Sofía Pisani, venezolana de 39 años, reside en Estados Unidos sin un pasaporte vigente. Como muchos de sus compatriotas, intentó renovar el documento de identidad el año pasado, solicitando una cita en el consulado a través de la web del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime). En noviembre, tras cinco meses de pruebas frustradas, logró enviar el formulario. Solo por hacer la petición tuvo que pegar 200 dólares, un cobro que empezó a implementarse en 2016. El salvoconducto de Pisani ya había caducado para entonces, por lo que solo pudo aspirar a una prórroga por dos años. Le dieron fecha para el 23 de febrero, pero un mes antes Nicolás Maduro anunció el cierre de la embajada de Venezuela en EE UU y todos sus servicios consulares. “No tengo pasaporte y mis 200 dólares cayeron en manos de Maduro”, lamenta la oriunda de Maracay. Ahora es el equipo de Juan Guaidó el que tiene un plan para solucionar el problema en Washington.
La reparación de este embrollo burocrático parece estar en marcha. Gustavo Tarre, el embajador nombrado ante la Organización de Estados Americanos (OEA) por Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por una cincuentena de países, explica que están trabajando para proveer a todos los venezolanos que están en EE UU de una identificación consular. “Eso les permitiría a los ciudadanos que tienen el pasaporte vencido poder tramitar una cuenta bancaria, o una licencia de conducir”, sostiene. Los representantes diplomáticos en Washington del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela están limando los detalles de esta medida junto con el Departamento de Estado y el de Seguridad de EE UU. “Después de eso viene reabrir los consulados, luego la admisión del pasaporte… es un trabajo largo, que pasa también por una reorganización del registro civil, que era un desastre”, apunta Tarre, que esta semana fue reconocido por la OEA como representante permanente designado de la Asamblea Nacional.
El lunes, Carlos Vecchio presentó sus credenciales como embajador de Venezuela ante el presidente Donald Trump en la Casa Blanca. Es el representante diplomático reconocido por EE UU, el primer país que reconoció a Guaidó cuando el pasado 23 de enero se proclamó presidente encargado del país, invocando la Constitución, al considerar ilegítima la toma de posesión de Nicolás Maduro. El martes, la OEA reconocía a Tarre. Arranca una nueva fase para la diplomacia de Juan Guaidó.
El trabajo de Vecchio y Tarre es como el de cualquier embajador, con una importante particularidad: el Gobierno al que representan no es el único que reivindica el poder en Venezuela. No existen muchos precedentes de dos cuerpos diplomáticos enfrentados que reclaman la representación un mismo país. La diplomacia rival es un elemento clave en la lucha de poder en Caracas, en la consolidación de los apoyos internacionales. Pero, en medio de esa lucha de poder, hay cerca de 3,4 millones de venezolanos que viven en el extranjero, atrapados entre dos administraciones.
La falta de servicios consulares provoca dificultades prácticas a los venezolanos que viven en EE UU. Pisani, por ejemplo, ha tenido que rechazar ofertas laborales que implicaban viajes fuera del país. María Rodríguez, caraqueña de 40 años, se siente prisionera: “Estamos presos en Estados Unidos, no podemos salir. Si estás en un proceso de residencia, de permiso de trabajo o estudio, y tu documentación no está vigente, no puedes demostrar que eres venezolano”. Rodríguez tiene su pasaporte vencido desde noviembre del año pasado. Debía pagar el coste de solicitar una cita por tres, ya que sus dos hijos también necesitaban renovar el documento. “No lo hice porque había escuchado de gente que pagó, y nunca los llamaron. Además, me pedían mi número de tarjeta, mi dirección, mi teléfono…”, asegura. No solo para ese trámite. Tarre afirma que, para inscribirse en el registro electoral “cuando abrían espacio para hacerlo”, exigían una prueba de residencia legal. «Es decir, lo único que les faltaba era denunciarlos a la policía y eso no está en ninguna ley venezolana”, lamenta.
El problema consular de Venezuela en EE UU “no es reciente”, aclara Francisco Hernández, venezolano radicado en Washington. Hernández asegura que tuvo que pagar por su pasaporte una cifra elavada para un trámite de esta índole: un billete de ida y vuelta a Caracas. “Desde la entrada a la presidencia de Maduro es muy difícil, si no imposible, sacar un pasaporte. Una pesadilla”, explica.
Como parte del plan del equipo de Guaidó para revertir esta situación está el «recuperar» los edificios diplomáticos. En marzo tomaron el control de tres sedes diplomáticas y esperar hacer lo propio con las cuatro restantes. La embajada está ocupada por el que hasta este martes era el equipo diplomático acreditado en la OEA de Maduro. «Ellos tienen que salir. Nosotros no estamos interesados ni en atropellar, ni en buscar a la policía para que se vayan», aclara Tarre.
Obtener un visado en EE UU es cada vez más difícil para los venezolanos. Si en 2015 se emitieron más de 237.000 visados, en 2018 la cifra rondó los 28.600, según el Departamento de Estado. A su vez, las solicitudes de asilo se han disparado hasta colocar a Venezuela como el país que más peticiones de protección realizó el año pasado (más de 2.000 mensuales), casi triplicando a Guatemala, el segundo del listado. El lado bueno -si cabe- para los asilados políticos es que no están atados a los trámites consulares. Mariana Solórzano, de 28 años, es el rostro de la tranquilidad. “Tengo el pasaporte vencido y pedí cita, pero nunca me llegó una respuesta. Mi abogado me dijo que no me preocupara porque tengo asilo político”, explica.
El País
