Frente Amplio de Mujeres Venezuela Libre,.- «Con las fuerzas de las mujeres» como eslogan y reiterando la ruta marcada por el presidente encargado Juan Guaidó, las integrantes del Frente Amplio de Mujeres Venezuela Libre Nacional (FAM) denunciaron la grave crisis que padecen no solo los caraqueños, sino toda Venezuela en materia de transporte.
Soraya Pérez, vocera en representación del Frente de Mujeres por Encuentro Ciudadano y controladora de tránsito aéreo jubilada, señaló el calvario que viven los venezolanos para movilizarse en los distintos sistemas de transportes como lo son el terrestre, acuático y aéreo, este último tiene a la población sin acceso a traslados nacionales e internacionales, por la falta de aeronaves, el deterioro de los equipos de radioayudas para la navegación, la ausencia de personal calificado por los bajos sueldos, falta de combustible, la deuda mil millonaria que tienen con las líneas aéreas internacionales, lo que conlleva al cierre de aerolíneas que prestaban servicio en el país y a que los vuelos internacionales ya no sobrevuelen nuestro espacio aéreo dejando el Estado de percibir dinero por concepto de tasas de sobrevuelo. Esto ha ocasionado la pérdida de miles de empleos directos e indirectos, el Estado Vargas es una muestra de ello. En 2018 la aviación civil contribuyó con el crecimiento del producto interno bruto mundial (PIB) en un 3.1%, todo menos en Venezuela.
En cuanto al transporte acuático, ya no contamos con la marina mercante que transportaba productos y mercancías, razón por la cual cualquier repuesto o caja de alimentos que envíen los venezolanos desde el exterior demora meses en llegar. Asimismo, hemos visto hundirse los ferrys por falta de mantenimiento, lo que, aunado a la reducción de vuelos, tiene a la Isla de Margarita prácticamente incomunicada.
Respecto al transporte terrestre, los transportistas han anunciado que 80% de las unidades están paradas por falta de repuesto y que el acuerdo del pasaje a Bs. 300 es insuficiente, mientras que a los pasajeros se les hace imposible pagar cualquier tarifa porque los ingresos no alcanzan para comida y pasaje. Con esto pretenden enfrentar a pasajeros y transportistas cuando el verdadero responsable es el régimen que con sus malas políticas acabó con todos los medios de producción del país. El metro es otro ejemplo de desidia, falta de mantenimiento y de trenes, así como de electricidad adecuada obligan a la gente a pelear por entrar a los vagones y también a caminar por las vías del tren cuando se va la luz.
Desde las inmediaciones del Ministerio de Transporte en el municipio Chacao, Pérez destacó que el colapso de este servicio viene agudizándose por la demanda sin respuesta del gobierno usurpador a la falta de gasolina, flota de autobuses, repuestos, y manejo de efectivo por parte de los usuarios.
El desarrollo del transporte es un indicador del progreso de un país y en Venezuela los aeropuertos y puertos están desolados, por ello el FAM realizó un llamado a la ciudadanía a reclamar pacíficamente por sus derechos constitucionales y calidad de vida.
También puntualizó que deben mantenerse activos y atentos a los Comité de Ayuda y Libertad para contribuir y participar en el restablecimiento de la tan anhelada democracia que clama a gritos Venezuela
NP
La nación estadounidense reclama al fundador de WikiLeaks por haber supuestamente conspirado para interceptar ordenadores del Pentágono
El juicio de extradición del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, a Estados Unidos comenzará el 25 de febrero de 2020, dispuso este viernes una jueza británica. Assange fue detenido en el Reino Unido.
El periodista australiano, de 47 años de edad, se enfrenta a 18 nuevos cargos, entre ellos por espionaje y publicación de documentos altamente clasificados.
En una breve audiencia preliminar celebrada este viernes, Assange argumentó que WikiLeaks «no es nada más que un medio de comunicación» y afirmó que «están en juego 175 años» de su vida, en referencia a la pena a la que puede ser condenado.
EE UU pidió formalmente a Reino Unido la extradición de Julian Assange
La visita se celebró un día después de que el ministro británico de Interior, Sajid Javid, firmó la solicitud de extradición de Estados Unidos.
En representación de la justicia estadounidense, el abogado Ben Brandon, argumentó hoy ante la corte de magistrados de Westminster, en Londres, que el caso de Assange «guarda relación con uno de los mayores compromisos de información confidencial en la historia de Estados Unidos».
Defendiendo al periodista, el letrado Mark Summers remarcó que el proceso que afecta a su cliente representa «una agresión frontal y atroz» contra los derechos periodísticos.
Washington reclama al ex hacker por haber conspirado para interceptar, supuestamente, ordenadores del Pentágono.
El pasado mes un gran jurado de Virginia, Estados Unidos, presentó 18 nuevos cargos contra el periodista, acusado de espionaje y de publicación de documentos altamente clasificados, lo que podría suponerle una condena hasta de 170 años, según el diario The Washington Post.
El pasado 2 de mayo, en una visita judicial preliminar, Assange ya rechazó su entrega a Estados Unidos al defender su apuesta por un periodismo «que ha protegido a muchas personas».
Un día antes, otro tribunal británico le había condenado a una pena de 50 semanas de cárcel por haber incumplido las cláusulas de su libertad condicional en 2012.
En concreto, lo hizo cuando el 19 de junio de ese año se refugió en la Embajada de Ecuador en Londres para no ser llevado a Suecia, nación que le reclamaba por supuestos delitos de agresión sexual.
Precisamente en la breve audiencia de hoy, el equipo legal del australiano reveló que Assange recurrirá ante la Corte de Apelaciones contra la condena de las 50 semanas de cárcel, aunque no revelaron la fecha.
El pasado 11 de abril, el activista fue detenido por la fuerza por policías británicos después de que el actual presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, le retirara el estatuto de refugiado.
EFE
Las muertes de dos jóvenes de 22 y 29 años ponen en evidencia los retos de seguridad del nuevo Gobierno, liderado por Claudia Sheinbaum
Leonardo Avendaño (izquierda) y Norberto Ronquillo (derecha). FACEBOOK
Leonardo Avendaño tenía muy claro que quería ser cremado. Su madre había fallecido hace dos meses y él, seminarista y estudiante de maestría, decidió mientras la velaba que ese debía ser también su destino. Una decisión aparentemente prematura entonces, tenía solo 29 años. Este miércoles apareció su cadáver abandonado en la parte trasera de su camioneta Chevrolet Trax, en un paraje boscoso del sur de la capital mexicana (en Tlalpan). Fue encontrado, según ha asegurado la prima de la víctima a EL PAÍS, con golpes y una marca de asfixia en el cuello. Aunque la familia no ha tenido acceso todavía a la autopsia, la fiscalía apunta a que fue asesinado. Su caso y el de otro joven en apenas una semana —el de Norberto Ronquillo (22 años)—, ha sacudido los demonios de Ciudad de México, donde hacía años que el secuestro había desaparecido de la principal preocupación de la clase media y alta. Y ha puesto en la mira la capacidad del Gobierno, liderado por Claudia Sheinbaum, para combatir la inseguridad e impunidad en la capital del país.
El crimen de Norberto Ronquillo, escandalizó a la ciudad este lunes. Su familia había reunido parte del dinero que pedían los secuestradores —cinco millones de pesos (unos 260.000 dólares), según medios mexicanos— y pese a ello, las autoridades encontraron su cadáver esa madrugada, seis días después de su desaparición. La familia cumplió con el estricto protocolo que exigen este tipo de casos, la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público (solo en un 10% de los se hace). Después, prefirieron pagar sin mediación de la policía. Pero ya se había activado el protocolo antisecuestro. Entregaron 500.000 pesos, entre efectivo y alhajas. Pero en el punto acordado para recoger a Norberto, no apareció nadie. Su cuerpo, abandonado en otro paraje del sur de la ciudad, envuelto en bolsas de basura, ocupó las primeras páginas de muchos periódicos mexicanos.
Los crímenes han dañado de nuevo la imagen de la nueva jefa de Gobierno de la capital, que desde que tomó posesión en diciembre, no es el primer caso polémico sin resolver que ha tenido que enfrentar. En mayo, la estudiante de bachiller, de Aidée Mendoza, murió por una bala en el abdomen mientras asistía a una clase de matemáticas; un mes después, las autoridades no han aclarado todavía ni siquiera desde dónde se disparó el arma. El secuestro trágico de Norberto Ronquillo —sin detenidos por el momento— y el de Leonardo, han socavado la credibilidad del nuevo Gobierno, que desde campaña prometía un cambio en las estrategias de seguridad y combate a la impunidad. La líder favorita de López Obrador para dirigir la capital ha soportado una semana de duras críticas que pedían incluso su renuncia. El presidente de México salió al paso de la alcaldesa y le gritó en un mitin esta semana: «No estás sola».
Como Leonardo, Norberto también era estudiante. Estaba a punto de graduarse de la carrera de Mercadotecnia por la Universidad del Pedregal (un centro privado). La historia de una familia en vilo, que había reunido todo lo que tenía para poder recuperar a su hijo con vida, hizo recordar a los mediáticos secuestros que pusieron la alerta sobre la capital en otras ocasiones: la época más preocupante, en la década de los noventa, cuando se hicieron famosas las bandas de secuestradores, como la de los Arizmendi o de Caletri. Hubo otros momentos en los que el secuestro centró la psicosis colectiva de la capital, con los casos de Florence Cassez y la banda de Los Zodiacos (2004); en 2008, por los secuestros del hijo del empresario Alejandro Martí (2008) y de la hija del exdeportista Nelson Vargas; además del secuestro masivo de 13 jóvenes en un bar de la colonia Juárez, el famoso caso Heavens (aunque después se concluyó que fue una ejecución masiva). «Desde aquellos sucesos, el secuestro no había vuelto a estar en el corazón de la opinión pública. Pues generalmente ocurre cuando afecta a las clases medias y altas», explica el analista de seguridad Alejandro Hope.
Después del caso de Norberto, la preocupación sobre si el secuestro ha repuntado en la Ciudad de México ha crecido estos días. Y las cifras lo refuerzan: 26 carpetas de investigación de enero a abril, frente a las 35 que hubo en todo 2018, según la fiscalía. Pero estos números pueden ser engañosos, según apuntan los expertos: «Esos datos señalan que en enero hubo 16 y en abril no hubo ni uno solo, ¿de verdad cree que en todo abril no secuestraron a nadie en esta ciudad? No lo creo. Hay una cifra negra muy grande que hace que sea sumamente difícil de saber. Muy pocos se llegan a denunciar», añade Hope.
«Es lastimoso, es engorroso. Las víctimas no son solo víctimas una vez, son víctimas muchas veces. La burocracia te hace sentir que eres el culpable de todo lo que te pasa», señala en una entrevista a este periódico Daniela Durán, prima de Leonardo. Su familia fue a denunciar la desaparición del estudiante la mañana después de su desaparición. Un trámite que duró más tiempo de lo que tardó un vecino en reportar el cuerpo muerto dentro de un coche.
El último mensaje de Leonardo lo envió alrededor de las 11 de la noche. Un sacerdote, amigo de la familia, que había venido de Guatemala para quedarse unos días en la capital, se estaba hospedando en su casa. Él se iba a ir esa noche a dormir a la parroquia, donde trabajaba como asesor. Estaba a 10 minutos, pero nunca llegó. Lo que ocurrió entre el mensaje que mandó a su amigo guatemalteco y su aparición en un bosque del Ajusco, es lo que investigan este jueves las autoridades. De momento, no han informado de ningún avance ni un posible sospechoso.
El cuerpo de Leonardo no puede ser cremado aún, hasta que las autoridades resuelvan lo sucedido. La fiscal Ernestina Godoy y Claudia Sheinbaum insisten en que «no se rendirán hasta que se haga justicia». Una promesa que ya hicieron antes: Aidée, Norberto, Leonardo.
EL PAÍS
El secretario de Estado, Mike Pompeo, aseguró que la política de EE.UU. hacia Irán seguirá enfocada en los esfuerzos diplomáticos y económicos.
Estados Unidos señaló a Irán como el responsable del ataque de este jueves a dos petroleros en el Golfo Omán, cerca del estratégico Estrecho de Hormuz.
En una corta rueda de prensa, el secretario de EE.UU., Mike Pompeo, explicó que este señalamiento se basa en «inteligencia, las armas usadas, el nivel de experiencia que necesitó para llevar a cabo la operación, ataques iraníes recientes similares a embarcaciones y el hecho que ningún grupo proxy operando en el área tienen los recursos y competencia para actuar con un grado tan alto de sofisticación».
Pompeo enumeró una lista de ataques recientes a los que se señaló a Irán como responsables y aseguro que estos «ataques no provocados» son una amenaza a la «paz y seguridad internacional» y una «campaña inaceptable para escalar la tensión por Irán».
El reciente incidente lo protagonizó un buque de bandera noruega Front Altair, cuya tripulación abandonó el barco después de una explosión, y un petrolero, operado por una firma japonesa, que fue impactado presuntamente por un torpedo.
Las tripulaciones de ambas embarcaciones fueron rescatadas y se encuentran a salvo.
Esto se produce durante una anticipada visita del primer ministro de Japón, Shinzo Abe, para rebajar las tensiones. El secretario de Estado se refirió a ello e indicó que el presidente iraní, Hasán Rohaní, rechazó el gesto de Abe al decir que no tenía respuesta alguna para el presidente Donald Trump y por ende no respondería.
«Irán está arremetiendo porque quiere que levantemos nuestra exitosa campaña de máxima presión. Ninguna sanción económica da derecho a la república islámica a atacar civiles inocentes, interrumpir el mercado mundial de petróleo y participar en un chantaje nuclear», aseguró Pompeo.
El secretario de Estado afirmó que, a pesar de todo, la política de EE.UU. hacia Irán seguirá enfocada en los esfuerzos diplomáticos y económicos para traerlos a la mesa de negociación «en el momento adecuado».
Estados Unidos se retiró el año pasado de un acuerdo entre Irán y las potencias mundiales que pretendía frenar las ambiciones nucleares de Teherán.
La reacción del gobierno de Irán
Irán informó el viernes que era responsable de mantener la seguridad del Estrecho de Ormuz en el Golfo, indicó la radio estatal, y agregó que culpar a Teherán por los ataques contra dos petroleros en el Golfo de Omán era alarmante.
«Somos responsables de garantizar la seguridad del Estrecho y hemos rescatado a la tripulación de los petroleros atacados en el menor tiempo posible», dijo Radio, citando al portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Abbas Mousavi.
«Obviamente, acusar a Irán por un incidente tan sospechoso y desafortunado es la forma más sencilla y conveniente para Pompeo y otros funcionarios de EE.UU. Estas acusaciones son alarmantes», dijo.
Uno de los principales aliados de Irán, Rusia, rápidamente pidió cautela al señalar que nadie debería apresurarse a sacar conclusiones. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, pidió que los «hechos deben ser establecidos y las responsabilidades aclaradas».
Tanto Reino Unido como Alemania, ambos firmantes del acuerdo nuclear con Irán, mostraron su preocupación por el ataque.
Voz de América
Bajo el lema «más tiempo, más dinero y respeto», la manifestación, considerada «ilícita» por la Unión Patronal, se celebra casi tres décadas después de aquel 14 de junio de 1991
Ginebra, Suiza.- Desde la catedral de Lausana iluminada de rosa hasta estatuas violetas en Neuchâtel, la mujeres en Suiza lanzaron este viernes una jornada de movilización para exigir igualdad salarial, denunciar la violencia de género y defender el reconocimiento de las tareas domésticas.
El momento culminante de esta movilización será una marcha al final del día en todo el país, incluido en Berna, delante de la sede del gobierno y del Parlamento, citó AFP.
Casi 30 años después de la última gran huelga nacional por la igualdad salarial en Suiza, los organizadores llamaron a las mujeres a hacer huelga, aunque se desconoce el alcance que tendrá la movilización, ya que los paros son muy inusuales en el país.
En Berna, los diputados interrumpieron simbólicamente sus debates durante 15 minutos. Muchos parlamentarios lucían pins feministas o ropa de color violeta, como la ministra de Defensa, Viola Amherd.
La movilización empezó en Lausana por la noche donde varias mujeres hicieron sonar las campanas de la catedral, iluminada de rosa. Unas 500 personas bloquearon los principales puentes de la ciudad y organizaron desayunos.
En Zúrich, la mayor ciudad del país, un grupo de mujeres paseaba un clítoris gigante en un carro.
«Más tiempo, más dinero y respeto»
En algunas localidades, las guarderías estaban cerradas y las escuelas funcionaban con los servicios mínimos.
Bajo el lema «más tiempo, más dinero y respeto», la manifestación, considerada «ilícita» por la Unión Patronal, se celebra casi tres décadas después de aquel 14 de junio de 1991 cuando medio millón de mujeres abandonaron sus puestos de trabajo para salir a denunciar las desigualdades entre géneros.
Hacía 10 años que se había introducido en la Constitución suiza la igualdad entre sexos, y las mujeres denunciaron entonces la ausencia de medidas concretas y la desigualdad salarial. Esas protestas desencadenaron en la ley de igualdad laboral, que entró en vigor en 1996.
Siguiendo la estela del #Metoo, la nueva generación de mujeres continúa el combate iniciado hace tres décadas para conseguir la igualdad salarial, que está lejos de ser una realidad.
De media, las mujeres todavía ganan un 20% menos que los hombres en Suiza. Y la brecha salarial entre hombres y mujeres con la misma cualificación es de casi 8%, según la oficina nacional de estadísticas.
«La igualdad salarial no se ha conseguido. Es una buena razón para hacer huelga», declaró Ruth Dreyfuss, primera mujer en acceder a la presidencia suiza en 1998, en la radio suiza RTS.
Paro a las 03:24
Las que no puedan hacer huelga todo el día, podrán dejar de trabajar a las 03:24, la hora a partir de la cual las mujeres trabajan gratis si se tiene en cuenta la desigualdad salarial media del 20%.
En 1991, una mujer de cada siete se movilizó, una cifra excepcional en un país donde los paros son muy poco frecuentes, desde la instauración en 1937 de la «paz del trabajo», una convención firmada por la patronal y los sindicatos que excluye el recurso a la huelga en beneficio de la negociación.
En las tres últimas décadas, los defensores de los derechos de las mujeres lograron algunas victorias en Suiza, como la legalización del aborto en 2002 y la introducción de una baja de maternidad pagada de 14 semanas, en 2005.
Pero en el país aún no existe la baja por paternidad y el acceso limitado a los onerosos servicios de guardería se considera un importante obstáculo para la plena participación de la mujer en el mundo laboral.
AFP
El presidente Donald Trump dijo el viernes 14 de junio de 2019 a Fox News que el acuerdo con México incluiría un tercer país seguro para frenar la migración hacia EE.UU. si no se logran los resultados esperados en las próximas semanas.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes en entrevista conFox News que el acuerdo alcanzado sobre migración con México que frenó la imposición de aranceles incluía un plan para un tercer país seguro, si otros esfuerzos para contener la crisis en la frontera entre las dos naciones fracasan.
Consultado acerca de que si el plan incluía la incorporación de un tercer país seguro, Trump respondió: «Es exactamente correcto, y eso es lo que va a pasar».
La Voz de América reportó esta semana que el gobierno de Trump espera en pocos días concluir un acuerdo que impida que los centroamericanos soliciten asilo en territorio estadounidense.
De acuerdo a una copia sin firmar del borrador a la que tuvo acceso la VOA, la Casa Blanca presentaría el acuerdo al gobierno de Guatemala esta semana. El documento de siete páginas establecería un protocolo de «tercer país seguro» entre los dos países.
Según los términos del acuerdo, los migrantes que huyen por persecución de El Salvador y Honduras se verían obligados a solicitar asilo en Guatemala, una puerta de entrada a México y Estados Unidos. Con pocas excepciones, aquellos que continúan hacia el norte hasta EE.UU. sin probar sus posibilidades en Guatemala serán enviados de vuelta al país centroamericano por las autoridades de inmigración estadounidenses.
México se ha resistido hasta ahora a entrar en un acuerdo de «tercer país seguro» como parte de su reciente acuerdo con la administración Trump para evitar aranceles punitivos. Pero las conversaciones sobre un pacto regional surgieron poco después de que el presidente Donald Trump reveló que había aceptado llegar a un acuerdo con México para frenar los niveles de migración a través del fortalecimiento de la aplicación de las leyes mexicanas.
Voz de América
Miles de venezolanos libran una carrera contra el tiempo para ingresar a Perú poco antes del endurecimiento de las reglas migratorias que exigirán pasaporte y visa humanitaria.
Entre miles de migrantes, cargando a su bebé de un año y junto a su otro hijo de ocho, la venezolana Betania Ramírez ingresó a Perú, poco antes de que entre en vigor una ley que dificulta el ingreso de quienes huyen de la crisis del país caribeño.
Cansada y sedienta, formó una extensa cola para presentar su cédula de identidad en la agencia migratoria peruana.
Como Betania, miles de venezolanos libran una carrera contra el tiempo para ingresar a Perú poco antes del endurecimiento de las reglas migratorias que exigirán pasaporte y visa humanitaria.
Betania sabía que tenía que enfrentarse a la incertidumbre en un país donde no tiene a nadie.
Lea: Ecuador: aumenta flujo de venezolanos que buscan llegar Perú.
“Yo me voy de la mano de Dios”, dijo a The Associated Press la madre soltera de 26 años que partió de la ciudad de Barinas hace una semana y en un enloquecido viaje cruzó Colombia y Ecuador donde, afirmó, le robaron su equipaje, y la maldijeron y escupieron por ser venezolana.
Caminas por carreteras, duermes en la calle, “estás expuesto a que te roben, a que te violen sexualmente, a mí no me pasó eso porque Dios sabe lo que está pasando en Venezuela, pues”, dijo la mujer que trabajaba de empleada de limpieza en un local del ministerio de Salud venezolano en Barinas. No todo fue malo, también recordó que otros colombianos de buen corazón le regalaron una manta y una caja de jugos artificiales para sus hijos Xiomara, de un año y Emmanuel, de ocho.
Mientras relataba sus desventuras, su beba lloraba. No le había cambiado de pañal por varias horas y la pequeña tenía la piel irritada, contó. Como miles, Betania y sus niños llegaban literalmente con la ropa que tenían puesta.
La frontera peruana lucía abarrotada la madrugada del viernes, y muchos niños dormían en el piso. Casi todas las historias de los migrantes coincidían en que habían partido de Venezuela en una carrera contra el tiempo para poder ingresar por el puesto fronterizo peruano del distrito de Aguas Verdes, antes de que la nueva ley impuesta por el gobierno de Martín Vizcarra se convierta en un muro infranqueable.
Vizcarra afirmó en la víspera que se le había “malentendido”, que su gobierno sólo pide condiciones mínimas para que entren personas que quieran “trabajar en beneficio de nuestro país y no gente que genera problemas”. A inicios de junio Perú endureció su política migratoria y anunció que desde la cero hora del sábado se exigirá pasaporte y visa humanitaria a quienes ingresen, documentos que deben tramitar con anticipación en los consulados peruanos de Venezuela, Colombia y Ecuador.
La frontera peruana lucía abarrotada la madrugada del viernes 14 de junio de 2019, y muchos niños dormían en el piso.
Lea: ACNUR insta a gobiernos de la región a una «reunión urgente» para tratar flujos migratorios.
Más de 820.000 venezolanos han ingresado desde 2016 luego que Perú abriera sus puertas a los migrantes durante la gestión de su antecesor Pedro Pablo Kuczynski, quien los invitaba a venir a trabajar y recibir remuneraciones justas.
Pero conforme los venezolanos fueron llegando a Perú en cantidades cada vez mayores y con el cambio de gobierno en marzo de 2018, tras la renuncia de Kuczysnki por un escándalo político, la actitud peruana se fue endureciendo.
En mayo el gobierno de Vizcarra reconoció de forma pública que la presencia de los migrantes venezolanos generaba dificultades en la búsqueda de empleo para los mismos peruanos y el presidente peruano afirmó durante la visita del mandatario colombiano Iván Duque que la comunidad internacional no ha examinado “el efecto real de la migración venezolana que reciben Colombia y Perú”, los países con mayor número de inmigrantes venezolanos en el mundo.
Amnistía Internacional ha calificado de “ineficientes” las nuevas reglas de ingreso impulsadas por Vizcarra, sobre todo porque considera casi imposible conseguir pasaportes en Venezuela, mientras que la Iglesia católica peruana le solicitó en una carta al presidente peruano que el país continúe “dando muestras de solidaridad con los hermanos venezolanos ante la difícil situación que atraviesan”.
En Lima, los venezolanos que ingresaron antes de que el gobierno endurezca sus reglas migratorias prefieren guardar silencio. Pero Jorge Macchia, un vendedor de empanadas que era un comerciante acaudalado en su país y lo perdió todo durante la crisis, dijo que le parecía una medida injusta. “El venezolano que viene aquí trabaja muy duro, mi mujer y mis dos hijas están en camino, pero no sé si llegarán a cruzar la frontera para ingresar a Perú”, comentó.
Vizcarra presenció a inicios de junio la expulsión de medio centenar de venezolanos con antecedentes criminales que mintieron al otorgar sus datos migratorios. “Estamos expulsando los que sean necesarios 500, 800, 1.000, 2.000”, comentó el mandatario. Perú es el segundo país, después de Colombia, que recibe mayor cantidad de migrantes venezolanos que huyen de la crisis en su país y suman más de 820.000 en todo el territorio local, según datos de la agencia peruana de migraciones.
Unas 2.000 personas se manifestaron este jueves en el centro de Puerto Príncipe para exigir la renuncia del presidente haitiano Jovenel Moise, quien la víspera aseguró que no estaba “involucrado en corrupción”.
“Rechazamos el discurso del presidente sin más: no es a nosotros, el pueblo, a quien debe decir que no es corrupto, sino a la justicia del país, dándole los medios necesarios para trabajar”, dijo Evens Paul, un manifestante de 31 años.
En un discurso el miércoles, Moise habló directamente al pueblo haitiano. “Su presidente, por el que votaron, no está involucrado en corrupción”, aseguró.
“Esto no es fervor político: no tenemos ningún problema con el presidente”, dijo Mehdi Garlet, en el corazón de la manifestación compuesta principalmente por hombres jóvenes.
“Como representante de la república, debe estar por encima de toda sospecha, pero el Tribunal de Cuentas lo involucra como uno de los receptores de dinero de Petrocaribe incluso antes de que hubiera un contrato firmado, por lo que la moral pública lo obliga a renunciar “, agregó el estudiante de 26 años.
El 31 de mayo, el Tribunal Superior de Cuentas presentó un informe de más de 600 páginas sobre la mala gestión de la ayuda recibida de Venezuela, un documento en el que Moise es acusado de estar en el centro de un “esquema de desviación de fondos”.
Los jueces descubrieron que, en 2014, el Estado firmó dos contratos para el mismo proyecto de rehabilitación de carreteras con dos compañías con nombres diferentes (Agritrans y Betexs), pero que comparten el mismo registro fiscal y personal técnico.
Antes de llegar al poder en 2017, Moïse dirigió Agritrans, que recibió más de 33 millones de gourdes -más de 700.000 dólares en ese momento- para este proyecto vial aunque su actividad principal era la producción de bananas.
Para este proyecto, la compañía del actual presidente también recibió un anticipo en efectivo casi dos meses antes de la firma del contrato.
Varios miles de haitianos se manifestaron el domingo en Puerto Príncipe y en las principales ciudades del país para exigir la renuncia del presidente.
AFP
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