Una orden cautelar dictada repentinamente por un juez del Tribunal Supremo amenaza con zarandear la vieja política brasileña. En ella, el magistrado Marco Aurélio ordena suspender la prisión de los presos condenados por la segunda instancia, lo que beneficiará, entre muchos otros, al reo más famoso del país: el popular expresidente Luiz Inacio Lula da Silva.
Lula está preso desde el pasado 7 de abril, cuando un tribunal de la segunda instancia le condenó a 12 años por corrupción. Aquella sentencia impidió que Lula, claro favorito en las encuestas, se presentase como candidato a las elecciones que terminó ganando el ultraderechista Jair Bolsonaro.
El Partido de los Trabajadores ya ha exigido su liberación, pero el resto son todo interrogantes y cada segundo de incertidumbre juega en contra del exmandatario. Está la probable opción de que el ministerio público recurra la orden de Marco Aurelio. Si eso ocurre, lo que para muchos en Brasilia es pura cuestión de tiempo, el presidente del Supremo, Dias Toffoli, podría ordenar que se suspendan los efectos de la orden. El propio Marco Aurélio explica en el documento que se «somete al referendo» del Supremo.
Pero eso está en el terreno de lo hipotético y lo probable. Técnicamente, a quien le corresponde el siguiente paso es a la jueza Carolina Lebbos, que deberá decidir si anula la detención de mayor nivel de la historia reciente brasileña, o por el contrario ofrece la primera resistencia a la inesperada sentencia de Marco Aurélio. Sobre el papel ahora mismo no hay obstáculos para que el exmandatario salga lo antes posible e incluso pase la Navidad en libertad, y a esa posibilidad se aferra el Partido de los Trabajadores; pero por otro lado nada obliga a Lebbos darse prisa. Es una situación impredecible, más teniendo en cuenta de que ella tan solo está sustituyendo a la instructora del caso, Gabriela Hardt -quien a su vez acaba heredar el puesto de Sérgio Moro-, durante las vacaciones. Si no se pronuncia a las siete de la tarde, hora de Brasilia (10 de la noche, hora peninsular), la decisión irá para el próximo juez de guardia.
En Brasil hay 169.000 presos por sentencias en la segunda instancia, según el Consejo Nacional de Justicia, casi un cuarto de los 706.000 reos que hay en el país. Lula no es por tanto el único preso que se podría beneficiar por la orden, pero sí es de lejos su gran protagonista. Lo lleva siendo desde que su entrada en prisión reabrió un viejo debate que divide al Supremo brasileño en dos desde hace ya tiempo: si ejecutar una pena ya en la segunda instancia es compatible con la Constitución. En 2016 el Tribunal volvió a enfrentarse a la cuestión y solo decidió que sí por 6 votos a 5. Era un punto débil perfecto para la defensa del cada vez más apurado expresidente, y así lo han estado explotando sus abogados. La orden liminar se ha dictado, de hecho, como respuesta a una petición del Partido Comunista de Brasil, un gran aliado del Partido de los Trabajadores. Está previsto que en abril se vuelva a debatir.
Otros órganos del mundo jurídico brasileño albergan menos dudas. La Fiscalía General ha anunciado que estudia qué medidas legales tiene a mano para recurrir la orden cautelar. «El inicio del cumplimiento de una pena tras la decisión de una corte de apelación es compatible con la Constitución, y además garantiza la efectividad del Derecho Penal y contribuye al fin de la impunidad para asegurar la credibilidad de las instituciones, conforme lo votado por el Tribunal Supremo», ha recalcado la presidenta del órgano, Raquel Dodge, en una nota.
Salir ahora no supone el fin de los problemas jurídicos de Lula, que tendría que seguir luchando la sentencia por la que fue condenado en abril. Y, a la vez, tendrá que esperar (y, posiblemente, recurrir) las sentencias de los otros cinco procesos que todavía tiene abiertos, casi todos por corrupción durante su época como presidente (entre 2003 y 2010). Ninguno de ellos implica las maletas con cantidades enormes de dinero que con tanta frecuencia se ven en otros casos contra políticos en Brasil. Son crímenes de otra escala. En uno, la acusación es que Lula era el propietario real de una finca reformada por una constructora que luego se vio beneficada por la petrolera estatal Petrobras. En otro, se le acusa se pactar con la constructora Odebretch la compra de un terreno para edificar el Instituto Lula a cambio de interferir en la cúpula directiva de Petrobras. Otras, contadas grosso modo, implican negociar la compra de cazas militares con lobistas suecos tras dejar la presidencia, haber prorrogado unos beneficios fiscales al sector del automóvil a cambio de un soborno y conseguir unas obras para Odebretch en Angola.
El País
