El juzgado de Esplugues de Llobregat (Barcelona) adelanta la cita de la artista, que estaba prevista para el 12 de junio, por seis delitos contra la Hacienda pública
Shakira, en un concierto en diciembre de 2018. CORDON PRESS
El juez que investiga la querella de la Fiscalía por fraude fiscal contra la cantante colombiana Shakira la ha citado a declarar este jueves como investigada por seis delitos contra la Hacienda pública. Según han informado fuentes jurídicas, el juzgado de instrucción número 2 de Esplugues de Llobregat (Barcelona) ha adelantado al próximo jueves día 6 de junio la fecha de la declaración de la artista, que estaba prevista el 12 de junio.
La Fiscalía de Barcelona acusa a Shakira y a su asesor fiscal en Estados Unidos de haber defraudado 14,5 millones de euros al simular no residir en España y ocultar la renta de la artista mediante un entramado de sociedades con sede en paraísos fiscales entre 2012 y 2014. La Agencia Tributaria puso en marcha una investigación que afloró el supuesto fraude, cometido entre 2012 y 2014. Los inspectores consideran que Shakira residía ya entonces de forma habitual en España —y no en Bahamas, como ella alegó— por lo que debería haber pagado aquí sus impuestos. El impago afecta a los impuestos de la renta (IRPF) y patrimonio. Hacienda vio indicios de delito y puso el caso en conocimiento de la Fiscalía, que el pasado diciembre presentó una querella. El ministerio público concluye que la artista colombiana simuló que disponía de residencia fiscal en Bahamas para evitar el pago de impuestos en España. La residencia es clave para determinar el pago de impuestos. Si un ciudadano pasa al menos 183 días (la mitad del año más un día) en España, se le considera residente fiscal. La ley establece que debe entonces tributar en concepto de IRPF por los ingresos que obtiene en todo el mundo (la llamada «renta mundial»). En caso de vivir fuera de España, por el contrario, debe abonar impuestos solo por los ingresos obtenidos en territorio español y a un tipo más favorable, del 24%.
Fuentes próximas a la cantante han asegurado que Shakira ha cumplido con todas sus obligaciones tributarias y que ya pagó los 14,5 millones que le exigía la Agencia Tributaria por lo que, a su juicio, ya no está en deuda con el Estado. Esas mismas fuentes recuerdan que la artista ya ha abonado la cantidad reclamada por Hacienda y que «no está en deuda con el Estado español». Shakira «ha cumplido con sus obligaciones» y asegura, según su entorno, que en todo momento «siguió el asesoramiento legal» de los fiscalistas de PriceWaterhouseCoopers. Por su parte, el Ministerio Público dirige su acusación tanto contra Shakira como contra su asesor fiscal en Estados Unidos, quien fue director de varias de las compañías propiedad de la artista.
De acuerdo con la querella, Shakira urdió un «plan» para no pagar ni el IRPF ni el impuesto sobre el patrimonio a Hacienda, utilizando un entramado de sociedades radicadas en paraísos fiscales que formalmente eran las titulares de los ingresos que percibía.
Añade que la cantante utilizó ese entramado «con el deseo de no tributar», a sabiendas de que «vivía de manera habitual en España y que permanecía en este país la mayor parte del año, a excepción de sus salidas para cumplir con sus compromisos profesionales y sus actividades de ocio».
La Fiscalía sostiene así que Shakira «canalizó los movimientos de capital generado con su actividad profesional» -sus actuaciones o participación en el programa estadounidense The Voice o la comercialización de perfumes con su nombre-, a través de empresas domiciliadas en Islas Vírgenes británicas, las Islas Caimán, Malta, Panamá y Luxemburgo.
No obstante, la querella apunta que, por el momento, «se desconoce cuál pudo ser la participación de miembros del despacho profesional Pricewaterhouse (PwC) en el mantenimiento o reestructuración» del entramado societario que utilizó.
En total, la querella estima que Shakira dejó de tributar a la Agencia Tributaria 12,3 millones de euros por el IRPF de los ejercicios de 2012, 2013 y 2014 y estima en casi 2,2 millones de euros la suma que tendría que haber pagado a la Agencia Tributaria de Cataluña por el patrimonio de que dispuso en esos años.
El País
