Costa Rica anunció que presidirá una sesión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos (OEA) convocada para este jueves con el fin de tratar la crisis de Nicaragua, cita en la cual la representación costarricense expondrá los “atropellos a los derechos humanos” en ese país.
La Cancillería de Costa Rica explicó que la sesión será presidida por su embajadora ante la OEA, Montserrat Solano, en su calidad de vicepresidenta en ejercicio del Consejo Permanente de la organización.
“Costa Rica levantará su voz para denunciar la reiterada escalada de atropellos contra los derechos humanos y las libertades en Nicaragua”, expresó en un comunicado la ministra interina de Relaciones Exteriores, Lorena Aguilar.
En el texto, el Gobierno de Costa Rica deploró de nuevo la decisión del Ejecutivo de Nicaragua de expulsar del país este mes a la Misión del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y al Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Costa Rica también reiteró su rechazo al “acoso, la represión, la persecución y el encarcelamiento del que están siendo víctimas los periodistas, medios de comunicación, defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil en Nicaragua”.
“Asimismo reitera su consternación por el deterioro constante de todos los derechos humanos y la institucionalidad en Nicaragua y hace un llamado a la Comunidad Internacional para activar los mecanismos y las medidas propias del multilateralismo para restaurar y resguardar la plena vigencia de los mismos”, concluye en el comunicado.
El pasado lunes el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, declaró que esperaba que más países se pronuncien ante la escalada de la represión en Nicaragua, y adelantó que su país seguirá exponiendo la situación en foros internacionales como la OEA.
El mandatario recordó que durante la Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno, celebrada en Guatemala en noviembre pasado, Costa Rica fue el único país que se pronunció sobre la crisis sociopolítica que vive Nicaragua desde abril.
El presidente Alvarado también ha mostrado su solidaridad con la periodista nicaragüense-costarricense Lucía Pineda, detenida y acusada de “fomentar e incitar al odio y la violencia” y “provocación, proposición y conspiración para cometer actos terroristas”.
Pineda, crítica del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, será juzgada en Managua a partir del 25 de enero próximo y en la actualidad se encuentra en prisión preventiva.
La crisis sociopolítica en Nicaragua ha dejado entre 325 y 545 muertos, 674 “presos políticos”, cientos de desaparecidos, miles de heridos y decenas de miles en el exilio, según organismos humanitarios.
El Gobierno reconoce 199 muertos y ha informado de 273 detenidos a los que clasifica de ser “terroristas”, “golpistas”, y “delincuentes comunes”.
Ortega, con más de 11 años en poder de manera continuada, no acepta responsabilidad en la crisis ni tampoco los señalamientos generalizados sobre graves abusos de las autoridades contra los manifestantes antigubernamentales, y denuncia ser víctima de intento de “golpe de Estado” que, asegura, ya ha sido derrotado.
