El gobierno de Daniel Ortega y la oposición concluyeron el lunes la cuarta jornada de negociaciones sin consenso en la definición de la modalidad de acompañamiento de un diálogo que procura resolver una crisis de más de 10 meses en Nicaragua, del cual los obispos católicos anunciaron su exclusión.
“Se continuó discutiendo la hoja de ruta de la negociación” y “la consideración entre ambas partes sobre la definición de los testigos y acompañantes” de las pláticas, anunciaron el gobierno y la oposición en una declaración conjunta.
También analizaron el papel que tendrán los “garantes” que certificarán el cumplimiento de los acuerdos que se adopten.
“Esos puntos todavía están sujetos a discusión”, afirmó el jefe de la delegación de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), Carlos Tünnermann, al salir de la reunión.
En las conversaciones, que se desarrollan a paso lento desde el miércoles, las partes sólo han lograron ponerse de acuerdo hasta el momento “en cómo se tomarán las decisiones, horario de reuniones, política de comunicación y divulgación, la naturaleza de los acuerdos a ser alcanzados y aspectos de logística”.
Estas reglas, conocidas como “la hoja de ruta” de la negociación, son esenciales para que el gobierno y la oposición puedan comenzar a discutir “la agenda” que los llevó a volver a la mesa de diálogo, según el comunicado.
Tünnermann dijo que el martes esperan terminar de establecer la hoja de ruta de las conversaciones, que se proponen cerrar el 28 de marzo.
Versiones de prensa atribuidas a fuentes próximas a la negociación indican que la negativa del presidente Ortega a aceptar la mediación de los obispos y la presencia de la OEA y la ONU como garantes, pedidos por la oposición, ha obstaculizado el proceso.
“Tenemos que asegurar que estos acuerdos se puedan cumplir, que no solo contengan la voluntad de las partes, sino que tengan los mecanismos que garanticen el cumplimiento”, explicó uno de los negociadores, José Pallais.
La reunión entre la delegación del gobierno, que preside el canciller Denis Moncada, y la Alianza tuvo lugar en la sede del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE), al sur de la capital.
Como testigo acudió únicamente el nuncio apostólico, Waldemar Stanislaw Sommertag.
Obispos se retiran
Durante las conversaciones, la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) anunció que se retirará de las negociaciones al señalar que no fue invitada formalmente y considerar que su presencia no es “ineludible” en el proceso.
“Comprendemos que no somos de ineludible necesidad para dichas negociaciones”, dijeron los obispos católicos en un comunicado, tras reunirse en Managua.
“No hemos recibido ninguna correspondencia” de las partes para mediar en las conversaciones, señaló la jerarquía eclesial, que sirvió de mediadora del primer diálogo que el gobierno abrió con la oposición en mayo y junio pasado, en medio de violentas protestas.
“Agradecemos que en algún momento se nos haya tomado en cuenta”, agregaron los obispos, que tuvieron un papel protagónico durante la crisis el año pasado.
El obispo de Estelí y secretario de CEN, Abelardo Mata, advirtió en declaraciones a la prensa que observa “muchas tácticas dilatorias” en la reanudación de diálogo.
La Alianza informó que abordaron con el gobierno el retorno de los obispos a la mesa como testigos.
“Para nosotros la presencia de la Conferencia Episcopal es de vital importancia para la negociación”, dijo Tünnermann.
Nicaragua está sumida en una crisis política desde que las protestas que estallaron en abril contra una reforma del seguro social luego se convirtieron en una demanda por la salida de Ortega, en el poder desde el 2007, por la represión que ejercicio contra los manifestantes, que dejó 325 muertos y cientos de detenidos.
Tras aplastar las manifestaciones, Ortega acusó a los obispos de “golpistas” y de ser parte de una supuesta conspiración para sacarlo del poder.
El malestar del mandatario con la jerarquía católica surgió a raíz de la propuesta que le hicieron durante el primer intento de diálogo para que adelantara las elecciones del 2021 como salida a la crisis.
Ortega “quiere oxigenarse”
La ACJD, que aglutina a estudiantes, empresarios, campesinos y sociedad civil, propone para solventar la crisis una agenda con prioridad en la liberación de todos los “presos políticos”, respeto de libertades ciudadanas, elecciones anticipadas, reforma electoral y justicia para las víctimas de la represión a las protestas.
La prolongación de la fase preparatoria para la negociación comienza a despertar suspicacias en sectores opositores.
“Ortega concurre al diálogo porque lo necesita y quiere oxigenarse frente a la presión internacional que es la que más le cuesta, porque la presión local la tiene controlada por la represión”, dijo la exguerrillera e historiadora Mónica Baltodano a la Agencia France-Presse (AFP).
Estados Unidos aprobó en diciembre una ley denominada NICA Act, que restringe el acceso a recursos internacionales, mientras la Unión Europea amenazó con sanciones.
Agence France-Presse
