El canal de televisión crítico con el Gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, 100% Noticias, amaneció hoy clausurado, luego de que anoche fue objeto de un allanamiento por parte de la Policía Nacional, que arrestó a sus propietarios, una periodista y un conductor.

La policía nicaragüense mantenía restringido el acceso a la calle donde se ubica la televisora, especialmente para periodistas. Sin embargo, algunos ciudadanos que tuvieron acceso divulgaron imágenes del edificio en las que se observa su fachada cubierta de láminas de zinc.

Lucía Pineda, directora de prensa de la estación 100% Noticias, envió mensajes de WhatsApp a otros periodistas diciendo que el director de la estación Miguel Mora fue detenido durante la redada del viernes por la noche. Simpatizantes del presidente Daniel Ortega habían presentado quejas criminales acusando a Mora de fomentar el odio.

Pineda también dijo que la policía estaba incautando equipo de la estación, que dejó de transmitir. Otros periodistas indicaron que no se pudieron comunicar con ella tras recibir esos mensajes.

La periodista se encontraba en el canal al momento del allanamiento y tras hacer pública la situación se perdió contacto con ella, denunciaron otros trabajadores.

Finalmente Pineda, de nacionalidad costarricense y nicaragüense, fue arrestada junto con los propietarios del canal, Miguel Mora y Verónica Chávez, y el conductor Joseph Hernández.

La toma del medio por parte de la policía se dio a la vez que el estatal Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), ente regulador del sector, ordenó a las operadoras de televisión por suscripción retirar de su menú el canal 100% Noticias a partir de las 21:00 hora local de este viernes (03:00 GMT del sábado).

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha identificado acciones de este tipo como la más reciente etapa de «represión del Gobierno de Nicaragua».

Desde el estallido social de abril pasado, Nicaragua atraviesa una crisis que, según organismos humanitarios, ha dejado entre 325 y 545 muertos, 674 «presos políticos», cientos de desaparecidos, miles de heridos y decenas de miles en el exilio.

El Gobierno reconoce 199 muertos y 273 reos, que califica de «golpistas», «terroristas» y «delincuentes comunes».

La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la CIDH han responsabilizado al Gobierno de «más de 300 muertos», así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual, entre otras violaciones a los Derechos Humanos.

Ortega rechaza los señalamientos y aduce que superó un intento de «golpe de Estado», pese a que la Acnudh y la CIDH han informado que no existen pruebas de dicha teoría.

Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, se iniciaron el 18 de abril pasado, tras 11 años de gobierno continuo, por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia debido al saldo mortal en las manifestaciones.

El Comercio Pe

La amenaza del desempleo ronda a los funcionarios del Servicio de Administración Tributaria (SAT). De manera intempestiva y bajo el argumento de un “ajuste administrativo” cientos de trabajadores del fisco mexicano han sido notificados esta semana de que deberán presentar su renuncia voluntaria, o de lo contrario, serán cesados. Frente a este callejón sin salida, algunos de los afectados han colgado en sus redes sociales los vídeos en los que se les informa de la situación. “Si no me firman la renuncia de todas formas los voy a cesar”, indica un hombre a un grupo de trabajadores en una de las imágenes que han circulado en la red recientemente. La ola de despidos masivos se ha cebado en el interior del país, en los Estados de Puebla, Guanajuato, Oaxaca, Jalisco, Tamaulipas, Sonora y Veracruz. El número de afectados por entidad oscila entre los 200 y los 700 empleados, según las versiones de los medios locales. El SAT no ha confirmado la cifra de empleados de los que va a prescindir.

La dependencia ha reconocido algunas de las bajas y ha explicado que la medida responde a los principios de «austeridad, eficiencia y ahorro» del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. “Con la finalidad de evitar duplicidad de funciones e incrementar la eficiencia, las administraciones generales del SAT propusieron reajustar sus unidades administrativas, determinando las áreas y plazas que se podrían compactar, previendo no impactar la calidad de los servicios ni los procesos recaudatorios”, se indica por escrito. El fisco mexicano ha adelantado que también se eliminarán los privilegios y altos sueldos de los directivos.

En otro de los vídeos colgados en Internet, uno de los portavoces del SAT explica a una decena de empleados que en el proyecto de los presupuestos mexicanos de 2019 no están contempladas sus plazas. El Gobierno de López Obrador prevé un recorte de 13% en los recursos al SAT respecto a los recursos recibidos en 2018. De ser aprobado el plan por los legisladores, la entidad pasará de recibir 13.722 millones de pesos a solo 11.980 millones de pesos (unos 600 millones de dólares a tipo de cambio actual). En octubre pasado, el presidente anunció que su Gobierno suspenderá las inspecciones fiscales durante los primeros meses de su Administración.

López Obrador, aseguró esta mañana que las denuncias de despidos injustificados serán revisados. «Se está respetando los derechos de los trabajadores de base, sindicalizados, ya hemos dicho que el ajuste es hacia arriba, entonces voy a revisar este tema». Estas declaraciones no han logrado calmar los ánimos. En un evento posterior, en el Estado de Oaxaca, el mandatario ha sido recibido con pancartas de reclamos: «Repudio total a los despidos injustificados», «Somos SAT. No al despido injustificado» y «Basta de despidos injustificados».

Los trabajadores del SAT no han sido los únicos damnificados de los ajustes presupuestales previstos para el siguiente año. A comienzos de esta semana, Guillermo García Alcocer, presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) aseguró que la comisión tuvo que prescindir de 385 trabajadores eventuales ante el posible recorte de una tercera parte de su presupuesto para el siguiente año. El discurso de austeridad de la actual administración está generando un ambiente de incertidumbre entre cientos de servidores públicos. Los funcionarios de rango medio temen perder su empleo mientras que aquellos de alto rango se oponen a perder su salario: más de 11.000 funcionarios buscan un amparo contra Ley de Remuneraciones, norma que establece que ningún funcionario público puede ganar más que el presidente. los inconformes pertenecen a diversas entidades: Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Politécnico Nacional, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) e incluso entre los quejosos figuran miembros del SAT.

El País

La Administración federal de Estados Unidos se ha visto forzada a cerrar la medianoche de este viernes por la falta de acuerdo sobre unos fondos de los que depende una cuarta parte del Gobierno. El detonante fue la partida presupuestaria destinada a la construcción del muro con México, que los demócratas rechazaron insistentemente. El mandatario intentó que los 5.700 millones de dólares fueran aprobados en el Congreso, que vio ir y venir distintos proyectos de ley durante la semana. En la Cámara de Representantes el republicano salió victorioso, pero no tuvo la misma suerte en el Senado, que vivió la sesión más larga de su historia sin llegar a puerto. “Me siento orgulloso de cerrar el Gobierno en nombre de la seguridad fronteriza”, dijo la semana pasada el presidente de EE UU.

Este es el tercer cierre de este año, cifra que no se había alcanzado en las últimas cuatro décadas. A diferencia de los dos anteriores, este puede ser “muy largo”, según adelantó Trump. El cese de los fondos del 25% de la Administración significa que dejan de funcionar nueve departamentos federales, entre ellos los de Agricultura, Comercio, Seguridad Nacional y las agencias que dependen de ellos. A su vez, cerca de 380.000 trabajadores tendrán que quedarse temporalmente en sus casas sin paga y 420.000 funcionarios “esenciales” trabajarán sin recibir su sueldo hasta que se pacte la partida presupuestaria pendiente. En términos económicos el cierre le supone al Gobierno unas pérdidas de 1.200 millones de dólares del PIB a la semana, según los cálculos de Standard & Poor’s.

«Construir un muro es fácil, y puede hacerse a bajo coste», explicó Trump en julio de 2015 a The Washington Post, aludiendo a su promesa electoral de que levantaría una valla en la frontera. «¿Quién pagará el muro?», preguntaba el entonces candidato a sus seguidores republicanos: «¡México!», respondían en masa. Muchas cosas han ocurrido desde entonces, como que se convirtió en el presidente de la primera potencia mundial, pero todavía no logra sacar adelante la propuesta. La edificación de una barrera que separe a EE UU de su vecino del sur tiene un coste aproximado de 25.000 millones de dólares. El mandatario, dejando atrás sus discursos electorales, pidió al Congreso que aprobara una quinta parte del coste en los presupuestos de 2019. Pero los demócratas no dieron su brazo a torcer.

La Cámara de Representantes —controlada por los republicanos— aprobó este jueves el proyecto de ley que incluía los fondos para el muro, pero el Senado lo frenó. Para que la propuesta saliera adelante en la Cámara Baja necesitaba 60 votos, lo que implicaba que al menos ocho demócratas la apoyaran. No hubo caso. “El presidente Trump está sumiendo al país en el caos”, dijo el líder de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer. «Abandone su estrategia de cierre (…) No va a tener el muro hoy, la próxima semana, o el 3 de enero, cuando los demócratas tomen el control de la Cámara», le advirtió este viernes el congresista. El mandatario, por su parte, y a diferencia de lo que había prometido la semana pasada, se dedicó a culpar a la oposición del shutdown.

El Congreso retomará las negociaciones este sábado a las 17.00 (hora local) en un intento de acercar posturas en lo que hasta ahora ha sido un callejón sin salida y despachar un proyecto de ley con unos fondos que permitan reabrir el Gobierno antes de 2019.

El País

El expresidente de Honduras Roberto Suazo Córdova (1982-1986) murió hoy a los 91 años en Tegucigalpa, informó una fuente oficial.

Suazo Córdova falleció en el Hospital Militar de Tegucigalpa, la capital de Honduras, a las 05.30 hora local de este sábado (11.40 GMT), debido a problemas de salud en los últimos tiempos, afirmó a periodistas un portavoz militar.

Nacido el 17 de marzo de 1927 en la ciudad de La Paz, en el departamento del mismo nombre, Córdova era médico de profesión graduado en la Universidad de San Carlos de Guatemala.

Ganó las elecciones de noviembre de 1981 bajo la bandera del opositor Partido Liberal y se convirtió en el primer presidente civil de Honduras tras casi dos décadas de regímenes militares.

En ese mismo año presidió la Asamblea Nacional Constituyente y redactó la actual Constitución de Honduras, que data desde 1982.

El capitán Castillo Meza señaló que como Fuerzas Armadas se suma «a este dolor y pesar» por la muerte del exgobernante, quien también fue comandante general de la institución armada.

Córdova asumió el poder el 27 de enero de 1982 en reemplazo del general Policarpo Paz García, también fallecido, quien presidía la Junta Militar gobernante de Honduras y fue nombrado en 1980 presidente constitucional provisional por la Asamblea Constituyente hondureña.

Durante su Gobierno, Honduras se alineó con Estados Unidos en la lucha contra el gobierno sandinista y los grupos guerrilleros de izquierda que combatían en Guatemala y El Salvador.

Además, permitió la instalación en Honduras de miles de combatientes nicaragüenses, conocidos como contrarrevolucionarios o «contras», tras el derrocamiento el 19 de julio de 1979 de Anastacio Somoza por los guerrilleros del izquierdista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

El Nuevo Diario Nicaragua