La Policía Nacional ha desarrollado esta mañana varios registros por blanqueo de capitales en oficinas y casas vinculadas al expolítico socialista Raúl Morodo, que fue embajador de España en Venezuela entre 2004 y 2007. En la operación, que ha impulsado el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, se ha detenido a cuatro personas, entre ellas, Alejo Morodo, hijo del exembajador. Los otros tres detenidos pertenecen al entorno de ambos y les ayudaron, presuntamente, a aflorar el dinero. Se les atribuye el blanqueo de al menos cuatro millones de euros extraídos ilícitamente de Petroleos de Venezuela SA (PDVSA).

Aunque figura entre los investigados y es uno de los cabecillas de la trama, la policía antiblanqueo de capitales (la denominada UDEF) no tiene previsto detener este lunes a Raúl Morodo debido a su avanzada edad. Morodo es catedrático de Derecho Constitucional y fue uno de los fundadores del Partido Socialista Popular (PSP) junto a Enrique Tierno Galván, que fue alcalde de Madrid.

Los registros policiales ordenados por el juez Pedraz sí atañen, en cambio, tanto a Raúl Morodo como a su hijo Alejo. Anticorrupción les investiga por haber blanqueado en España esos cuatro millones saqueados a la petrolera venezolana, la principal industria de ese país, a cambio de fingidos asesoramientos legales. Para aflorar los millones en España, los Morodo y sus compinches en la petrolera hicieron pasar antes el dinero por Panamá y otros países latinoamericanos. La operación policial está en marcha desde primeras horas de este lunes y aún continúa abierta.

La investigación acredita que Alejo Morodo Cañeque, bajo la sombra de su padre, cobró, al menos, cuatro millones de euros de PDVSA a cambio de falsos asesoramientos realizados entre los años 2008 y 2013. Así consta en contratos y facturas a los que ha tenido acceso EL PAÍS y que forman parte de las pesquisas. La relación entre el gigante del petróleo venezolano y el hijo del embajador se inició precisamente después de que el diplomático socialista Raúl Morodo dejara su puesto de embajador en Caracas.

En 2015, un redactor de este periódico mostró a Alejo Morodo distintos contratos que firmó con PDVSA y que suman los citados cuatro millones. Este justificó la recepción de ese dinero en que su despacho jurídico se encargó de constituir en España una sociedad filial de PDVSA para sus relaciones con España y Portugal. El letrado declinó explicar qué otras supuestas actividades realizó su despacho para la compañía venezolana que justificasen la recepción de los millonarios contratos. Y argumentó la ausencia de explicaciones en el secreto profesional entre abogado y cliente. PDVSA no tenía en los años en que llegó el dinero actividades en España.

El primer contrato entre la petrolera y Alejo Morodo se firmó el 18 de agosto de 2008. Se hizo entre Juan Carlos Márquez Cabrera, en representación de PDVSA, y la sociedad Aequitas Abogados Consultores Asociados SL, con domicilio en la madrileña calle Fortuny. En el documento se establecía que Alejo Morodo cobraría 700.000 euros (660.000 en concepto de honorarios profesionales y 40.000 por gastos reembolsables). El objeto de este y los siguientes contratos, todos firmados en Caracas, era, según su tenor, “la asesoría a la compañía del despacho de abogados de Alejo Morodo en sus actividades en España y Portugal para el continente europeo”. Ningún directivo de compañías españolas del sector petrolífero consultadas por este periódico conocía las actividades de Morodo ni su vinculación con la petrolera.

El 20 de agosto de 2011, un nuevo contrato de PDVSA, representada por Márquez, se firmó con la sociedad panameña Furnival Barristers Corp, representada por Alejo Morodo en calidad de apoderado. En esta ocasión la cantidad fue 526.880 euros. La dirección fiscal que aparece en el documento es Plaza 2000, Building 50th St. de Panamá. Al año siguiente, en 2012, un nuevo contrato se vuelve a firmar entre PDVSA y Aequitas Abogados y Consultores Asociados SL, la sociedad española de Morodo. Entonces la cantidad firmada ascendió a 1.584.000 euros.

Juan Carlos Márquez, el firmante de todos los contratos con el abogado español, remitía al “ciudadano ministro”, según reza el texto, cartas oficiales en las que informaba de la relación contractual de la petrolera con Morodo. En las mismas, detallaba la renovación anual de “los contratos suscritos con las organizaciones Furnival-Aequitas y Marpa”, es decir, las sociedades con las que operó el hijo del diplomático.

Durante los años en que Alejo Morodo cobró de PDVSA, el presidente de la petrolera venezolana y ministro de Energía y Petróleos era Rafael Ramirez, exembajador de Venezuela ante Naciones Unidas hasta su cese en 2017. Ramírez está siendo investigado por la Fiscalía de Venezuela por el saqueo de la petrolera durante su mandato. Dos de sus primos, Diego Salazar y Bastidas Ramírez, ocultaron en la Banca Privada de Andorra (BPA) cantidades millonarias que provenían supuestamente del pago de comisiones de compañías que obtuvieron contratos de PDVSA.

El País