La premier renuncia al liderazgo ‘tory’ mientras el Partido del Brexit suspende su primer examen

Theresa May, en su despedida (Alastair Grant / AP)

Theresa May abandonó ayer el liderazgo tory, el Labour celebró una inesperada victoria en la elección parcial de Peterborough, el establishment respiró aliviado y el Partido del Brexit, de Nigel Farage, perdió la oportunidad de obtener su primer escaño en el Parlamento de Westminster. Enseñó los dientes, ladró mucho, pero no llegó a morder. Esa conjunción de elementos, metidos en una coctelera como para hacer un mojito, puede ser importante de cara a lo que ocurra en la política británica en las próximas semanas.

May firmó ayer la carta de dimisión como líder del Partido Conservador británico, aunque permanecerá como primera ministra en funciones hasta la elección de su sucesor, a finales de julio. El de ayer fue, por tanto, el primer capítulo del que será sulargo, y anunciado adiós. Los candidatos que aspiren a sucederla tienen de plazo hasta el próximo viernes para presentarse.

¿Lo tenía todo a favor?

El partido de Farage pudo ganar un escaño en Peterborough, pero el Labour lo retuvo

Las elecciones de Peterborough fueron para Farage, que era el claro favorito en esta ciudad del centro de Inglaterra que votaba para cubrir un escaño vacante (arrebatado a su titular laborista por intentar endosarle a su hijo una multa por exceso de velocidad), una gran decepción. Hasta el punto de que abandonó la sala donde se hacía el recuento por la puerta trasera. Un 61% de los habitantes de Peterborough votaron por la salida de Europa en el referéndum, y parecía una ocasión que ni pintada para dar un espectacular golpe y conseguir su primer diputado sólo dos meses después de la fundación del Partido del Brexit, heredero del UKIP.

El Labour, sin embargo, ha conservado el escaño por una combinación de factores: la escasa participación (menos del 50%), el apoyo masivo de la población de origen paquistaní, la fragmentación del voto tradicional tory (los conservadores, castigados por el caos del Brexit igual que en las elecciones municipales y europeas, quedaron sólo terceros), y el mensaje de Corbyn de que no sólo se trata de resolver la relación con Europa, sino que hay que poner sobre la mesa el látigo de la austeridad, la falta crónica de vivienda, el deterioro del nivel de vida y los derechos de los trabajadores, la congelación de los sueldos, la delincuencia, los problemas de la educación y la sanidad, los abusos de las compañías eléctricas, de agua, gas y ferrocarriles, que actúan como cárteles e imponen tarifas prohibitivas. De todo ello se puede hacer una extrapolación de cara a las próximas elecciones generales, previstas para el 2021 pero que pueden adelantarse a cualquier momento en el contexto de la sucesión de May.

El cambio de liderazgo

Pese a la renuncia de ayer, la premier seguirá en el cargo hasta finales de julio

La todavía primera ministra abandonó ayer formalmente el liderazgo tory pidiendo unidad a su partido, y que la persona que la releve implemente el resultado del referéndum, aunque no se decantó por un Brexit sin acuerdo como la mayoría de aspirantes en una competición que comienza el lunes, y está previsto que acaba a mediados de julio con un playoffentre los dos candidatos que obtengan, tras una serie de votaciones y descartes, mayor apoyo entre el grupo parlamentario. El favorito es Boris Johnson, con los ministros Michael Grove, Jeremy Hunt, Matt Hancock y Sajid Javid entre los rivales más a tener en cuenta.

El triunfo de la activista sindical laborista Lisa Forbes en Peterborough no se trató de ninguna proclamación, porque fue por tan sólo 683 votos y una caída considerable del apoyo comparado con las elecciones generales del 2017. Pero una victoria es una victoria, más aún cuando es inesperada, y la historia la escriben los ganadores. Lleva a pie de página, sin embargo, un asterisco. El Partido del Brexit tuvo la miel en los labios y el nombre de su candidato, Mike Green (un empresario local que hasta hace dos semanas era virgen en materia política), apareció en un 29% de las papeletas, a pesar de que el Partido del Brexit se fundó hace sólo dos meses y carece de manifiesto y de programa, más allá de la ruptura radical con Europa. Es monotemático, pero un tercio de los habitantes de la localidad –y del país– lo respaldan.

Peterborough, con 200.000 habitantes, es una circunscripción marginal que hasta ahora oscilaba casi en cada elección entre tories y laboristas, representativa del malestar que impera en el país. Su economía y esperanza de vida languidecen un poco por debajo de la media nacional y el paro está un poco por encima, la productividad es baja, los sueldos se hallan congelados desde hace años, y numerosos inmigrantes (sobre todo de la Europa del Este, pero también portugueses) recogen fresas y verduras en los campos de los alrededores, y consiguen empleo mal pagado en las plantas de procesamiento y centros de distribución. “Trabajan duro, en cosas que nosotros no haríamos –admite Margaret Simpson, dependienta de una tienda–, pero han roto la identidad de la ciudad, que ya no parece Inglaterra”.

Buena parte de la culpa de los problemas de Peterborough los tiene la austeridad de la última década. La financiación del Gobierno central ha bajado de 100 millones de euros anuales a sólo 15, el presupuesto del Ayuntamiento ha registrado recortes del 14%, falta vivienda de protección oficial (compañías privadas cobran alquileres exorbitantes por los apartamentos más sencillos), hay dos mil personas sin techo y a los cocineros del banco de comida del Ejército de Salvación no les falta trabajo. El tejido social se tambalea y los blancos de clase trabajadora –como los de Ohio o Pennsylvania en Estados Unidos de Trump– sienten que han perdido su sitio y carecen de futuro.

Si el Partido del Brexit hubiese ganado el escaño, los tories se habrían sentido aún más amenazados y habrían optado aún con mayor fuerza por un ultraderechista que implemente el Brexit duro y saque al país de la UE el 31 de octubre. Y el Labour se habría encontrado bajo enormes presiones para decantarse de manera inequívoca por un segundo referéndum. Pero no ha sido así. Corbyn ha interpretado el resultado como un refrendo de su “ambigüedad constructiva” para conservar el voto de los remainers y perder el menor número posible de leavers.

La Vanguardia
RAFAEL RAMOS, PETERBOROUGH. CORRESPONSAL

El Parlamento alemán también impulsa medidas para atraer trabajadores cualificados al país

Miembros del Parlamento alemán votan el viernes un paquete legislativo sobre migración, en Berlín. GETTY

Acelerar y hacer efectivas las deportaciones de inmigrantes con orden de expulsión y facilitar la incorporación de trabajadores cualificados al mercado laboral. Esos son los principales objetivos del paquete legislativo aprobado este viernes en el Parlamento alemán y con el que el Gobierno quiere “ordenar, controlar y limitar la inmigración”. Conservadores y socialdemócratas, socios en el Ejecutivo de gran coalición, presentaron como un logro las siete leyes migratorias, que han recibido duras críticas de la oposición, académicos y varias organizaciones.

La ley supone un compromiso entre los partidos de la gran coalición, en la que el bloque conservador (CDU / CSU) ha puesto el énfasis en la expulsión y los socialdemócratas en el acceso de inmigrantes y demandantes de asilo al mercado de trabajo. Después de semanas de agitación política antes y después de las elecciones europeas y de encuestas demoledoras para los partidos en el Gobierno, este paquete le permite al debilitado Ejecutivo alemán ofrecer un resultado tangible de su gestión.

Un total de 372 parlamentarios votaron a favor de la ley de deportación, mientras que 159 la rechazaron y 111 se abstuvieron. “Quien no tenga derecho a quedarse debe abandonar el país”, dijo Horst Seehofer, el ministro del Interior, de la conservadora Unión Social Cristiana bávara (CSU), al frente de la iniciativa. Los Verdes y el partido de La Izquierda consideraron la norma un retroceso para los derechos fundamentales de los inmigrantes. “Un día negro para la democracia”, lo llamó la parlamentaria Filiz Polat, del partido ecologista. El secretario general del SPD, Lars Klingel, defendió el paquete y aseguró: “Detenciones masivas y otros tratos inhumanos no aparecen en la ley porque nosotros lo hemos evitado”.

La llamada ley del retorno ordenado forma parte del paquete migratorio y es la que mayor polémica ha suscitado. La idea es lograr que las expulsiones se materialicen, ya que cerca de la mitad no se consuman. Unas 31.000 expulsiones programadas en 2018 no se efectuaron, frente a las 25.000 que se ejecutaron. Ahora, la ley “elimina numerosos obstáculos prácticos a la deportación e incrementa las posibilidades de que las personas obligadas a dejar el país lo abandonen”, según el Ministerio del Interior.

Las condiciones para la privación de libertad con vistas a la deportación se amplían para incluir, por ejemplo, a personas consideradas peligrosas o que no cooperen en su identificación. La fecha de la deportación será secreta y se castigará a quien la desvele. La idea es que las personas que deben ser deportadas no desaparezcan el día antes de subir al avión. Además, el texto contempla el recorte de beneficios sociales para aquellos a los que se les haya dado asilo en otro país de la UE, así como la opción de que de manera transitoria se encierre a futuros deportados en prisiones, separados de presos comunes, hasta que se amplíen las plazas en centros especializados.

Gracias a las nuevas normas, los demandantes de asilo llamados “tolerados”, es decir, que a pesar de no haberse reconocido su solicitud estén integrados y tengan un trabajo estable, conozcan el idioma y no hayan tenido problemas con la justicia, recibirán un estatuto legal para proporcionarles seguridad a ellos y sus empleadores. La parlamentaria del SPD Eva Högl explicó que de las 240.000 personas obligadas a dejar el país, 180.000 son “toleradas”; su marcha está suspendida ante la imposibilidad de enviarlos a países como Afganistán.

El paquete legislativo incluye la ley de trabajadores cualificados, que permite la entrada de licenciados universitarios y aprendices de formación profesional que vengan a trabajar o buscar empleo. El preámbulo explica que el desempleo nunca había sido tan bajo desde la reunificación y que hay cerca de 1,2 millones de puestos vacantes. Se elimina la lista de profesiones más necesitadas y se amplía a cualquier empleo. Los beneficiarios podrán buscar trabajo en Alemania y quedarse hasta seis meses siempre que tengan la formación necesaria, conozcan el idioma y tengan medios para subsistir. La idea es coordinarse mejor con las agencias de empleo de los países de origen.

Mercado laboral

Seehofer consideró que con esta iniciativa, Alemania “refuerza su economía, que necesita trabajadores cualificados” y cumple con su “responsabilidad humanitaria”. Pero fueron sus palabras fuera de guion las que horas antes desataron una tormenta, al asegurar que “hay que hacer leyes complicadas para que la gente no caiga en la cuenta”. Seehofer dijo después que lo suyo fue una ligera ironía. “¿Seehofer hace las leyes complicadas para ocultárselas a los ciudadanos? Semejante consideración de la democracia por parte del ministro de Interior me deja perpleja”, tuiteó Annlena Baerbock, colíder de Los Verdes.

Thomas Liebig, experto en migraciones de la OCDE, explica que hasta ahora Alemania ha dependido en gran parte de trabajadores comunitarios, pero que el envejecimiento de la población en la UE y la mejora económica en el Este ha reducido los flujos. “Por eso y por su propia demografía, Alemania está obligada a buscar trabajadores fuera”, asegura. Liebig, como otros expertos, duda de la efectividad del paquete legal, pero cree que es importante porque “Alemania establece formalmente que es un país de inmigración”.

Entre las medidas aprobadas figura también la extensión de la regulación que obliga a los refugiados a vivir en un lugar para obtener beneficios, con la idea de “proporcionar a los ayuntamientos la capacidad de planificar la integración a largo plazo”.

En un comunicado, el Consejo para la Migración, del que forman parte 150 académicos, criticó el paquete legislativo por considerar que supone “un deterioro para las personas que buscan protección”. “Básicamente impone sanciones y recorta beneficios. Esto no favorece el reclutamiento de trabajadores cualificados ni refuerza la obligación de abandonar Alemania y, desde luego, tampoco la integración de personas que se quedan a largo plazo”, sostiene Constantin Hruschka, abogado del Instituto Max Planck.