Aprobado por Unanimidad

En la sesión celebrada este lunes, el Parlamento del Mercosur (Parlasur) aprobó por unanimidad invitar a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, a exponer ante esta plenaria el informe sobre violaciones de derechos humanos registradas en Venezuela, emitido por la alta funcionaria el pasado 5 de julio.

La propuesta que contó con el visto bueno  del resto de los parlamentarios de la región que hacen vida en esta tribuna, fue hecha por el parlamentario venezolano Oscar Ronderos.

«Queremos que el mundo conozca la realidad que se vive en Venezuela, el acoso a los poderes legítimamente constituidos, la persecución contra quienes defendemos la libertad y la democracia, como es el caso del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, diputado Edgar Zambrano, quien lleva meses aislado en una celda de máxima seguridad militar», sostuvo el vocero de Acción Democrática.

Cómo se recordará, el documento hecho público por tan importante instancia internacional dejó en evidencias los excesos de cuerpos de seguridad del Estado, también el control social al que tienen sometido a los venezolanos, así como la represión de la que son víctimas ciudadanos y políticos.

NP

Vladimir Padrino López se refirió a través de su cuenta de Twitter sobre el supuesto robo de las armas del Estado por parte de dos miembros del equipo de seguridad del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. A lo que el embajador de Venezuela, Carlos Vecchio, respondió directamente.

Padrino López emitió un comunicado y catalogó estos hechos como «indignantes y ofensivos para la FANB que las armas de la República, sean robadas, apuntadas y disparadas contra nuestro pueblo«.

Por su parte, Vecchio precisó mediante su cuenta de Twitter que «indignante y ofensivo para la Fuerza Armada y el país es que ustedes apoyen a una dictadura criminal que asesina al pueblo. No solo lo decimos nosotros. Lo dice la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU«.

Indignante y ofensivo para la Fuerza Armada y el país es q Uds apoyen a una dictadura criminal que asesina al pueblo . No solo lo decimos nosotros . Lo dice la Alta Comisionada de los Dchos Humanos de la ONU https://t.co/26BFFCatG3

— CARLOS VECCHIO (@carlosvecchio) 14 de julio de 2019

el impulso

El ministro español de Exteriores en funciones, Josep Borrell, instó este lunes a la Unión Europea (UE) a imponer sanciones selectivas contra los responsables de la muerte del capitán de corbeta venezolano Rafael Acosta Arévalo cuando estaba detenido y bajo custodia del Gobierno de Nicolás Maduro.

“Han ocurrido muertes trágicas de personas detenidas bajo el control de la Policía política venezolana, el embajador de Venezuela en España ha sido llamado para que diera explicaciones, y hemos planteado la necesidad de establecer sanciones contra las personas responsables de dichos actos”, indicó Borrell en una rueda de prensa durante una reunión de ministros de Exteriores de la UE.

Borrell defendió medidas restrictivas “para las personas que se han visto involucradas en lo que podemos llamar torturas seguidas de muerte de una persona”.

“Si están identificadas, hay que establecer sanciones contra ellas, claro”, recalcó.

El ministro se refirió al capitán Acosta Arévalo, que de acuerdo con informaciones de la prensa local fue detenido el pasado 21 de junio por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), sin que se indicaran entonces los motivos.

Según su defensa y portavoces de la oposición, el militar fue torturado hasta la muerte y la última vez que se le vio con vida, cuando fue presentado ante el tribunal, no podía mantenerse en pie o hablar.

En paralelo, Borrell dejó claro que “las sanciones no pueden ser un instrumento que perturbe la esperanza que ha levantado el proceso de Oslo, y la primera prioridad es que este proceso continúe”, en referencia a la negociación en curso auspiciada por Noruega entre el Gobierno y la oposición venezolanos para tratar de superar la crisis en que está sumido el país.

“España ha insistido en que es absolutamente prioritario conseguir que las negociaciones auspiciadas por Noruega fructifiquen”, dado que es “el único elemento” para lograr que las dos partes negocien.

Borrell consideró que es “la mejor opción que tenemos sobre la mesa”, y afirmó que “aunque no haya sido patrocinado por la UE, hemos sin duda facilitado este proceso”.

“Al mismo tiempo, han ocurrido acontecimientos dramáticos, individuales, provocados por individuos concretos, que tienen que ser objeto de una respuesta sancionadora por parte de la comunidad internacional”, recalcó.

Según explicó, “eso es lo que hemos planteado nosotros hoy y nadie se ha opuesto”, aunque “eso no quiere decir que se vayan a aplicar sanciones ‘urbi et orbi’ que afecten a todo el pueblo venezolano o a toda la dirigencia política chavista, porque en este momento creemos que no ayudan al desarrollo de estas negociaciones”.

“Tiempo habrá si esas negociaciones no prosperan para hacerlo, pero esas negociaciones tampoco pueden ser un escudo protector para personas que se han identificado, parece ser, como los responsables de un acto tremendo, concreto y preciso, que tienen que ser objeto de sanciones precisas y concretas”, subrayó.

Borrell señaló también que respalda el informe de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, tras su visita al país.

“La legitimidad del Gobierno de Maduro está cuestionada por el simple hecho de que fue elegido en unas elecciones que no reconocemos”, recordó, y rechazó que la UE muestre “ninguna condescendencia”.

“No veo en qué somos condescendientes. Lo que ocurre es que el señor Maduro tiene, nos guste o no nos guste, el control de la Administración, del Ejército”, apuntó.

EL NUEVO HERALD

España ha concedido la estancia legal de 7.623 ciudadanos de Venezuela en los primeros seis meses de junio 2019 bajo la premisa de la ‘ayuda humanitaria’, según datos del Ministerio del Interior facilitados a Europa Press.

El pasado mes de enero, el Gobierno informó de su intención de conceder la ‘ayuda humanitaria’ –figura contemplada en la Ley de Asilo y Refugio– a aquellos venezolanos a los que se les denegase la protección internacional desde 2014. Desde que se puso en marcha esta medida, se ha autorizado a más de 7.600 venezolanos la residencia temporal, cuya duración es de un año y será prorrogable, tal y como han señalado fuentes de Interior.

Esos 7.623 venezolanos que hasta el momento han sido beneficiarios de la ‘ayuda humanitaria’ vieron rechazada su petición de asilo entre febrero y junio de 2019, teniendo en cuenta que la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio (CIAR) no se reunió el mes de enero.

La CIAR es la que se encarga de elevar las propuestas de resolución de las peticiones de asilo, previamente analizadas por la Oficina de Asilo y Refugio (OAR), que es el órgano que instruye el procedimiento para la concesión de protección internacional. La concesión o denegación se hace tras un análisis individualizado de todo solicitante de asilo.

Casi 15 mil expedientes resueltos

Entre febrero y mayo, la CIAR ha resuelto en total 14.933 expedientes, de los cuales más de la mitad (esos 7.623) son de ciudadanos venezolanos a los que finalmente se les ha denegado el asilo, aunque se les ha otorgado la ‘ayuda humanitaria’.

La cifra de casi 15.000 expedientes elevados a la CIAR supone que en los seis primeros meses de 2019 ya se han superado los 12.889 expedientes que se resolvieron durante todo 2018, según recalcan desde el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska.

De acuerdo a los datos facilitados a Europa Press, en febrero se elevaron a la CIAR 1.645 expedientes; en marzo, 1.654; en abril, 2.819; en mayo, 2.834; y en junio, 5.981. De esos casi 6.000 expedientes resueltos en la última CIAR de junio, 4.300 (es decir, el 71,9%) eran de venezolanos a los que, tras serle denegado el asilo, se les ha concedido el permiso temporal de residencia por razones humanitarias.

Según precisan fuentes de Interior a Europa Press, en julio y agosto está previsto que este órgano colegiado se reúna de nuevo y siga resolviendo más expedientes a un ritmo «muy superior» al del año pasado. En 2018, se determinaron entre enero y diciembre un total de 12.899 solicitudes, es decir, de media al mes unas 1.074 resoluciones de peticiones de asilo.

19.700 han pedido asilo en 2019

De acuerdo a datos oficiales, durante todo 2018, un total de 20.015 ciudadanos venezolanos pidieron protección internacional en España, encabezando el ranking de las nacionalidades de los solicitantes de asilo en España. Desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2019, unos 19.729 venezolanos han solicitado protección internacional en España, y sigue siendo la nacionalidad mayoritaria, según cifras provisionales del Ministerio del Interior.

Debido a que desde el año 2011 se ha producido un aumento sostenido en el tiempo de las peticiones de venezolanos, el Gobierno decidió concederles la estancia legal en España a través de la «ayuda humanitaria» prevista en la Ley de Asilo y Refugio, teniendo en cuenta que Venezuela no está entre los países que tienen mayores tasas de resoluciones favorables.

Recientemente la secretaria de Estado de Migraciones en funciones, Consuelo Rumí, defendió la necesidad de abordar una reforma integral del sistema de acogida a solicitantes de protección internacional en España «que permita proteger a quienes tienen derecho a la protección internacional». En este contexto, advirtió de la falta de plazas y del «colapso» del sistema de acogida por parte de aquellos que piden asilo, sabiendo no son beneficiarios de dicha protección internacional.

«Las personas que emigran porque quieren una vida mejor, que es lícito, no son usuarias ni beneficiarias de protección internacional. Entre todos debemos de darles salida y soluciones, pero la solución no es solicitar asilo, porque lo que hacen, además, es colapsar un sistema que está diseñado para quienes verdaderamente tienen ese derecho», aseveró en un acto público con motivo del Día Mundial del Refugiado que se celebra el 20 de junio.

diario Las Américas

Judith Pérez, madre de la clarinetista Karen Palacios, secuestrada por el Dgcim y ahora detenida en el Inof por un tweet en contra del gobierno narra el infierno que ha vivido su hija, que sufre de depresión, por reclamar su derecho al ser despedida de la Filarmónica por adversar con el régimen de Maduro.

Durante una rueda de prensa expresó que el 3 de junio le informaron que Karen Palacios le habían dado boleta de excarcelación con régimen de presentación de cada 30 días, sin embargo, Judith asegura que “esa libertad no la ha visto”, a su vez, expresa que su hija tiene miedo de dormir “porque piensa que la pueden matar”.

Madre de la clarinetista Karen Palacios, secuestrada por el DGCIM y ahora detenida en el Inof por un tweet en contra del gobierno narra el infierno que ha vivido su hija, que sufre de depresión, por reclamar su derecho al ser despedida de la Filarmónica por adversar a Maduro pic.twitter.com/Kr5mXBbEK9

— Rafael Hernández (@sincepto) 15 de julio de 2019

La madre de la joven músico contó que cuando se la llevaron detenida, los funcionarios se hicieron pasar por miembros del Sistema de Orquestas, y manifestaron que iban a hacerle una entrevista. “Fueron a mi casa y dijeron que era una entrevista que la iban a hacer, nunca le dijeron que iba a ser detenida. Estaba en una celda con nueve mujeres más. Temo por la salud de mi hija. En la Dgcim acabaron con todo su avance”, lamentó su madre.

La madre contó que ha podido ver a su hija solo dos veces desde que fue detenida. El nueve de junio pudo verla,y luego el seis de julio. Actualmente enfrenta una imputación por el presunto delito de instigación al odio, basada en unos comentarios publicados en sus redes sociales. El contrato de Karen Palacios Pérez con la orquesta fue cancelado “por haber firmado a favor del referendo presidencial que impulsaba la oposición venezolana en 2017″.

Venezuela al día

 
 El Diputado de la Asamblea Nacional, Williams Dávila Barrios, consciente de su responsabilidad no solamente desde el punto de vista político sino social con el pueblo merideño y venezolano en general, entregó, el pasado fin de semana, un lote de medicamentos y suplementos nutricionales así como pañales y protectores de cama a pacientes de la Unidad de Larga Estancia del Instituto Autónomo Hospital Universitario de Los Andes (IAHULA). 

Según explicó el parlamentario, se trata de donación procedente de la seccional de Acción Democrática en Canarias, España, la cual forma parte de las actividades que viene haciendo en el campo internacional y con el respaldo y autorización del Presidente (E) de la República, Juan Guaidó, para tratar de paliar la crisis que viven los venezolanos, muchos de los cuales se enfrentan a una especie de “ruleta rusa” con su vida, debido a la escasez de medicamentos en el país y los que se consiguen a precios inalcanzables para el bolsillo de la mayoría. 

Constitución de un puente humanitario

“Estamos luchando precisamente con el informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, para que se facilite la constitución de un puente humanitario, de manera que de forma sistemática y ordenada, nosotros tengamos toda la ayuda humanitaria que se requiere, principalmente medicinas e insumos médicos para todos los centros hospitalarios», destacó el parlamentario andino sobre esta donación. 

El también miembro de la Comisión de Política Exterior del Capitolio, detalló que desde AD Canarias enviaron hipoglicemiantes orales, analgésicos, antihipertensivos, antiarrítmicos, antidepresivos, hierro, suplementos nutricionales para niños, cintas para glucómetros, catéteres, bolsas para colostomía, protectores para cama y pañales, entre otros. 

Por otro lado, el presidente de la Comisión Internacional del Parlasur subrayó que su intención es que toda esta ayuda llegue directamente a la gente que lo necesita y una muestra de ello la dio, cuando se acercó hasta la emergencia del IAHULA y la Unidad de Coronarias, donde hizo entrega a diferentes pacientes del medicamento de difícil adquisición por su alto costo, denominado Clexane. 

Finalmente, Dávila Barrios prometió continuar con esta acción social todos los meses en el Hospital Universitario o en otros centros de salud de los diferentes municipios del estado Mérida. «Contribuimos con el pueblo de Mérida, con mis electores aquí en este circuito y obviamente es una responsabilidad social que tenemos todos los diputados de la Asamblea Nacional, para con los enfermos que son los más afectados por el huracán bolivariano que arrasó con todo”, destacó. 

Prensa Willian DavilaÑ  Marbella Mora.