La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) denunció este jueves una nueva incursión aérea de Estados Unidos en el espacio de Venezuela y acusó al país norteamericano de querer crear un «incidente» con estas prácticas.

«EE.UU. con su aeronave EP3 insiste en crear las condiciones de riesgo operacional, al ingresar nuevamente en la región de información de vuelo (FIR) sin cumplir con los protocolos establecidos en tratados internacionales. Esta irresponsable agresión busca un incidente», indicó la FANB en la red social Twitter.

En otro mensaje el cuerpo castrense hizo llamamientos de «alerta» pues, señaló, las «provocaciones imperiales continúan sobre Venezuela».

«Desde esta Patria, libre, inexpugnable y de paz, la #FANB rechaza nuevamente la violación a FIR Venezuela, los intentos injerencistas continúan; respeten a Venezuela y al mundo», prosiguió la institución.

La cúpula militar también acusó a la Administración de Donald Trump de emplear «innumerables métodos criminales basados en bloqueos económicos y financieros» para «apoderarse del mundo».

El Gobierno de Nicolás Maduro denunció el 22 de julio que un avión espía estadounidense hizo otra incursión en espacio aéreo venezolano, en medio de los señalamientos cruzados entre ambos países por un episodio similar ocurrido el viernes en la región de vuelo de Maiquetía, en el centro-norte de Venezuela.

«En este momento que yo estoy hablando con ustedes, queridas hermanas y queridos hermanos, en este mismo instante, la misma aeronave o una aeronave similar, la llamada EP-30, se encuentra otra vez incursionando en la región de información de vuelo Maiquetía», dijo entonces en una alocución televisada el ministro de Información, Jorge Rodríguez.

Tres días antes, según la versión de la llamada revolución bolivariana, un avión Sukhoi SU-30, de fabricación rusa, interceptó y expulsó de los cielos de Venezuela a una aeronave estadounidense.

El Comando Sur de Estados Unidos dijo entonces que su avión EP-3 «estaba realizando una misión reconocida y aprobada en espacio aéreo internacional sobre el mar Caribe», y que la aeronave venezolana lo «siguió de forma agresiva». EFE

La migración de venezolanos a Colombia aumentó en un 11 % en el último trimestre, informaron este viernes las autoridades que cifraron en más de 1,4 millones los ciudadanos de esa nación que se han radicado en el país.
Así lo aseguró el director general de Migración Colombia, Christian Krüger Sarmiento, quien detalló que la cifra se recoge de un informe con corte a 30 de junio.

En el país hay 1.408.055 venezolanos, de los cuales 732.390 son regulares, es decir que tienen visa o cédula de extranjería, y otro documento que les permite estar en el país legalmente.

Caso contrario ocurre con 665.665 personas venezolanas que están como «irregulares» porque han superado el tiempo de permanencia o han ingresado al país sin autorización.

Sobre el incremento de la migración entre abril y junio, el funcionario dijo que «la cifra que registra un incremento superior al 11 % respecto al primer trimestre de este año, equivaldría a un poco más de 148.000 registros».

El funcionario añadió que en el primer semestre de este año han llegado a Colombia un poco más de 234.000 ciudadanos venezolanos buscando huir del régimen del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

«Si miramos el comportamiento de los últimos tres meses podríamos decir que diariamente esa cifra es cercana a los 1.600 registros», explicó.

En esa dirección, Krüger Sarmiento añadió que «a medida que se agudice la situación en Venezuela, el flujo continuará en aumento, pues estas personas migran por necesidad, por falta de alimentos, de salud, incluso, de servicios básicos».

Bogotá es con 313.528 personas la ciudad que más venezolanos ha recibido, seguida de los departamentos de Norte de Santander (185.433), La Guajira (163.966), Atlántico (125.075) y Antioquia (112.745).

Por el contrario, el selvático departamento del Vaupés tiene apenas registrados dos venezolanos.

Venezuela vive un pico de tensión política desde enero pasado cuando Nicolás Maduro juró un nuevo mandato de seis años tras ganar unas elecciones que fueron tachadas de fraudulentas por la oposición.

En respuesta a ello, el jefe del parlamento, Juan Guaidó, se proclamó como presidente interino y es reconocido por más de 50 países, entre ellos Colombia.

Mientras tanto la población sigue sufriendo carencias de productos básicos como alimentos y medicinas y miles de ellos pasan diariamente la frontera hacia Colombia para paliar sus necesidades. EFE

Calificó como “persecución política” la investigación penal anunciada por Tarek William Saab en su contra

El Procurador Especial de Venezuela, José Ignacio Hernández, respondió a las acusaciones en su contra por su participación como testigo experto en el juicio por la demanda de la empresa canadiense Crystallex tras su expropiación durante el gobierno de Hugo Chávez.

«Yo me separé del caso en marzo de 2019. Yo no he tenido que ver en las decisiones de este caso. Me inhibí precisamente para evitar cualquier señalamiento de conflicto de intereses. El testigo experto no es abogado de las partes. Nunca defendí la posición de Crystallex en el juicio ni promoví sus intereses. El testigo experto es básicamente un profesor de derecho público que de manera independiente le explica al Tribunal ciertos puntos del derecho venezolano», dijo Hernández en entrevista en el programa Código 58 que transmite TVVenezuela.

El Procurador Especial designado por la Asamblea Nacional se calificó como un perseguido político.

«Hay que recordar que mi nombramiento fue anulado por la ilegítima Sala Constitucional que acordó de manera ilegítima dictar medidas en mi contra. Este anuncio de quien usurpa el cargo de Fiscal General, este señor que recordemos fue designado por la espuria ANC, no tiene autoridad de ningún tipo. Este anuncio de una investigación no es más que una clara demostración, otra más, de que en Venezuela hay una persecución política en contra de las legítimas autoridades de Venezuela. Lo lamentable es que algunas personas se sumen a esta persecución», manifestó.

José Ignacio Hernández recordó que «todos los alegatos, todos los argumentos y toda la estrategia fue gestada bajo el régimen de Nicolás Maduro», al referirse al juicio en Delaware, por la demanda de Crystallex.

Aunque está inhibido del caso, como abogado explicó el Gobierno del presidente Juan Guaidó podría plantear como nuevo argumento ante el Tribunal de Primera Instancia los cambios hechos en las juntas directivas de PDVSA y de CITGO.

«El Tribunal de apelaciones señaló que visto que el Gobierno del presidente Juan Guaidó introdujo nuevos alegatos relacionados con los cambios que aseguran la autonomía y la independencia de PDVSA y de CITGO, esos nuevos hechos podrían ser planteados por el Gobierno legítimo de Venezuela de nuevo ante el Tribunal de Primera Instancia. Esto significa que si todos los recursos que caben contra esta decisión, incluso ante la Corte Suprema de Justicia, fallan, y el caso vuelve al Tribunal de Primera Instancia, el Gobierno legítimo de Venezuela podrá explicar por qué ya no es posible sostener que PDVSA y la República conforman una unidad política vistos los cambios luego de que el presidente Guaidó asumiera la Presidencia de la República», indicó.

El Procurador Especial reiteró que todas las reclamaciones legítimas van a ser reconocidas y sus pagos se enmarcarán en el proceso de renegociación de la deuda.

«El Gobierno del presidente Guaidó no pretende reescribir la historia convalidando las políticas de expropiaciones que se realizaron en el pasado. La reconstrucción económica de Venezuela solo es posible si hay un proceso de renegociación», señaló en la entrevista en TVVenezuela.

NP