La mayor crisis económica de su historia, la diáspora de 3 millones de personas, la desaparición de empresas, el aumento de la hambruna, la reaparición de enfermedades erradicadas y el aislamiento del Parlamento, son algunos de los hitos del gobierno de Nicolás Maduro, que este jueves 10 de enero iniciará su segundo mandato con la luz verde del TSJ
Maduro se aseguró un segundo mandato tras imponerse en las polémicas elecciones del pasado 20 de mayo, en las cuales no participó la gran mayoría de la oposición, fueron desconocidas por la mayor parte de la comunidad internacional, tuvieron un registro histórico de baja participación y aumentaron la presión externa sobre el chavismo.
Maduro, de 56 años, jurará ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y no en el Congreso, único poder no oficialista, en una ceremonia prevista para las 10:00 locales (11:00 de Chile).
Durante el gobierno de Maduro, la economía se redujo a la mitad y se contraerá 5% en 2019, según el FMI; además, el país y su petrolera cayeron en default y la producción de crudo, fuente de 96% de los ingresos, se redujo a 1,4 millones de barriles diarios, la más baja en 30 años.
Pero ni todas las crisis, casos de corrupción y las manifestaciones (saldadas en 2014 y 2017 con cientos de muertos), han sido capaz de remover del poder a la poderosa estructura del chavismo, que pese a perder el control de la Asamblea Nacional (Legislativa) en 2015 ante la oposición, ha logrado enquistarse en el poder y controlar órganos claves como el Tribunal Supremo de Justicia o el Consejo Nacional Electoral.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su último informe sobre Venezuela señaló que la “falta de independencia” del Poder Judicial se debe al nombramiento fraudulento de magistrados y la gran cantidad de jueces provisionales en la máxima instancia.
La CIDH expresa que el 77% de los jueces son provisionales y que en lo últimos años la cifra ha oscilado entre el 66% a 80%, lo que ha sido perjudicial para la democracia.
“La Comisión reitera que la provisionalidad indefinida y la inexistencia de garantías de estabilidad conllevan como riesgo que los jueces adopten sus decisiones para complacer a la autoridad encargada de su nombramiento o remoción, lo cual mella gravemente su independencia”, indica el informe de la CIDH.
“Sobrevive gracias a su autoritarismo. Cambió las reglas para no enfrentarse en una contienda electoral democrática porque sabe que perdería”, opina Luis Salamanca, analista de la Universidad Central de Venezuela a la Agence France-Presse.
En la misma línea, la oposición ha acusado al poder electoral y su presidenta, Tibisay Lucena, se servir al gobierno de Maduro, tras rechazar las firmas para la convocatoria de un proceso revocatorio contra el presidente venezolano.
El golpe electoral más duro de la historia del chavismo vino en diciembre de 2015, cuando la oposición -aún agrupada en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD)- logró la mayoría en las elecciones para la Asamblea Nacional.
Desde entonces el parlamento vivió una relación desafiante con Maduro y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el máximo órgano de la justicia en Venezuela, que invalidó cada decisión tomada por el legislativo y que en marzo de 2017 le quitó todos sus poderes, aunque se retractó a los días debido a la presión internacional.
Igualmente, la decisión generó una nueva ola de protestas en 2017, con más de 125 muertos, y que Maduro intentó frenar con la convocatoria a una Asamblea Constituyente, que no contó con la participación de la oposición.
Gracias a esta medida, Maduro desde agosto de 2017 gobierna con una Asamblea Constituyente de poder absoluto que sustituyó en la práctica al Legislativo, causando de esa forma el debilitamiento de la oposición.
El 2018 en Venezuela no sólo será recordado por las polémicas elecciones de mayo, sino también por la desaparición de la MUD, que durante 10 años convocó a los opositores al chavismo, que tras la salida de su principal partido Acción Democrática en julio, evidenció un desgaste irreversible.
En 2017 se negaron a participar en las elecciones para la Asamblea Constituyente y los comicios regionales, lo que conllevó a que el poder electoral retirara la autorización para participar de futuras elecciones a la MUD en su generalidad y a algunos partidos claves como AD, Primero Justicia o Voluntad Popular.
En estos momentos, la oposición venezolana ha dirigido sus esfuerzos a través de ONG que difunden los abusos cometidos por el gobierno de Maduro, las detenciones por razones políticas y el deterioro causado por la crisis económica.
“Así que arranca 2019 en Venezuela prácticamente sin oposición, con unos detractores del chavismo totalmente dispersos, incapaces de ceder en sus ambiciones particulares y unirse frente a un adversario común. Dependientes de las instrucciones que reciben de Washington y no cumplen, sin ideas claras, su credibilidad se agota incluso entre sus simpatizantes. No se vislumbra un futuro a corto plazo, ni quizás tampoco a medio, que les abra las puertas del Gobierno”, indica el periodista Juan Jesús Aznarez en una columna publicada en diario El País de España.
Otro punto que ha diezmado a la oposición venezolana es la gran cantidad de dirigentes en el exilio, como Julio Borges en Colombia o Freddy Guevara Chile, también está el caso del detenido Leopoldo López, sentenciado a 14 años de prisión por liderar las protestas para sacar a Maduro en 2014 que dejaron un saldo de 43 muertos.
AFP
