La ONG Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) emitió el lunes un comunicado en que hace un balance de la situación crítica del país, a un año de las elecciones que fueron catalogadas de ilegítimas y fraudulentas, dando inicio al segundo mandato del presidente en disputa Nicolás Maduro.
Las elecciones venezolanas se desarrollaron el 20 de mayo de 2018 y Maduro reasumió el puesto el 10 de enero de este año. Pocos días después, el 23 de enero pasado, el joven opositor Juan Guaidó se proclamó presidente interino invocando la Constitución.
Desde entonces una batalla política, y un incremento de la crisis económica y social que vive la nación, ha puesto en vilo a los venezolanos que pugnan por una salida que les permita mejorar sus vidas.
En su comunicado publicado el lunes, a un año de las elecciones, OVCS «exige poner fin al mandato de Maduro y la realización de elecciones libres, justas y transparentes, para restablecer el orden democrático en Venezuela».
«El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) reitera su denuncia sobre la jornada de votación del pasado 20 de mayo de 2018, acto inconstitucional, ilegal y fraudulento, que derivó en una usurpación de funciones por parte de Nicolás Maduro para gobernar un segundo período presidencial», comienza el texto.
La ONG exigió hace un año la suspensión de la jornada de votación.
«La crisis política, económica y social continúa agravándose y las causas tienen que ver con un grupo de personas que de forma ilegítima, y por vía de la fuerza, permanece aferrado al poder en menoscabo de las libertades y derechos fundamentales de los venezolanos», enfatiza el comunicado.
Explica que «durante estos 12 meses la pobreza y el descontento popular han crecido y se ha evidenciado en las calles. El OVCS documentó más de 17.547 protestas en todo el país, desde mayo de 2018 hasta mayo de 2019», advierte.
Hace énfasis además en que el gobierno en disputa «ha intentado aplacar las numerosas manifestaciones con una política de represión letal que en este lapso deja un saldo lamentable de 63 manifestantes asesinados».
Apunta hacia los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Colectivos Paramilitares, Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) que fungen como grupos de exterminio y Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), como los principales responsables de la represión.
A la vez, indica que pese a los actos represivos, los venezolanos han continuado manifestándose en las calles «para defender y exigir sus derechos políticos, económicos y sociales».
Entre las penurias que los venezolanos achacan a Maduro, el texto señala el deterioro del poder adquisitivo del salario, precarización del empleo, limitadas oportunidades para acceder a alimentos y medicinas, así como el colapso de los servicios básicos como electricidad, agua, gas, transporte público, gasolina, internet y telecomunicaciones.
La ONG también alude a lo que cataloga como «Emergencia Humanitaria Compleja» que se agudiza.
«OVCS apoyamos todas las medidas y acciones dirigidas al restablecimiento de la democracia, el Estado de derecho y a garantizar los derechos humanos de los venezolanos», expresa el texto.
OVCS exige:
1- Continuar los esfuerzos nacionales e internacionales para buscar una solución pacífica a la grave crisis venezolana, y poner fin al régimen inconstitucional de Nicolás Maduro.
2- Reconocer y apoyar las acciones en favor de la restitución de las libertades en Venezuela emprendidas por organismos multilaterales como la Organización de Estados Americanos (OEA), Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Organización de Naciones Unidas (ONU), Grupo de Lima, Unión Europea (UE), así como a los países que han sumado su voz de solidaridad con el pueblo venezolano.
3- La realización de un proceso electoral libre y transparente, conforme a los artículos 25 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el marco de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), con un Consejo Nacional Electoral (CNE) confiable, y con el acompañamiento de observadores internacionales independientes y organismos de protección de derechos humanos.
4- Reconocimiento de las autoridades de la Asamblea Nacional (AN) como único poder autónomo y legítimo, electo por el voto ciudadano.
5- Rechazo de la política de Estado de violencia, represión, persecución y hostigamiento contra manifestantes, integrantes de partidos políticos de oposición, periodistas, trabajadores, estudiantes, defensores de derechos humanos y en contra de todas aquellas personas que demandan el respeto a sus derechos humanos.
Lo que dice el gobierno en disputa
Maduro y sus seguidores no reconocen las críticas ni el llamado de los opositores. Dice que junto a Estados Unidos y otros gobiernos de la región y del mundo, que apoyan a Guaidó, buscan dar un golpe de Estado para derrocarlo.
A su vez ha reiterado que su mandato es legítimo y sigue adelante con sus planes.
VOA
