El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, envió este jueves al Congreso la lista de candidatos para elegir el reemplazo de la exvicepresidenta María Alejandra Vicuña, cuya renuncia, presentada en medio de una indagación fiscal por supuesta corrupción, fue aceptada por el Legislativo.

La Asamblea Nacional deberá elegir al próximo vicepresidente entre Otto Sonnenholzner, economista vinculado a la radiodifusión, Nancy Vasco, comunicadora dedicada al trabajo con niños con discapacidad, y Agustín Albán, con experiencia en el ámbito educativo.

“He visto el perfil de personas que realmente tengan un pasado claro”,expresó Moreno durante una entrevista con periodistas de radios locales, antes de anunciar los nombres de los candidatos. Además aseguró que ninguno pertenece al partido oficialista Alianza País ni a su círculo personal.

El mandatario confió en que el Congreso “ayude a elegir a la mejor persona”, tras la renuncia de Vicuña, quien dejó el cargo en medio de un escándalo por cobros indebidos.

Hace una semana un exasesor reveló que en 2012 y 2013 hizo depósitos por un total de 20.000 dólares en una cuenta bancaria de la entonces parlamentaria, quien exigía dinero como contribución para su movimiento político.

Tras conocerse la denuncia, Moreno retiró a Vicuña las funciones para que pudiera defenderse por la sospecha de concusión.

La funcionaria había sido elegida en enero por el Congreso, tras la destitución de Jorge Glas, que llegó al poder en binomio con Moreno pero fue encarcelado por corrupción.

Este jueves la renuncia de la exvicepresidenta fue aceptada por unanimidad en la Asamblea Nacional, informó el Legislativo en su cuenta de Twitter.

El Congreso, con 137 escaños y en el que el oficialismo perdió la mayoría en 2017, tiene un plazo de 15 días a partir de este jueves para elegir al sucesor de Vicuña con al menos 70 votos. En caso de que no haya elección, el primer candidato será el próximo vicepresidente del país.

Las funciones serán asignadas según las “aptitudes” que tenga la persona seleccionada, agregó el mandatario, cuyo gobierno en casi un año ha cambiado dos veces de vicepresidente por casos de corrupción.

La denuncia del exasesor de Vicuña conmocionó la política ecuatoriana ya que la funcionaria reemplazaba a Glas, vicepresidente titular, que perdió su cargo por ausencia al estar preso por recibir 13,5 millones de dólares de sobornos de la brasileña Odebrecht, por lo que fue condenado a seis años de cárcel.

AFP

El primer ministro canadiense Justin Trudeau aseguró el jueves que no existió “intervención política” en el arresto en Vancouver de una alta directora del gigante chino de las telecomunicaciones Huawei.

“Fuimos avisados del procedimiento judicial algunos días antes del arresto”, el 1° de diciembre, declaró Trudeau sobre la detención, a pedido de Estados Unidos, de Meng Wanzhou, directora financiera de la firma.

“No hubo intervención política en esta decisión ya que respetamos la independencia del sistema judicial”, subrayó.

La directora financiera e hija del fundador del gigante de telecomunicaciones Huawei debe comparecer ante la corte el viernes para fijar una fianza.

Huawei, uno de los mayores proveedores de equipos de telecomunicaciones y servicios, ha sido sometido a un riguroso control en Estados Unidos, donde funcionarios de seguridad nacional del gobierno dicen que sus supuestos vínculos cercanos con el gobierno chino la convierten en un riesgo para la seguridad.

Esta detención se produce después que Estados Unidos y China acordaran una tregua en la guerra comercial entre ambos países, tras una reunión de los presidentes Donald Trump y Xi Jinping, con motivo del G20 en Argentina.

AFP

El gobierno del presidente francés Emmanuel Macron redoblaba sus esfuerzos este jueves para evitar un nuevo estallido de violencia en las protestas del los “chalecos amarillos” previstas para el sábado, en un clima de descontento general que se extiende a otros sectores.

Las convocatorias a manifestar el sábado proliferaban en las redes sociales, despertando temores entre las autoridades de que se repitan las escenas de caos que dieron la vuelta al mundo el fin de semana pasado.

Para prevenir nuevos desmanes, las autoridades instaron a todas las tiendas y restaurantes de la avenida de los Campos Elíseos a cerrar sus puertas el sábado. La Torre Eiffel, la Ópera de París y una decena de museos de la capital, incluyendo el Grand Palais, el Louvre y las Catacumbas, tampoco abrirán al público.

Los cierres preventivos no se limitaban a la capital. En Burdeos (oeste), donde se produjeron también choques violentos la semana pasada, la alcaldía anunció el cierre de una decena de museos.

Además, cinco partidos de la liga francesa de fútbol fueron aplazados.

Las autoridades anunciaron también el despliegue de “recursos excepcionales” para asistir a los 89.000 policías que estarán movilizados en todo el país el sábado.

“Tenemos razones para temer una gran violencia”, advirtió el miércoles la presidencia francesa.

Ocho mil policías patrullarán las calles de París, donde además las autoridades aseguran que desplegarán vehículos blindados, como no se veía en la capital desde los disturbios de 2005.

El primer ministro, Edouard Philippe, cuyo liderazgo está siendo discutido, aseguró en declaraciones televisivas que cuenta “con la confianza del presidente” Macron.

Pero la inquietud es creciente porque la ira se extiende a otros sectores. Más de 700 estudiantes fueron detenidos e interrogados este jueves por la policía, en la cuarta jornada consecutiva de protestas en los centros de secundaria. Cerca de 280 institutos se vieron perturbados.

Los estudiantes protestan por una reforma educativa que introduce cambios en el acceso a la universidad o las tasas.

“Las situaciones son muy variadas, con bloqueos totales o parciales, barricadas para controlar el acceso, paletas quemadas”, dijo a AFP un funcionario del ministerio de Educación.

Decenas de personas con máscaras que cubrían sus rostros lanzaron cócteles molotov, incendiaron contenedores de basura y se enfrentaron con la policía en varias ciudades del país.

¿Efecto contagio?

Los “chalecos amarillos”, que se movilizan desde hace tres semanas, rechazaron las primeras concesiones hechas por el gobierno, que consideran insuficientes, y muchos de ellos están determinados a retomar la capital el sábado.

“Macron pateó el hormiguero, la gente pensó que iba a cambiar las cosas y aumentar el poder adquisitivo, y pasó todo lo contrario”, estima Joël, un jubilado de 66 años entrevistado por la AFP en un piquete cerca de Metz (este).

El principal sindicato de agricultores anunció manifestaciones todos los días de la próxima semana y dos sindicatos de camioneros también convocaron una huelga indefinida desde el domingo por la noche.

Llamados a negociar

Un representante de los “chalecos amarillos”, Benjamin Cauchy, pidió al presidente Emmanuel Macron reunirse con una delegación de este movimiento para “calmar” la situación, que según él, ha llevado al país “al borde de una guerra civil”.

“Le pedimos que se reúna con nosotros para negociar sobre el poder adquisitivo, que es lo que sustenta toda esta ira”, dijo Cauchy a la AFP.

Cuatro personas han muerto en relación a las protestas que comenzaron el 17 de noviembre y cientos han resultado heridas.

Macron, cuyo índice de aprobación ha caído a su peor nivel desde que llegó al poder en 2017 (23%), no se ha pronunciado públicamente sobre la peor crisis de su presidencia desde el sábado pasado.

El miércoles, pidió a los responsables políticos y sindicales hacer un “llamado a la calma”, según declaraciones retransmitidas por su portavoz

AFP

Las principales ciudades bolivianas están bloqueadas parcialmente este jueves en rechazo a la postulación a un cuarto mandato sucesivo del presidente Evo Morales, en el poder desde 2006, mientras activistas de derechos humanos lanzaron llamados a la desobediencia civil.

Grupos de activistas bloquearon calles y avenidas con banderas bolivianas y pancartas con la leyenda “Bolivia dijo No” -en referencia al referéndum de 2016 en el que se consultó sobre la reelección de Morales-, interrumpiendo el tráfico de vehículos en ocho de las diez mayores ciudades, pese a lo cual el comercio y la banca continuaban con sus labores habituales, según constató la AFP.

El Ministerio de Gobierno (Interior) calculó que unos 5.000 activistas participan en los bloqueos.

La oposición a Morales subió de tono, luego de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) habilitara el martes al mandatario para las primarias partidarias de enero, antesala de las elecciones generales de octubre de 2019.

A falta del servicio municipal de transporte en La Paz, que paró por orden del alcalde opositor Luis Revilla, y la circulación irregular de taxis y micros, miles de personas hacían filas en la estación de teleférico de la exclusiva zona sur para transportarse hacia el centro de la ciudad.

«Golpe de muerte a la democracia»: opositores critican autorización a nueva candidatura de Evo

Imágenes de televisión mostraron que las protestas fueron más contundentes y masivas en Santa Cruz, en el este del país, cuyo gobernador, Rubén Costas, lidera la oposición a Morales.

Los ministros de Gobierno (Interior), Carlos Romero, y de la Presidencia, Alfredo Rada, minimizaron los bloqueos e incluso señalaron que en el país se trabaja con normalidad.

“Los resultados no son ni mucho menos lo que sus organizadores estaban buscando”, afirmó Rada, mientras que Romero declaró que “la situación del país es de normalidad; en todo caso queremos celebrar la vocación de trabajo de la población”.

Desobediencia civil

Paralelamente, tres prominentes activistas de derechos humanos coincidieron en llamar a la “desobediencia civil”.

“No existe independencia de poderes y el pueblo queda en absoluta indefensión. A partir de ahora emerge el legítimo derecho a la rebelión y a la desobediencia civil”, afirmó el exdefensor del Pueblo Waldo Albarracín.

Rolando Villena, también exdefensor del Pueblo, afirmó que si Morales “no respeta el voto popular, el pueblo está en el derecho a tener todos los mecanismo que están a su alcance para que, mediante la desobediencia civil, se rebele pacíficamente”.

En la misma dirección apuntó la octogenaria presidenta de la ONG Asamblea Permanente de Derechos Humanos, la exmonja católica española Amparo Carvajal.

Una batalla democrática

Con el fallo, el TSE puso “en duda las bases de la democracia” y estableció “un futuro incierto para los bolivianos”, advirtió el miércoles la Iglesia católica en un comunicado.

Mientras, el expresidente Carlos Mesa (2003-2005), principal contendor de Morales en las elecciones previstas para octubre de 2019, arengó a desplegar “una batalla democrática que vamos a ganar”.

Jefe de un partido de centro Sol.bo, el alcalde paceño Luis Revilla, que apoya la candidatura de Mesa, dijo que “lo que queda ahora es resistir (y) volcarnos a las movilizaciones, para evitar que esta decisión se consuma”.

Otro líder opositor, Samuel Doria Medina, derrotado tres veces en las urnas por Morales y que para 2019 retiró su postulación en favor de un candidato único de la oposición, llamó “a la unidad para frenar la dictadura”.

Tras el fallo del TSE, que faculta a Morales a ir a primarias, donde no tiene rival, y consecuentemente presentarse en los comicios de octubre de 2019, la oposición se quedó virtualmente sin posibilidades de vetar por la vía legal su candidatura.

Morales perdió en febrero de 2016 un referendo para su reelección, pero logró a fines de 2017 que el Tribunal Constitucional autorice su candidatura para el período 2020-2025, arguyendo que postular es su derecho humano.

AFP