El ministro español de Asuntos Exteriores, el socialista Josep Borrell, confirmó hoy que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero viajó el lunes a Venezuela, pero que no lo hizo “por mandato” del Ejecutivo español, y dejó claro que no tiene conocimiento del motivo de su desplazamiento ni de sus resultados.

En rueda de prensa junto al presidente de la Liga Árabe, Ahmed Aboul Gheit, Borrell explicó que él tuvo conocimiento del viaje de Zapatero “prácticamente al mismo tiempo que se estaba produciendo”, después de que el embajador de España en Caracas fuera avisado de la llegada del expresidente.

El ministro añadió que el socialista José Luis Rodríguez Zapatero (presidente del Gobierno de 2004 a 2011) se desplazó a Caracas “sin ningún mandato” del actual Ejecutivo, presidido por el también socialista Pedro Sánchez.

El responsable de Exteriores español aseguró que no tiene “noticia” ni de “en qué ha consistido el viaje” ni “cuál ha podido ser el resultado de sus gestiones” ni “en qué han consistido”.

Ese viaje se ha producido en medio de la continuada disputa por la legitimidad entre Nicolás Maduro y Juan Guaidó, y pocos días después de que se supiera que Estados Unidos consultó con el Gobierno español la posibilidad de que acogiera a altos cargos del actual Ejecutivo venezolano en caso un cambio político en el país latinoamericano.

EFE

La justicia acusa a la aspirante de la contratación anómala de un abogado cuando estaba al frente del Ministerio Público

El juez penal de primera instancia Víctor Cruz ha girado este martes una orden de captura en contra de la ex fiscal general guatemalteca Thelma Aldana, acusada de la contratación anómala del abogado Gustavo Bonilla para impartir jornadas de capacitación al personal de la institución mientras la ahora aspirante presidencial estaba al mando de la institución. Bonilla, de acuerdo con la denuncia, era magistrado de la Corte Suprema de Justicia durante ese periodo.

“Es una reacción totalmente manipulada, que solo se explica por el pavor que los corruptos que han secuestrado al Estado sienten por mi candidatura. Ante ello, generaron este movimiento que solo busca confundir. Es pura manipulación”, dice a EL PAÍS la propia candidata para las elecciones presidenciales del próximo 16 de junio, en declaraciones telefónicas desde El Salvador, donde atiene un compromiso previo. “Esto demuestra cómo en Guatemala se utilizan las instituciones para impedir mi participación política, pero no lo lograron”, enfatiza Aldana al confirmar que antes de ese movimiento judicial ya había quedado formalmente inscrita como aspirante al cargo de jefe de Estado y de Gobierno guatemalteco.

En esta apreciación coincide el analista del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos, Edgar Celada. “Hay muchas evidencias de que hay una intención clara, tanto del Gobierno como de la otra candidata —en alusión indirecta a Sandra Torres, cercana al presidente Jimmy Morales (derecha populista)—, de impedir la participación de la señora Aldana. Tienen temor de que ella gane, algo que no es democrático”, comenta. La candidata, sin embargo, al haber quedado registrada como aspirante presidencial antes de que se girase la orden de arresto, está amparada por inmunidad: “El mismo día de su inscripción se giró la orden de captura, por lo que, al quedar formalmente inscrita, está protegida de ser objeto de persecución con fines políticos velados. Esto tiene una lectura: hubo una filtración del Tribunal Electoral hacia el Juzgado, la Policía y el Gobierno y giraron precipitadamente la orden de captura, pero llegaron tarde”, agrega Celada. “Es un error político mayúsculo en la medida que, al victimizarla, solo aumentan el respaldo ciudadano hacia su persona” y cierra con una advertencia: “están desprestigiando el proceso electoral. Así, gane quien gane, surgirá un poder ejecutivo muy débil, lo que garantiza que la crisis política continuará”.

Hellen Mack, presidenta de la fundación Mirna Mack, abunda en la percepción de que es una jugada del llamado «pacto de corruptos», que busca otorgar inmunidad al Gobierno de Morales. «Es evidente de que esto estaba calculado para evitar la candidatura de Aldana. La alianza criminal quiere impedir a toda costa el triunfo de cualquier persona que no sea de su cuerda». Mack recuerda, asimismo, que el proceso electoral en marcha se ha caracterizado por la incertidumbre para desprestigiarlo y así perpetuarse en el poder.

Proceso incierto

Si algo ha caracterizado el actual proceso electoral, cuyo banderazo de salida se dio este lunes, es la incertidumbre. Para empezar, el número de candidatos a la presidencia es inédito. Al momento de cerrarse la inscripción de los aspirantes, 21 de ellos completaron todas las formalidades, aunque cuatro de ellos enfrentan problemas. Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) –a quien las encuestas dan como favorita pero que también muestra el mayor índice de rechazo– fue señalada por la Fiscalía y la Comisión anticorrupción de la ONU, por financiamiento electoral ilícito. El Supremo rechazó la denuncia sin leer el expediente, algo que enmendó el Constitucional y se encuentra ahora en estudio.

Otra, cuya candidatura fue denegada por prohibición constitucional explícita, es la candidatura de Zury Ríos, la hija del dictador Ríos Montt, quien llegó al poder tras derrocar al también general Romeo Lucas García, en marzo de 1982. Zury, del partido Valor, ha ignorado al Tribunal Supremo Electoral y continúa su campaña proselitista, mientras sus abogados buscan revertir la disposición.

Un tercer aspirante con trabas legales es Mauricio Radford, del partido Fuerza, a quien el Registro Electoral le negó la inscripción después de que la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) lo señalara de estar ligado a proceso por incumplimiento de deberes y abuso de autoridad mientras estuvo al frente del Registro Nacional de Personas, entidad encargada del registro único de personas naturales, su estado civil y extender los documentos de identidad, entre otras funciones.

A ellos se suma Thelma Aldana contra quien existen 18 denuncias penales, elevadas, en su mayoría por políticos de la oposición y por la supuesta compra, sobrevalorada, de un edificio para la sede de la Fiscalía. Aldana y sus asesores han ido desmontando cada uno de los señalamientos.

Lo que esta “judicialización” de la política provoca, en primera instancia, en opinión del periodista y sociólogo Gustavo Berganza, es crear una gran incertidumbre. “Ocurrirá, como ha sucedido en los últimos procesos: el guatemalteco vota, pero no elige. A esto se suma que los candidatos cuestionados son quienes están en lo alto de la preferencia de voto. Si les cierran el camino, queda gente que no responde a la preferencia del votante. Se le quita, así, legitimidad al proceso”. Como consecuencia de esto, apunta, a menos de 90 días de la elección, se tiene un 36, 37% de gente que no sabe por quién votar y un 9% de gente que asegura que no votará. “Este es el panorama”, concluye.

El magistrado argentino Alejo Ramos Padilla sigue un caso complejo que parece implicar en un asunto de extorsiones a Carlos Stornelli

El presidente de Argentina, Mauricio Macri habla durante una rueda de prensa en la provincia de Jujuy (norte), el 14 de marzo pasado. PRESIDENCIA

El gobierno de Mauricio Macri quiere acabar con el juez Alejo Ramos Padilla. Ha pedido al Consejo de la Magistratura que le suspenda en su cargo, el de juez federal en Dolores (provincia de Buenos Aires), y le someta a juicio político por mal desempeño de sus funciones. Ramos Padilla investiga un complejo caso que parece implicar en un asunto de extorsiones al fiscal federal Carlos Stornelli, principal investigador de la presunta corrupción de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. El caso tiene tintes partidistas: los kirchneristas jalean al juez Ramos Padilla y el fiscal Stornelli estuvo conectado con Macri. Por detrás, asoma un oscuro mundillo de espionaje y chantaje a través de los juzgados.

El presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, abrió este martes el año judicial con un discurso en el que alertó sobre la pérdida de legitimidad de los tribunales y la necesidad urgente de recuperar la confianza ciudadana. Mientras hablaba, la Corte Suprema hizo pública una decisión significativa: por unanimidad, sus cinco componentes aceptaron dotar de más recursos al juez Ramos Padilla. Mientras el gobierno pedía su destitución, el alto tribunal otorgaba al juez un presupuesto adicional para contratar a dos personas y disponer de un automóvil con el que proseguir sus investigaciones.

El estado de nerviosismo del gobierno argentino, por causas electorales o judiciales, parece evidente. Mauricio Macri admitió durante el fin de semana que su padre, recientemente fallecido, había actuado de forma ilegal, quizá para abrir un cortafuegos frente a la llamada “causa de los cuadernos”, que implica a Fernández de Kirchner pero también al grupo empresarial de los Macri. A la vez, su jefe de gabinete, Marcos Peña, lanzaba durísimos ataques contra la oposición y culpaba al peronismo de todos los males pasados, presentes y futuros.

El pasado 28 de enero, el empresario agrícola Pedro Etchebest contó al juez Ramos Padilla que Marcelo D´Alessio, un personaje de activa participación en los medios que se presentaba como abogado, le había exigido dinero en nombre del fiscal Carlos Stornelli. A cambio, D’Alessio ofrecía a Etchebest inmunidad en la “causa de los cuadernos”, en la que Stornelli investiga una presunta red de corrupción liderada por Fernández de Kirchner para recaudar dinero negro de empresarios vinculados a la obra pública.

Etchebest entregó al juez horas de grabaciones y capturas de mensajes telefónicos como prueba de la relación entre D’Alessio y Stornelli. La repercusión política, judicial y mediática de la denuncia fue inmediata. La diputada oficialista Elisa Carrió, una luchadora anticorrupción que se erige como garantía de la transparencia del gobierno de Macri, denunció enseguida que, como hombre de La Cámpora (la agrupación que reúne a la juventud kirchnerista), el juez Ramos Padilla estaba al frente de una operación política para ensuciar a Stornelli y sacarlo de la causa de los cuadernos.

El 11 de febrero pasado, la diputada dijo que la denuncia de Etchebest era, en realidad, parte de un plan de antiguos altos cargos del kirchnerismo presos por presunta corrupción. Un día después llegó la reacción de Stornelli. El fiscal denunció a D´Alessio por defraudación. Admitió entonces que conocía al extorsionador, pero sólo como habitual de la fiscalía por su participación en diversas investigaciones. A partir de ese momento, todo se aceleró.

El juez Ramos Padilla allanó la casa de D’Alessio y ordenó detenerlo. Mientras tanto, la prensa ventilaba que el preso no era abogado y que se presentaba como agente de la DEA, la agencia antidrogas de Estados Unidos, a los periodistas que lo tenían como fuente (bastantes de ellos sometidos a investigación clandestina, igual que políticos macristas o peronistas). Ante el juez, D´Alessio fue más cauto y negó ser el “cajero” de Stornelli. Dijo, incluso, que había sido engañado por la AFI, la agencia argentina de espionaje, como parte de una operación contra el fiscal.

Ramos Padilla procesó finalmente a D’Alessio como miembro de una asociación ilícita dedicada a realizar “ablandes, carpetazos, operaciones de inteligencia y producir pánico” en personas que eran extorsionadas para que pagaran por su inmunidad judicial. Citó luego a Stornelli a declarar. En un largo escrito, el juez dijo que el fiscal federal “le solicitaba a D’Alessio, a quien consideraba un agente de la inteligencia estadounidense, ‘investigaciones paralelas’ o ‘extraoficiales’ y hasta operaciones de espionaje para perjudicar a abogados que lo incomodaban”. Según el juez, D´Alessio “se ponía al servicio del fiscal para realizar tareas de investigación y espionaje”.

El fiscal Stornelli se negó a comparecer ante Ramos Padilla. Puso en cambio todos sus esfuerzos en lograr que el juez fuera apartado de la investigación, con el argumento de que su jurisdicción no era la ciudad de Buenos Aires, escenario de la mayor parte de las denuncias. Stornelli es un hombre vinculado a Macri: fue directivo de Boca Juniors hasta 2015 y miembro de la comisión de seguridad del club por designación del entonces presidente de la entidad y hoy presidente de Argentina, Mauricio Macri.

Los argentinos siguieron el caso a través de los medios, con detalles de acusaciones cruzadas entre periodistas, políticos, abogados, ex espías y hasta altos funcionarios macristas. El día D fue el miércoles pasado, cuando el kirchnerismo recibió a Ramos Padilla en una comisión del Congreso. El juez dijo entonces que la causa contra Stornelli era sólo una “ínfima” porción de una trama mucho más grande de espionaje interno. “La metodología era la recopilación de información, la producción de inteligencia y el almacenamiento de datos sensibles de distintas personas de manera paralela a las causas judiciales, para luego llevar a cabo acciones coactivas, intimidatorias y extorsivas, todo ello con la finalidad de influir en causas judiciales”, dijo. Abrió así su investigación a una realidad mucho más compleja e incómoda para el poder. Tan incómoda, que se le quiere apartar del caso.

La justicia internacional condenó este miércoles en apelación al exlíder de los serbios de Bosnia, Radovan Karadzic, a cadena perpetua, por “la magnitud y crueldad sistemática” de sus crímenes de guerra y lesa humanidad durante el conflicto de Bosnia (1992-1995), endureciendo así su pena inicial de 40 años de reclusión.

Karadzic, de 73 años, era juzgado en segunda instancia por su responsabilidad en el asedio de Sarajevo y la masacre de Srebrenica en 1995, la peor cometida en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. También estaba acusado por el desplazamiento de poblaciones con criterios étnicos en varias ciudades del país.

Los jueces en La Haya “imponen la sentencia de cadena perpetua” contra Karadzic, afirmó el presidente del tribunal, el juez Vagn Joensen. El exjefe político de los serbios en Bosnia había sido condenado en primera instancia en 2016 a 40 años de prisión.

El veredicto en apelación lo pronunció el Mecanismo para los Tribunales Penales Internacionales (MTPI), que tomó el relevo del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY) tras su cierre en 2017.

Así, rechazó el recurso interpuesto por el acusado y condenó a perpetuidad a Karadzic, que escuchó, impasible, la lectura de su sentencia.

“Este es un veredicto histórico para la justicia. Si Karadzic no obtiene lo que se merece, eso supondrá que no hay justicia en este mundo y que es posible cometer crímenes sin arriesgarse a las sanciones”, había afirmado antes de la sentencia Munira Subasic, presidenta de la asociación Las Madres de Srebrenica y que perdió a su esposo y a su hijo de 16 años.

Esta decisión de la justicia internacional sobre la suerte de Karadzic, es una de las últimas en el marco del conflictivo desmoronamiento de la antigua Yugoslavia tras la caída del comunismo, en 1991.

“Juicio injusto”

Karadzic, expresidente de la entidad de los serbios de Bosnia, la Republika Srpska, fue condenado por persecuciones, asesinatos, violaciones, tratos inhumanos o transferencias forzadas durante el asedio de casi cuatro años de la capital bosniaca, Sarajevo, en el que murieron 10.000 personas.

En total, unas 100.000 personas murieron y 2,2 millones quedaron sin hogares durante los combates que se libraron en Bosnia entre 1992 y 1995, oponiendo a musulmanes, serbios y croatas.

Tras la muerte durante su juicio del expresidente serbio Slobodan Milosevic, en 2006, Karadzic era el más alto responsable en rendir cuentas por la guerra en Bosnia.

En 2017, el TPIY condenó a cadena perpetua por unos cargos similares al alter ego militar de Karadzic, el general Ratko Mladic. El excomandante del ejército de los serbios de Bosnia, apodado el “carnicero de los Balcanes”, también apeló.

Karadzic fue hallado culpable de 10 cargos, entre ellos el genocidio de Srebrenica, en el que murieron casi 8.000 hombres y jóvenes musulmanes.

Sobrevivientes de la masacre habían pedido a la justicia internacional que condenara a Karadzic a cadena perpetua.

“Como el resto de supervivientes del genocidio de Srebrenica, espero que Radovan Karadzic sea condenado a perpetuidad”, declaró a la AFP Amir Kulaglic, un bosniaco musulmán de 59 años, antes de conocerse la sentencia.

Negar los crímenes

Belgrado podría rechazar el veredicto, según Izabela Kisic, directora ejecutiva del Comité de Helsinki para los derechos humanos en Serbia.

“Desde hace mucho tiempo Serbia niega los crímenes de guerra y su visión sobre la guerra en Bosnia no cambió”, dijo a AFP estimando que la situación incluso “se deterioró considerablemente”.

En Bosnia, el gobierno de la Republika Srpska, anuló el año pasado un informe de 2004 sobre los asesinatos y montó una nueva comisión para investigar sobre esos crímenes.

AFP