En los últimos años la justicia federal de Buenos Aires ya procesó a más de cien exfuncionarios K y a varios empresarios en causas por corrupción, lo que constituye un récord de procesamientos desde que se restauró la democracia en 1983.

Si bien la causa de los cuadernos de las coimas de Oscar Centeno -que investigan el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli- tiene ya 42 procesados, hay otras causas con muchos procesados aunque no tienen el mismo nivel de velocidad de investigación.

En fuentes judiciales se estima que en el primer semestre de este año el número de procesados y condenados aumentará, hasta unas semanas antes de las elecciones presidenciales de octubre, cuando los jueces en general “hacen la plancha”, es decir, no toman decisiones de fondo.

En un informe de la Oficina Anticorrupción, se incluye una lista de los procesados y condenados en las causas Ciccone, ruta del dinero K, Los Sauces, direccionamiento de la obra pública a favor de Lázaro Báez, Hotesur, desvío de fondos de la mina de Río Turbio, Plan Qunita, compra de trenes chatarra a España y Portugal, Odebrecht, Skanska, la valija de Antonini Wilson, la Tragedia de Once y diversas causas por enriquecimiento ilícito, entre otras.
Fuentes de la justicia de Comodoro Py afirmaron que ese número “es muy superior a los procesados exfuncionarios del Gobierno de Menem y menor a los condenados, aunque no haya estadísticas precisas para hacer una comparación”.

Tampoco hay en las causas precisiones sobre la plata robada y cuya posibilidad de ser recuperada está en juego en estos juicios. En un estudio del CONICET, los economistas Ariel Coremberg y Martín Grandes estimaron hipotéticamente, en base a un estudio de inversión pública, que se habría robado al Estado unos 36 mil millones de dólares entre el 2003 y el 2015.

El informe señala que en la causa Ciccone, donde el juez federal Ariel Lijo y el fiscal Jorge Di Lello investigaron la compra de la imprenta para imprimir billetes por parte del entorno del ex vicepresidente de la Nación, están ya condenados Amado Boudou (5 años y 10 meses de prisión), el ex asesor de la AFIP Rafael Resnick Brenner, el ex jefe de asesores del ministro de Economía Guido Forcieri y está solo procesado el ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray.

No se tiene en cuenta la condena al socio y amigo de Boudou “Naringa” Nuñez Carmona porque nunca fue funcionario. Tampoco la situación procesal del ex gobernador Daniel Scioli ante la justicia bonaerense en otras causas.

En la causa Skanska, que ahora investigan el juez Sebastián Casanello y el fiscal Stornelli, están procesados por fraude al estado y cohecho en la ampliación del gasoducto del norte: Julio De Vido, José López y el ex titular de Nación Fideicomisos, Néstor Ulloa y los ex gerentes de Skanska y otras empresas privadas.

En la causa por la Tragedia de Once, donde se probó que hubo desvío de fondos asignados para el mantenimiento a otros fines, están condenados De Vido (5 años y 8 meses de prisión) y los ex secretarios de Transporte K Ricardo Jaime (8 años) y Juan Pablo Schiavi, además de los empresarios de TBA por fraude al estado y estrago.

En la causa cuadernos, Bonadio y Stornelli lograron en la cámara federal la confirmación de los procesamientos de la ex presidenta Cristina Kirchner como jefa de una asociación ilícita y cohecho junto con De Vido, José López, Roberto Baratta, Nestor Lazarte (ex secretario privado e Baratta), Fabián García Ramón (ex director de Energías Renovables), Hernán Camilo Gómez (funcionario de Baratta), Rafael Enrique Llorens (ex secretario Legal de Planificación), José María Olazagasti (ex secretario privado de De Vido), Jorge Mayoral (ex secretario de Energía) y Germán Nivello.

En la causa de la inmobiliaria de los Kirchner llamada Los Sauces -que investigan el juez Julián Ercolini y el fiscal Gerardo Pollicita- están procesados por lavado de dinero Cristina Kirchner y el diputado nacional Máximo Kirchner. También están procesados el ex gobernador de Santa Cruz Carlos Sancho y los funcionarios del banco de la Nación: Mónica Romero, Raúl Avarese, Lisandro Manuel, Ronaldo Gauna, Aníbal Avena y Marcelo Mazú.

Otro de los casos con más procesados es el direccionamiento de la obra pública a favor de Lázaro Báez que significó el pago de contratos por 3 mil millones de dólares al empresario K con licitaciones amañadas, sobreprecios y obras sin terminar.

Los casos relacionados con la constructora brasileña Odebrecht son un capítulo aparte. Por la ampliación de gasoductos, el juez federal Daniel Rafecas consideró que había habido sobreprecios millonarios y procesó a Daniel Camerón, Bautista Marcheschi (ex subsecretario de Energía Eléctrica) y Cristian Folgar (ex subsecretario de Combustibles).

En la causa por el desvío de 265 millones de pesos destinados a la reactivación de la mina de Río Turbio, el juez federal Luis Rodríguez procesó a De Vido y a los ex funcionarios de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT) Jaime Alvarez, Atanasio Pérez Osuna, Fernando Lisse, Miguel Larregina, Marta Pérez, Juan Marcelo Vargas, Orlando Taboada, Claudio Masson, Gustavo Mazza, Ramón Chanampa y Orlando Pastori.

Como los fondos se triangulaban a través de la Universidad Tecnológica Nacional, el juez a pedido del fiscal Stornelli también procesó a los funcionarios de la UTN: Diego Di Lorenzo, Carina Mendoza, y Héctor Brotto.

Aunque no figura en el informe de la OA, el juez federal Marcelo Martínez de Georgi procesó por el desvío de 206 millones de pesos del plan de viviendas sociales “Sueños Compartidos” de las Madres de Plaza de Mayo a José López y al ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala, además de a Hebe de Bonafini y Sergio Schoklender. Estos dos últimos no fueron funcionarios, entre otros.

En tribunales no se considera a la causa por el pacto con Irán como un caso de corrupción ni tampoco a la causa por la manipulación de las estadísticas del INDEC por la que se procesó al ex secretario de Comercio Guillermo Moreno. Pero sí a la causa llamado dólar futuro. En ésta, el juez Claudio Bonadio procesó a la ex presidenta por el delito de administración infiel en perjuicio de la administración pública.

Solo Cristina Kirchner enfrentará el año que viene cinco juicios orales para que se decida si es culpable o inocente. Las causas en que no está procesada la ex presidenta también están cerca de llegar a esa instancia por lo que se prevé un cuello de botella en los juicios orales del 2019, en medio de la campaña electoral.

GV

El nuevo presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, arrancó su mandato tomando controvertidas medidas sociales en concordancia con su prometido giro ultraconservador, pero resultó ser menos ambicioso de lo esperado en cuanto a reformas económicas.

Determinado a romper con décadas de políticas de centroizquierda en Brasil y sumarse a la ola antiglobalizadora que se expande por el planeta, el exmilitar de 63 años inició su mandato el martes decretando el traspaso al ministerio de Agricultura de la demarcación de las tierras indígenas.

Una forma, según sus detractores, de entregar los territorios ancestrales de los indígenas al apetito voraz del agronegocio, cuya influyente bancada parlamentaria está detrás del nombramiento de su jefa, Tereza Cristina, como ministra de Agricultura.

Bolsonaro, que en su discurso de investidura prometió “restablecer el orden” y “liberar a Brasil del socialismo”, emprendió también una “limpieza” ideológica de simpatizantes de izquierda en el seno de la administración.

Además, ordenó que las ONGs pasen a estar supervisadas por el gobierno y determinó la exclusión de la población LGBT (Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales) de los beneficios de políticasdestinadas a la promoción de derechos humanos del recién creado Ministerio de la Mujer, de la Familia y de los Derechos Humanos.

La polémica encendida por la ministra de esta cartera, Damares Alves, al aparecer festejando en un video el inicio de una “nueva era” en Brasil, en la que “niño viste de azul y niña de rosa”, dice mucho del giro conservador recién iniciado en el país.

En política exterior, Bolsonaro selló una estrecha alianza con Estados Unidos, para combatir -entre otras cosas- las “dictaduras” de Venezuela y Cuba, y dijo que estaba abierto a discutir en un futuro la instalación de una base militar estadounidense, mencionando las preocupantes relaciones entre su vecina Venezuela y Rusia.

También ratificó su intención de transferir la embajada brasileña en Israel de Tel Aviv a Jerusalén.

Confusión

Su ministro de Economía, el ultraliberal Paulo Guedes, dijo que la prioridad número uno del gobierno es abordar el insostenible sistema de pensiones de Brasil.

Los mercados aplaudieron estos primeros pasos: la bolsa de Sao Paulo se disparó hasta un nivel récord y el real se valorizó frente al dólar.

Pero el jueves y el viernes, Bolsonaro sembró cierta confusión en sus intervenciones en la prensa.

Primero, habló de poner una edad mínima de jubilación muy por debajo de lo que está estudiando su equipo económico, minando la esperanza de que aborde con firmeza la reforma del sistema de pensiones, que hoy por hoy consumen un tercio del gasto público.

“El mercado a veces es bipolar: la euforia de hoy puede convertirse en depresión mañana”

– Maria Herminia Tavares de Almeida, politóloga de la Universidad de Sao Paulo.

Luego expresó cautela al responder si apoyará una alianza valorada en miles de millones de dólares entre el fabricante brasileño de aviones Embraer y el gigante estadounidense Boeing, lo que provocó que las acciones de la empresa brasileña se hundieran y se cuestionara su retórica de campaña a favor del libre mercado.

Bolsonaro también anunció un aumento de impuestos, contrariando una promesa de campaña. Pero su jefe de gabinete, Onyx Lorenzoni, dijo que el presidente se había “equivocado”.

Los otros temas, sin embargo, no fueron explicados completamente por los asesores de Bolsonaro, dejando la impresión de que hay una brecha entre las ambiciones del presidente y el equipo económico al que encargó la tarea de rescatar la economía de Brasil.

Respuestas simplificadas

La impresión que deja la primera semana de Bolsonaro es que hubo muchos gestos hacia su base de votantes conservadores, formada por evangélicos y grupos a favor de las armas y favor de la apertura de la econonomía, pero poco contenido estratégico.

“Parece que el gobierno haya sido tomado por personas que no tienen idea de cuáles son los problemas más serios de Brasil, que están poniendo el foco en cosas que no tienen importancia en la mayoría de los casos. Cuando ponen el foco en las cuestiones que sí tienen importancia, tienen respuestas muy simplificadas”, explicó a la AFP Maria Herminia Tavares de Almeida, politóloga de la Universidad de Sao Paulo.

En términos de perspectiva para la mayor economía de América Latina bajo el gobierno de Bolsonaro, “por ahora estamos en la fase luna de miel”, explicó André César, de la consultora Hold.

“El mercado a veces es bipolar: la euforia de hoy puede convertirse en depresión mañana”, agregó.

Los analistas consideran que la prueba real para Bolsonaro comenzará en febrero, cuando el nuevo Congreso comience a funcionar.

Su partido, el conservador Partido Social Liberal, tiene solo una décima parte de los escaños en la Cámara de Diputados, de 513 miembros.

“Todavía hay pocas evidencias de que Bolsonaro y su equipo económico puedan impulsar una reforma del sistema de pensiones satisfactoria, en el altamente fragmentado Congreso de Brasil”, advirtió de su lado el viernes la consultora Capital Economics.