El régimen usurpador de Nicolás Maduro acaba de anunciar que monetizará las reservas minerales de Venezuela. Eso significa que, bajo supuestos métodos de certificación –cuyo origen y validación técnica, por supuesto, no fueron explicados– las reservas comprobadas de oro, hierro, bauxita, fosfato, feldespato, níquel, coltán, diamantes y otros minerales, todos de alta o muy alta cotización en los mercados mundiales, serán vendidas, en operaciones desesperadas y clandestinas, a posibles inversionistas.

Aunque no sabemos si esas certificaciones realmente existen, o quién y bajo qué metodología certificó esas reservas minerales, ni cuál será la validez internacional de esas supuestas certificaciones, lo que sí quedó claro es el propósito: vender esas reservas a inversionistas dispuestos a eludir las sanciones económicas que impiden hacer negocios con el régimen delincuente de Nicolás Maduro.

A ese riesgo concreto hay que sumar otros: la principal región minera venezolana, en el sur del país, está plagada de grupos guerrilleros, mafias militares, bandas de delincuentes que mantienen pequeños ejércitos para su protección, grupos dedicados al contrabando de combustibles, al robo y contrabando de minerales, al tráfico de drogas y más. Las carreteras y vías en general están en pésimo estado. El servicio eléctrico es intermitente. Las aguas están contaminadas. Los hospitales están destruidos. El costo de los alimentos y los bienes en general solo se transan en dólares, a precios fuera de toda lógica. Hay epidemias que los boletines epidemiológicos no reportan. La insalubridad predomina en los centros de salud. Todo ello sin contar con el rechazo que algunas de las comunidades indígenas organizadas de la zona mantienen en contra de la minería, que destruye el territorio, sin que suponga para ellos ningún beneficio económico o social.

A todo este panorama casi infernal tengo que agregar algo más, cuya gravedad no ha sido denunciada con la urgencia y fuerza que sería necesario: la devastación de bosques, zonas selváticas, cursos de agua y regiones enteras de flora y fauna por los grupos mineros paramilitares que actúan con la protección del régimen de Maduro. Los escasos informes sobre la situación ambiental del sur venezolano son simplemente escalofriantes.

Todos estos elementos son los que llegarán a los despachos de unos inversionistas: una grotesca acumulación de riesgos, un estado de cosas tremendamente explosivo, una región en manos de grupos armados, y la promesa de un poder desfalleciente de que, en muy corto tiempo, podrán iniciarse las operaciones mineras. Hay que denunciarlo de una vez: en estas condiciones, la monetización de las reservas, es decir, la venta a inversionistas, ocurrirá a precios alrededor de 25% de su valor. En otras palabras: desesperados por el cerco económico, Maduro y su banda se disponen a regalar las reservas mineras venezolanas, a precios ridículos, con tal de conseguir divisas que les permitan mantenerse en el poder.

Pero no solo se dilapidará la riqueza venezolana. Hay algo más que nadie puede perder de vista: si este proyecto se pusiese en movimiento, si ocurriese que aparecieran inversionistas-buitre que tomasen el camino abismal de comprar reservas, y ello obligara a poner en movimiento una operación para tomar el control de la zona e iniciar las operaciones mineras, vendrán más muertes, vendrán nuevas masacres, vendrán nuevas violaciones de los derechos humanos, vendrán nuevos asesinatos por encargo, vendrán más y más acciones comisionadas a bandas de sicarios que llegarán a la región a imponer su mandato.

Esto no puede perderse de vista: para intentar cumplir con los supuestos inversionistas, que exigirán garantías sobre la eficacia de los planes mineros, Maduro tendrá que “limpiar” la zona. Tendrá que intentar tomar el control de la misma, que ha entregado a grupos de violentos. Por ejemplo: ¿convertirá al Ejército de Liberación Nacional de Colombia, ELN, en socio de los nuevos inversionistas, o los disfrazará de contratistas, o les pagará una indemnización para que abandonen el lugar, o enviará un contingente militar para que les saque del lugar, o pondrá a Padrino López a leer un comunicado en el que, respetuosamente, se les ruegue a los señores de la narco-guerrilla colombiana que abandonen la zona, porque ahora han aparecido otros señores, que son los nuevos propietarios de las riquezas del subsuelo? ¿El anuncio del gobierno de rematar la riqueza del subsuelo venezolano cuenta con la aprobación del ELN y las FARC? ¿Tiene la aprobación, en todas sus partes, de la dirigencia castrista?

A finales de 2017, la Cámara Minera de Venezuela denunciaba que el plan del llamado Arco Minero carecía de viabilidad. En concreto, hacían la siguiente afirmación: “Es una venta de ilusiones”. ONG internacionales han reportado algo todavía más grave: no se sabe cuántos mineros están bajo la contaminación del mercurio. Se ha dicho que unas 50.000 personas están dedicadas a la extracción de minerales, pero no se sabe cuántas de ellas podrían estar bajo el efecto de los vapores de mercurio, que destruye el organismo silenciosamente y produce deformaciones en los descendientes.

¿Qué ha cambiado entre las promesas del Arco Minero y las de vender las reservas minerales de Venezuela? Muchas cosas. El de hoy es un poder más hambriento e inescrupuloso. Más peligroso. Más asesino. Dispuesto a todo a cambio de dólares y euros. La legítima Asamblea Nacional y el presidente encargado, Juan Guaidó, deben pronunciarse sobre esta grave cuestión. Debe impedirse que se consuma el remate. Están en juego millones de hectáreas de recursos naturales, riquezas invaluables y el futuro de varias generaciones de venezolanos.

Editorial de El Nacional