El informe publicado por la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre la situación en Venezuela, causó malestar en el gobierno de Nicolás Maduro, debido a que los acusa de violar los DDHH, tener presos políticos y no reconocer la crisis humanitaria.

Aquí los puntos claves del informe del ACNUDH (Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos).

Ejecuciones extrajudiciales

En su informe tras la visita a Venezuela del 19 al 21 de junio, Bachelet resalta que “los grupos armados civiles progubernamentales conocidos como colectivos han contribuido al deterioro de la situación, al imponer el control social y ayudar a reprimir las manifestaciones”.

La alta responsable de la ONU pide en sus conclusiones la disolución de las Fuerzas Especiales (FAES), a las que achaca en particular la mayor parte de las 5.287 muertes extrajudiciales, supuestamente por “resistencia a la autoridad”, durante operaciones policiales en 2018.

“Entre el 1 de enero y el 19 de mayo del presente año, otras 1.569 personas fueron asesinadas, según las estadísticas del propio Gobierno. Otras fuentes apuntan a que las cifras podrían ser muy superiores” resalta Bachelet.

“Miles de personas, principalmente hombres jóvenes, han sido matadas en supuestos enfrentamientos con fuerzas estatales en los últimos años. Existen motivos razonables para creer que muchas de esas muertes constituyen ejecuciones extrajudiciales perpetradas por las fuerzas de seguridad, en particular las FAES (Fuerzas de Acciones Especiales)”, sostiene el documento.

Menoscabo del Poder Judicial y la institucionalidad

El informe concluye que durante los últimos años el gobierno de Nicolás Maduro ha desarrollado una serie de leyes y medidas que han debilitado el espacio democrático, menoscabando la independencia del Poder Judicial y permitiendo al ejecutivo cometer violaciones a los DDHH.

“Venezuela ha adoptado e implementado una serie de leyes, políticas y prácticas que han restringido el espacio democrático, debilitado las instituciones públicas y menoscabado la independencia del poder judicial (…) Todo ello ha permitido al Gobierno cometer numerosas violaciones de los derechos humanos”, señala el informe de Bachelet.

En la misma línea, agrega que le régimen de Maduro ataca “especialmente a determinadas personas y grupos, entre ellos a miembros de la oposición política y a quienes se considera que constituyen amenazas para el Gobierno por su capacidad para articular posiciones críticas y movilizar a otras personas”.

Crisis humanitaria

Otro punto que contienen la conclusiones del informe, es que el gobierno de Maduro no ha reconocido la crisis económica y social que experimenta Venezuela, por lo que no adoptó las medidas necesarias.

“El ACNUDH considera que existen motivos razonables para creer que se han cometido graves violaciones de los derechos económicos y sociales, incluidos los derechos a la alimentación y la salud, en Venezuela. El Gobierno se negó a reconocer la magnitud de la crisis hasta hace poco y no adoptó las medidas apropiadas”, apunta.

También apuntó que las sanciones recientes agudizarán la crisis, pero no menciona que sean la causa de la grave situación.

“Conforme se agudizaba la crisis económica, las autoridades empezaron a utilizar los programas sociales de forma discriminatoria, por motivos políticos, y como instrumento de control social. Las recientes sanciones económicas están agravando la crisis económica, lo que en último término aumentará el impacto negativo en el disfrute por la población de los derechos económicos y sociales”, explica.

Torturas y prisioneros políticos

El informe también apunta a la represión por parte de las fuerzas de seguridad y a la poca capacidad/disposición de los organismis de justicia para investigar denuncias de torturas.

“Las autoridades no han investigado con prontitud, efectividad, exhaustividad, independencia, imparcialidad y transparencia las denuncias creíbles de torturas y malos tratos, incluyendo casos de violencia sexual y de género, no han puesto a los presuntos responsables a disposición de la justicia, ni han proporcionado reparaciones a las víctimas”, establece el documento.

“Según el Ministerio Público, se han registrado 72 denuncias por supuesta tortura y otros malos tratos respecto de 174 personas detenidas en el contexto de protestas entre 2017 y 2019. No se proporcionó información respecto del estado de las investigaciones”, agrega.

El ACNUDH, citando a la ONG Foro Penal, reportó que 793 personas seguían privadas arbitrariamente de libertad por razones política, 1,437 habían sido liberadas incondicionalmente, y 8,598 personas habían sido liberadas condicionalmente, pero afrontaban aún prolongadas investigaciones penales.

En la misma línea, se denunció una serie de detenciones arbitrarias y abusos contra los detenidos, especialmente si eran mujeres.

“El ACNUDH documentó casos de violencia sexual y de género contra mujeres y niñas durante su detención, en particular por efectivos del SEBIN (Servicio de inteligencia) y de la DGCIM (Dirección General de Contrainteligencia Militar) así como por oficiales de la GNB. Las mujeres entrevistadas dieron cuenta de agresiones físicas tales como arrastrarlas por el pelo y tocamientos inapropiados, amenazas de violación, desnudez forzada e insultos sexistas y de género, con la finalidad de humillarlas y castigarlas, así como para extraerles confesiones”, constata.

Éxodo de venezolanos

El informe también acusa que la grave crisis económica/social de Venezuela y las violaciones a los Derechos Humanos, ha generado un éxodo masivo de ciudadanos, que podría aumentar en el corto o mediano plazo, debido a que no se proyectan soluciones.

“La impunidad ha permitido que se repitan las violaciones de los derechos humanos, ha envalentonado a los autores, y ha dejado de lado a las víctimas. Al ACNUDH le preocupa que, de no mejorar la situación, siga aumentando el éxodo sin precedentes de personas migrantes y refugiadas venezolanas y que las condiciones de las personas que permanecen en el país empeoren”.

Basándose en datos de otros organismos de la ONU, estima que 4 millones de venezolanos han dejado su país en los últimos tres años, debido principalmente a “violaciones de los derechos a la alimentación y la salud son los factores principales”.

“Muchas personas buscan protección de su derecho a vivir con dignidad. Otros factores son la violencia y la inseguridad, el colapso de los servicios básicos y el deterioro del sistema de educación. En el caso de las mujeres, se añaden la falta de acceso a atención de salud prenatal y postnatal y la insuficiencia de mecanismos de protección frente a la violencia doméstica”, profundiza.

AFP

El gobierno de Nicolás Maduro publicó un documento oficial que presentará ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, donde señala “los errores” del informe elaborado por la alta comisionada de la ONU en la materia, Michelle Bachelet.

En el informe de la expresidenta de Chile, se señala que el Gobierno de Nicolás Maduro ha cometido “numerosas violaciones a los Derechos Humanos”, además de acusar presuntas ejecuciones extrajudiciales y de no reconocer la gravedad de la crisis social/económica/política que vive Venezuela.

En un documento de 11 de páginas, el gobierno de Maduro replicó el informe y apuntó a los supuestos errores en el trabajo de Bachelet, acusando “una visión selectiva y abiertamente parcializada sobre la verdadera situación de derechos humanos de la República Bolivariana de Venezuela”.

A lo largo del texto, el gobierno de Maduro sostiene que el informe presenta una visión distorsionada sobre la realidad de Venezuela, que privilegia la información entregada por organismos internacionales, personas fuera del país u organizaciones civiles de “sectores críticos”, por sobre la oficial emanada desde el Estado.

“El Gobierno de Venezuela reitera su rechazo a la metodología empleada por la OACNUDH para elaborar el informe sobre la situación de derechos humanos del país. Son incontables las imprecisiones, errores, descontextualizaciones y falsas afirmaciones en las que incurre la OACNUDH (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos), producto del inadecuado uso de las fuentes disponibles”, indica el documento.

Supuestos errores

El texto denuncia varios supuestos errores, como que “omite incluir el impacto generado por las medidas coercitivas unilaterales adoptadas por el Gobierno de los Estados Unidos contra el país”, en la crisis humanitaria de Venezuela.

Niegan que exista una crisis humanitaria.

“Resulta preocupante la ligereza con que la OACNUDH utiliza el término de ‘crisis humanitaria’ en su informe, sobre todo considerando que no presenta datos o elementos que permitan sustentar objetivamente tal calificación sobre la situación del país”, afirma.

Finalmente y entre otros puntos, el gobierno de Maduro rechaza que en Venezuela hayan presos políticos y acusan que las palabras usadas en el informe difieren de la declaración realizada por Bachelet.

“El informe recomienda otorgar libertad a todas las personas detenidas ‘por motivos políticos’. Esta recomendación resulta inaplicable y por tanto equivocada, pues en Venezuela no existen personas detenidas por tal condición. Aunado a ello, la terminología empleada se distancia notablemente de la asumida por la Alta Comisionada en su declaración de prensa al concluir la visita al país”, concluye la declaración venezolana.

AFP

Falta de agua, apagones e inseguridad fueron una de las principales causas que impidieron que los niños y adolescentes venezolanos asistieran a clases durante el año escolar correspondiente al 2018 y 2019. 

Oscar Iván Rose, director de la asociación civil Con La Escuela, destacó que a pesar que desde hace cuatro años hay una pérdida significativa de clases, este año el problema se ha exacerbado por, específicamente, las fallas eléctricas que en el mes de marzo generaron la suspensión de las actividades académicas por un mes. 

“Estamos ante un problema crónico que tiene consecuencias directas y muy graves sobre el aprendizaje de los estudiantes venezolanos. La construcción del aprendizaje es un proceso continuo y si esto se ve interrumpido en muchos casos se pierde todo lo que el alumno había venido aprendiendo y tienes que volver con actividades de recuperación”, destacó Rose. 

A su juicio, el riesgo de la pérdida de clases por parte de los estudiantes es que se aumenta el rezago académico porque tanto los niños como los jóvenes arrastran problemas de conocimientos que no fueron aprendidos en su momento. “Por ejemplo, si un niño no aprendió a leer entre primer y tercer grado, esto puede significar que cuando llegue a cuarto u otro grado siguiente grado quiere decir que cuando llegue a cuatro, quinto o sexto grado será mucho más difícil que el alumno sea alfabetizado. Esta situación empeora cuando se refiere específicamente a los liceos venezolanos porque ante la falta de un docente capacitado para dictar una asignatura, las denuncias que hemos recibido de años anteriores es que le suman las notas de otras materias, y el promedio lo colocan en la materia a exonerar, o colocan simplemente, colocan a un improvisado a dictar una asignatura que no domina”, alertó. 

Para el director de la asociación civil Con La Escuela, este año escolar ha sido catastrófico. “Hay escuelas y liceos que técnicamente perdieron el año por la cantidad de días perdidos y esto se acentuó ya que luego del mes de marzo, mes donde fueron más fuertes los apagones, el horario de clases fue restringido  La supuesta normalidad existe sólo en Caracas, porque en el resto del país siguen con horarios recortados en función de la existencia de los servicios básicos, incluido el transporte. Las escuelas del turno de la tarde fueron las más afectadas porque el horario vespertino prácticamente se eliminó”, denunció.

 NP

 Los diputados Delsa Solórzano y Renzo Prieto presentaron este jueves una serie de audios, como pruebas, para revertir las acusaciones que hiciera Diosdado Cabello, desde su programa de televisión de los miércoles.

En rueda de prensa, los parlamentarios rechazaron contundentemente las acusaciones, quien los apuntó como involucrados en un supuesto plan para “asesinar” al dirigente oficialista Freddy Bernal, como lo indicara en un video la persona encargada de ejecutar el procedimiento, José Gregorio González León.

En tal sentido, Solórzano inició su intervención subrayando: Freddy Bernal, te quiero vivito y coleando,  porque tienes que responderle a la justicia por todo lo que has hecho durante 20 años. Seguidamente, aseguró que su única vinculación con González León son los mensajes de voz que envió éste a la secretaria de la Comisión Permanente de Política Interior de la Asamblea Nacional, Naremis Silva, en los que informa que se le encargó el asesinato de ambos parlamentarios y el pago que recibiría por cometer el delito, el teléfono de Naremi Silva es público para todas las víctimas que hemos defendido durante años.

“Constantemente nos están amenazando de muerte. Siempre las denunciamos, pero esta vez no la hicimos”, dijo la parlamentaria indicando que prefirieron defender la integridad del denunciante, a quien en otro audio revelado se le escucha pidiendo ayuda y manifestando el temor por su vida y la de sus familiares.

“Tenemos videos y más audios de este señor, que es el mismo que sacó Diosdado ayer en su programa. Él nos dijo que tenía miedo porque estaba recibiendo amenazas por no hacer el trabajo”.  Solórzano aseguró contar con más evidencias, las cuales mantienen en buen resguardo y mostrarán en su momento. “González León también pidió ayuda a Renzo Prieto porque estaban torturando a su novia en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). “Se le cayó la mentira a Diosdado. Nosotros guardamos las pruebas en cada caso, no caemos en ollas”.

La parlamentaria informó que se comunicó con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (Acnudh) e informó de la grave acusación contra ambos diputados. Asimismo, indicó que este mismo jueves entregarán un informe que detalla los vicios y las violaciones en el caso del deceso del Capitán de Corbeta Rafael Acosta Arévalo,  detenido el 21 de junio tras ser vinculado con un supuesto plan de magnicidio contra Nicolás Maduro.

En ese sentido, informó que el cuerpo de éste no ha sido entregado aún a sus familiares y advirtió que no se aplicaron las normas de ley en este caso, como el Manual de Investigación y Documentación Efectiva sobre Tortura, Castigos y Tratamientos Crueles, Inhumanos o Degradantes, más conocido como el Protocolo de Estambul.

“Lo conozco del Sebin”

Por su parte, el diputado Prieto explicó su vinculación con González León puntualizando que lo conoció cuando ambos estaban recluidos en la sede del Sebin. Sostuvo que la persecución en su contra no es nueva. Mostró la credencial que, según Cabello, dejó botada cuando huía hacia Colombia.

“Conocí a González León en prisión y él nos contactó para informarnos que unas personas afectas al régimen le pagaron para asesinarnos a mí y a Delsa. Nos informó, incluso, el nombre de la persona que lo contrató para matarnos. Nos quieren ver muertos porque luchamos por Venezuela. Pero seguiremos en la calle luchando por el país”-apuntó el diputado.

Ambos parlamentarios calificaron las acusaciones de Cabello como un vil montaje, “…una olla que quieren armar contra nosotros, contra Renzo, ex preso político, contra mí, activista de derechos humanos y contra el diputado Ramón Flores. Culminó la diputada diciendo: Tengo un solo miedo, que se perpetúe la satrapía en el poder.

Vale destacar la presencia en esta rueda de prensa de la diputada Dennis Fernández, quien manifestó a sus colegas Ramón Flores, Renzo Prieto y Delsa Solórzano, su solidaridad. “Seguimos de pie y solidarios con nuestros compañeros y reconocemos su trabajo parlamentario. La AN es un gran equipo resteado por Venezuela y en consecuencia vamos a seguir luchando por la libertad”.

Desde la Asociación Civil Súmate alertamos que el Consejo Nacional Electoral se ha dedicado de forma ilegal y reiterativa a manipular los procesos comiciales, ya sea en el desarrollo de las actividades preelectorales, electorales o postelectorales, en vez de cumplir con su rol dentro de la sociedad venezolana de garantizar el ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos, a través del sufragio y la participación política.

Con la celebración de la elección anticonstitucional de la asamblea nacional constituyente, el CNE ha dejado ver su lado más sumiso al poder Ejecutivo, tanto así que en mayo de 2018 realizó unas elecciones presidenciales sin cumplir con los parámetros que establece la Constitución Nacional, y en el marco de esa jornada, manipuló información para tratar de darle legitimidad a dicho proceso, que fue cuestionado por gran parte de la sociedad civil de Venezuela y más de 50 países del mundo.

En un trabajo realizado por Súmate, en el que se analizó la información publicada por el ente electoral durante ese proceso comicial, se comprobó que el CNE publicó información falsa y contradictoria sobre el desarrollo y el resultado de las actividades previas, durante y después del día de la elección.

Con el objetivo de hacer ver que el proceso fraudulento del 20M tenía la legitimidad de la comunidad internacional, el CNE afirmó que la elección estaba avalada por representantes de los cinco continentes del mundo, pero la realidad fue otra. Según las notas de prensa publicadas en su portal web, 14 comisiones procedentes de ocho (8) países: Angola, Etiopía, Mali, Mozambique, Palestina, República Dominicana, Rusia, Sudáfrica y Surinam, estuvieron en el país como acompañantes electorales.

El CNE también publicó datos contradictorios y confusos sobre el número de invitados internacionales que sirvieron como supuestos árbitros del proceso electoral. En una nota de prensa publicada la mañana del 17 de mayo de 2018, el CNE expresa que 55 miembros del Plan de Acompañamiento Internacional hicieron su primer recorrido y cumplieron con diversas actividades. Pero, en una segunda nota de prensa de ese mismo día, la rectora Tibisay Lucena, presidente del CNE, agradeció la “presencia de los 150 acompañantes internacionales” invitados por el Poder Electoral. Entre los integrantes destacan magistrados, parlamentarios, académicos, políticos, intelectuales, periodistas y expertos electorales.

Luego, el 18 de mayo de 2018, publican una tercera nota de prensa informando sobre una reunión de los 86 miembros del Programa de Acompañamiento del Consejo Nacional Electoral con el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, quien en ese momento dijo que el sistema electoral venezolano “es el más robusto, transparente y auditable del planeta” y les pidió “ser multiplicadores de esta verdad”.

Ese mismo viernes 18 de mayo de 2018, el órgano electoral, publica otra nota de prensa en la cual informa que “sesenta delegados de cinco continentes, miembros del Programa de Acompañamiento Internacional convocados por el Consejo Nacional Electoral, realizaron, un recorrido por la escuela UENB Bicentenario Republicano, ubicada en la parroquia San Agustín de Caracas”. Cabe destacar que de más de 14.000 centros de votación, asistieron a uno solo.

Ante todo este cúmulo de contradicciones, Súmate se pregunta: ¿Cuántos invitados internacionales asistieron realmente? ¿Cuál fue su programa de trabajo? ¿Quién financió la presencia de estos invitados en el proceso electoral del 20M? ¿Por qué se dieron a conocer los informes un año después de finalizado el proceso? Todas estas preguntas, aun sin respuesta, forman parte del pliego de irregularidades de unas elecciones presidenciales cuestionadas.

Desde Súmate denunciamos que ninguna de estas afirmaciones realizadas por autoridades del Poder Electoral y del régimen de Nicolás Maduro, fueron casuales. Detrás de este patrón de inconsistencias e información confusa se encuentra el objetivo de manipular y engañar a la comunidad internacional, incluso a sus propios invitados, sobre la realidad de los procesos electorales en Venezuela.

En los próximos días, Súmate publicará un análisis exhaustivo de los informes realizados por estas “Delegaciones de Acompañamiento Internacional” para mostrar la forma cómo desde el CNE se ha manipulado la información con el objeto de legitimar un proceso electoral fraudulento, que ha desencadenado una profunda crisis de legitimidad política e institucional en Venezuela.