Las amenazas de prisión emitidas contra el presidente de Fedecámaras Zulia, Franco Cafoncelli, por parte del Alcalde de Maracaibo, Willy Casanova y del secretario de la Gobernación del estado Zulia, Lisandro Cabello, fueron rechazadas esta martes, en forma categórica por la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción, Fedecámaras, en declaración institucional.
Cafoncelli fue amenazado por los funcionarios públicos por supuestamente “promover el impago” de los impuestos correspondientes a la nueva Ordenanza Municipal de las actividades económicas comerciales, industriales y de servicios en el Municipio Maracaibo, dictada por la mencionada Alcaldía en el mes de diciembre de 2018.
El gremio empresarial está en la obligación de alertar y/o denunciar toda medida que ponga en peligro la sostenibilidad empresarial, el desarrollo y la diversificación de la economía nacional, estatal y municipal, basado en el “sistema de la empresa privada y de la libre iniciativa, dentro de un orden jurídico que proclame, garantice y respete los derechos fundamentales del hombre y la propiedad privada”, conforme a lo previsto en los Estatutos de Fedecámaras.
Destaca la declaración que Fedecámaras y sus cámaras afiliadas se mantienen apegadas a lo que dicta la Constitución de la República y el ordenamiento jurídico vigente. Al emitir sus consideraciones sobre el impacto de la medida planteada sobre el sector empresarial, los líderes gremiales no han realizado llamados al incumplimiento o desacato de las leyes u obligaciones vigentes.
“Rechazamos el amedrentamiento por parte de las autoridades regionales a los líderes gremiales y empresarios zulianos, quienes a pesar de la grave situación económica que vive el país, siguen haciendo sus mayores esfuerzos por mantener sus puertas abiertas, generando y produciendo los bienes y servicios que requiere la población”.
El organismo empresarial reitera que la estabilidad económica no se consigue a través de amenazas, cierres o expropiaciones. Acciones como éstas, sin la debida consulta, son las que mantienen en jaque al tejido empresarial del país.
Venezuela necesita un marco regulatorio y medidas consensuadas que generen la confianza necesaria, reglas claras y bases sólidas para atraer inversiones nacionales e internacionales que garanticen la promoción e impulso de la producción nacional, y así, evitar un mayor deterioro de la economía, del sector empresarial y del bienestar de las familias venezolanas, señala la Federación.
