El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) registró 1.541 protestas durante el mes de mayo de 2019, equivalente a un promedio de 51 diarias. Esta cifra representa un incremento de 81% en comparación con el mismo período del año pasado.
55% de las protestas (855) fue para exigir derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (Desca), vinculados principalmente con el acceso a servicios públicos de calidad, exigencias laborales, educación, salud y alimentos.
El 45% de las protestas restantes (686) que corresponde a los derechos civiles y políticos (DCP) congregó principalmente a las protestas de ciudadanos que exigen un cambio político en Venezuela.
Distribución geográfica de las protestas
Las entidades con mayor índice de protestas fueron: Mérida (190), Táchira (147), Sucre (138), Distrito Capital (94) y Miranda (93).
– Largas colas frente a estaciones de servicio para el abastecimiento de gasolina. La escasez de combustible afectó el desarrollo de actividades cotidianas como ir al trabajo o la escuela, entre otras.
– Trabajadores del sector estudiantil inician jornadas de paro en protesta por mejoras salariales y en apoyo a los paros escalonados convocados por Juan Guaidó.
– Electricidad, gas doméstico y agua potable fueron los servicios que focalizaron el mayor número de reclamos en ciudades y poblados de todo el país.
– El aumento salarial de mayo incrementó la espiral hiperinflacionaria y afectando negativamente con la capacidad adquisitiva del trabajador.
– Las modalidades de protesta más empleadas fueron concentraciones, cierres de calle y marchas.
Protestas combinadas
De las 1.541 protestas documentadas en mayo, 245 fueron combinadas. Se exigieron distintos derechos simultáneamente. En términos porcentuales esta modalidad de protesta representó el 16% del total registrado.
Derechos más exigidos en mayo de 2019
Derechos políticos, servicios básicos y derechos laborales se mantienen como las mayores demandas de los venezolanos ante el deterioro sistemático de su calidad de vida y la esperanza de que un giro político es necesario para su bienestar.
El OVCS documentó alrededor de 596 acciones de calle, equivalente a un promedio de 19 diarias, que involucraron la participación activa de los venezolanos en todo el país. Esta cifra representó el 39% de las protestas de mayo.
A diferencia de los primeros meses del año, que se caracterizó por alta convocatoria ciudadana en la región capital, las protestas por derechos políticos tuvieron mayor auge en los distintos estados del país.
Las actividades de calle han sido permanentes. En asambleas ciudadanas, cabildos, concentraciones, marchas, cierres de calle, cacerolazos, la población ha manifestado su rechazo a Nicolás Maduro; responsabilizándolo por la crisis económica, las dificultades de acceder a alimentos y medicinas, y los problemas de servicios públicos.
Se cumple un año de la usurpación de la presidencia
El pasado 20 de mayo se cumplió un año de la jornada de votación inconstitucional, ilegal y fraudulenta, que derivó en una usurpación de funciones por parte de Nicolás Maduro para gobernar un segundo período presidencial.
Reiteramos nuestra posición, expresada a través de un comunicado público el pasado 20.05.19, en la que afirmamos que durante estos doce meses la pobreza y el descontento popular han crecido y se ha evidenciado en las calles. El OVCS documentó más de 17.547 protestas en todo el país, desde mayo de 2018 hasta mayo de 2019. El régimen de Nicolás Maduro ha intentado aplacar las numerosas manifestaciones con una política de represión letal ejercida principalmente por funcionarios de las Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Colectivos Paramilitares, Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) que fungen como grupos de exterminio y Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).
Esta grave situación ha llevado a Venezuela, por primera vez en la historia republicana, a sufrir una Emergencia Humanitaria Compleja que se agudiza con el pasar de los días. Por ello, insistimos que desde el OVCS apoyamos todas las medidas y acciones dirigidas al restablecimiento de la democracia, el Estado de derecho y a garantizar los derechos humanos de los venezolanos.
Continúa la crisis de los servicios básicos
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela reconoce en sus artículos 82 y 117 el derecho de las personas a disponer de una vivienda adecuada, segura, cómoda, higiénica, además de bienes servicios básicos de calidad. Las calles venezolanas siguen siendo el escenario para la expresión popular de los ciudadanos que sufren la precariedad de servicios básicos.
Durante el mes de mayo el OVCS documentó 117 protestas en rechazo a la deficiencia en la prestación del servicio de energía eléctrica, lo que representa un promedio diario de 4 protestas.
Se mantienen las irregularidades en la distribución de gas doméstico, registrando un aproximado de 105 protestas, una verdadera calamidad para las familias, que se ven obligados a implementar antiguas técnicas para la preparación de sus alimentos como cocinar los alimentos a leña, poniendo en riesgo su salud e integridad física.
Por último, los reclamos por agua potable se documentaron en al menos 64 oportunidades. Las fallas en el servicio de agua afecta el funcionamiento de la salud pública y la vida académica, además de los gastos económicos, las amenazas sanitarias y dificultades domesticas que la ausencia del servicio genera en la vida de las familias venezolanas.
Crisis por escasez de gasolina
La escasez de gasolina acelera el colapso del país y genera la paralización del aparato productivo, con una evidente afectación en la cotidianidad de los ciudadanos que se ven obligados a pasar numerosas horas y a pernoctar en largas colas en las estaciones de servicio. Durante el mes de mayo, el OVCS documentó 203 protestas en rechazo a la falta de gasolina.
En 17 estados protestaron por combustible, siendo Mérida (78), Táchira (69) y Trujillo (10) los estados con mayores indicies de protesta en rechazo a los cobros excesivos en bolívares, pesos y dólares.
Por su parte, los estados Zulia, Lara, Anzoátegui, Bolívar y Monagas la crisis va en aumento y en algunos casos han implementado diversas medidas para restringir el acceso al suministro de gasolina. En consecuencia, la escasez de combustible ha profundizado el colapso de los sectores educativo y salud, solo por mencionar algunos que han paralizado sus actividades ante la imposibilidad de movilización.
Trabajadores del transporte público, líneas de taxis, motorizados y ciudadanos comunes han sido obligados a paralizar sus labores ante la imposibilidad de gasolina para movilizarse. Del mismo modo, los trabajadores del campo temen perder la producción, inversión y el esfuerzo realizado en sus cosechas, situación que agrava la distribución de verduras, carnes, frutas y hortalizas.
También, las zonas rurales y selváticas son vulnerables al no tener la posibilidad de transportar alimentos, enceres y equipos médicos para la población.
Derechos laborales
El descontento y crisis de los trabajadores continúa en mayo, a propósito de la conmemoración de las luchas históricas de este sector, diferentes gremios tomaron las calles para reiterar sus reclamos frente a la crisis económica que ha desdibujado cualquier salario y convención colectiva.
En este lapso se reportaron 227 protestas, equivalentes a siete diarias para exigir derechos laborales, desde respeto a salarios y contratos colectivos dignos hasta la renuncia de Nicolás Maduro.
El ajuste del salario mínimo a Bs 40.000, anunciado en mayo y que entró en vigencia desde el 15 de abril de 2019, es insuficiente para que un trabajador pueda satisfacer sus necesidades básicas, como establece la Constitución Nacional y los convenios internacionales suscritos por Venezuela.
Pese a los incentivos que ofrecen algunas empresas, principalmente del sector privado, las dificultades que enfrentan los trabajadores para llegar a sus puestos laborales, por falta de transporte, agua, electricidad, más la pérdida del poder adquisitivo del salario, los ha llevado a practicar oficios informales, reducir patrones de consumo, depender de los subsidios del Estado y hasta irse del país.
Esta situación amenaza contra el empleo de calidad que debe disfrutar todo trabajador, colocando a Venezuela como una de las naciones de la región con peores incentivos para sus trabajadores. Las consecuencias se ven reflejadas en la migración masiva de mano de obra calificada y población en general, además de la limitada oferta de bienes y servicios
En Venezuela la represión es una práctica sistemática
El régimen de Maduro intenta reducir las numerosas manifestaciones populares con represión letal. En el mes de mayo fueron asesinados 6 manifestantes: Jurubith Rausseo (27), Yhoifer Jesús Hernández Vásquez (14), Rodolfo Álvarez (63), Josnel Peralta (16), Goisner Elielvis Arrollave Villasmil (13) y Javier Rosales (54).
Durante los primeros cinco meses de 2019, el OVCS y Provea han documentado, de manera conjunta, un saldo lamentable de 60 manifestantes asesinados. La represión ha sido ejercida principalmente por funcionarios de las Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Colectivos Paramilitares, Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) que fungen como grupos de exterminio junto a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).
El OVCS reitera sus exigencias:
– Avanzar hacia un proceso de transición para retomar la democracia, el Estado de Derecho y las libertades en Venezuela, mediante la realización de elecciones libres y transparentes.
– Realizar las investigaciones pertinentes, de manera independiente, expedita y oportuna, para establecer las responsabilidades correspondientes por la muerte de manifestantes o terceros en el contexto de las protestas.
– Poner fin a la orden dada a cuerpos de seguridad y de reprimir a manifestantes, en lugar de velar por su seguridad y resguardo de sus vidas e integridad.
– El cese inmediato de la participación de Colectivos Paramilitares, grupos de exterminio y Organismos de Seguridad no facultados para ejercer funciones de control de orden púbico.
– Realizar las investigaciones pertinentes, de manera independiente, expedita y oportuna, para determinar las responsabilidades correspondientes por tratos crueles inhumanos y degradantes, y detenciones arbitrarias ocurridas durante las manifestaciones.
– Atender las demandas de la población que a diario ve desmejoradas sus condiciones para disfrutar de una vida digna, mediante el ejercicio de su profesión u oficio, con los servicios y sistemas de salud que le garanticen calidad de vida.
OVCS
