Pedro Chávarry ha retirado a Rafael Vela y José Domingo Pérez, quienes indagaban sobre cuatro expresidentes y la líder opositora Keiko Fujimori
Una protesta a las afueras del Ministerio Público en Lima. En vídeo, las declaraciones del fiscal general y del fiscal de lavado de activos. LESLIE MORENO
A pocas horas de Año Nuevo, el fiscal general de Perú, Pedro Chávarry, investigado por ser parte de la red de corrupción del sistema de justicia, ha puesto en peligro las investigaciones sobre la corrupción de Odebrecht en Perú al destituir a los dos principales miembros del equipo especial Lava Jato, el fiscal coordinador Rafael Vela y el fiscal del blanqueo de capitales, José Domingo Pérez, reconocido como el hombre del año en Perú por sus investigaciones a la excandidata presidencial Keiko Fujimori y al expresidente Alan García.
Chávarry además ha anunciado que hará público el acuerdo de colaboración con la constructora brasileña Odebrecht, un documento que debía permanecer en reserva hasta que fuera firmado por los ejecutivos brasileños a mediados de enero en Brasil y, posteriormente, homologado por un juez en Perú. Por dicho convenio la constructora acepta entregar al ministerio público peruano las pruebas de todos los casos que investiga, que implican a los principales políticos del país sudamericano, entre ellos cuatro expresidentes, la exalcaldesa de Lima y la líder de la oposición, Keiko Fujimori.
En agosto, un informe de la fiscal Sandra Castro que investiga la trama de corrupción Cuellos Blancos del Puerto indicó que el jefe de la fiscalía es parte de dicha red. Desde entonces, varios congresistas y el fiscal anticorrupción han presentado cuatro acusaciones por infracción constitucional contra Chávarry. Pese a que han transcurrido cinco meses, la bancada fujimorista en el Congreso ha impedido que dichas denuncias sean debatidas en la subcomisión de acusaciones constitucionales. En una conversación de Keiko Fujimori con el comité político de su partido mediante el sistema de mensajería Telegram, la congresista Rosa Bartra indicaba que la permanencia del jefe de la fiscalía era “un asunto de sobrevivencia”.
Además, el 21 de diciembre el fiscal Pérez pidió al ministerio público que investigara a Chávarry por encubrimiento a favor de la líder del fujimorismo en el caso Cócteles, es decir, la trama del blanqueo de los 1,2 millones de dólares que recibió de Odebrecht la campaña electoral de Keiko Fujimori en 2011.
El magistrado alertó de que Chávarry buscaba “sustraer de la persecución penal a Keiko Fujimori y evitar que las pruebas sean recabadas”. Cuatro días después de esas declaraciones fue retirado de su función.
“Se ha podido verificar que el fiscal José Domingo Pérez procedió a cuestionar mi elección, conducta que ha sido reiterativa, ha atentado contra el principio de la jerarquía funcional y ha desobedecido en guardar la reserva de la investigación”, dijo Chávarry como argumento para destituir al magistrado Pérez y al coordinador del equipo especial, Rafael Vela.
“Lo que ha hecho Chávarry es devolverle el favor a quienes estaban blindándolo todos estos meses. Lo hace por orden de Alan García y Keiko Fujimori, porque por fin empiezan a avanzar las investigaciones en su contra. El acuerdo obliga a Odebrecht a decir toda la verdad, esto ha precipitado esta indignante decisión que los peruanos vamos a repudiar en las calles”, comentó a la radioemisora RPP Verónika Mendoza, lider de Nuevo Perú y excandidata presidencial de la izquierda en 2016.
Hace un par de semanas, Vela anunció que a mediados de enero viajaría con dos miembros del equipo especial Lava Jato de Perú a Brasil para interrogar a 24 exejecutivos de Odebrecht sobre 34 de las más de 40 pesquisas que tienen a su cargo. El acuerdo pendiente de firma en Brasil garantiza además las pruebas obtenidas desde 2017 por las autoridades peruanas.
Tras anunciar Chávarry que destituía a los magistrados encargados del caso se han celebrado manifestaciones en la plaza San Martín del centro histórico de la ciudad de Lima, además de protestas en Cuzco, Arequipa, Huancayo, Huánuco, Huaraz y Tacna.
En ausencia del presidente Martín Vizcarra, quien viajó a la toma de posesión del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, la vicepresidenta Mercedes Aráoz ha pedido al Congreso que tome «una acción inmediata” sobre las denuncias por infracción constitucional contra Chávarry, que puede ser investigado por su relación con la trama de corrupción Cuellos Blancos.
Poco después, el jefe de Estado, vía Twitter, rechazó la decisión del fiscal de la nación y anunció que adelantará su regreso a Perú por este motivo. “Expreso mi enérgico rechazo ante la remoción de los fiscales a cargo de los más importantes casos de investigación sobre corrupción. La lucha frontal contra la corrupción y la impunidad es una política prioritaria de Gobierno, una necesidad impostergable y una causa ciudadana”, afirmó Vizcarra.
Protección de la investigación
A las 10:30 del lunes, el fiscal Pérez, a quien aún no se había sido notificado formalmente su destitución, fue al centro de Lima a sellar la puerta de su oficina y proteger las pruebas de la investigación sobre Keiko Fujimori, ya que desde el domingo se había detectado un fallo en el sistema biométrico de seguridad que protege su despacho. Para ese fin pidió la presencia del fiscal penal de turno.
«Hay información sensible de la investigación a Keiko Fujimori y tengo el temor de que pueda ser objeto de alguna sustracción. Como fiscal me sorprende la decisión de cesarme en la función, pues no es cierto que mis opiniones hayan afectado el principio de jerarquía o autoridad. Las investigaciones de control interno sobre ello fueron archivadas», comentó el fiscal provincial Pérez.
«Soy un fiscal que va a defender sus fueros. Finalmente, lo que habían adelantado los testigos protegidos se está concretando en la captura de la institución [la fiscalía] por parte de los intereses que actualmente están investigados por lavado de activos y corrupción», añadió.
El magistrado permaneció trabajando hasta pasadas las 3:30 de la mañana del martes mientras los ciudadanos cantaban al pie del edificio el himno nacional y coreaban «Domingo, amigo, el pueblo está contigo» y «Fiscales valientes, el pueblo los defiende».
Tras la decisión de Chávarry de destituir a los fiscales clave de la investigación Lava Jato, los dos fiscales supremos no vinculados a la trama de corrupción del sistema de justicia, Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos, exhortaron al fiscal general a «que se desista de los cambios anunciados por el bien de la institución y de la lucha anticorrupción». Los fiscales aseguran que el cambio de magistrados «debilita sustancialmente los niveles de cooperación internacional, especialmente con Brasil», en las más de 40 investigaciones que lleva a cabo que desempña el equipo a cargo de la trama Lava Jato.
La decisión de Chávarry recuerda al indulto del autócrata Alberto Fujimori por supuestas razones humanitarias que anunció en la Nochebuena del 2017 el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski a cambio de no ser destituido por el Congreso: a última hora, en la sombra, en fechas festivas y provocando idéntica indignación en la ciudadanía.
El País
