La Organización Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex) anunció este lunes su incorporación a la coalición política opositora Derecha Ciudadana, que aglutina a grupos y personalidades que “defienden la propiedad privada, el libre mercado” y la limitación del poder de los gobiernos.
Para Veppex, el ideario de esta coalición opositora venezolana, cuyo lema es “La salida del socialismo es por la derecha”, representa la “solución a los daños” causados por el socialismo durante décadas en Venezuela.
El grupo de exiliados venezolanos expresó su “compromiso con la coalición” y designó a uno de sus miembros, Esteban Hernández, coordinador juvenil de Veppex, como el enlace entre ambas organizaciones para “facilitar el trabajo de cooperación”.
La directiva de Veppex indicó la importancia de que los venezolanos se unan con “propuestas distintas” bajo los “principios compartidos” de esta coalición para poder hacer frente al “estatismo”, tan “arraigado” en Venezuela.
Unos objetivos políticos que, según Veppex, con sede en Miami, aspira a “lograr y materializar” esta plataforma opositora.
«Agradecemos enormemente la iniciativa de este grupo de venezolanos que entendieron la problemática actual de Venezuela y la importancia de accionar correctamente», indicó la organización en un comunicado.
Y llamó a todos los venezolanos a sumarse a esta iniciativa que “representa el cambio profundo en la manera de hacer política y en sus ideales”.
Comunicado de la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio en relación a la coalición política Derecha Ciudadana
La Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio… https://t.co/6kH69ria7P
— Veppex (@Veppex1) 25 de marzo de 2019
Versión Final
Edgar Zambrano, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN), dijo este lunes que detener a Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, sería la última decisión de Nicolás Maduro.
“Apresar a Juan Guaidó sería la última acción de Nicolás Maduro por lo que él representa para la sociedad venezolana. Antes del 5 de enero el país no tenía una referencia en los términos políticos y de convocatoria a esa sociedad demócratica, como la ha hecho Guaidó”, explicó.
Zambrano agregó que si se realiza una detención contra Guaidó, él seguiría siendo el presidente interino del país y presidente del Parlamento de la AN.
#25Mar @edgarzambranoad, primer vicepresidente de la AN: Apresar a Juan Guaidó sería la última acción del gobierno por lo que él representa para la sociedad venezolana. Sigan nuestra transmisión #NoticiasEnVIVO por #VIVOplay: https://t.co/1QcPa6bsXs pic.twitter.com/ndyA15gfXg
— VIVOplay (@vivoplaynet) 25 de marzo de 2019
La Prensa de Lara
El proceso biológico del ganado se vio alterado por el apagón nacional. En mataderos están limitando la recepción de carne por temor a otro apagón y saqueos.
Un agudo verano, una sequía cada vez más preocupante y, encima, la alteración del ciclo biológico del ganado vacuno nacional producto del apagón nacional prolongado por más de 100 horas, dan como resultado un complicado escenario para los productores agrícolas de la región zuliana. Todavía más si se le suma la venta del 30% de la producción cárnica que deben hacer los ganaderos a la Gobernación del Zulia, por decreto.
Las consecuencias de este “blackout” fueron inmediatas. Al menos 1 millón 300 mil litros de leche se descompusieron y 71 reses (del matadero Maticolca) que formaban parte del porcentaje a otorgar a la Gobernación, se deterioraron tras la espera.
Aún así, por las características de la producción agropecuaria, las pérdidas siguen contabilizándose. Para las próximas semanas, el abastecimiento de productos lácteos disminuirá un 40% en los comercios de la región, según estimaciones del segundo vicepresidente de Fedecámaras Zulia, Ricardo Acosta.
Acosta prevé que tomará, al menos, dos meses para que se normalice la producción y llegue al nivel que se tenía antes del apagón.“El sector ganadero todavía no se ha reactivado, sigue evaluando perdidas. El problema es un sector de mucha planificación, no es como el comercio que uno coloca un producto, o no es como la industria que uno arregla la máquina, que tiene su proceso, pero es un proceso garantizado. (…) Esto es una recuperación progresiva”, sentenció.
Gerardo Ávila, presidente de Federación de Ganaderos de la Cuenca del Lago de Maracaibo (Fegalago), explicó que, para entender la capacidad de recuperación del sector, el primer elemento a analizar es la producción láctea, pues “una vaca que ya parió y que está en su ciclo de lactancia, cuando atraviesa un estrés como el verano, la sequía, la falta de pasto, de alimento, normalmente tiende a bajar su producción si no es suplementada con alimento concentrado o con alguna ayuda”.
“En esta ocasión, donde evidenciamos más de 100 horas sin energía eléctrica, donde no hubo suministro de agua, que tiene que ser constante, esto afecta la producción de leche. Cuando una vaca baja la producción recuperarla nuevamente es difícil”, dijo Ávila.
Es decir, una vaca que estaba produciendo unos 8 – 10 litros de leche, y se somete a cambios bruscos en su alimentación e hidratación, puede disminuir la cantidad a unos 6 o 5 litros. Revertir este escenario, y volver al litraje inicial, es una tarea cuesta arriba durante una misma lactancia, ya que el ganado seguirá bajando la cantidad de leche hasta “secarse”. Para reponerse, debe iniciar otro proceso de lactancia.
Otro rubro pecuario, el cárnico, también se vio afectado por varios motivos desencadenados de la falla eléctrica. Los mataderos no aceptaban res durante el apagón, no había combustible para surtir a las plantas eléctricas para refrigerar la carne, y los transportistas temían tomar las vías para distribuir la carne y, por otro lado, llegada la electricidad, los transportistas se rehusaban a trasladar los cargamentos por temor a los saqueos.Esto último sigue vigente.
Sin embargo, Avíla agregó que a esta secuencia de tragedias se suma otra: “Adicional a la pérdida de animales, tenemos la situación que seguimos viviendo en el Zulia, a nivel de producción de carne, con los porcentajes ilegales, írritos e inconstitucionales que todavía son objeto los productores agropecuarios porque la Gobernación sigue quitándoles un 30% y hasta un 50% del ganado que se arrima a matadero”.
“Exhortamos, emplazamos a la Gobernación del estado y a la Secretaría de Asuntos Agropecuarios a que dejen de ser una barrera para producir en el estado. Necesitamos que se deje de ocasionar distorsiones en la cadena de comercialización porque hoy tenemos a la Gobernación como otro actor más que no es natural en la cadena y que pretende seguir haciéndose de una producción que no les pertenece sino que le pertenece al consumidor”, apuntó.
En esto coincidió Daniel Ariza, presidente de la Asociación de Ganaderos y Agricultores del municipio Colón (Aganaco) y añadió que, “ese porcentaje no llega directamente al pueblo, no es lo que incide en la rebaja del precio del consumidor. (…) Hay momentos en que pagan un precio irrisorio. Menos del 50% del precio real en el mercado. Es un capricho. No hay ni siquiera un estándar serio, pagan los que ellos quieran”.
Además, dijo que en el eje sur las pérdidas en el sector lechero están en el orden del 60%, ya que los casi 5 días sin electricidad alteraron el ciclo natural del ordeño. Con respecto a la carne, Ariza fue enfático al resaltar que los distribuidores no están comprando carne como usualmente lo hacían, por “temor de que ocurra un segundo apagón igual de intenso. El distribuidor, el carnicero, no quiere comprar más reses de las que vende a diario porque tiene pérdidas millonarias luego del apagón”.
También en la Costa Oriental del Lago (COL) hay reservas ante el comercio de la carne. Miguel Paladino, presidente de la Asociación de Ganaderos de la COL (Agel), informó que, durante el apagón, los mataderos no estaban aceptando arrime de novillos e incluso aún se ve limitada la aceptación de animales para el matadero debido a la incertidumbre que reina en el ambiente, por un posible nuevo apagón nacional. Donde antes nos recibían 80 o 100 reses, casi el 50% (de mataderos) nos están limitando (la cantidad de reses) a poco menos de la mitad”.Destacó que se registraron pérdidas que rondan el 80% de la producción de en los días sin electricidad, lo que cuantificó entre 50.000 y 60.000 litros de leche. Paladino agregó que el 35% y 40% de ganaderos en la COL, dedicados a la elaboración de queso fresco, se vio afectado por una merma en la producción. Dijo también que muchos comercios “están manejando inventarios muy mínimos, por la amenaza latente de saqueo”. El drama del traslado termina de dificultar la distribución de estos rubros base. Hay temor, dijo presidente de Agel, en la vía de la carretera Lara-Zulia y sobre todo en la entrada de ciertos poblados.
PANORAMA
Una charla organizada por el Colegio de Arquitectos en la sede de la organización colegial en Vigo en torno a la situación política actual de Venezuela derivó este sábado en un altercado entre residentes venezolanos en la ciudad gallega y seguidores del régimen de Nicolás Maduro, que acompañaban a los ponentes.
La Federación Venezolana de Galicia (Fevega) calificó de «bochornoso incidente de agresiones físicas y verbales» lo ocurrido en el marco de la jornada «Hands off Venezuela/Manos fuera de Venezuela. Claves para entender la situación actual», en la que participaron como oradores el representante consular en Vigo del régimen de Nicolás Maduro, Martín Pacheco, y el empresario vasco residente en Venezuela, Agustín Otxotorena.
La situación, explican, se tensó cuando este último estaba en el uso de la palabra. Otxotorena, indican, disertaba sobre la situación actual del país americano negando la existencia de una crisis humanitaria y cuestionando la cobertura que los medios de comunicación españoles realizan de la cuestión. Su discurso soliviantó a parte del auditorio y algunos ciudadanos venezolanos interpelaron al ponente rebatiendo su visión. Fue entonces, denuncia la Fevega, cuando se generó una «inmediata situación de tensión, forcejeos y agresiones verbales y físicas por parte de simpatizantes del acto contra varios miembros de la comunidad venezolana allí presentes» con el resultado de varios lesionados. Algunas personas, afirma el colectivo, precisaron asistencia hospitalaria tras sufrir crisis de ansiedad.
#24Mar Miembros de la Comunidad Venezolana residente en Vigo fueron atacados física y verbalmente por miembros afectos al gobierno de Maduro – @mardelumes pic.twitter.com/eWWgnbXJlN
— Reporte Ya (@ReporteYa) 24 de marzo de 2019
Venezuela al día
Felipe VI y Macri sellan en Buenos Aires la recuperación de las relaciones con España
Los Reyes de España caminan junto al ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Jorge Faurie tras aterrizar este domingo en Buenos Aires (Argentina). MARISCAL (EFE) /
El viaje de Estado de los Reyes a Argentina no ha tenido un buen comienzo. El aeroparque metropolitano Jorge Newbery, en Buenos Aires, donde aterrizó este domingo a las 21.00 hora local (cuatro más en España) no disponía de una escalera apropiada al tamaño del Airbus 310 de la Fuerza Aérea Española que ha transportado a los Reyes y su séquito desde España, debido a que se trata de un aeropuerto en el que operan aviones más pequeños. Y nadie lo previó. Como consecuencia, los Reyes no pudieron desembarcar hasta 50 minutos después de que su avión hubiese aterrizado, mientras a pie de pista la comitiva de recepción esperaba atónita.
Tras tomar tierra, el avión oficial efectuó su aproximación a la zona en la que estaba formada la compañía de honores y esperaban los ministros de Exteriores de Argentina y España, Jorge Faurie y Josep Borrell, pero al comprobar que la talla de la escalerilla por la que debían bajar los Reyes era inapropiada para llegar hasta la puerta de la nave empezó a cundir la intranquilidad.
Los mohínes de sorpresa del comité de autoridades que esperaba a los Reyes dieron paso en instantes a una rápida sucesión de expresividad facial: incredulidad, perplejidad, tensión, angustia… pánico. Tras varios intentos que sacudieron en vertical todo el conducto reglamentario de la jerarquía, se barajó la posibilidad de que el avión oficial volviera a despegar y se dirigiera al aeropuerto internacional del Ezeiza, donde se dispone de escaleras mayores. Finalmente, se decidió que había que utilizar la escalera del avión del presidente argentino Mauricio Macri, que tiene el mismo aeropuerto como base. Pero entonces surgió otro problema. La escalera del avión de Macri estaba en un hangar al que se accedía por huella dactilar y los intentos de encontrar a la persona concreta que podía activarla resultaban infructuosos.
El relato de lo que sucedía estaba en la cara de los ministros. Con todos sus matices. Entretanto, las ventanillas del avión oficial estaban llenas de caras. Casi una hora después, cuando por fin el oficial había ordenado descansar a los soldados que esperaban formados para rendir los honores en medio de una situación que nadie parecía controlar, ha llegado la escalera del avión del presidente Macri y el pasaje ha podido desembarcar.
El ministro de Exteriores español, Josep Borrell, durante la espera en pie de pista a que se solucionara el problema. MARISCAL EFE
Superado el imprevisto, los Reyes han sido recibidos con honores por los ministros Faurie y Macri y los embajadores argentino y español, Ramón Puerta y Javier Sandomingo. Llegan con una apretada agenda oficial para los próximos días en la capital de Argentina y en la ciudad de Córdoba, donde inaugurarán el Congreso Internacional de la Lengua Española. La visita de Estado, que se inicia este lunes y termina el martes, tiene un marcado perfil político y económico e implica un nuevo respaldo de España a la apertura comercial emprendida por Argentina desde la llegada de Mauricio Macri a la presidencia del país en 2015, que representó la recuperación de la confianza entre ambos países y la apuesta por el multilateralismo.
Las relaciones entre España y Argentina sufrieron un socavón con el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) y su nacionalismo económico. En ese contexto, en 2012 se produjo la expropiación de la compañía petrolera YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales), participada por Repsol, y la denuncia del Convenio de Doble Imposición entre Argentina y España, entre otras medidas que afectaron a empresas españolas. Ese año España dejó de ser el primer país inversor en Argentina (desde entonces es el segundo, después de los Estados Unidos) y la desconfianza entre ambos países se disparó.
La inversión española experimentó una caída en el país como consecuencia de las malas relaciones, la inseguridad jurídica y la crisis económica. En 2006, las empresas españolas aportaban el 31% de la inversión extranjera en el país según datos de IED. En 2015, el último de los peronistas en la Casa Rosada, se situó en el 18%. A finales de ese año, la llegada de Macri a la presidencia de Argentina como cartel de la coalición Cambiemos, de carácter conservador, marcó un cambio de rumbo.
Dos años después de asumir la jefatura del Estado, en febrero de 2017, Macri hizo una visita de alto nivel a España con una comitiva de 200 empresarios y el restablecimiento de la correspondencia económica como objetivo. En la cena en su honor ofrecida por Felipe VI en el Palacio Real el 22 de febrero, el Rey hizo constantes apelaciones a la “cercanía emocional y los fuertes lazos” entre ambos países “por encima de las diferentes vicisitudes” atravesadas y celebró “la revitalización de nuestros contactos institucionales”. “Somos socios y amigos, compañeros y aliados”, destacó en su brindis, en “el multilateralismo y la apertura de nuestras sociedades y mercados”.
En abril de 2018, el entonces presidente del Gobierno Mariano Rajoy realizó un viaje oficial a Argentina para intensificar el vínculo y allanar el terreno a las empresas españolas. Hacía más de 10 años que un presidente español no realizaba una visita oficial bilateral a Argentina. Fue con José Luis Rodríguez Zapatero y Néstor Kirchner de presidente saliente. Ahora el flujo institucional entre ambos países se ha reencauzado y la visita de Estado sellará la recuperación de las relaciones en el marco del multilateralismo. Sin embargo, Argentina atraviesa en este momento turbulencias que han hecho retroceder su economía en un 2,6% y han depreciado de forma ostensible el peso frente al dólar, teniendo que ser rescatada por el Fondo Monetario Internacional.
Los Reyes participan este lunes en una ofrenda ante el monumento al general San Martín y luego son recibidos en la Casa Rosada por el presidente Macri y la primera dama, Juliana Awada, en una ceremonia de bienvenida oficial. Tras las reuniones y un almuerzo privado en la Quinta de Olivos, la residencia oficial del presidente, el Rey mantendrá encuentros con los representantes del poder legislativo y judicial en el Senado y la Corte Suprema de la Nación Argentina. Por la noche, el presidente Macri y la primera dama ofrecen a los Reyes una cena de gala en el Centro Cultura Kirchner, a la que asisten unos 400 invitados y en la que están previstos discursos de ambos jefes de Estado. En la segunda jornada, el Rey y Macri participarán en un encuentro con empresarios argentinos y españoles.
MÁS DE 300 EMPRESAS
En la actualidad hay más de 300 empresas españolas operando en Argentina (Telefónica, la que mayor presencia tiene), que dan trabajo a unas 96.000 personas. También hay casi medio millón de españoles que residen en el país austral y más de 60.000 argentinos viviendo en España. En 2018, España exportó bienes a Argentina por valor de 1.192 millones de euros, mientras que las importaciones de este país se situaron en 1.780 millones, con una balanza comercial deficitaria de 589 millones. Argentina es el trigésimo noveno cliente de España (libros, vehículos y accesorios) y su cuadragésimo proveedor (residuos de la industria agroalimentaria, crustáceos y cobre). Para Argentina, España es el noveno proveedor y su noveno cliente de Argentina, el segundo en la UE. El stock de inversión acumulada por España es de 5.824 millones de euros.
El País
La Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración de la Asamblea Nacional, presidida por el diputado Francisco Sucre, emitió un comunicado de alerta para denunciar ante la comunidad nacional e internacional, Derechos Humanos y prensa libre del mundo, la última arremetida del régimen de Nicolás Maduro, recrudeciendo la persecución y el terrorismo de Estado para generar zozobra ante la dirigencia política democrática y el pueblo venezolano.
El diputado Francisco Sucre manifestó en su cuenta de Twitter (@fcosucre) que Maduro busca institucionalizar la persecución política de una “dictadura cada día más aislada”.
“Hace dos días el régimen arrestó en una brutal arremetida a Roberto Marrero, jefe de despacho de la presidencia de Juan Guaidó, presidente (E) de Venezuela y militante de Voluntad Popular. A estas horas se desconoce el estado de su integridad, ya que se encuentra aislado”, publicó Sucre en el comunicado en su Twitter.
#URGENTE ALERTA INTERNACIONAL a toda la comunidad internacional y opinión pública ante la última arremetida del régimen usurpador de Nicolás Maduro, que solo busca institucionalizar la persecucion politica de una Dictadura cada dia mas aislada #24M pic.twitter.com/wi4tKPL5AR
— Francisco Sucre (@fcosucre) 24 de marzo de 2019
El Carabobeño
A continuación las principales conclusiones del fiscal especial Robert Mueller al término de su investigación de casi dos años, tal cual fueron resumidas por el secretario de Justicia de Estados Unidos, William Barr, principal destinatario del informe:
– No existen elementos de prueba de un entendimiento o una coordinación entre el equipo de campaña de Donald Trump y Moscú para influenciar en los resultados de las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016.
– No hay lugar para recomendar nuevas inculpaciones, más allá de las 34 personas ya acusadas hoy, entre ellas seis allegados a Trump que fueron condenados.
– Los rusos llevaron a cabo acciones con el fin de influenciar el resultado de las presidenciales de 2016. Primeramente lo hicieron gracias a una campaña en las redes sociales que apuntó a desinformar y dividir a los electores, y luego pirateando las computadoras de dirigentes del Partido Demócrata y del equipo de campaña de Hillary Clinton para difundir informaciones comprometedoras para la candidata.
– No existe conclusión definitiva sobre una posible “obstrucción a la justicia” por parte de Trump, quien en mayo de 2017 despidió al entonces director del FBI, James Comey.
En este tema, según el resumen firmado por Barr, Mueller escribió: “Este informe no concluye que el presidente haya cometido un crimen, pero tampoco lo exonera”.
Barr, primer destinatario de este tan esperado documento, destacó que el informe, que examinó desde el viernes, no hace mención a delito alguno susceptible de conducir, según su punto de vista, a procedimientos judiciales sobre la base de una obstrucción a la justicia.
El fiscal especial Mueller se apoyó en un equipo formado por 19 juristas y alrededor de 40 agentes federales y diversos expertos del FBI.
En 22 meses, emitió más de 2.800 asignaciones judiciales, cerca de 500 órdenes de allanamiento, más de 230 mandatos de incautación de documentos. Su equipo de investigadores lanzó 13 cartas rogatorias al extranjero e interrogó a unos 500 testigos.
Reporte del fiscal general sobe el informe de Robert Mueller
El Diario El País de España realizó una traducción completa del texto redactado por Barr:
El informe del fiscal especial
El viernes, el fiscal especial me entregó “un informe confidencial explicando las decisiones de enjuiciamiento o rechazo” que ha alcanzado, como fue requerido por el 28 C.F.R. 600.8 (c). Este informe está titulado “Informe sobre la investigación en la interferencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016”. Aunque mi revisión sigue en curso, creo que es de interés público describir el informe y resumir las conclusiones principales alcanzadas por el fiscal especial y los resultados de su investigación.
El informe explica que el fiscal especial y su personal investigaron a fondo alegaciones de que miembros de la campaña presidencial de Donald J. Trump, y otros asociados con ella, conspiraron con el Gobierno ruso en los esfuerzos por interferir en las elecciones presidenciales en Estados Unidos de 2016, o buscaron obstruir las investigaciones relacionadas. En el informe, el fiscal especial observa que, para completar su investigación, empleó 19 abogados que fueron asistidos por un equipo de aproximadamente 40 agentes del FBI, analistas de inteligencia, forenses contables y otros profesionales. El fiscal especial emitió más de 2.800 citaciones judiciales, ejecutó 500 órdenes de registro, obtuvo más de 230 órdenes para registros de comunicaciones, emitió cerca de 50 órdenes autorizando el uso de registros de llamadas, realizó 13 peticiones de evidencias a Gobiernos extranjeros, y entrevistó a aproximadamente 500 testigos.
El fiscal especial obtuvo un número de imputaciones y acusaciones de individuos y entidades en conexión con su investigación, todas las cuales han sido divulgadas públicamente. Durante el curso de su investigación, el fiscal especial también remitió algunos otros asuntos a otras oficinas para que tomaran medidas. El informe no recomienda ninguna otra imputación, ni tampoco el fiscal especial ha obtenido ninguna imputación lacrada que tenga que hacerse pública. Debajo expongo las principales conclusiones del informe del fiscal especial.
Interferencia rusa en las elecciones presidenciales de EE UU de 2016
El informe del fiscal especial se divide en dos partes. La primera describe los resultados de la investigación del fiscal especial sobre la interferencia de Rusia en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2016. El informe subraya los intentos rusos de influenciar en la elección y documenta crímenes cometidos por personas asociadas con el Gobierno ruso en conexión con esos intentos. El informe explica más adelante que una primera consideración para la investigación del fiscal especial fue si algún estadounidense -incluidos individuos asociados con la campaña de Trump- se unió a la conspiración rusa para influir en las elecciones, lo que hubiera supuesto un crimen federal. La investigación del fiscal especial no ha encontrado que la campaña de Trump ni nadie asociado con ella conspirase o se coordinase con Rusia en su esfuerzo para influir en las elecciones presidenciales de EE UU en 2016. Como establece el informe: “[La] investigación no estableció que miembros de la campaña de Trump conspirasen o se coordinasen con el Gobierno ruso en sus actividades para interferir en la elección”. *
La investigación del fiscal especial determina que hubo dos principales intentos rusos de influenciar en la elección de 2016. El primero involucraba intentos por parte de una organización rusa, la Agencia de investigación en Internet (IRA, Internet Research Agency), para provocar desinformación y llevar a cabo operaciones en las redes sociales en Estados Unidos para sembrar la desavenencia social, eventualmente con el objetivo de interferir en las elecciones. Como se cita más arriba, el fiscal especial no encontró que ningún estadounidense o nadie relacionado o asociado de forma oficial con la campaña de Trump conspirase o coordinase con conocimiento con la IRA en sus esfuerzos, aunque el fiscal especial ha presentado cargos criminales contra una serie de ciudadanos rusos y entidades de ese país en conexión con esas actividades.
El segundo elemento tiene que ver con los intentos del Gobierno ruso de llevar a cabo operaciones de hackeo de ordenadores, diseñados para reunir y diseminar información que influyera en las elecciones. El fiscal especial encontró que actores del Gobierno ruso accedieron con éxito a ordenadores y obtuvieron correos electrónicos de personas afiliadas a la campaña de Clinton y organizaciones del Partido Demócrata, y que públicamente diseminaron esos materiales a través de varios intermediarios, incluyendo WikiLeaks. Basado en esas actividades, el fiscal especial presentó cargos contra un número de militares rusos por conspirar en el asalto (hack) a ordenadores en Estados Unidos con el propósito de influenciar en las elecciones presidenciales. Pero según se cita arriba, el
fiscal especial no encontró que la campaña de Trump, ni nadie asociado con ella, conspirase o se coordinase con el Gobierno ruso en esos intentos, a pesar de las múltiples ofertas de individuos asociados con Rusia para ayudar en la campaña.
* Al evaluar los potenciales cargos por conspiración, el fiscal especial también consideró si los miembros de la campaña de Trump “coordinaron” con las actividades rusas de interferencia en las elecciones. El fiscal especial definió “coordinación” como un “acuerdo -tácito o expreso- entre la campaña de Trump y el Gobierno ruso para la interferencia electoral”.
Obstrucción de la justicia
La segunda parte del informe aborda una serie de acciones por parte del presidente – la mayoría de las cuales ha sido objeto de informes públicos- que el fiscal especial investigó como posibles casos de obstrucción a la justicia. Después de realizar una “investigación exhaustiva y objetiva” sobre estos asuntos, el fiscal especial consideró si evaluar la conducta bajo los estándares del Departamento [de Justicia] que se refieren a las decisiones de acusación o rechazo, pero al final decidió no llevar a cabo un juicio tradicional de acusación. Por lo tanto, el fiscal especial no extrajo una conclusión –en un sentido u otro- en cuanto a si la conducta examinada constituía una obstrucción a la justicia. En vez de eso, para cada una de las acciones relevantes investigadas, el informe presenta evidencia de ambos lados de la cuestión y deja sin resolver lo que el fiscal especial considera como “asuntos difíciles”, de hecho y de derecho, concernientes a si las acciones y la intención del presidente podrían verse como una obstrucción. El fiscal especial afirma que “si bien este informe no concluye que el presidente cometió un delito, tampoco lo exonera de este”.
La decisión del fiscal especial de describir los hechos de su investigación sobre la obstrucción sin llegar a ninguna conclusión legal hace que sea el fiscal general el que determine si la conducta descrita en el informe constituye un delito. En el transcurso de la investigación, la oficina del fiscal especial mantuvo conversaciones con ciertos funcionarios del Departamento de Justicia con relación a varios asuntos legales y fácticos relacionados a la investigación sobre la obstrucción. Después de revisar el informe final del fiscal especial sobre estos temas; consultando con los funcionarios del departamento, incluida la oficina de asesoría legal; y aplicando el principio de la fiscalía federal que guía nuestras decisiones de imputación, el fiscal general adjunto Rod Rosenstein y yo hemos llegado a la conclusión de que la evidencia conseguida durante la investigación del fiscal especial no es suficiente para establecer que el presidente cometió un delito de obstrucción de la justicia. Nuestra decisión se tomó sin tener en cuenta, ni tampoco se basa en las consideraciones constitucionales que rodean la acusación y el procesamiento penal de un presidente en ejercicio.
Al tomar esta determinación, notamos que el fiscal especial reconoció que “la evidencia no nos demuestra que el presidente estuvo involucrado en un crimen subyacente relacionado con la interferencia en las elecciones rusas”, y que, aunque no es determinante, la ausencia de tal evidencia se relaciona con el intento del presidente con respecto a la obstrucción. En términos generales, para estar convencidos de la obstrucción a la justicia, el Gobierno tendría que demostrar, más allá de toda duda razonable, que una persona, actuando con intenciones corruptas, participó en una conducta obstructiva con un nexo suficiente para un procedimiento pendiente o contemplado. Al catalogar las acciones del presidente, muchas de las cuales se realizaron en público, el informe no identifica acciones que, en nuestra opinión, constituyan una conducta obstructiva que tuviera un nexo con un procedimiento pendiente o contemplado, y fueran realizadas con una intención corrupta. Bajo los principios de la fiscalía federal que guía las acusaciones, sería necesario probar, más allá de toda duda razonable, que se cometió un delito de obstrucción a la justicia.
Estado de la revisión del Departamento
Las regulaciones relevantes contemplan que el informe del fiscal especial será un “informe confidencial” para el fiscal general. Ver Oficina de Asesoría Especial, 64 fed. reg. 37,038,37,040-41 (9 de julio de 1999). Sin embargo, como he dicho anteriormente, soy consciente del interés público en este asunto. Por esa razón, mi objetivo e intención es divulgar la mayor cantidad de informes del fiscal especial que pueda en conformidad con la ley, los reglamentos y las políticas aplicables.
Basándome en mis conversaciones con el fiscal especial y en mi revisión inicial, es evidente que el informe contiene material que está o podría estar sujeto a la regla federal del procedimiento penal 6 (e), que impone restricciones en el uso y divulgación de información relacionada con un(os) “asunto(s) que ocurren ante un gran jurado”. Fed. R. Crim. P. 6 (e) (2) (B). La regla 6 (e) generalmente limita la divulgación de cierta información del gran jurado en una investigación y acusación criminal. La divulgación de material 6 (e) más allá de los límites estrictos establecidos en la regla es un delito en ciertas circunstancias. Véase, por ejemplo, 18 U.S.C. 401 (3). Esta restricción protege la integridad de los procedimientos del gran jurado y garantiza que los poderes de investigación únicos e inestimables de un gran jurado sean usados estrictamente para la función de justicia penal para la que están destinados.
Teniendo en cuenta estas restricciones, el cronograma para procesar el informe depende en parte de la rapidez con que el Departamento pueda identificar la información 6 (e) contenida en el informe tan pronto como sea posible. Por separado, también debo identificar cualquier información que pueda afectar a otros asuntos en curso, incluidos aquellos que el fiscal especial ha remitido a otras oficinas. Tan pronto como acabe ese proceso, estaré en una posición para avanzar rápidamente en la determinación de lo que se puede publicar a la luz de las leyes, regulaciones y políticas del Departamento.
Como observé en mi notificación inicial, las regulaciones del fiscal especial establecen que “el fiscal general puede determinar que la divulgación pública de” las notificaciones a sus respectivos comités “sería de interés público”. 28 C.F.R. 600.9 (c). Así lo he decidido, y divulgaré esta carta al público después de entregársela.
Atentamente,
William P. Barr
Fiscal general
AFP
El líder opositor venezolano Juan Guaidó advirtió este domingo que aumentará la presión en la calle contra el gobierno de Nicolás Maduro, sin dejarse “distraer” por montajes, después de que el mandatario le acusara de haber dirigido un plan para asesinarlo.
“No nos van a distraer con ollas montadas y nuestros perseguidos nos han dicho claramente: ‘no nos detengamos»”, expresó Guaidó, jefe del Parlamento reconocido como presidente encargado de Venezuela por más de 50 países.
El sábado Maduro acusó al dirigente legislativo, a quien califica de “títere” de Estados Unidos, de haber fraguado un fallido complot magnicida. “Al títere diabólico le acabamos de desmantelar un plan, que dirigía él personalmente, para matarme”, dijo el gobernante socialista durante una marcha del chavismo en Caracas.
El oficialismo denunció que el partido político de Guaidó, Voluntad Popular, puso en marcha una operación para que “sicarios” contratados en El Salvador, Guatemala y Honduras y entrenados en Colombia cometieran “asesinatos selectivos” y “sabotajes” a servicios públicos en Venezuela.
Señalado como “organizador”, el jefe de despacho de Guaidó, Roberto Marrero, fue arrestado el jueves por agentes de inteligencia.
En un mensaje que difundió este domingo en Instagram, Guaidó llamó a sus partidarios a prepararse para “la fase máxima de presión” en su pugna con Maduro.
Desde hace días, promete convocar “pronto” a una manifestación nacional hacia el palacio presidencial de Miraflores.
Ratificando sus habituales llamados a la Fuerza Armada a desconocer a Maduro, el opositor pidió a los militares que “se unan al clamor del pueblo venezolano y exijan también el cese definitivo de la usurpación”.
Guaidó se proclamó el pasado 23 de enero frente a una multitud luego de que el Parlamento declarara a Maduro “usurpador” del poder, alegando que se reeligió en votaciones fraudulentas.