Los investigadores dicen que las redes criminales modernizadas se están utilizando para intercambiar oro por los alimentos que están apoyando al régimen
A última hora de la tarde del 15 de julio de 2016, un grupo de empleados de la embajada turca en Caracas tuvo problemas para entender las imágenes de su país en sus televisores y pantallas de computadora. Camiones militares estaban bloqueando un puente sobre el Bósforo, los tanques rodaban hacia el aeropuerto de Estambul y el humo salía de las calles de Ankara. Lo mejor que pudieron entender era que grupo dentro del ejército turco estaba tratando de derrocar al gobierno del presidente Recep Tayyip Erdogan.
Imdat Oner, el encargado de negocios de la misión diplomática de Turquía en Venezuela, se esforzaba por escuchar un informe de noticias en vivo cuando sonó un teléfono, alejándolo de sus colegas. En la línea estaba Samuel Moncada, viceministro de Relaciones Exteriores de Venezuela. Oner lo conocía, pero no bien. No sentía que conociera bien a ninguno de los venezolanos, porque la relación entre Turquía y el gobierno de Nicolás Maduro le parecía superficial, en el mejor de los casos.
Durante una década, Turquía había estado tratando de impulsar el comercio con América Latina, pero Venezuela seguía siendo una zona muerta. Hugo Chávez, el antecesor de Maduro, había criticado regularmente a Turquía por su oposición a Bashar al-Assad de Siria, un aliado del régimen venezolano. Poco después de la muerte de Chávez en marzo de 2013, Turquía, como una forma de establecer relaciones económicas, trató de vender a Maduro una ruta de Turkish Airlines que conecta Estambul y Caracas. Maduro ignoró la oferta, dice Oner. Incluso después de que la economía venezolana cayera precipitadamente en un colapso económico prolongado y en curso, las ofertas de Turquía de intercambiar alimentos y productos farmacéuticos por derivados petroleros venezolanos no llegaron a ninguna parte.
Dada la experiencia previa, Oner fue sorprendido por el mensaje que ahora le transmitían en nombre de Maduro, una promesa de solidaridad inquebrantable con Erdogan ante la “intromisión externa”. Maduro parecía convencido de que Estados Unidos había orquestado el levantamiento turco, igual que acusó a los estadounidenses de estar detrás de un infructuoso intento de golpe de 2002 contra Chávez.
Erdogan llegó a estar de acuerdo con él. En los meses posteriores al levantamiento, Turquía despojó a cientos de diplomáticos de sus cargos, incluido Oner, que ahora vive en el exilio en Florida, y los calificó de partidarios de un intento de derrocamiento respaldado por los Estados Unidos. Y Erdogan no olvidó la promesa de apoyo de Maduro. Desde entonces se ha quejado de que casi todos los líderes en Europa permanecieron en silencio durante días después del fracaso del complot. Pero no Maduro. “Con el intento de golpe”, dijo Erdogan en una conferencia de prensa a principios de este año, “conocimos a Maduro. Ha sido un buen comienzo”.
A pocas semanas de la llamada de julio, Maduro anunció su primer viaje a Turquía. Antes de finales de 2016, se inauguró la ruta de Turkish Airlines entre Estambul y Caracas, y las delegaciones de los dos países comenzaron a cruzar el Atlántico para forjar acuerdos. Comenzaron a construir una red comercial secreta, una que podría operar fuera del alcance de las sanciones financieras impuestas por los EE. UU. Sería una red que cotiza en dos monedas poderosas por Venezuela: oro y alimentos.
Maduro estaba cargado con una moneda casi sin valor, el bolívar, que había sido degradado por años de hiperinflación. Las ganancias de las reservas masivas de petróleo de su país, que habían financiado al gobierno venezolano durante décadas, se estaban evaporando debido a la caída de los precios, una infraestructura descuidada y desmoronada, una corrupción rampante y el aislamiento internacional. Los venezolanos se morían de hambre y el índice de aprobación de Maduro se había desplomado. De modo que tomó una línea de salvamento financiera en oro, uno de los pocos recursos de valor que le quedaba.
En agosto de 2016, Maduro anunció que una empresa minera estatal llamada Minerven sería el único comprador oficial de oro en las vastas zonas de la selva, la sabana y las colinas donde la minería había sido clandestina y no estaba regulada, esencialmente legalizando un negocio dominado por pandillas asesinas . Envió tropas militares para obligar a los mineros a cumplir y comenzó a aspirar mineral de minas a cielo abierto. (A través de un portavoz, el ministro de minería, Victor Cano, se negó a comentar esta historia a Bloomberg).
Maduro también comenzó a vender los miles de millones de dólares en lingotes de oro que Chávez, quien detestaba invertir en dólares estadounidenses, había almacenado. La venta masiva trajo indicios de desesperación. Según fuentes del Banco Central de Venezuela, el gobierno vendió en secreto la colección de monedas raras de oro del banco, que data del siglo XVIII. Las monedas, caja por caja, se lanzaron juntas en una sola venta de 30 toneladas a fines de 2017, y Venezuela aceptó un precio basado únicamente en su peso, no en su valor representativo.
Para entonces, Maduro estaba soportando sanciones estadounidenses, principalmente contra individuos en su régimen acusados ??de corrupción, violaciones a los derechos humanos y otros delitos, y parecía anticipar que el Tesoro de EE. UU. podría luego sancionar sus tratos con el oro para sofocar aún más a su gobierno. . Venezuela había estado enviando oro recién extraído al extranjero, principalmente a Suiza, para su procesamiento. En julio pasado, Maduro comenzó a enviarlo a Turquía. Ya había enviado al menos 900 millones de dólares en oro allí cuando, en el otoño pasado, los EE. UU. prohibieron a los individuos, bancos y corporaciones estadounidenses hacer negocios con cualquier persona relacionada con las ventas de oro en Venezuela. Toneladas más han ido desde entonces. El gobierno turco se negó a comentar sobre las acusaciones de irregularidades relacionadas con el comercio de oro.
Venezuela ahora encuentra su asociación comercial con Turquía en la mira de varias organizaciones de aplicación de la justicia en todo el mundo. Investigadores de al menos tres países, incluido los EE. UU., creen que el comercio de oro y alimentos de Venezuela con Turquía se ha convertido en un esquema de múltiples capas construido sobre la base de la criminalidad. La búsqueda del comercio de oro se ha convertido en una parte clave de un gran esfuerzo liderado por los Estados Unidos para aislar aún más la economía de Venezuela y obligar a Maduro a dejar el poder.
“En muchos sentidos, el oro es la clave para la supervivencia del gobierno de Maduro”, dice Américo De Grazia, un legislador de la oposición que representa a la principal región productora de oro de Venezuela, en el estado sureño de Bolívar, el Arco Minero del Orinoco o Arco Minero. “Pero no estoy hablando sobre los programas y el funcionamiento del estado. Estoy hablando más acerca de mantener las fortunas perversas de figuras clave dentro del gobierno”
En el centro de todo está un colombiano llamado Alex Nain Saab Morán, a quien los investigadores de los Estados Unidos creen que es uno de los facilitadores financieros más poderosos del régimen de Maduro. Un examen del imperio de negocios internacionales de Saab y las acusaciones en su contra proporcionan un lente al territorio desconocido en el que Venezuela ha entrado ahora: un lugar de aislamiento estrangulado, donde millones de personas sufren mientras el régimen está rodeado de opositores, todos ellos tratando de romper la última oportunidad a la supervivencia económica.
Durante más de una década, las agencias de aplicación de la ley en los Estados Unidos y América Latina han estado compilando evidencia de que los narcotraficantes sudamericanos estaban trabajando con el gobierno de Venezuela para mover cocaína y lavar dinero. Hicieron escuchas en teléfonos, rastrearon envíos internacionales y construyeron perfiles sospechosos. Hace varios años, el nombre de Saab comenzó a aparecer con una frecuencia notable, según las personas involucradas en esas investigaciones.
En los últimos meses, gracias al comercio de oro y alimentos entre Venezuela y Turquía, Saab ha resurgido como objetivo de importantes investigaciones criminales en los Estados Unidos y Colombia. Los legisladores de la oposición y los ex fiscales de Venezuela también están investigando Saab. La premisa de trabajo es que él y otros han modernizado sus empresas criminales para adaptarse a los desafíos y oportunidades. Saab se encuentra en el centro de amplias investigaciones criminales por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos y agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional, dicen cuatro personas familiarizadas con las investigaciones. Un foco es si el comercio de alimentos y oro con Turquía se está utilizando para lavar las ganancias de la corrupción y para evadir las sanciones de los Estados Unidos, dicen estas personas.
Saab, de 47 años, es un colombiano de ascendencia libanesa cuyo padre inmigrante, Luis, inició Textiles Saab, un exitoso fabricante de toallas y sábanas en la ciudad portuaria de Barranquilla. De niño, Saab asistió a la Escuela Alemana, una academia privada para la élite de la ciudad. Después de graduarse, incursionó en una variedad de empresas comerciales de pequeña escala: “Comencé a trabajar cuando tenía 18 años”, dijo en una rara entrevista en 2017 con el periódico de Bogotá El Tiempo. Saab comenzó a vender bolígrafos con logotipos corporativos y, cuando tenía 19 años, abrió una fábrica de camisetas que terminó exportando a México, EE. UU. Y Venezuela.
Aquellos que han conocido a Saab durante décadas dicen que nunca ocultó su ambición de ser rico. Cuando recorrió las calles de la arenosa ciudad portuaria en esos días, lo hizo desde detrás del volante de su Hummer, según informes de prensa. Su padre aún lidera una especie de organización de refuerzo para la aplicación de la ley en Barranquilla, llamada Policía Cívica. En un breve intercambio telefónico con Bloomberg Businessweek, eludió cualquier sugerencia de que su hijo maneje una red criminal internacional en nombre de los principales líderes del régimen Venezuela. “No, no tengo ningún conocimiento sobre ese caso”, dijo. Los países que investigan a su hijo, sugiere, lo están haciendo para ejercer más presión sobre Venezuela, un país soberano que aún lucha por liberarse de la intromisión extranjera. “El problema en Venezuela”, agrega, “es de los venezolanos”.
Barranquilla había sido durante mucho tiempo un conducto para el contrabando de drogas y el flujo de dinero ilícito, y durante años los investigadores en Colombia y en la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos han mantenido una mirada cautelosa sobre Saab. A principios de la década de 2000, creó una red de empresas de exportación y enlistó a sus familiares como representantes o funcionarios, según muestran los documentos judiciales y registros comerciales de Colombia. La DEA, en una nota confidencial citada por la Policía Nacional de Colombia en un informe para fiscales en Bogotá, describió a Saab como dirigente de una vasta red de lavado de dinero e identificó al menos seis empresas en y alrededor de Barranquilla que supuestamente mueven fondos ilícitos al extranjero.
Saab no respondió a múltiples solicitudes de comentarios para esta historia, ni a preguntas escritas enviadas a dos de sus abogados.
En la entrevista con El Tiempo, negó estar involucrado en contratos corruptos con Venezuela: “Soy un libro abierto, y mis cuentas son claras y mi conciencia está limpia”, dijo.
Los portavoces de la Oficina del Fiscal General de Colombia, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Investigaciones de Seguridad Nacional y la DEA se negaron a hacer comentarios.
La relación en desarrollo de Saab con el gobierno venezolano lo convirtió en uno de los hombres más poderosos de la región. En noviembre de 2011, una compañía de Saab, Fondo Global de Construcción, consiguió un lucrativo contrato para suministrar viviendas prefabricadas para uno de los proyectos del régimen Chávez: desarrollos de viviendas públicas. En una ceremonia de firma en el palacio presidencial de Miraflores en Caracas, Saab se sentó en una mesa con Chávez, su entonces vicepresidente, Maduro, y el entonces presidente colombiano Juan Manuel Santos. Como parte del acuerdo, algunos paneles de viviendas prefabricadas se construirían en Ecuador, luego se enviarían a Colombia a través del Canal de Panamá y finalmente se transportarían por tierra en un largo viaje a Caracas.
La ruta despertó sospechas entre los inspectores de aduanas ecuatorianos, quienes no pudieron averiguar por qué era necesario mover los paneles a través de Colombia. Los ecuatorianos se acercaron a Juan Ricardo Ortega, entonces director general de la agencia de aduanas de Colombia. Comenzó a investigar y a sospechar que el Fondo Global estaba moviendo algo ilícito con los paneles de la vivienda. Para cuando los agentes de Ortega estaban listos para mudarse a inspeccionar los envíos, dijo, misteriosamente dejaron de ser enviados a través de Colombia. A fines de 2013, un tribunal ecuatoriano abrió un caso penal después de que los fiscales dijeran que el contrato era parte de un esquema que permitía a los socios comerciales de Saab lavar más de $ 130 millones en fondos ilícitos a través de exportaciones falsas a Venezuela, muestran las transcripciones de la corte. El mismo Saab no fue acusado de mala conducta.
Los tribunales ecuatorianos finalmente abandonaron el caso contra los socios de Saab después de varios años de investigación. A fines de 2014, Ortega renunció, poniendo fin a cualquier investigación en Colombia. Había recibido demasiadas amenazas de muerte y se mudó con su familia a los EE. UU.
Saab parece tener un don para ganarse la confianza de la gente en lugares altos. Le gustaba pasar sus vacaciones en la nación caribeña de Antigua y Barbuda, volando en su jet Gulfstream G280, y en junio de 2014 convenció a Gastón Browne, el primer ministro, de convertirlo en un enviado económico especial a Venezuela, con la ciudadanía de Antigua y un pasaporte. Luego le pidió a Browne que aprobara la construcción de una fábrica en Antigua para hacer paneles de viviendas. “La idea sería exportar a Venezuela”, dice Browne. Hace aproximadamente dos años y medio, el primer ministro envió funcionarios a Venezuela, incluido uno de sus ministros, a una visita a una fábrica que Saab dijo que era su dueño. Quedaron impresionados con lo que vieron, aunque la fábrica de Antigua nunca se construyó, dice Browne. “Tengo que admitir que Alex se ha convertido en un amigo. Es muy genuino, un buen empresario exitoso”
Luego de que surgieron informes sobre los tratos de Saab con el gobierno de Maduro, Browne lo convocó a una reunión de gabinete para discutir las acusaciones. “Dijo que todo era político, que iban tras él por hacer negocios con Venezuela”, dice Browne. “Dijo que era inocente de las acusaciones”.
Saab, por su parte, ha enviado a sus abogados contra periodistas que han publicado denuncias de ilegalidad. El año pasado, Saab demandó a Univision Communications Inc., la cadena de televisión en español, dos veces en una corte estatal en Miami, por difamación, por historias sobre sus negocios. Saab abandonó una de las demandas después de que Univision negara las acusaciones y buscara querellarlo. La otra demanda está pendiente, en espera de la respuesta de Saab a la moción de desestimación de Univision. En 2017, Saab demandó al portal de investigación venezolano Armando.info en Caracas por difamación por los informes de que él era un frente para Maduro y estaba involucrado en contratos corruptos de alimentos, lo que llevó a cuatro periodistas de sus periodistas a mudarse a Colombia por temor a que se le prohibiera informar y posiblemente, fueran encarcelados en Venezuela. Ese caso está pendiente.
Luisa Ortega Díaz, ex Fiscal General de Venezuela, pasa de gran parte de su tiempo tratando de rastrear los movimientos de Saab y sus asociados. “Parece que han trasladado su base de operaciones a Turquía”, dice ella.
Hace casi dos años, Ortega salió de Venezuela en una lancha rápida y luego en un avión privado hacia Colombia, donde se embarcó en un exiliado auto-impuesto de alto perfil. Al menos seis fiscales la siguieron a Colombia, donde construyen casos como si fueran la oficina de facto del fiscal general de Venezuela. Ortega parece obsesionada con exponer las conexiones de Saab con su ex jefe, Maduro, y tratar de encarcelar al hombre de negocios.
Ortega tiene su cuota de enemigos. Durante una década como fiscal general, construyó una fachada de legitimidad legal para los gobiernos de Chávez y Maduro. Ella sigue atormentando el desprecio entre la oposición venezolana por, entre otras cosas, el encarcelamiento del líder opositor Leopoldo López y otros rivales de Maduro bajo su supervisión. También enfureció a los venezolanos yendo a la televisión estatal para negar las acusaciones de que las fuerzas de seguridad habían sodomizado a un manifestante con el cañón de un rifle de asalto durante una manifestación contra Maduro en 2014, un incidente que ha sido una piedra desde entonces.
A mediados de 2017, Ortega se volvió contra el gobierno que había pasado años defendiendo. Ella reprendió a la Corte Suprema por despojar a la Asamblea Nacional de Venezuela de su poder y comenzó a criticar abiertamente a Maduro. La despidió, y su esposo, ex legislador chavista, fue acusado de corrupción. Cualquiera que sea su pasado, Ortega ahora dice que huyó de su país al menos en parte porque su búsqueda de casos fue obstaculizada por jueces y políticos en Caracas que protegen a los compinches de Maduro.
En una tarde nublada a fines de febrero en Bogotá, tres fiscales que trabajaban para Ortega en Caracas se sientan en escritorios metálicos maltratados en oficinas abarrotadas, que todavía tienen un cartel descolorido del inquilino anterior, una pequeña empresa de exportación, afuera de la puerta. “Bienvenido a la Oficina del Fiscal General de Venezuela en el exilio”, dice uno de ellos. “Este es nuestro centro de mando”. Los ex fiscales piden que no se publiquen sus nombres, por temor a la seguridad de la familia en Venezuela. Trabajan en un espacio del tamaño de una modesta sala de estar. Una bandera venezolana cuelga en un rincón, cerca de un retrato descolorido de Simón Bolívar, el mítico líder de la guerra de independencia de Venezuela de España, de la que Chávez se apropió como símbolo de su, y hora Maduro, de “revolución social”. Muchos de los insumos que procesan, provienen de personas que aún trabajan para el régimen de Maduro y las agencias policiales. Ortega dice que ha llevado esta información a fiscales y procuradores generales en países como Colombia, México, Suiza y los EE. UU.
El sistema de oro por alimentos es un esquema de varias empresas multinacional destinado a ocultar el flujo de dinero y bienes, dicen los investigadores. Esa complejidad es una especialidad de Saab, según Carlos Paparoni, un legislador de la oposición en Venezuela que ha estudiado los registros de pagos, contratos y documentos corporativos relacionados con el comercio. El oro se envía a Turquía y se convierte en efectivo, que paga los alimentos. Algunos alimentos se envían desde Turquía, según las personas involucradas en la organización de envíos, pero gran parte de ellos se obtienen en México. Antes de enviarlo a Venezuela, su valor se infla, lo que permite a las personas involucradas en el esquema obtener dinero de las transacciones, dice Paparoni.
La comida ha sido muy escasa en Venezuela durante años. Un estudio académico de 2017 citado por la Asamblea Nacional estima que el 93 por ciento de las familias no gana lo suficiente para comprar los alimentos básicos que necesitan. En abril de 2016, Maduro inauguró la última versión del programa estatal de distribución de alimentos, los Comités Locales de Suministro y Producción, mejor conocidos por el acrónimo CLAP. Los comités tienen un virtual monopolio sobre los alimentos subsidiados. Afirman que llevan en venta casa por casa, por casi nada, cajas de alimentos básicos como pasta, arroz, harina y leche en polvo. Desde finales de 2016, el contratista de alimentos dominante para el programa CLAP, dice Paparoni, ha sido Saab.
Las empresas que Saab ha establecido para cumplir con los contratos de alimentos están en manos de asociados de confianza y se han registrado en México, Venezuela, Hong Kong y Turquía, dicen Paparoni e investigadores en Colombia y los Estados Unidos.
Algunas eran entidades preexistentes que parecen haber sido reutilizadas. . “No pone su nombre en casi nada”, dice un ex fiscal venezolano que trabaja para Ortega. Pero un examen de los representantes legales, direcciones y números de teléfono de estas empresas apuntan al empresario colombiano, dicen los investigadores. Un ejemplo es Group Grand Ltd., una compañía establecida en 2013 en Hong Kong y mudada a México en 2017. De 2015 a 2017, Shadi Nain Saab, el hijo de Saab, fue incluido en la lista de documentos de registro como director. Desde fines de 2016, el Grupo Grand ha obtenido unos $ 700 millones en contratos de alimentos, que Saab ha cumplido en gran parte con alimentos de una red de proveedores relacionados, principalmente en México, dicen investigadores en Colombia. El Grupo Grand también obtuvo $ 213 millones en contratos para suministros médicos, según investigadores en Colombia y Venezuela. En la entrevista de El Tiempo, Saab negó que él o cualquiera de sus familiares formaran parte del Grupo Grand o de cualquier otra empresa vinculada a contratos de alimentos corruptos, como Ortega ha afirmado. “Absolutamente falso”, le dijo al periódico.
En octubre pasado, en respuesta al cabildeo de Luisa Ortega, la división del crimen organizado del fiscal general mexicano anunció una multa de $ 3 millones para que las compañías que envían alimentos a Venezuela en compensación a las acusaciones de sobreprecios que superaron el 100 por ciento, según el jefe de la división. Ortega dice que Saab se salió fácil. Los mexicanos no lo acusaron ni a él ni a nadie más de los delitos, y los detalles clave del acuerdo, incluidos los nombres completos de las compañías y sus principales ejecutivos, siguen sellados por orden judicial. “Es simplemente imposible de explicar”, dice Ortega. “Imagina todo el inmenso daño al estado venezolano y al pueblo. Y fueron multados sólo con $ 3 millones. No se acerca remotamente a lo que el estado y el pueblo de Venezuela perdieron “.
Los agentes de investigaciones de seguridad nacional en los Estados Unidos continúan investigando el comercio de Saab a través de México como un vehículo para lavar los beneficios de la corrupción y evadir sanciones, tres Las personas familiarizadas con esas investigaciones afirmaron.
El giro de Saab hacia Turquía parece haber ocurrido poco después de que Maduro y Erdogan comenzaran a consolidar los lazos económicos. Los documentos revelados por primera vez por Armando.info muestran que Group Grand transfirió un lucrativo contrato de alimentos del gobierno en abril de 2018 a una compañía turca llamada Mulberry Proje Yatirim AS. Mulberry tiene su sede en Estambul y está representada por personas que actúan como representantes de otras compañías relacionadas con Saab, según un alto funcionario del gobierno familiarizado con una investigación criminal en curso por la Policía Nacional de Colombia. Al menos una empresa más controlada por Saab y sus socios comerciales también recibió contratos para suministrar alimentos desde Turquía al programa CLAP, según comentó una persona familiarizada con las investigaciones del Departamento de Justicia de EEUU
Después de haberle confiado a Saab gran parte del programa alimentario venezolano, Maduro comenzó a darle a la red de Saab más y más supervisión del comercio de oro con Turquía. Maduro nombró a Adrian Perdomo Mata, quien había trabajado en al menos dos de las compañías de Saab, como presidente de Minerven. Luego Maduro tomó el negocio del oro de las manos del estado y lo puso sólidamente bajo la esfera de influencia de Saab, dice De Grazia, un legislador de la oposición. Maduro anunció una empresa conjunta llamada Mibiturven, entre Minerven y una compañía minera turca relativamente desconocida llamada Marilyns Proje Yatirim AS. Investigadores en Colombia y en el congreso de Venezuela creen que Marilyns también está controlada por Saab y sus socios comerciales debido a los representantes y direcciones compartidos. “Hipotéticamente, Minerven es el único comprador estatal de oro que está a cargo de todo”, dice De Grazia. “Pero Minerven no existe, para todos los fines y propósitos. La realidad es que esta empresa turca, Mibiturven, está haciendo todo el comercio de oro ”.
Antonio Rufino, presidente de Mibiturven, no respondió a las solicitudes de comentarios.
Los nexos de Saab con el oro no se detienen ahí. Los fiscales federales en los EE. UU. y legisladores de la oposición en Venezuela están investigando si Saab tiene vínculos comerciales con un importante comprador del oro de Venezuela en Abu Dhabi, una firma de inversiones llamada Noor Capital, a través de un ejecutivo que hace mucho tiene negocios con Venezuela. Los registros muestran que las compañías vinculadas a Saab en Turquía reciben pagos de Noor y al menos otras dos compañías que compraron oro venezolano, lo que le permite a Saab obtener fondos en un momento en que el Banco Central de Venezuela no puede realizar dichos pagos debido a las sanciones de EE. UU. (Noor, en una declaración, niega haber cometido un delito y dice que ha dejado de hacer negocios con Venezuela).
El otoño pasado, un juez en Bogotá que supervisaba una investigación criminal de lavado de dinero emitió una orden secreta de arresto contra Saab, dos de sus hermanos, su ex esposa y dos subordinados, todos los cuales ocupan cargos en la red de compañías de Saab en Colombia. Horas antes de que la policía se moviera para hacer los arrestos, Saab y sus familiares huyeron de Colombia en un avión privado, dicen investigadores colombianos. Acusaron a un investigador policial de haberlos avisado pocas horas antes.
Se cree que Saab ahora vive en Caracas, donde tiene un hogar, varias empresas y, según la policía de Colombia, un pasaporte venezolano. La policía sospecha que su ex esposa terminó en París, donde la pareja separada tiene una casa en Boulevard Saint-Germain. Un hermano está en Canadá y otro en Italia, según los informes de vigilancia proporcionados a los investigadores colombianos. Saab se ha estado moviendo, recientemente viajó entre Caracas y París a través de las Antillas francesas con pasaportes de Venezuela y Antigua y Barbuda, según los investigadores. A principios de abril viajó a Austria con el pasaporte de Antigua, según muestran los informes de los investigadores. Los fiscales en Bogotá acudieron a los tribunales en marzo para persuadir a un juez de que declarara a Saab un fugitivo internacional, buscando desencadenar una orden de arresto de la Notificación Roja a nivel mundial por parte de Interpol. Pero a principios de abril, los abogados de Saab lograron persuadir a un juez diferente para que trasladara el caso a Barranquilla, su ciudad natal, donde los fiscales temen que haya dominado a los jueces que podrían complicar sus posibilidades de victoria. Los fiscales están apelando el fallo ante la Corte Suprema de Colombia.
Las opciones de viaje de Saab parecen estar reduciéndose. Cuando le preguntaron a Browne, el primer ministro de Antigua y Barbuda, sobre la orden de arresto de Colombia para Saab, dijo no estar enterado y mostró sorprendido. Recuperándose, dijo que el estatus de Saab como enviado económico especial sería revocado. “No sabía de ninguna acusación criminal”, afirmó Browne. “Lo conocemos como un hombre de negocios, pero tenemos que ser prudentes”. Luego se dirigió a su ministro de Relaciones Exteriores, que estaba en la habitación con él, y enfatizó que Saab no podía conservar su pasaporte de Antigua. “Así que vamos a revocarlo”.
Los funcionarios del Tesoro de los Estados Unidos han sospechado de los acuerdos de oro de Venezuela y Turquía desde el principio, y sus preocupaciones inicialmente se basaron en la preocupación por Irán y la financiación de los grupos terroristas del Medio Oriente. Durante años, los agentes de la DEA han estado siguiendo a Tareck el Aissami, un íntimo colaborador de Chávez y Maduro. Creían que el Aissami estaba trabajando en representación de Venezuela con los cárteles de la droga colombianos y mexicanos y que estos grupos formaban parte de un plan internacional más amplio de lavado de dinero que ayudaba a financiar a Hezbolá.
En enero de 2017, Maduro convirtió a Aissami en su vicepresidente. Un mes más tarde, el Departamento del Tesoro de los EE. UU. impuso sanciones contra el Aissami en virtud de la Ley de Foreign Narcotics Kingpin Designation. Las penas no disminuyeron su influencia. El verano pasado, Maduro puso a Aissami a cargo del Ministerio de Industria y Producción Nacional, lo que le permitió supervisar gran parte de los acuerdos de oro de Venezuela con Turquía.
Descifrado
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