El banco central de Argentina (BCRA) subastó el martes Letras de Liquidez (‘Leliq’) por 98.543 millones de pesos (unos 2.204 millones de dólares) a una tasa promedio del 68,801% en la segunda ronda del día, contra un 68,959% registrado en la licitación previa, dijeron operadores.

Agregaron que se anotó un rendimiento máximo del 68,89% y un mínimo del 68,60% anual para el plazo de ocho días.

La tasa de referencia diaria de las ‘Leliq’ para la fecha se ubicó también en baja al 68,889%, mediante una absorción de 222.200 millones de pesos (unos 4.970 millones de dólares) en dos licitaciones. El promedio del lunes fue del 69,241%.

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– Tipo de cambio: 1 dólar = 44,71 pesos

REUTERS

Frente de una inflación anual de 815.194% “no hay salario, pensión, ahorro o jubilación que aguante esa pela“, advirtió el diputado de la Asamblea Nacional, José Guerra.

La Asamblea Nacional registró el lunes 10 de junio una desaceleración de la inflación en mayo, al ubicarla en 31,3%, 13 puntos menos que la registrada en abril, cuando alcanzó 44,7%.

El parlamentario y economista precisó que la capacidad de compra del bolívar sigue siendo nula ante la ausencia de políticas que frenen el aumento imparable de los precios.

“De allí la caída del consumo y el aumento de la pobreza”, escribió en su cuenta de Twitter.

Ante estos hechos, Guerra insistió en la urgencia de un cambio político.

El Índice Nacional de Precios al Consumidor de la @AsambleaVE, indica que la inflación de mayo fue de 31,3% y la variación acumulada de precios fue de 905,6%.
Ante un régimen que destruyó la economía, el cambio político es urgente para resolver los problemas. #VzlaEnCifrasRojas

— Jose Guerra (@JoseAGuerra) 11 de junio de 2019

RUNRUN

La deuda que mantiene el régimen de Nicolás Maduro con la empresa china de comunicaciones Huawei no le permitiría a corto ni a mediano plazo realizar espionaje a venezolanos.

Este lunes 10 de junio, Kimberly Breier, subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, aseguró que el acuerdo entre el régimen de Nicolás Maduro y Huawei facilitaría la represión en Venezuela. Sin embargo, según el especialista Fran Monroy Moret, aunque es posible que el régimen ejecute labores de inteligencia a través de la empresa china, eso no sucederá mientras se mantenga la millonaria deuda.

Monroy, quien es periodista especializado en informática y telecomunicaciones y además miembro de la junta directiva de Internet Society Venezuela, dijo en entrevista a PanAm Post, que Maduro le adeuda a Huawei entre 400 y 500 millones de dólares.

«Sí existe la posibilidad de que Huawei preste los servicios para incrementar la vigilancia a los venezolanos según la óptica de Estados Unidos, el problema es que el Estado venezolano le debe dinero tanto a ZTE como a Huawei, y no le ha pagado desde hace tiempo, entonces no existe tal acuerdo, ni orden de compra», señaló el especialista.

La inversión que anunció Maduro necesita por lo menos 300 millones de dólares para su ejecución, y si no ha tenido el dinero para pagarle la deuda anterior, hay que preguntarse de dónde va a sacar los recursos para una nueva contratación.

«No es que no se pueda, técnicamente es factible, el software está y la posibilidad de espionaje también, pero que Huawei lo vaya a hacer es poco probable. Por ahora Huawei no tiene intenciones de venderle nada al Estado venezolano porque le debe dinero, según las fuentes que he consultado», agregó.

Y es que Breier, subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de EE.UU. dijo que «aunque Maduro diga que está invirtiendo en 4G con Huawei para mejorar las telecomunicaciones para todos, el acuerdo facilita su control y represión»; esto luego de que la dictadura anunciara una millonaria inversión con la empresa china.

Entre los regímenes que compran a China sus sistemas de vigilancia figura Venezuela, que también contrató a la empresa china de telecomunicaciones ZTE para crear una tarjeta nacional de identidad que se conecta a una base de datos que el gobierno usa para controlar y reprimir a los venezolanos, según Breier.

ZTE y el control social

Un reportaje que Reuters publicó en noviembre de 2018 revela que la empresa china ZTE ayudó a Venezuela a construir un mecanismo de control social a través del chavista Carnet de la Patria.

La tarjeta de identificación transmite datos de sus titulares a servidores de computadoras y está vinculado a la entrega de alimentos subsidiados, salud y otros programas sociales del gobierno. Y el papel de ZTE, estuvo en desarrollar el programa.

De acuerdo con el régimen se trató de un «esfuerzo oficial de 70 millones de dólares para reforzar la seguridad nacional»; sin embargo, tal y como lo afirmó Monroy al PanAm Post, el régimen mantiene con dicha empresa una deuda millonaria correspondiente a los servicios prestados.

Panam Post

El Banco Bicentenario del Pueblo realizó el lanzamiento de su sistema Biopago para facilitar las transacciones de los usuarios,gracias a la alianza establecida entre dicha entidad bancaria y el Banco de Venezuela.

Usuarios del Banco Bicentenario del Pueblo, ahora pueden adquirir productos o cancelar servicios a través del sistema biométrico Biopago, sin presentar ningún instrumento de pago.

Asimismo, con los más de ocho mil dispositivos Biopago, ya existentes en los comercios, las personas naturales del Bicentenario, también pueden realizar compras con tarjetas de débito (TDD) y tarjetas de crédito (TDC), con el propósito de simplificar sus transacciones y brindarles mayor confianza y seguridad”,reseña una nota de prensa del Banco Bicentenario, publica en su portal Globovisión.

Destaca que el proceso para pagar a través de Biopago es fácil, rápido y seguro. El usuario indica el número de cédula de identidad al representante del comercio y el tipo de instrumento financiero con el que va a cancelar, luego debe colocar la huella en el dispositivo para que este apruebe y procese el pago.

Descifrado

El 96% de las industrias venezolanas paralizó o disminuyó su producción en el primer trimestre de 2019, debido a los apagones, la escasez de gasolina y la restricción de créditos, según la encuesta trimestral de coyuntura del gremio manufacturero.

«EL 96% de las empresas encuestadas no produjeron o disminuyeron su producción», dijo Juan Pablo Olalquiaga, presidente de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), al presentar el estudio. Además, advirtió que 68% de las empresas que sobreviven podrían cerrar en un plazo de un año.

La situación es aún más crítica considerando que cuatro quintas partes de las compañías del país cerraron desde el ascenso del chavismo al poder hace dos décadas, señaló Olalquiaga.

El dirigente agregó que las empresas activas apenas operan al 18% de su capacidad instalada, frente a 81% y 78% de las industrias de las vecinas Colombia y Brasil, respectivamente. Un 84%, en tanto, debió despedir trabajadores.

Olalquiaga vinculó el retroceso con masivos apagones que golpean al país desde marzo pasado y con la falta de combustible para el transporte.

El desabastecimiento de gasolina es crónico en zonas fronterizas desde hace años, pero se ha extendido a varias regiones del interior.

El problema empeoró tras la entrada en vigor, en abril, de un embargo de Washington que prohíbe negociar petróleo venezolano en el sistema financiero estadounidense y vender al país combustibles y diluyentes para procesar su crudo pesado.

Las medidas se enmarcan en sanciones de la Casa Blanca para sacar del poder al presidente Nicolás Maduro, a quien califica de «dictador», que incluyen restricciones al transporte aéreo y marítimo de carga.

«Las navieras han dejado de venir», expresó Olalquiaga, lo que amenaza con profundizar la caída de las exportaciones no petroleras privadas, que pasaron de 1.718 millones de dólares en 2013 a 699 millones en 2018, según el Banco Central.

A la vez, las importaciones no petroleras, en las que el Estado es el principal actor, se derrumbaron de 44.067 millones de dólares en 2013 a solo 5.835 millones en 2018, lo que sumado a la deficitaria producción nacional ha provocado una severa escasez de bienes básicos.

La restricción de créditos también impacta a la industria, según Olalquiaga, después de que el gobierno aumentara el encaje, fondos que los bancos deben colocar ante el BCV para respaldar sus depósitos.

Coindustria reportó además una contracción del consumo, en una debacle económica marcada por una hiperinflación que el FMI proyecta en 10.000.000% para 2019, pero que, de acuerdo con los indicadores de la Asamblea Nacional, podría ser menor.

Hay un «bajo nivel de ventas» en medio de un «proceso de empobrecimiento» de la sociedad, expresó Olalquiaga.

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