La escasez de gasolina y gas domestico en el estado Lara ha sido uno de los grandes dolores de cabeza de los larenses en los últimos seis meses. Con respecto a las fallas en el combustible nunca hubo una declaración oficial que explicara el por qué de la situación. Mientras que la insolvencia del gas doméstico obligó a los larenses a cocinar los alimentos a leña.

Sin embargo, 11 días antes de que finalizara el año, Carmen Meléndez, gobernadora de la región, aseguró este jueves que fallas en estos servicios se deben a problemas de movilidad y mantenimiento.

La Almiranta indicó que el problema del gas se generó por la paralización de tres de cinco líneas existentes para el llenado de bombonas.

“Ya nos está llegando entre 12 y 13 gandolas diarias, pero con todo lo que dejamos de atender se está gastando más gas. Son cinco líneas, de las cuales tres estaban en reparación y estaban funcionando dos solamente”, dijo.

Con respecto a la gasolina, la mandataria regional señaló que de las 150 gandolas que surten las 105 estaciones de servicios, solo estaban operativas 35.

El Impulso

Familiares del grupo de oficiales de la Fuerza Armada presuntamente vinculados al fallecido piloto Óscar Pérez, desmintieron este jueves haber recibido asistencia legal del Foro Penal Venezolano sino de la ONG Justicia Venezolana dirigida por el abogado Alonso Medina Roa.

Ana Varela de Torres, madre del primer teniente Simón Torres Varela; Arelis Sergio, madre del primer teniente Jhonander Ceiba Sergio; Antonieta Briceño, madre del primer teniente Anderson Pérez Briceño; además de Xiomara de Escalona, esposa del primer teniente Robert Escalona; al unísono reconocieron que en los 11 meses que sus parientes llevan detenidos en la cárcel de Ramo Verde, nunca recibieron asistencia jurídica de la citada ONG.

Los familiares de estos procesados por la justicia militar enfatizaron su desconocimiento a lo anunciado por el FPV, reiterando que no existe vínculo alguno entre los militares y los abogados pertenecientes a dicha organización.“Desconozco toda publicación o noticia que haya emitido el Foro Penal, nunca fuimos representados por los abogados que pertenecen a esta ONG”, aseveró Arelis Sergio.

Continúe leyendo en Noticiero Digital

“Tiene cédula de extranjería vigente, tiene visa hasta el 2020, es casado por lo civil conmigo”, explicó la mujer en La FM, en donde calificó también de “arbitrario e intolerante” el procedimiento de Migración Colombia que concluyó con la expulsión de Pino García de Colombia, este jueves.

“Mi esposo ayuda todos los días, revisa la prensa, hace recortes de prensa, hace el análisis de prensa y lo envía para que la oficina de prensa tenga los elementos. Apoya todas las gestiones con los congresistas, apoya todas las gestiones con los movimientos sociales. Él está en reuniones, ayuda a organizar. Es un apoyo a la embajada”, agregó Flórez, y precisó que es asesor político de la embajada.

En la emisora le recordaron, con base en el acceso que tuvieron al documento que ordena la expulsión de su esposo, que él habría estado haciendo tareas no autorizadas de inteligencia en Colombia, que sería un nexo del régimen de Nicolás Maduro en Colombia y que estaría también detrás de los disturbios en los campamentos de venezolanos.

“Meto las manos en el fuego. Mi esposo en ningún momento ha estado en disturbios. Eso es una falsedad. Lamento mucho que Migración Colombia quiera tapar todo lo ocurrido ayer, que fueron unos procedimientos irregulares”, respondió la mujer.

Para ella, lo que va a hacer Migración Colombia es usar el caso de su esposo “como un caso para afectar definitivamente unas relaciones entre dos países que tienen que tener las mejores relaciones del mundo. Lo van a usar como chivo expiatorio, porque desafortunadamente en este país no se ha dado el mejor trato a unas relaciones que deben ser las mejores”.

Preguntada por lo que pasó en mayo de 1999, cuando Pino García fue capturado en un campamento de las Farc en Vichada, Flórez dijo: “Ese proceso precluyó, se demostró la inocencia de mi esposo. Si quieren ahora traer a colación un caso tan antiguo es como tratando de tapar lo ocurrido ayer, la arbitrariedad total por parte de Migración Colombia”.

“Vamos a iniciar unas acciones legales porque hay derechos aquí vulnerados. Quiero que este caso se esclarezca cuanto antes y seguiré firme en mi país. No tengo por qué irme del país. Quiero que mi esposo vuelva a Colombia”, añadió.

También contó que conoció a Hugo Chávez. “Claro que conocí a Hugo Chávez. Y a Hugo Chávez le deben los colombianos muchísimo. Lo conocí porque en los años 90 hice un trabajo muy fuerte en la frontera colombio-venezolana en derechos humanos, cuando todavía él no era presidente de Venezuela”.

Y terminó: “Mi esposo es un hombre completamente respetuoso, honesto y nunca se ha metido en situaciones internas de Colombia. Él ha sido una persona totalmente respetuosa también con su trabajo. Es tan respetuoso que nunca asistía, ni siquiera el día de las elecciones que gané, que fui electa senadora, en la sede de campaña, porque él no se metía en nada que tuviera que ver con la política colombiana”.

Pulzo

Venezuela habría perdido al menos 140 millones de dólares al pagar sobreprecios de hasta 241% en importaciones estatales de alimentos desde México, según una investigación de una ONG difundida este jueves en Caracas.

Las compras tuvieron como destino los CLAP, un programa mediante el cual el gobierno vende a sectores pobres, desde 2016, productos de primera necesidad a precios bajos para paliar su grave escasez.

Esas importaciones se realizan a través de intermediarios y ascendieron a 1.734 millones de dólares entre enero de 2016 y agosto pasado, según datos de la Secretaría de Economía de México citados por la organización no gubernamental Transparencia Venezuela.

Un análisis de la ONG a las compras de los principales rubros señala que, “de 590 millones de dólares invertidos (…), 140 millones podrían corresponder a sobreprecio”.

«Puede ser más lo que se esté perdiendo en corrupción que lo gastado en alimentos, aseguró el informe, que destacó el caso ‘alarmante’ de la pasta, cuyo sobreprecio en 2017 habría variado de 23% a 241%.»

En mayo de ese año, Venezuela, devastada por la peor crisis económica de su historia moderna, importó el producto a 2,92 dólares el kilo, cuando otros países lo hicieron a 0,86 dólares.

«La pérdida potencial por la compra a sobreprecio es 74,82 millones de dólares en 2017, indicó Transparencia sobre este rubro.»

El Parlamento venezolano, controlado por la oposición, denunció a mediados de 2017 que las pérdidas por este ilícito ascendían a 206 millones de dólares.

La ONG, que menciona a 11 empresas que vendieron directamente al gobierno de Nicolás Maduro, llamó la atención sobre otras importaciones desde México a precios muy por debajo del estándar internacional.

Como ejemplo citó lácteos que apenas alcanzaron 5% de los precios pagados por otras naciones que comercian con México. “Esto pudiera explicar las reiteradas denuncias de los usuarios sobre la mala calidad de los productos CLAP”, sostuvo.

Transparencia recordó que en octubre pasado la Procuraduría General de México develó una red de empresas y particulares que adquirió productos de “baja calidad” y los exportó a Venezuela con “sobreprecio” para, a través de los CLAP, “revenderlos a la población en un valor 112% mayor al costo real”.

A los implicados se les prohibió comercializar más rubros a Venezuela y se les ordenó destinar tres millones de dólares a programas del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados en América Latina, evocó la ONG.

VF

El Gobierno nacional expulsó del país a Juan Carlos Pérez Villamizar -funcionario consular colombiano- «por seguridad» y en reciprocidad a la medida similar tomada por Bogotá contra un funcionario venezolano.

El diplomático colombiano dispone de 48 horas para abandonar el país, según un comunicado emitido este jueves por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

«(…) en virtud del reciente secuestro por parte de las autoridades colombianas y expulsión arbitraria del ciudadano venezolano Carlos Manuel Pino García, funcionario miembro del Personal de la Misión Diplomática venezolana en Bogotá, ha decidido, por razones de seguridad de estado y en aplicación del principio de reciprocidad, expulsar del territorio nacional al ciudadano colombiano Juan Carlos Pérez Villamizar», refiere el texto de la Cancillería venezolana.

A través de su cuenta en Twitter, el ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, calificó la acción de Colombia como una «arbitraria medida de secuestro y expulsión (…)».

Más temprano, autoridades de Migración Colombia indicaron que la expulsión de Pino se produjo «por alterar el orden público, la seguridad nacional y la tranquilidad». El ciudadano fue entregado la madrugada de hoy a las autoridades de Venezuela en el Puente Internacional Simón Bolívar.

«Recibimos un informe confidencial de una autoridad competente» -cuyo nombre se mantiene en reserva- que permitió «deducir» que Pino representaba un riesgo para la seguridad del país neogranadino, dijo el director de Migración Colombia, Christian Krüger, a periodistas, reseñó AFP.

A continuación, el comunicado íntegro del Ministerio de Relaciones Exteriores venezolano

Venezuela aplica reciprocidad tras arbitraria expulsión de funcionario diplomático en Colombia

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela informa que, en virtud del reciente secuestro por parte de las autoridades colombianas y expulsión arbitraria del ciudadano venezolano Carlos Manuel Pino García, funcionario miembro del Personal de la Misión Diplomática venezolana en Bogotá, ha decidido, por razones de seguridad de estado y en aplicación del principio de reciprocidad, expulsar del territorio nacional al ciudadano colombiano Juan Carlos Pérez Villamizar, quien se encuentra en Venezuela ejerciendo funciones consulares sin contar con la acreditación correspondiente de la Cancillería venezolana en abierta violación a las Convenciones internacionales que rigen la materia.

En ese sentido, el ciudadano Juan Carlos Pérez Villamizar dispone de un plazo de cuarenta y ocho horas para abandonar el territorio de la República Bolivariana de Venezuela.

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela se permite recordar al gobierno de Colombia su obligación de respetar las convenciones internacionales a las que voluntariamente se ha suscrito, especialmente en lo relacionado con las prerrogativas que corresponden al personal de las misiones diplomáticas, procurando no estorbar indebidamente el desempeño de las funciones de la misión, como se establece expresamente en el artículo 38 de la convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y asimismo cumplir con sus obligaciones en relación con sus propios agentes en funciones en el exterior.

eu