El fiscal especial Robert Mueller entregó el viernes los resultados de una investigación que se prolongó por casi dos años.

WASHINGTON D.C. — El fiscal general William Barr no entregará el sábado al Congreso los resultados de la investigación del fiscal especial Robert Mueller.

Un funcionario del Departamento de Justicia informó en condición de anonimidad a Reuters y Associated Press que los legisladores no verán el informe un día después de que Mueller lo entregara al departamento de Justicia, como se esperaba.

El fiscal Barr dijo a legisladores estadounidenses que podría informarles sobre las «principales conclusiones de Mueller este fin de semana». Bajo las regulaciones del Departamento de Justicia, Barr está facultado para decidir cuánto divulgar públicamente.

La gran pregunta es si el informe contiene acusaciones de irregularidades por parte de Trump o si lo exonera. Mueller investigó si el equipo de campaña del mandatario conspiró con Moscú para tratar de influir en los comicios y si el político republicano intentó posteriormente obstruir su investigación.

Trump, quien pasa el fin de semana en su resort Mar-a-Lago en Florida, no ha comentado a reporteros ni dicho en Twitter, una de sus formas favoritas de comunicarse, sobre la finalización de una investigación que ha ensombrecido sus dos años en la Casa Blanca. Trump no tenía eventos públicos programados para el sábado y fue por la mañana al campo de golf que posee en el lugar.

Los 235 miembros del grupo demócrata en la Cámara de Representantes de Estados Unidos tenían programada para el sábado a las 15:00 hora local (1900 GMT) una teleconferencia, dijo un asesor del partido opositor.

Mueller no recomendó realizar más acusaciones, dijo un alto funcionario del Departamento de Justicia, que destacó que posiblemente no se presenten más cargos criminales contra los colaboradores de Trump derivados de la investigación. El fiscal espacial presentó cargos contra 34 personas y tres compañías durante de su pesquisa, con sentencias de prisión para algunos de los exasesores de Trump.

El viernes por la noche, una agrupación privacidad presentó una demanda solicitando la divulgación pública del informe de Mueller.

Legisladores de ambos partidos instaron a la rápida divulgación de la pesquisa. Los demócratas, en particular, exigieron que no se deje nada sin revelar. Barr, quien asumió el cargo en febrero, fue nombrado por Trump luego de despedir en noviembre a su predecesor Jeff Sessions.

Voz de América

Un tira y afloja entre un juez federal y un fiscal, crispa el ambiente argentino en un año electoral en el que gobierno y oposición parecen evaluar cada caso en función de su provecho político.

Parece la trama de una de esas series de televisión en que las intrigas, las influencias y la corrupción velan por un alto rating.

El caso que investiga el juez federal argentino Alejo Ramos Padilla, de la localidad bonaerense de Dolores, por lo menos tiene los clásicos ingredientes. “Estamos investigando una red de espionaje político y judicial de magnitud”, dijo ante la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados el magistrado, que lleva la causa que tiene procesado y en prisión preventiva a Marcelo D’Alessio, un supuesto abogado que resultó no serlo y a quien el empresario Pedro Echebest denunció por haber intentado extorsionarlo.

Básicamente y a manera de ejemplo, D’Alessio utilizaba la información para presionar, coaccionar y extorsionar con objetivos políticos, judiciales y económicos, según lo publicado por el medio argentino Perfil. Una de sus “víctimas” era la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. Tendría lista información personal de ésta, que pretendía usar en su contra.

Perfil | Argentina

Según la denuncia del empresario Echebest, D’Alessio le pidió 300.000 dólares para evitar verse involucrado en el caso de presuntos sobornos a antiguos altos funcionarios del kirchnerismo, en el que también está procesada la expresidenta Cristina Fernández. El fiscal de la llamada “causa de los cuadernos”, Carlos Stornelli, niega tener relación con el asunto; y también se niega a declarar ante el juez Ramos Padilla, que acaba de citarlo por tercera vez.

DW | Carlos Stornelli

Las puertas del infierno

“D’Alessio de alguna manera abrió las puertas del infierno”, dice a DW Javier Miglino, abogado especialista en derechos humanos y director de la ONG Defendamos la República Argentina. Considera “por lo menos curiosa” la negativa de Stornelli a declarar. “Creo que el juez Ramos Padilla tiene, de alguna manera, la legitimidad de decir ‘yo corté con este affaire de corrupción, y ahora empiezo a investigar. Por eso sería interesante que todos los involucrados colaboraran con la Justicia, por lo menos para evitar toda esta situación que no hace más que enrarecer el clima político en la República Argentina”, apunta.

El oficialismo ve las cosas de otra forma. Los diputados de “Cambiemos” no estuvieron presentes para escuchar a Ramos Padilla en la Comisión de Libertad de Expresión, por considerar, según un comunicado, que se trató de una “puesta en escena”.

Pero el periodista Carlos Pagni, citado por Perfil, dice que si todo es como la línea de investigación apunta, estaría involucrada la número dos de la Agencia Federal de Inteligencia,(AFI) Silvia Majdalani. Lo anterior involucra de sobremanera al gobierno argentino en la trama.

La situación no le llama tanto la atención a Pablo Secchi, Director Ejecutivo de la Fundación Poder Ciudadano, el capítulo argentino de Transparencia Internacional. “Es algo que viene sucediendo con gravedad hace muchos años”, señala el politólogo, refiriéndose a “como se mete el Poder Ejecutivo en el Poder Judicial”. Cuando surgen causas incómodas, “lo primero que intentan es desplazar al juez”, indica.

Polarización política

Eso no implica, desde luego, que la situación no le preocupe. Por el contrario. Según Secchi, “en Argentina todo responde a la famosa grieta que tenemos entre el oficialismo y cierta oposición. Entonces, lo que se busca es ver cómo esta causa en particular puede favorecer a uno de los dos bandos. Algunos dicen: ‘si efectivamente Stornelli estaba haciendo algo por fuera de la norma, esto quiere decir que la causa de los cuadernos es toda mentira’. Y no es así. Una causa no tiene que ver directamente con la otra. En la causa de los cuadernos hay muchísimas pruebas para avanzar en ese sentido. Y en esta causa en particular se tiene que investigar, porque todavía es bastante preliminar”.

Miglino coincide en cuanto a los efectos de la polarización. “Hay un razonamiento de que, si investigamos a los que estaban antes, todo bien; si investigamos a los que están ahora, no tanto. Yo creo que eso es lo que la gente siente en la calle”, dice el abogado.

A su juicio, “sería positivo para la República Argentina que esta causa siga adelante -me refiero a la causa de D’Alessio, a este gran affaire de corrupción-, que se investigue”. “Por ahora estamos viendo la punta del iceberg. Por eso es interesante que se pueda seguir investigando”, subraya también Secchi.

Perjuicio institucional

De momento, el tira y afloja está perjudicando a la Justicia como institución. El propio presidente de la Corte Suprema argentina, Carlos Rosenkranz, reconoció en el discurso de apertura del año judicial que hay “desconfianza” de la ciudadanía hacia los jueces.

“Hace muchísimos años que la Justicia no responde a las necesidades del Derecho y de los ciudadanos. El daño institucional es realmente muy grande, porque en cada caso particular se rediscuten las bases del sistema judicial. En vez de estar discutiendo un caso de infiltración de los sistemas de inteligencia, o en vez de estar discutiendo el caso de los cuadernos, en cuanto hechos de soborno y corrupción, se está discutiendo sobre la validez de los jueces y los fiscales que tienen que investigar esos casos”, señala el director ejecutivo de Poder Ciudadano.

Y considera necesarios cambios de fondo, que requerirían voluntad política tanto del gobierno como de la oposición. “Hay que dejar actuar con objetividad a los jueces y todos ponerse a disposición de la justicia, que pareciera que no es lo que está pasando en este momento”.

DW

La fiscalía de Panamá formalizó este viernes su petición de 21 años de cárcel para el exmandatario panameño, Ricardo Martinelli, por presuntamente espiar a sus opositores en un juicio marcado por la salud del acusado, que fue enviado al hospital para ser examinado.

Martinelli creó “un aparato organizado de poder” al margen del Estado para la “vigilancia y seguimiento de personas” críticas con su gobierno (2009-2014), manifestó el fiscal Ricaurte González.

Ese “aparato” estaba “liderado por Martinelli”, añadió González al presentar la solicitud de cárcel contra el expresidente.

En la audiencia de este viernes la fiscalía y los querellantes formalizaron sus acusaciones contra el exgobernante, responsabilizado de “pinchar” sin autorización judicial comunicaciones de unas 150 personas entre 2012 y 2014.

Entre los presuntos espiados estaban periodistas, sindicalistas, políticos, empresarios y miembros de la sociedad civil críticos con el gobierno de Martinelli, quien también está acusado de utilizar fondos públicos para comprar los aparatos de inteligencia con los que se habrían producido los “pinchazos”.

Sin embargo, Carlos Carrillo, uno de los abogados del expresidente, señaló que la fiscalía “no podrá vincular a Ricardo Martinelli” con los hechos que se le acusan.

El exmandatario “en ningún caso patrocinó o promovió vigilancia alguna”, indicó Carrillo.

Los opositores a Martinelli, un magnate de supermercados de 67 años, siempre lo acusaron de mantener una “dictadura civil” de cara a satisfacer sus intereses.

“Embriagado de poder”
Aurelio Vázquez, otro de los fiscales, indicó que Martinelli está acusado de cometer cuatro delitos: interceptación de telecomunicaciones sin autorización judicial, seguimiento, persecución y vigilancia sin autorización judicial, peculado agravado por sustracción o malversación de fondos y peculado de uso.

“El único responsable es el hoy acusado”, dijo Vázquez, quien pidió que Martinelli “sea condenado a 21 años de prisión”.

En la audiencia, el abogado querellante por parte de las víctimas, Carlos Herrera, enfatizó que el exgobernante “traicionó” su mandato e “hizo lo que le dio la gana” porque “se embriagó de poder”.

“El exmandatario Martinelli es el responsable de causar esta invasión a la privacidad y era la persona que disfrutaba y gozaba de toda la información que le llegaba”, dijo posteriormente Herrera a la AFP.

Martinelli fue extraditado desde Estados Unidos en junio de 2018, un año después de que fuera detenido en Miami, donde residía desde 2015 para eludir a la justicia panameña.

Esta es la primera vez que un expresidente panameño se enfrenta a un proceso judicial por delitos de carácter penal.

En el juicio está prevista la presencia de 175 testigos y más de 100 pruebas periciales y documentales.

“Es un logro que después de tantas excusas y cartas que utilizaron para evadir el juicio por fin podamos haber iniciado el mismo. Lo que se aproxima es la práctica de pruebas y entramos en el meollo del juicio”, dijo Herrera.

¿Problemas de salud?

El juicio había comenzado el pasado 12 de marzo, pero durante la primera audiencia la defensa de Martinelli solicitó una evaluación siquiátrica de su cliente, que dictaminó que padece “trastorno mixto ansioso depresivo” producto de su “situación legal actual”.

La audiencia de este viernes debió iniciarse con dos horas de retraso debido a una subida de la presión arterial del acusado, por lo que el presidente del tribunal, Roberto Tejeira, ordenó realizarle una evaluación médica.

Martinelli presentó una presión arterial elevada, por lo que uno de los paramédicos que lo examinó recomendó su traslado a un hospital, debido a que el expresidente “mantiene los síntomas de mareo y dolor de cabeza”.

Después de unas cuatro horas fue enviado nuevamente a la audiencia para escuchar las acusaciones y los alegatos de la defensa.

Los abogados del exgobernante, detenido en la cárcel El Renacer, a orillas del Canal de Panamá, han pedido en varias ocasiones prisión domiciliaria y una fianza de excarcelación por medio millón de dólares en favor de su defendido por motivos de salud, pero las peticiones han sido rechazadas.

“Ya comenzó el juicio oral contra el expresidente, ya eso para el país es un hecho histórico”, dijo el fiscal González.

Las instancias de este juicio continuarán este lunes.

Decenas de miles de “chalecos amarillos” manifestaron en Francia este sábado en medio de un fuerte dispositivo de seguridad que impidió, a pesar de algunos incidentes, las escenas de caos y saqueos del pasado fin de semana en los Campos Elíseos de París.

Unos 40.500 manifestantesvolvieron a las calles en todo el país, de cuales 5.000 protestaron en París, declaró el ministro de Interior, Christophe Castaner, que se congratuló porque “las consignas de firmeza” permitieron a su juicio “mantener el orden”.

Desde las primeras horas de la mañana, decenas de vehículos de la policía, incluyendo camiones blindados y cañones de agua, se desplegaron a lo largo de la célebre avenida parisina, donde la semana pasada los manifestantes desvalijaron varias tiendas de lujo, quemaron kioscos de periódicos y destrozaron escaparates.

Para evitar nuevos desmanes, las autoridades prohibieron el acceso a los manifestantes. También prohibieron protestas en un perímetro adyacente dentro del cual está el palacio presidencial del Elíseo y la Asamblea Nacional.

Ante la veda, los “chalecos amarillos” no tuvieron más remedio que congregarse en otros puntos de la capital.

“Ir a los Campos Elíseos hubiera sido una provocación, en vista de la represión que anunciaron”, dijo a la Agence France-Presse Jean-Paul Tonson, un manifestante de 57 años. “Pero vamos a seguir viniendo, no vamos a retroceder”, prometió.

El pasado sábado fueron 32.000 “chalecos amarillos” en toda Francia, lo que significa que en esta ocasión la cifra de asistentes volvió a aumentar, a pesar del despliegue de seguridad. Los asistentes a la marcha en París habían sido en cambio más numerosos hace una semana, 10.000.

Al caer la noche, la policía empleó gases lacrimógenos para dispersar a la muchedumbre que intentó desplazarse hacia el centro de París.

Unas 56 personas fueron detenidas por haberse congregado en el perímetro vedado y 45 fueron multadas. Las multas en caso de participar en una manifestación sin autorización pasaron esta semana de 38 (43 dólares) a 135 euros (152 dólares) para disuadir a los manifestantes.

‘Todo es falso’

En provincias hubo incidentes esporádicos en Montpellier (sur), La Rochelle (oeste) o Niza (sudeste), donde una mujer mayor de edad resultó gravemente herida al caer durante una carga policial, según corresponsales de la AFP.

En esa ciudad mediterránea se reunirán el domingo los presidentes de Francia, Emmanuel Macron, y su par chino, Xi Jinping.

También se registraron incidentes en otras ciudades, como Nantes, Burdeos y Montpellier, pero sin comparación con los de otros fines de semana.

Eric Drouet, una de las figuras más conocidas de este colectivo antigobierno que nació en las redes sociales hace poco más de 4 meses, dijo a la cadena de televisión BFMTV que fue multado por supuestamente participar en una manifestación que no fue declarada. “Todo es falso”, denunció.

Militares desplegados

Tras los desmanes de la semana pasada, que dieron la vuelta al mundo, Emmanuel Macron estaba determinado a demostrar que su gobierno controla el orden público y no escatimó en medidas.

Además de prohibir las manifestaciones en los perímetros más sensibles, anunció un despliegue de militares de la operación antiterrorista Sentinelle (que cuenta con 7.000 efectivos desplegados por todo el territorio desde los atentados de 2015) para proteger edificios públicos y permitir a la policía concentrarse en el mantenimiento del orden.

El anuncio desencadenó una polémica y la oposición denunció una “sobrepuja” del gobierno. Unas declaraciones del viernes del gobernador militar de París aludiendo a la posibilidad de que los soldados “disparen” sirvieron para echar más leña al fuego.

Para calmar la controversia, el presidente Macron denunció un “falso debate” e insistió en que el ejército no estaría a cargo del orden público.

Aunque la aprobación de los “chalecos amarillos” entre la opinión pública está en fuerte descenso (-8 puntos desde el vandalismo del sábado), aún no se vislumbra ninguna salida a la crisis.

El movimiento, que nació en noviembre ante el hartazgo social y fiscal, mutó en una contestación proteica, sin líderes claros, y no se calmó con el “gran debate nacional” lanzado por Emmanuel Macron para responder a los reclamos de los franceses.

Este gran debate, que dio lugar a más de 10.000 reuniones en todo el país sobre temas tan diversos como el poder adquisitivo, la fiscalidad, la salud o la educación, concluyó la semana pasada, y ahora el gobierno debe hacer propuestas.

AFP