Legisladores opositores en Venezuela denuncian el creciente cerco creado por el gobierno en disputa de Nicolás Maduro.
Legisladores opositores de Venezuela aseguran que el creciente cerco del gobierno del presidente en disputa, Nicolás Maduro, busca cerrar el único espacio institucional con el que cuenta la oposición: La Asamblea Nacional que encabeza Juan Guaidó.
Desde que Guaidó invocó la Constitución para asumir la presidencia interina, agresiones a las afueras de la sede del Palacio Legislativo por parte de grupos progubernamentales y fallos judiciales con acusaciones de conspiración son parte del asedio reciente que enfrentan los diputados opositores.
«Estamos vulnerables», afirmó Nora Bracho, una legisladora golpeada hace un mes a la entrada del parlamento mientras defendía a periodistas que no podían ingresar al complejo, porque seguidores del oficialismo bloqueaban el acceso.
El impulso de Guaidó ha disminuido luego del infructuoso llamado a los militares para que desconocieran a Maduro. Pero la Asamblea Nacional mantiene su plan de buscar la salida del presidente, con la aprobación -entre otras- de medidas para impedir que el gobierno acceda a los activos externos.
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En febrero, el Parlamento nombró juntas para la petrolera estatal PDVSA y su filial en Estados Unidos, y en julio designó un directorio para el Banco Central a fin de proteger las reservas internacionales, que en parte están en lingotes de oro.
El martes, el Congreso aprobó volver a un tratado de defensa regional, aunque Guaidó advirtió que no se trata de una solución «mágica» a la crisis.
Decenas de países han reconocido a Guaidó, pero Maduro tiene el control de las fuerzas armadas. El jefe del Congreso argumenta que Maduro fue reelegido en elecciones fraudulentas, mientras el mandatario dice que el opositor intenta derrocarlo.
«Hemos sido amenazados con que nos van a encarcelar. Hemos hecho una labor titánica, al tener la espada de Damocles encima», agregó Bracho, de 47 años, que en abril fue detenida unas horas durante una protesta por la crisis eléctrica que padece la entidad que representa, el petrolero estado Zulia.
El Congreso tiene 167 legisladores y para aprobar las decisiones se requiere que la mitad esté presente. Pero desde el año pasado y con mayor fuerza en 2019, unos 21 parlamentarios están ausentes de sus escaños porque han sido detenidos, salieron al exilio por medidas judiciales o están refugiados en embajadas en Caracas.
Esta situación obliga al parlamento opositor a efectuar maniobras para alcanzar el quórum mínimo.
Funciones recortadas
Cuando la oposición asumió la mayoría en el Congreso en 2016, el Tribunal Supremo y el gobierno aplicaron medidas para restarle funciones en la revisión del gasto público y de los convenios petroleros, además de suspenderle los salarios.
El cerco se ha elevado este año. La máxima corte, tras el llamado del líder opositor a los oficiales, inculpó a una decena de diputados de conspiración, como al vicepresidente del Congreso, Edgar Zambrano, hoy detenido.
José Guerra es uno de los legisladores que está en el exilio por una acción judicial y, según dijo, las medidas tienen como objetivo afectar a comisiones como la de Finanzas, donde cinco de sus 12 miembros están ausentes.
«La acción del Tribunal (Supremo) ha sido un intento para desmantelar la comisión, que ha publicado cifras en medio de la opacidad y ha denunciado manejos financieros del gobierno», señaló desde Washington.
Además del gobierno y la máxima corte, la oficialista Asamblea Constituyente -creada en 2017 y calificada como ilegítima por los opositores- también ha aprobado acciones contra los legisladores, como el allanamiento de su fuero parlamentario.
El presidente de la Constituyente y segundo hombre del gobierno, Diosdado Cabello, advirtió a la oposición que «no gobernará» y que «no habrá impunidad» por sus actos.
Frente a la ausencia de varios diputados principales, el Congreso buscar operar con suplentes y unos 19 acuden a las reuniones, aunque algunos consultados temen ser capturados. «El miedo es libre, pero tenemos una responsabilidad que cumplir», dijo Guillermo Palacios, parlamentario suplente por Zambrano.
Como parte de la estrategia, opositores incluso han contactado a legisladores suplentes de movimientos aliados del oficialismo para que se sumen a las reuniones.
De los oficialistas asisten tres, siendo una de ellos Arkiely Perfecto, que dijo que va a las sesiones «porque el pueblo me solicitó alzar su voz a través de un espacio». Después de presentarse al Congreso en marzo, su familia fue amedrentada por uniformados, denunció la diputada, que dejó al movimiento Tupamaro, al cual pertenecía.
Frente a la cantidad de diputados que está fuera del país, un grupo de legisladores ha planteado crear un «parlamento virtual» para que los ausentes participen en los debates.
Los opositores también lidian con otros obstáculos para asistir a las sesiones, en especial los que viven lejos de Caracas. Los viajes en avión son costosos y en carretera está el riesgo de los puntos de control militares.
A mediados de 2016, con el argumento de que la Asamblea estaba en «desacato» por incumplir decisiones del máximo tribunal, el gobierno suspendió los salarios de los diputados, que en aquel momento era menos de unos 100 dólares mensuales.
Con ayudas de familiares u obligados a seguir con las actividades comerciales que tenían antes de llegar al Congreso, los legisladores intentan mantenerse.
«A veces doy clases o realizo asesorías, tenemos que vivir», señaló el diputado Elías Matta, quien añadió: «Esto es un Parlamento atípico».
Voz de América
