Ante el acto de juramentación de Nicolás Maduro para un segundo período presidencial 2019-2025, el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), hace del conocimiento de la opinión pública nacional e internacional lo siguiente:
1) Como consecuencia de haberse convertido Nicolás Maduro en representante de una minoría electoral, a partir de las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015, su gestión tomó una serie de decisiones arbitrarias que alejaron a su gobierno de la democracia con la intención de mantenerse irregularmente en el poder. En mayo de 2016 diversas organizaciones de derechos humanos, agrupadas en el Foro por la Vida, calificamos como ruptura del orden constitucional la aprobación de un Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica, que configuró una normativa para justificar y alentar la actuación de los Poderes Públicos al margen y sobre la Carta Magna, e incrementar la exclusión y persecución por razones políticas. Por otra parte sus políticas han aumentado la crisis económica, generando mayores penurias en la población y obligando a millones de venezolanos a salir forzosamente del país.
2) El 14 de mayo de 2018, cuarenta y tres organizaciones de la sociedad civil y derechos humanos alertamos que las elecciones del 20 de mayo de 2018, donde se elegiría un presidente para Venezuela para el período 2019-2025, no serían libres ni creíbles, debido al grave incumplimiento de diferentes garantías para el ejercicio del derecho a la participación política mediante el sufragio, entre ellas la actuación de un Consejo Nacional Electoral que no garantizaba transparencia e independencia como arbitro electoral. Un día después, Provea acudió a la sede del Tribunal Supremo de Justicia para introducir un recurso ante la Sala Electoral para impugnar la convocatoria de dicho proceso electoral, el cual fue desestimado por una Magistratura cooptada por el partido de gobierno. La supuesta elección de Nicolás Maduro para un segundo mandato fue consecuencia de un proceso electoral abiertamente ilegal y fraudulento.
3) Con las decisiones tomadas a partir de diciembre de 2015, que afianzaron un gobierno dictatorial y más excluyente, Nicolás Maduro perdió la legitimidad de desempeño en el ejercicio de sus facultades como presidente de la República. A partir del 10 de enero de 2019 tampoco poseerá legitimidad de origen en lo que pretende ser un segundo período presidencial en funciones.
4) La Constitución no prevé los mecanismos a seguir ante la instalación de un gobierno de facto consecuencia de un fraude electoral. Cualquier iniciativa para lograr la transición a la democracia debe promover la realización de elecciones libres, creíbles, y con garantías para la libre participación política mediante el sufragio de todos los electores y organizaciones, que restablezcan a corto plazo la plena vigencia de la Carta Magna de 1999. Para ello, la Asamblea Nacional juega un rol fundamental como el único poder público legitimado por el pueblo para conducir este proceso.
5) La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela debe ser el marco de actuación tanto para los sectores que aspiren el regreso del Estado de derecho como para el proceso de reinstitucionalización democrático del país. Esta Carta Magna establece, en su artículo 138, que toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos.
6) Reconocemos y alentamos todos los esfuerzos, tanto de los organismos internacionales de protección de derechos humanos como de la comunidad internacional, para aumentar las presiones diplomáticas que logren el pronto restablecimiento tanto del orden constitucional como de la propia democracia en el país. Apoyamos las sanciones individuales sobre funcionarios responsables de violaciones de derechos humanos, así como la aplicación de los diferentes mecanismos internacionales (Carta Democrática Interamericana, Protocolo de Ushuaia, entre otros) acordados soberanamente entre los diferentes países, entre ellos Venezuela, para abordar la ruptura democrática en cualquier Estado de la región. Sin embargo, como lo hemos reiterado en otras comunicaciones, cuestionamos cualquier sanción económica contra el país que puedan agravar la ya precaria situación generada por la emergencia humanitaria compleja en salud, alimentación y pobreza.
7) Solicitamos a los países de la región que ante cualquier consecuencia derivada de la instalación del gobierno de facto que pretende instalarse en el país a partir del 10 de enero de 2019, se mantengan y generen todos los mecanismos posibles para continuar su observación y acompañamiento de la situación venezolana. Asimismo, se dé respuesta oportuna y adecuada, según los estándares internacionales sobre migración, a las solicitudes de asilo por razones políticas y estatus de refugio a los venezolanos que migren forzosamente del país como consecuencia de la emergencia humanitaria compleja y la persecución política.
8) Rechazaremos cualquier tipo de intervención armada a Venezuela como mecanismo de resolución de la crisis. Abogamos por acciones contempladas en la normativa internacional sustentadas en la reivindicación de la paz y los mecanismos diplomáticos.
9) Invitamos a todas las organizaciones sociales y populares de la región a denunciar la ausencia de legitimidad del gobierno de facto que pretende establecerse en el país a partir del 10 de enero usurpando funciones al margen de la Constitución de 1999 y la Carta Democrática Interamericana. Asimismo, los alentamos a solidarizarse con los esfuerzos de los sectores que promueven el regreso de la democracia a Venezuela.
10) Advertimos que la instauración de un gobierno de facto, no libra a los funcionarios en usurpación de funciones de su responsabilidad en el ejercicio del poder y las consecuencias de decisiones que violen y afecten la dignidad humana. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) consideró ilegítimo al gobierno de sustituyó a Manuel Zelaya en Honduras, estableciendo que “el sistema democrático es la garantía principal para la vigencia de los derechos humanos. En efecto, de este informe se desprende que las violaciones a los derechos humanos que se denuncian son consecuencia directa de la ruptura del orden constitucional. Por ello, la Comisión considera que el retorno a la institucionalidad democrática en Honduras es necesaria para que se den las condiciones para la efectiva protección y cumplimiento de los derechos humanos de todos los habitantes de ese país.”
11) La respuesta frente la crisis política y social es clara: la movilización y presión conjunta de la sociedad civil democrática, las organizaciones sociales venezolanas, la Asamblea Nacional, los organismos internacionales de protección de derechos humanos, la comunidad internacional, y el pueblo en su ejercicio intransferible de soberanía y deber de restablecimiento del orden constitucional, con el firme propósito de detener el avance del gobierno de facto.
12) A pesar de los obstáculos y adversidades, Provea y el resto del movimiento de derechos humanos venezolano continuaremos en el país documentando las violaciones de derechos humanos y acompañando a todas las víctimas, sin discriminación alguna, en su anhelo de verdad, justicia y reparación.
Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea)
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