Cada vez son más insistentes las denuncias que advierten de la impune presencia de Hezbolá en América Latina, especialmente en dos núcleos: en la llamada “triple frontera”, región que abarca territorios de Brasil, Argentina y Paraguay, y en Venezuela. Fundada en 1982 en el Líbano, Hezbolá ha alcanzado fama planetaria por el uso de camiones y carros bomba, secuestro de aeronaves, asesinato de personas secuestradas (cuyos cadáveres jamás han sido encontrados), atentados con explosivos en lugares públicos y un sinfín de otras prácticas con el objetivo de matar. Un sello de Hezbolá es el uso de barrios y lugares ocupados por niños como escudos humanos para su guerra en contra de Israel: se han publicado fotografías que muestran cómo este grupo terrorista mantenía lanzamisiles en el techo de un centro escolar para niños con discapacidad.
En medio del gigantesco torrente informativo de los días recientes, ha pasado un tanto inadvertido que el grupo terrorista Hezbolá, por segunda vez, ha declarado públicamente su apoyo a Nicolás Maduro. En una comunicación de cinismo incalificable, los expertos asesinos denunciaron el show de los drones como un intento de acabar con la vida de Nicolás Maduro. Ahora han vuelto. El pasado 25 de enero, después de la juramentación de Juan Guaidó, una delegación de terroristas visitó la sede de la Embajada de Venezuela en Beirut para insistir en su apoyo a Maduro.
Desde hace años distintos informes de inteligencia lo vienen advirtiendo: a través de múltiples mecanismos y fachadas, primero Chávez y a continuación Maduro, se ha permitido la instalación, bajo protección gubernamental, de terroristas en territorio venezolano. Los investigadores siguen preguntándose qué justifica, por ejemplo, que durante varios meses hubo un vuelo diario entre Venezuela e Irán. Como se sabe, hay denuncias sustentadas de un negocio que tenía su centro en la Embajada de Venezuela en Irak, que consistía en la venta de pasaportes a terroristas de varias nacionalidades, que han actuado en el Medio Oriente. Lo han afirmado los expertos: del mismo modo en que Vladimir Padrino es el representante de los intereses rusos en Venezuela, Tareck el Aissami lo es de Hezbolá y de otros grupos terroristas. Varios medios de comunicación han señalado a Feras el Aissami, hermano de Tareck el Aissami y radicado en Uruguay, como vinculado a las operaciones de narcotráfico de la triple frontera, para financiamiento de Hezbolá.
Otro de los socios fundamentales del régimen de Chávez y Maduro es el Ejército de Liberación Nacional, grupo que el pasado 17 de enero hizo estallar una carrobomba en una escuela de cadetes en Bogotá, ataque que causó la muerte de 21 personas y heridas a más de 100, lo que rompió, de una vez por todas, la posibilidad de alcanzar un acuerdo para su pacificación. El expediente del ELN es monstruoso: entre 1985 y nuestro tiempo han secuestrado alrededor de 7.000 personas. De ellas, cerca de 150 han sido asesinadas de distintas maneras. Entre las prácticas del ELN están más de 600 ataques a oleoductos y otras infraestructuras petroleras, que han causado daños ambientales irreparables. El ecocidio es un rasgo de la personalidad criminal del ELN, que ahora opera minas, de forma ilegal, tanto en territorio de Colombia como de Venezuela. Todavía hoy, después de que han transcurrido casi tres meses del ataque del ELN a militares venezolanos, que dejó tres muertos y varios heridos, no se ha dado una explicación convincente de esos graves hechos. El ELN, directamente vinculado a actividad de producción de cocaína y heroína en Colombia, y experto instalador de minas antipersonales con el objetivo de proteger los cultivos de la hoja de coca y de la amapola, es hoy otro de los aliados más visibles del gobierno de Maduro. Como ya escribí en otro artículo, nadie debe olvidar aquellas palabras de Chávez en 2008, en las que proclamó en la sede de la Asamblea Nacional que el ELN y las FARC debían ser reconocidos como organismos políticos y salir de las listas de grupos terroristas.
Los métodos que forman parte de las prácticas de las FARC –agrupación que continúa operando en territorio venezolano–, quizás la banda criminal más poderosa y criminal de los últimos tres siglos en todo el planeta, incluyen el cobro de vacuna, el secuestro extorsivo, el cultivo de coca y el narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión; el asesinato de civiles, policías, militares y periodistas; reclutamiento forzado de menores, atentados con una amplia gama y técnicas de explosivos; voladura de puentes, carreteras, estaciones de policías y viviendas; contrabando y mucho más. Un dato esencial: Human Rights Watch estimó en 2015 que entre 20% y 30% de los miembros armados de las FARC eran menores de 18 años. El balance de su actividad es repulsivo: más de 220.000 asesinatos documentados, más de 28.000 secuestrados, más de 25.000 desaparecidos, más de 7.000 niños reclutados a la fuerza, casi 2.000 ataques calificados de masacres.
Sigo: la más sólida experticia del G2 cubano, de los oficiales del Ejército y de los asesores de seguridad –algunos de ellos actúan como diplomáticos–, no se limita a las escuchas telefónicas y a través de micrófonos, a la gestión de bases de datos de los enemigos de la revolución o a la formación de funcionarios en el oficio del espionaje: su maestría más destacada radica en el desarrollo de los más atroces métodos y sistemas de tortura. Basta leer o escuchar los testimonios de las víctimas que han sobrevivido y han escapado de la isla, para concluir, por ejemplo, que toda la perversión arquitectónica y violencia operativa de La Tumba, el infierno administrado por el Sebin, es obra de los castristas que participan en las decisiones del gobierno de Maduro. Cubano es el método que consiste en aplicar sesiones de tortura, hasta un límite, directamente supervisado por médicos para impedir la muerte de la víctima y, de este modo, garantizar que uno o dos días después volverá a castigársele.
Prácticas como sembrar pruebas y fabricar expedientes para impedir la acción de los opositores se remonta a la Cheka creada por Lenin a finales de 1917 y explotada hasta dimensiones inconcebibles por Stalin, y que causó la muerte a millones de disidentes y hasta de miembros del propio Partido Comunista. Los antecedentes de ataques de funcionarios policiales o de las fuerzas armadas, combinados con paramilitares, se remontan a los primeros años de la Revolución Rusa, especialmente a 1919, cuando Stalin, personalmente, dirigía los ataques para despojar a los campesinos de Ucrania de la producción de cereales.
Esta somera recapitulación, a la que podrían sumarse centenares de otros antecedentes, son las corrientes, influencias y métodos dictados por los ejércitos de ocupación que actúan en territorio nacional, y que han confluido en la cultura y en las ejecuciones por las cuales el Sebin, la DGCIM, la FAES, el CONAS y otros organismos persiguen, reprimen, torturan, encarcelan, enjuician y matan a disidentes y demócratas.
Editorial de El Nacional
