En medio de la tragedia de suministro de energía eléctrica que padece Venezuela, los sufridos ciudadanos no saben a qué atenerse. Los pocos medios de comunicación que todavía funcionan con autonomía de criterio y bajo estrictos compromisos profesionales ven cerradas las puertas de las autoridades del área que tienen la obligación de comunicar las novedades sobre una gravedad de proporciones nacionales. Cada quien se maneja según sus sensaciones, en atención de urgencias cada vez más apremiantes, para que la incertidumbre se convierta en motor cotidiano.

Como la crisis del suministro de energía ha multiplicado la crisis política hasta el extremo de dotarla de una estatura gigantesca, crece la desesperación de millones de sufrientes ciudadanos que solo aspiran a un desenlace urgente. Mientras se guarda silencio sobre un problema que conmueve a los hogares esparcidos en todos los espacios del mapa, ricos y pobres, grandes y modestos, la conmoción hace que las pasiones se desborden hasta el extremo de buscar salidas fuera de su cauce. En consecuencia, se puede estar en las cercanías de una explosión sobre cuyo estallido nadie tiene la posibilidad del freno.

Los medios de comunicación independientes pueden detener un estallido social, o tratar de mostrar los detalles de la situación para buscar que se desarrollen juicios capaces de conducir a cierto tipo de reflexión, pero la dictadura los asfixia o simplemente impide que cumplan su función. Conviene detenerse en esta situación con la debida cautela porque, mientras la dictadura se ceba contra los periodistas que desarrollan su actividad con autonomía de criterio, favorece la comunicación promovida por los medios radiales y televisivos afines a sus intereses, hasta el extremo de remplazar la actividad de los comunicadores rodeados y amedrentados.

Una situación realmente peligrosa, porque el periodismo movido y pagado por la dictadura solo repite explicaciones manidas sobre la crisis, argumentos que quizá solo pueda aceptar un inocente niño sin uso de razón, pero especialmente por un motivo que conduce a mayores alarmas: responsabilizan a la oposición de la incompetencia del oficialismo, lo cual no cree nadie medianamente provisto de neuronas, para terminar acusando a los líderes de la otra orilla de ser responsables de un sabotaje que ha producido las penumbras nacionales. Un régimen habituado a acusar a los periodistas solventes de ser “instigadores del odio”, asume paladinamente el papel que les atribuye. Pero lo asume a propósito, pese a las nefastas consecuencias que puede tener.

Debido a las limitaciones impuestas a los espacios informativos, a la profundización del hostigamiento contra los periodistas que buscan la verdad y a la grosera colonización que hacen de los canales y las emisoras oficialistas para utilizarlas según su interés, el usurpador y sus burócratas, movidos por la desesperación, han establecido el monopolio de la instigación al odio y de la instigación a cometer las tropelías que los favorezcan. Conviene tener presente esta monstruosa orientación, por los horrores que puede producir.

Editorial de El Nacional