No les ha llegado todavía la paz. Ni la que firmó el Gobierno de Álvaro Uribe con los paramilitares ni la más reciente de Juan Manuel Santos con las FARC. Siguen en medio de un conflicto armado que nada tiene que ver con revoluciones populares ni ideologías. Se trata de la sempiterna pelea por controlar los negocios ilícitos.
Hastiados de quedar en medio del fuego cruzado, y conscientes de que la solución no será ni fácil ni pronta, los lugareños sólo aspiran a que «Caparrapos» y «Gaitanistas» no les involucren en sus disputas y libren sus batallas lejos de la población. Casi siempre se matan entre ellos pero también asesinan a ciudadanos inocentes por una vaga sospecha de ser colaborador del rival o estar en el sitio equivocado.
El caso de El Doce, pequeño corregimiento del municipio de Tarazá, inmerso en la región del Bajo Cauca, no es único. El acuerdo de paz con las FARC sacó a la guerrilla más antigua y poderosa de sus feudos y rebajó de manera significativa las cifras de atentados en buena parte de Colombia. Pero continuó el terror en las regiones donde proliferan los cultivos de coca y el narcotráfico, así como la minería ilegal de oro, que proporcionan ingentes beneficios.
La desmovilización de las FARC dio paso al fortalecimiento del ELN, el EPL y los Gaitanistas, (herederos de las AUC), además de la presencia activa de los Caparrapos, La Constru, Pachelis y Pachenkas, entre otras bandas. Sin olvidar la irrupción, cada día más potente, de las disidencias de las FARC, presentes en 16 departamentos y con la intención de seguir creciendo. Un informe de inteligencia de las Fuerzas Militares cifra en 2.296 sus combatientes y en 1.452 los integrantes de sus redes de apoyo.
Las distintas guerras que disputan para ocupar los territorios que abandonaron las FARC tienen sumidos a los pobladores en el miedo y la zozobra. De ahí que caseríos enteros hayan tenido que huir hacia las cabeceras municipales y continúen los asesinatos de líderes locales que consideran un obstáculo para sus fines. Ya van 317 muertos entre enero de 2018 y abril del presente ejercicio, según Medicina Legal, cifra que la ONU considera «alarmante». En cuanto a desplazados, la Defensoría del Pueblo registró, entre enero y mayo de este año, 8.223 víctimas y otras 14.773 personas confinadas, es decir, no abandonan el perímetro de sus localidades por temor a que les maten.
El desorbitado crecimiento de los cultivos de coca es una de las razones que esgrimen los expertos para ese desolador panorama, igual que la incapacidad del Estado colombiano para copar las zonas que dejaron las FARC y generar en ellas el desarrollo económico que prometieron.
CÓCTEL EXPLOSIVO
Lo que ocurre en el Bajo Cauca, que afecta a los departamentos de Antioquia y Córdoba, refleja la compleja realidad de esa otra Colombia. Los «Caparrapos» siempre trabajaron con los «Gaitanistas» hasta hace año y medio en que rompieron relaciones e iniciaron un sangriento conflicto que se lleva por medio a quien se cruce en su camino.
El botín en disputa son unas 15.000 hectáreas de coca, incontables laboratorios de cocaína, minas de oro y rutas de narcotráfico que van de Venezuela hasta el Pacífico y el Atlántico.
Los «Caparrapos» no sólo reclutan jóvenes nativos, también sellan alianzas con antiguos enemigos. Conforme a fuentes castrenses, establecieron alianzas con el ELN, los «Pachelis» de Medellín, que suministran sicarios y armas, y los narcos mexicanos.
En la orilla contraria los «Gaitanistas» contratan ex guerrilleros, ex militares, trajeron refuerzos propios de otras áreas y cuentan con el apoyo de otros cárteles de México a los que envían la droga.
Al explosivo cóctel se han incorporado las disidencias de los Frentes 18 y 36 de las FARC, interesados en los mismos dominios.
Al margen de imponer la ley del silencio, las bandas crean sus propias fronteras y someten a los pobladores a sus dictados, como pudo comprobar EL MUNDO en El Doce y en pueblos aledaños, así como en otras zonas de los departamentos de Chocó, Norte de Santander, Nariño, Putumayo, Bolívar, Cauca. En esos lugares los protagonistas y las alianzas a veces varían pero los métodos apenas cambian.
En Catatumbo, departamento de Norte de Santander, frontera con Venezuela, los principales actores son el ELN y el EPL. Antiguos amigos, llevan más de un año enzarzados en una guerra cruenta. Los primeros creían que podrían eliminar a sus rivales y quedarse con el control absoluto de la segunda mayor extensión de cultivos de coca del país. Pero el EPL no sólo ha resistido, sino que se expandió a regiones donde jamás había existido.
A una de ellas, norte del Cauca, llegaron pese a que el ELN se hizo fuerte y desde hace unos meses apareció la potente disidencia del Sexto Frente de las FARC, el otrora amo y señor de dicho feudo.
Al otro lado de la nación, en Chocó, también los elenos ganaron terreno. En el río San Juan intentan ampliar el reino a costa de los Gaitanistas, con quienes sostienen una sangrienta confrontación armada que genera todo tipo de tragedias entre los pobladores.
Para contrarrestar la oleada violenta, las fuerzas militares, que disponen de un menguante presupuesto, han puesto en marcha la Fuerza de Tarea Aquiles en el Bajo Cauca y reforzado otros cuerpos en las regiones más conflictivas. Pero el nuevo modelo de valorar resultados operacionales de cada brigada, diseñado por el equipo del comandante del ejército de Tierra, general Nicasio Martínez, ha levantado una polvareda de críticas al considerar que la presión excesiva a los oficiales puede degenerar en «falsos positivos», concepto que refiere los asesinatos de civiles a manos de militares para presentarles como bajas de guerrilleros y otros delincuentes en combate.
El general, blanco de los ataques, negó a este diario que promoviera delitos atroces. «Todo lo hacemos dentro del marco de la ley», manifestó. Y agregó que sólo pretende dinamizar la labor de sus hombres, empujarles a que actúen, ante el enorme desafío que representan el narcotráfico y las bandas ilegales.
El Mundo
