Me propongo poner en cuestión la propuesta que sostiene que una salida posible para la crisis humanitaria, social, económica, política y de los derechos humanos, que vive Venezuela, podría ser la de unas elecciones con Maduro en el poder. Esta idea, me parece, no es más que una perspectiva ingenua, ilusa, en algún caso hecha con buena intención, pero carente de viabilidad, de sustento real. En lo que sigue me propongo explicar por qué no es posible.

Esa ilusión parte de una premisa: que con cambiar a los rectores del Consejo Nacional Electoral de hoy –cuatro que actúan, de forma abierta y descarada, a favor de mantener al régimen en el poder; y un quinto de posiciones inciertas– se crearían las condiciones necesarias para hacer la convocatoria. El nuevo directorio del Consejo Nacional Electoral podría, en un tiempo relativamente corto, cambiar los funcionarios claves de hoy por funcionarios competentes y confiables, establecer los controles necesarios al sistema electrónico electoral –lo que incluye los procesos de totalización del voto–, y garantizar que la acreditación de los testigos de mesa no sea saboteada por los intereses del PSUV.

Todos estos elementos que he mencionado, y algunos otros, como la distribución de los centros de votación, el establecimiento de circuitos electorales que sean representativos de las realidades demográficas del país, estarían en manos de ese nuevo Consejo Nacional Electoral. Pero la cuestión, y este es el meollo de mi punto de vista, es que todo lo anterior es necesario pero insuficiente.

Ocurre que en los procesos electorales en Venezuela confluyen otros factores, de tanta relevancia como los anteriores, que no están bajo el control del Consejo Nacional Electoral, sino del poder militarista y violador de los derechos humanos, encabezado por Nicolás Maduro.

El primer aspecto que debo resaltar es el peso grosero y abrumador que el Plan República ha adquirido en los procesos electorales. En realidad, lo que viene ocurriendo es que la ejecución concreta del proceso electoral ya no tiene un carácter civil, sino que está en manos de uniformados, cuyo alto mando militar se asume y cacarea como represente del partido en el poder. Han sido uniformados, amparados en sus armas, los que, violando la ley, han impedido el acceso de los testigos opositores a los centros de votación, los que han reprimido y negado a los medios de comunicación hacer su trabajo, los que impiden a candidatos y representes de los partidos políticos ejercer una contraloría real del proceso electoral. El Plan República se ha convertido en un obstaculizador, en un actor partidista, que no ha titubeado en usar la violencia en contra de electores, periodistas y representantes de las organizaciones políticas. Como tampoco ha dudado cuando, al cierre de la jornada de votación, han expulsado por la fuerza a los representantes opositores para alterar las actas y la voluntad de los electores.

Además de lo anterior, hay algo que no puede olvidarse a esta hora: la única tarea primordial que los electores hubiésemos podido esperar del Plan República en los procesos electorales, especialmente de los últimos diez años, es que impidieran los ataques físicos y las acciones de amedrentamiento que las bandas de paramilitares –colectivos– han ejecutado en contra de electores, concentraciones y centros de votación. Del mismo modo que los uniformados son espectadores cómplices de los asedios y ataques en contra de diputados opositores en las inmediaciones de la Asamblea Nacional, que ocurren en sus narices, están documentados centenares de casos en los que el Plan República, estando presente, ha dejado a los ciudadanos indefensos en manos de las pandillas gobernadas por Maduro y su banda.

Hay que añadir: ¿cómo organizar un proceso electoral con Maduro en el poder, cuando el registro electoral está en manos de la camarilla cubana, que ha llegado al extremo de cambiar electores opositores de ciudad, para impedir que ejerzan su derecho al voto?

¿Cómo organizar un proceso electoral con Maduro en el poder, cuando hay 4 millones de venezolanos dispersos por el mundo, a los que habría que garantizar su derecho al voto, si la red partidista y corrupta de consulados, dedicada a la propaganda y a la mentira, sigue, en su mayoría, en manos de los usurpadores?

¿Cómo organizar un proceso electoral cuando algunos de los más importantes partidos políticos venezolanos han sido borrados por decisiones ilegales e ilegítimas, provenientes de organismos igualmente ilegales e ilegítimos, controlados directamente por Maduro y sus secuaces?

¿Cómo organizar unas elecciones con Maduro en el poder, mientras se mantienen vigentes los mecanismos de coerción y chantaje que obligan a empleados públicos, beneficiarios de las bolsas CLAP, pensionados y otras personas, a votar por el régimen?

¿Cómo organizar unas elecciones con Maduro en el poder, cuando ese poder mantiene una hegemonía de los medios de comunicación, cuando ha silenciado la totalidad de los medios televisivos y radioeléctricos, cuando ha destruido o cerrado medios de comunicación, cuando ha detenido, enjuiciados, torturado, expulsado, sembrado y echado a la calle a centenares de periodistas?

¿Cómo organizar unas elecciones con Maduro en el poder, cuando la experiencia nos ha enseñado que, sin contrapeso ni control alguno, movilizan todo el poder del Estado, recursos financieros, logísticos, cuerpos de seguridad y demás ventajas, violando las leyes y las reglas elementales de un torneo electoral limpio y equilibrado?

¿Cómo organizar unas elecciones con Maduro en el poder, cuando hay centenares de presos políticos, miles de dirigentes políticos exiliados, muchos de ellos fundamentales en sus respectivas organizaciones, a los que se negaría su derecho de estar en el país, de elegir y ser elegido?

Editorial de El Nacional