de la sociedad venezolana, sino que se les ha obligado a ponerse una vestimenta roja y asistir a marchas y concentraciones. Se les ha impuesto, bajo distintas amenazas, firmar comunicados, inscribirse en el PSUV, sumarse a las políticas de odio y exclusión. En el caso de los militares que fueron designados en cargos de primer y segundo nivel, las historias adquieren proporciones grotescas y extremas: brutos que han pretendido gerenciar gritando, amenazando, insultando, despidiendo y creando parcelas de terror.
Pero, y esto es importante, entre quienes permanecen -hay miles y miles que tienen el mérito de haber resistido y seguir resistiendo pese a todas las adversidades- y quienes fueron despedidos o renunciaron, hay una masa potencial de testimonios, que serán fundamentales para la reconstrucción de Venezuela.
Son los empleados públicos los testigos de miles de nombramientos de incompetentes en cargos de alta responsabilidad. Son ellos los que han visto esa mezcla de ignorancia y prepotencia que es el signo cultural predominante del enchufado al que designan en los cargos. Insisto: son los empleados públicos venezolanos, activos o no, los que relatarán los casos de nepotismo, asalto a las partidas de viáticos, uso de los recursos del Estado para fines personales, adjudicación de contratos a familiares y testaferros, robo a mansalva de los presupuestos, creación de cadenas de corrupción en todos los ámbitos donde ha sido posible.
La burocracia chavista y madurista es identificable. Tiene signos que la caracterizan. Los enumeraré a continuación. Es, en lo sustantivo, incapaz. Desconoce la materia sobre la que le compete tomar decisiones. Asume el cargo como una fuente de beneficios personales. Excluye a los conocedores y se rodea de otros ignorantes para disponer de un coro propio de loas. Practica la zafiedad. Toma decisiones en contra de la lógica, forzando la realidad y desconocimiento la opinión de los expertos. A quienes le advierten o le señalan, les acusa de conspiradores, saboteadores y otros insultos.
La prueba de lo que se afirma es constatable por el planeta entero. Nada hay en Venezuela que no haya sido socavado, degradado, corrompido o arrasado parcial o totalmente. Los 14.000 pueden ser evaluados. Robo y devastación en la industria petrolera, en hospitales, en los servicios públicos, en las aduanas, en puertos y aeropuertos, en el Saime, en los sistemas de transporte, en registros y notarías, en el sistema educativo, en las instituciones culturales, en las cárceles, en los psiquiátricos y centros para menores, en las 820 empresas -las creadas por el régimen y las que fueron expropiadas-, que subsisten como cascarones vacíos, sin otra utilidad que la de ser campo y coartada para la corrupción.
Editorial de El Nacional
