Jimmy Story  Encargado de Negocios, a.i. de la Embajada de los Estados Unidos en Caracas, envía un mensaje al pueblo de Venezuela al despedirse el día de hoy.

El Gobierno de EEUU anunció que esta semana prohibió la entrada al país a 340 venezolanos, de los que 107 son diplomáticos ligados al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y sus familiares, indicó un portavoz del Departamento de Estado.

«Desde el lunes, hemos impuesto 340 nuevas restricciones de visados, de las que 107 incluyen diplomáticos del ex presidente (Maduro) y sus familias», dijo uno de los portavoces del Departamento de Estado, Robert Palladino.

Esta acción lleva el número de visados revocados por EEUU a 600 desde finales de 2018, justo antes de que Maduro -al que Washington se refiere como «ex presidente»- tomara posesión de su cargo y de que el líder opositor Juan Guaidó jurara gobernante interino de Venezuela

Los afectados son «individuos corruptos que posibilitaron el robo de activos de Venezuela para su propia ganancia individual», afirmó Palladino, que avisó: «Se está considerando la revocación de otros visados».

Preguntado por Efe, un alto funcionario del Departamento de Estado rechazó ofrecer detalles sobre si alguno de los 340 afectados se encuentra en territorio estadounidense y, por tanto, ahora tiene que abandonar el país.

Para viajar a EEUU, los venezolanos tienen que solicitar un visado precisando el motivo de su visita, es decir, de si viajan por negocios, turismo o para recibir un tratamiento médico.
La restricción de visados es una forma de sanción que el Ejecutivo estadounidense suele aplicar a los funcionarios de aquellos Gobiernos con los que tiene algún conflictopara presionarlos directamente al negarles a ellos y sus familiares la posibilidad de viajar a Estados Unidos.

El Gobierno del presidente Donald Trump fue el primero del mundo en reconocer a Guaidó como gobernante interino el 23 de enero y, desde entonces, ha tomado varias acciones para presionar a Maduro, entre las que se incluyen varias rondas de revocación de visados y sanciones a la empresa Petróleos de Venezuela (Pdvsa), principal fuente de divisas para Caracas.

Hoy mismo, el secretario de Estado, Mike Pompeo, publicó un vídeo en redes sociales, en el que aseguró que seguirá trabajando con Brasil y Colombia para devolver la «democracia» al país caribeño.

Se espera que las tres iniciativas de ley sean sometidas a voto en el pleno de la cámara baja. / Foto: AP

La comisión de relaciones exteriores de la cámara baja del congreso estadounidense adoptó el jueves con apoyo bipartidista tres proyectos de ley que buscan aumentar la presión sobre el presidente venezolano Nicolás Maduro.

Una iniciativa agrega restricciones a la exportación de gas lacrimógeno y equipos antimotín. Otra ordena al gobierno de Donald Trump aportar 150 millones de dólares en ayuda humanitaria y la tercera encarga al Departamento de Estado y a los organismos de inteligencia una evaluación de la amenaza que representa la cooperación rusa con Venezuela.

Se espera que las tres iniciativas de ley sean sometidas a voto en el pleno de la cámara baja. Ninguna tenía el viernes versiones complementarias en el Senado.

Estados Unidos y más de 50 gobiernos reconocen al líder opositor Juan Guaidó como el presidente legítimo del país y alegan que la reelección de Maduro fue fraudulenta porque no permitió la participación de candidatos opositores.

Washington / AP

El FPV denunció que 800 indígenas han tenido que huir a Brasil debido a la persecución del gobierno de Maduro / Foto: Internet

El Foro Penal Venezolano (FPV) registró, desde el jueves 7 de marzo, cuando se inició el apagón en todo el país, hasta este 14 de marzo,124 detenidos por protestar y más de 200 detenciones por saqueos. La información fue dada por el abogado Alfredo Romero, director del Foro Penal Venezolano (FPV), quien añadió que en el estado Zulia más del 80% de los comercios fueron saqueados.

“En los estados que más ha ocurrido persecución son Anzoátegui con 49 casos y Monagas con 20”, afirmó. Romero puntualizó que la cifra de detenidos asciende a 911.

“Ha aumentado en más de 300% la cantidad de presos políticos desde enero hasta ahora. El número de torturas son tantas que lamentablemente ha pasado a ser algo regular“, sostuvo.

El director del Foro Penal cuestionó el alcance de la delegación técnica de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), enviada por la Alta Comisionada de Derechos Humanos de ese organismo, Michele Bachelet, a Venezuela.

“Si aquí no se garantiza que la Alta Comisionada sí va venir, visite y hable con cada uno de los presos políticos que tiene en su lista, no tienen ningún sentido la visita. El Foro Penal rechaza las visitas turísticas. Una de ellas, fue en el centro de reclusión Hombre Nuevo, El Tocuyito, y sacaron a los presos políticos de Pdvsa y les dijeron ustedes no pueden estar allí porque la comisión de la ONU viene”, aseguró.

Por otra parte, Alfredo Romero indicó que en el municipio Gran Sabana del estado Bolívar se registró la movilización de 800 indígenas hacia Brasil por las trochas.

“Son perseguidos por las autoridades. Elaboramos listas de los desplazados, heridos y los cuatro fallecidos del pueblo indígena”, señaló.

El secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, comenta el informe anual de 2018 sobre Derechos Humanos, divulgado el 13 de marzo de 2019.

El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió el miércoles su informe anual 2018 sobre Derechos Humanos, en el que apunta a la situación en Venezuela, envuelta en una crisis política sin precedentes.

El informe reconoce que Venezuela es una república constitucional multipartidista, pero advierte que «durante más de una década, el poder político se ha concentrado en un solo partido con un ejecutivo cada vez más autoritario que ejerce un control significativo sobre el poder legislativo, judicial y de los ciudadanos».

EE.UU. ha desconocido el mandato de Nicolás Maduro, que cataloga de «ilegítimo» y respalda firmemente al gobierno encargado que lidera Juan Guaidó desde el pasado 23 de febrero. El informe reitera que el proceso electoral celebrado en mayo de 2018 fue «profundamente defectuoso».

El informe agrega que las violaciones en materia de derechos humanos en Venezuela incluyeron en 2018 «ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad, incluidos los colectivos (grupos armados patrocinados por el gobierno); tortura por las fuerzas de seguridad; condiciones penitenciarias duras y peligrosas para la vida; y (la existencia de) presos políticos».

Además, indica que el gobierno restringió la libertad de expresión y de prensa al bloquear rutinariamente las señales e interferir las operaciones de medios privados de comunicación. Al mismo tiempo, señala que el gobierno en disputa utilizó la violencia para reprimir manifestaciones pacíficas.

«Otros temas incluyeron restricciones a la participación política en forma de elecciones presidenciales en mayo que no fueron libres ni justas; Corrupción e impunidad generalizadas entre todas las fuerzas de seguridad y en otras oficinas gubernamentales nacionales y estatales, incluso en los niveles más altos; trata de personas; y las peores formas de trabajo infantil, que el gobierno hizo un mínimo esfuerzo para eliminar», dice el informe.

También sostiene que Maduro no tomó medidas efectivas para investigar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos, agudizando la impunidad en estos casos.

La privación de libertad arbitraria por motivos políticos es señalado en el informe respecto a Venezuela, así como la falta de estadísticas oficiales sobre ejecuciones extrajudiciales reportadas por las organizaciones no gubernamentales.

El informe detalla casos de allanamientos de viviendas de opositores a Maduro. Señala a organismos que responden a las órdenes de Maduro como la Guardia Nacional (GNB), la Fuerza de Acciones Especiales (FAES), la Policía Nacional Venezolana (PNB), el Comando Nacional de Antiextorción y Secuestro y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).

El informe cita a periodistas de investigación, quienes hacen referencia a la muerte de 147 personas menores de 20 años que habrían sido asesinadas en el área metropolitana de Caracas entre enero y agosto de 2018.

«De esas muertes, 65 fueron cometidas por la policía», explica el informe. «No hubo avances en los casos de manifestantes asesinados en 2017», agrega, en alusión a unas 125 personas que murieron en protestas desde abril hasta julio de 2017.

Según el Ministerio Público, el 65 por ciento de estas personas fueron víctimas de la represión gubernamental.

Sin embargo, el informe del Departamento de Estado dijo que «no hubo informes de desapariciones» que puedan achacarse a las autoridades gubernamentales.

Tortura y tratos crueles

El texto expresa que «pese a que la Constitución prohíbe tales prácticas, hubo informes creíbles de que las fuerzas de seguridad torturaron y abusaron de los detenidos». También dice que «no hubo informes de ningún funcionario del gobierno acusado por la ley».

Tampoco la Oficina del Defensor de los Derechos Humanos publicó estadísticas sobre las denuncias de tortura por parte de la policía durante el año».

Pero, varias organizaciones no gubernamentales, ONGs, detallaron casos de torturas generalizadas y «tratos crueles, inhumanos y degradantes». También grupos de derechos humanos informaron que el gobierno continuó influyendo en el fiscal general y los defensores públicos para que realizaran investigaciones de forma selectiva y subjetiva.

«No se disponía de datos sobre investigaciones, procesamientos o condenas en casos de presuntas torturas. Foro Penal sostuvo que cientos de casos no fueron denunciados a instituciones gubernamentales porque las víctimas temían represalias», dice el informe estadounidense.

También alude a informes de la prensa y las ONGs «sobre las palizas y el trato humillante de los sospechosos durante los arrestos» y dónde estarían involucrados varias agencias policiales y militares.

Entre los tratos crueles se enumeran la negativa a dar atención médica a los detenidos y largos períodos de confinamiento solitario.

«Las ONG también publicaron informes de que las autoridades generalmente maltrataron, abusaron sexualmente y amenazaron con matar a los detenidos», dice el texto.

La directora ejecutiva del Instituto Casla para el Estudio de América Latina, Tamara Suju, y el abogado de derechos humanos Juan Carlos Gutiérrez denunciaron 357 casos de abuso físico, presunta tortura y violencia por parte de las fuerzas de seguridad contra presos políticos ante la Corte Penal Internacional. Entre los 357 casos, hubo 190 denuncias de violación o abuso sexual.

Las cifras

El Ministerio de Servicios Penitenciarios informó que había 51.693 reclusos en las 41 prisiones y centros penitenciarios del país y un estimado de 33.000 reclusos en las cárceles de la estación de policía en 2017.

Mientras que la ONGs informaron que los registros de los detenidos no se mantenían correctamente y que a menudo contenían información incompleta.

Según la ONG A Window to Liberty (UVL), la capacidad era de aproximadamente 19.000 presos para los centros penitenciarios y 5.000 para las cárceles de la estación de policía. El hacinamiento fue del 172 por ciento para los penitenciarios y 415 por ciento para las cárceles de las comisarías de policía, aunque la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) señaló que en algunas cárceles el hacinamiento osciló entre 800 y 1.200 por ciento.

Había dos prisiones para mujeres, una en el estado Miranda y otra en el estado Zulia. La ley estipula que las mujeres en prisiones mixtas deben ser mantenidas en anexos o en bloques separados para mujeres.

«Una ONG local informó que en la práctica los presos hombres y mujeres se mezclaron. Las fuerzas de seguridad y las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley a menudo mantenían a los menores junto con los adultos, aunque existían instalaciones separadas», puntualiza el informe.

Arrestos y el papel de la policía

El texto cita a la ONG como Foro Penal, COFAVIC, el Instituto de Prensa y Sociedad, Espacio Público y PROVEA, quienes observaron al menos 2.000 casos abiertos de detenciones arbitrarias.

«La corrupción, la capacitación y el equipo inadecuados de la policía y la financiación insuficiente del gobierno central, especialmente para las fuerzas policiales en los estados y municipios gobernados por funcionarios de la oposición, redujeron la eficacia de las fuerzas de seguridad. Hubo informes continuos de abuso y participación policial en delitos, incluidas detenciones ilegales y arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, secuestros y el uso excesivo de la fuerza», explica.

«La impunidad siguió siendo un grave problema en las fuerzas de seguridad», afirmó el informe.

Voz de América

La Comisión de Contraloría del Parlamento venezolano, de mayoría opositora, llamó a comparecer para la próxima semana al presidente de CAF -Banco de Desarrollo de América Latina-, Luis Carranza, por presuntas irregularidades en proyectos eléctricos del Gobierno de Nicolás Maduro que el organismo financió.

En una declaración a periodistas, el presidente de la comisión parlamentaria, Freddy Superlano, que adelanta investigaciones en materia de corrupción en Venezuela, indicó que existen irregularidades en proyectos financiados por CAF en el que, dijo, está incluido una hidroeléctrica que debió inaugurarse en 2014.

«Resulta que entre los proyectos que la CAF financió está el de Tocoma», dijo Superlano en referencia a la hidroeléctrica que también ha sido financiada por el Fondo Conjunto Chino Venezolano (FCCV) y el BID, según la organización no gubernamental Transparencia Venezuela.

«Uno sabe todo el entramado de corrupción que hay» en lo relacionado a «la crisis eléctrica en Venezuela, pero uno se pregunta si este tipo de instituciones internacionales no tienen ningún tipo de controles (…) es por eso que nosotros hemos decidido de llamar a comparecer (…) al señor Luis Carranza», dijo.

De acuerdo con lo señalado por Superlano, CAF financió 11 proyectos del Gobierno chavista entre 2010 y 2018 valorados en 2.582 millones de dólares.

«Que nos digan, bueno, ¿bajo qué criterio se hizo -el financiamiento-? ¿a quién se le dio? ¿cuáles fueron las normas que establecieron (para) que existiese este desembolso?, y ¿si ellos no sabían que estas obras estaban inconclusas o no se realizaron o no estaban con los canales regulares cumpliendo las normas de construcción para estos proyectos?», apuntó.

Superlano indicó que en los próximos días también llamarán a comparecer a otras personas por las inversiones que hizo el Gobierno en la industria eléctrica, que el Parlamento calcula en 100.000 millones de dólares.

La comisión además continúa las investigaciones al ministro de Energía Eléctrica, Luis Motta Domíguez, y los exministros del área Argenis Chávez y Jesse Chacón, contra quienes el Parlamento declaró en 2017 responsabilidad política por la crisis eléctrica.

Venezuela, el país con las mayores reservas petroleras probadas del mundo, vive desde hace una década constantes fallos eléctricos que se han acentuado en los últimos cinco años.

El país vivió el jueves pasado el mayor apagón de su historia cuando casi todo el territorio venezolano se quedó a oscuras por cinco días, un suceso que el Gobierno atribuye a un «sabotaje» y «ataque cibernético» de EE.UU. y la oposición local.

Sin embargo, el antichavismo afirma que el apagón ocurrió por la negligencia del Estado y la falta de mantenimiento.

EFE

Varios diplomáticos abandonaron este jueves una reunión de la ONU sobre drogas en Viena por la presencia del ministro de Exteriores venezolano, Jorge Arreaza, al que consideran un representante “ilegítimo” del país.

Decenas de representantes de países latinoamericanos pero también de Estados Unidos, Canadá y de algunos países europeos, entre ellos Francia, abandonaron la sala cuando Arreaza subió al podio durante una reunión de la Comisión de Estupefacientes (CND) en Viena.

“Los miembros de la delegación venezolana que están hoy aquí representan el gobierno ilegítimo de Nicolás Maduro y por eso no pueden ser considerados como hablando en nombre del pueblo venezolano”, dijo en un comunicado tras el incidente un portavoz de la misión estadounidense ante las organizaciones internacionales.

Más de medio centenar de países han reconocido como presidente interino al líder opositor Juan Guaidó.

Varios diplomáticos latinoamericanos y europeos ya habían salido el mes pasado cuando Arreaza hablaba el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra y pedía conversaciones directas entre el presidente Maduro y el presidente estadounidense Donald Trump para abordar la crisis que vive el país.

AFP