El abogado constitucionalista José Pallais describió los propósitos, que desde su punto de vista, persigue Daniel Ortega con el cierre de puertas a las negociaciones
El regimen de Daniel Ortega ha cerrado la puerta del diálogo con la opositora Alianza Cívica para resolver la crisis sociopolitica que afecta a Nicaragua desde hace más de un año
Para el abogado constitucionalista y vocero de la Alianza Cívica por la Justicia (ACJD), José Pallais, la decisión del régimen de Daniel Ortega a cerrar la puerta del diálogo persigue tres cosas: romper la hoja de ruta establecida para la salida a la crisis sociopolítica que vive Nicaragua desde hace más de un año; evitar la participación de la Alianza Cívica en la reforma electoral que garantizaría el voto de la población para que sea contabilizado e impedir así un cambio de gobierno en esa nación centroamericana.
El régimen de Daniel Ortega envió una carta al representante del papa Francisco, el nuncio apostólico Waldemar Somertag, en la que informa al Vaticano el fin de las negociaciones con la Alianza Cívica. La carta también habría sido enviada a la Organización de Estados Americanos (OEA).
La Comision Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se refirió a la decisión del régimen a través de varios tuits en su cuenta en Twitter, lamentando la decisión unilateral.
El diálogo se suspendió tras el retiro de la Alianza Cívica de las negociaciones para presionar al régimen a liberar a los presos politicos y por el asesinato del reo de conciencia de nacionalidad estadounidense Eddy Montes, a manos de un custodio del penal La Modelo, que le disparó con fusil AK-47.
Mandato de la OEA
Pallais sostiene que el mandato de la resolucion de la OEA, en la cuadragésimo novena sesión de la Asamblea General, realizada el 28 de junio pasado en Medellín, Colombia, es clara. La misma solicita a Ortega retomar el diálogo con la Alianza Cívica, y permitir el ingreso de los organismos internacionales de derechos humanos expulsados por Ortega tras los informes conclusivos que indican que el régimen sandinista cometió crimenes de lesa humanidad.
La OEA dio un plazo de 75 días, al líder sandinista para resolver la crisis en Nicaragua.
“La resolucion de Medellín lo ha planteado que tiene que ser una solución negociada con la Alianza Cívica y (Ortega) está rechazando esa posición de la comunidad internacional y está adoptando una postura de rebeldía basado en el uso de la fuerza, en sostenerse en el (poder a través del) uso de la fuerza, en imponer una reforma electoral cosmética, amañada con los socios del pasado que solo ha producido fraudes, repartidera de cargos en el Consejo Supremo Electoral (CSE) y en los otros poderes del estado, con exclusión y sin capacidad de propiciar esperanza de unas elecciones que solamente puede garantizar la salida de la crisis si tiene la aceptación y lo constituye un consenso nacional”, dijo el jurista.
“El secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo que las reformas electorales deben ser ratificadas en la mesa de negociaciones y Ortega se está poniendo en una posición de confrontación en relación de la OEA”, acotó Pallais.
Negociacion con “zancudos”
Durante el discurso conmemorativo de la llamada “revolución sandinista”, Ortega descartó el adelanto elecciones y habló de reformas electorales, pero para algunos analistas las mismas podrían ser negociadas con los partidos “zancudos” afines a Ortega y que han contribuido a través de pactos y prebendas a legitimar la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Pero Ortega fue más allá, durante su discurso a su clientela política del sandinismo dijo que están preparados para los comicios de 2021, y asegura que ganará, lo que indica que se propone permanecer en el poder y consolidar la dinastía Ortega Murillo.
Ortega pretende legitimar su permanencia a través de una “negociacion maquillada” para engañar a la comunidad internacional.
“Ortega lo ha anunciado, sus diferentes voceros lo han anunciado y la informacion es que se tiene es que a parir del 5 (de agosto), estarían negociando en aras de garantizar que el régimen mantenga un control absoluto del poder judicial y que pueda tener la suficiente fortaleza que los resultados le permitan a esta dictadura permanecer en el poder.
A Christian Martínez representante de la organización Fuerza Ciudadana de Unidad Nacional (FCUN), no le sorprende el fin del diálogo, a su juicio era cuestión de tiempo, “es la crónica de la muerte de unas negociaciones anunciadas”, sostiene.
De acuerdo con Martínez, nunca hubo un verdadero diálogo porque Ortega desde un inicio dio claras evidencias de que indicaban que solo buscaba ganar tiempo y considera que solo sirvió para oxigenar al dictador.
“Lo que hubo fueron conversaciones dirigidas por el gran capital, los exaliados de Ortega aglutinados en el Movimiento Renovador Sandinista, y algunas organizaciones de izquierda que participaron en ese diálogo excluyente. Esa mesa nunca ha representado los verdaderos intereses del pueblo que demanda cambios reales y la muestra es que durante más de 11 años el capital nicaragüense se enriqueció grandemente mientras el genocida de Ortega violentaba el orden constitucional y avanzaba en su control de los poderes de estado bajo su mando único”, aseveró.
Martínez sostiene que la crisis política y económica en el país se agudizará y que es el pueblo el que siempre lleva la peor parte. “Es hora de cambiar y tomar decisiones para el bienestar de Nicaragua”.
Aunque Ortega excarceló a más de 400 presos políticos de las prisiones del Sistema Penitenciario, aún quedan detenidos 120 reos de conciencia.
Pallais sostiene que Ortega tampoco ha cumplido los acuerdos alcanzados durante las negociaciones como los 19 de puntos del acuerdo sobre derechos y garantías ciudadanas.
Daniel Ortega continúa impidiendo las plenas libertades públicas de movilización, de expresión e informacion, e implementando una política de persecución y terror en el país asesinando a líderes de la oposición en el campo de manera selectiva. Más de 12 campesinos han sido asesinados en las montañas de Nicaragua a manos del régimen sandinista.
DLA
